La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó en 2017 su inclinación por el uso del poderío bélico y la amenaza de su empleo, como elementos centrales de la política de seguridad nacional.
Encuestas recientes revelan que más del 60 por ciento de los ciudadanos estadunidenses piensa que su país pudiera involucrarse en una guerra de grandes proporciones en los próximos años, teniendo en cuenta las proyecciones del jefe de la Casa Blanca en la arena internacional.
El despliegue de agrupaciones bélicas en países de Europa del Este, con el pretexto del supuesto peligro de Rusia, y los planes de restablecer la guardia ininterrumpida de bombarderos estratégicos dotados con armas nucleares en diferentes partes del mundo, constituyen apenas dos ejemplos elocuentes.
Entre otras evidencias está además la decisión expresa de Trump de destruir a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) si ésta sigue adelante con las pruebas nucleares y el desarrollo de misiles balísticos.
Según el mandatario Pyongyang, su programa bélico tiene objetivos defensivos frente a la agresividad de Washington y sus aliados en la región, en particular ante los grandes ejercicios que estos llevan a cabo como ensayos de agresión contra el territorio norcoreano.
Las maniobras más recientes en las cercanías de la RPDC fueron las Vigilant Ace en Corea del Sur, realizadas del 4 al 8 de diciembre de 2017, en las que participaron unos 12 mil efectivos y 230 aviones militares estadunidenses.
Estos entrenamientos, los mayores realizados en los últimos años, incluyeron prácticas de bombardeos simulados contra maquetas de instalaciones nucleares y de misiles de Pyongyang.
En ese contexto, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, HR McMaster, dijo que cada día se incrementan las posibilida desde una guerra entre Estados Unidos y esa nación asiática, al referirse al reciente lanzamiento de un cohete balístico Hwasong-15 por parte del ejército norcoreano.
A principios de noviembre, Estados Unidos desplegó por primera vez en 10 años tres grupos de ataque de portaaviones al unísono en el Océano Pacífico occidental: el Nimitz (CVN-68), el Theodore Roosevelt (CVN-71), y Ronald Reagan (CVN-76), con sus buques escoltas.
Desde marzo de 2017, la ubicación en Surcorea del controversial sistema anticoheteril de gran altura (Thaad) estadunidense y la realización de prácticas aeronavales en ese teatro de operaciones agravaron la ya tensa situación.
La puesta en servicio de estos medios provocó fuertes protestas de los gobiernos de la RPDC, China y Rusia, que los perciben como una amenaza a sus respectivos intereses de seguridad nacional.to de
Otra prueba de la tendencia al uso de la fuerza fue el lanzamien59 cohetes crucero por buques de la Marina estadunidense el 7 de abril de 2017 desde el mar Mediterráneo contra la base aérea siria de Shayrat.
La Casa Blanca aseguró que la incursión fue en respuesta a un supuesto bombardeo del ejército de esa nación árabe con armas químicas, acusación que rechazaron las autoridades de Damasco.
Expertos aseguran que Estados Unidos está lejos de derrotar a esta agrupación terrorista, que conserva un nivel significativo de vitalidad.
Esto sucede a pesar de derrotas recientes del Estado Islámico (EI) a manos de los ejércitos sirio e irakí y a la captura de la ciudad siria de Raqqa, en el Noreste de la nación levantina por parte de bandas armadas que pretenden derribar al presidente Bashar al-Assad, con el apoyo de Estados Unidos.
La campaña que la coalición liderada por Washington realizó desde 2014 hasta la fecha, con cerca de 25 mil ataques aéreos contra bastiones de esa entidad extremista en Siria e Irak, ha tenido un costo cercano a los 15 mil millones de dólares, a pesar de lo cual sus resultados distan mucho de los objetivos del mando político militar norteamericano.
El 2 de diciembre de 2017 el secretario de Defensa, James Mattis prometió un cambio en la política respecto a Siria con el fin de encontrar una solución negociada al conflicto en ese país, aunque expertos advierten que Washington mantiene como objetivo principal la salida del poder del presidente Al-Assad.
Bajo esas perspectivas, resulta interesante que al menos en la parte pública de esta estrategia, no se pone en evidencia el costo humano de estos operativos, que según fuentes oficiales estadunidenses provocaron la muerte a 801 civiles desde su comienzo en 2014.
Pero esta cifra la ponen en dudas organizaciones no gubernamentales que aseguran que las bajas fatales por los ataques de la coalición superan las 5 mil 960.
A principios de noviembre de 2017, el diario The New York Times publicó los resultados de una investigación de 18 meses en el terreno, según la cual el número real de muertos provocados por dichos bombardeos en Siria, Irak y otros países de la región es 30 veces superior a lo que informa el Pentágono.
Hasta la fecha, el costo total de la intervención estadunidense en Afganistán desde octubre de 2001 supera los 800 mil millones de dólares, en una contienda en la que han muerto más de 2 mil 300 militares estadunidenses y otros 17 mil 674 resultaron heridos.
Además, decenas de miles de civiles afganos perecieron durante casi 16 años de guerra, a pesar de lo cual no se vislumbra el fin del conflicto.
El presidente Trump anunció el 21 de agosto pasado nuevas directrices para Afganistán y el Sur de Asia, las que según expertos evidencian la tendencia del mandatario a priorizar el uso del poderío bélico estadunidense, con un costo impagable para la economía del país norteño.
A pesar de todos los gastos y del esfuerzo bélico de Washington y sus aliados, el Talibán aún está lejos de ser derrotado, pues ahora ocupa 60 por ciento del territorio y se convirtió en un adversario más tenaz de lo que era en 2001, según una valoración reciente del diario The New York Times.
El expresidente George W Bush (2001-2009) fue quien inició la guerra contra Afganistán en octubre de 2001 tras los atentados del 11 de septiembre, y durante la administración de Barack Obama el número de efectivos en suelo afgano llegó a los 100 mil.
Otro indicio de la predilección de la actual administración por el uso del poderío militar es que el jefe del Pentágono, James Mattis, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, pidieron recientemente al Congreso que apruebe un proyecto de Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) para realizar operaciones de este tipo sin una fecha límite.
Mattis y Tillerson dijeron a los senadores que una nueva AUMF no debe contener restricciones de tiempo o geográficas para el empleo del poderío bélico, debido a la metástasis de las organizaciones terroristas extranjeras.
Estamos en una era de frecuentes enfrentamientos, y no podemos decirles a nuestros adversarios que pretendemos detener los combates en una fecha determinada, señaló Mattis en el Senado el 30 de octubre de 2017.
La nueva versión de la AUMF fue propuesta por los senadores Tim Kaine, demócrata por Virginia, y el republicano por Arizona Jeff Flake, y está ahora bajo consideración del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.
Esta iniciativa busca reemplazar dos autorizaciones previas: la firmada 7 días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y una similar avalada en 2002 con el fin de justificar la invasión contra Irak.
El texto estipula que la Casa Blanca debe notificar al Congreso si pretende enviar tropas a nuevas áreas de operaciones no previstas en la legislación.
Sin embargo, a los ojos de la comunidad internacional, las acciones de Washington tienen carácter unilateral y no están amparadas por ninguna resolución de Naciones Unidas.
Además, en el caso de Siria, los ataques de la coalición tienen lugar en contra de la voluntad de las autoridades de Damasco, las que han denunciado en reiteradas ocasiones el apoyo que la administración estadunidense brinda a las bandas antigubernamentales en esa nación del Levante.
Los elementos mencionados son apenas algunas evidencias de la inclinación del presidente Trump al uso de la fuerza, pero a ellos se suma su reciente decisión de reconocer a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, en contra de los preceptos y resoluciones de las Naciones Unidas.
Con esta medida la Casa Blanca abre nuevos frentes de confrontación y echa por tierra la posibilidad real de un arreglo pacífico al conflicto israelo-palestino y a otros problemas latentes de similar magnitud en el Oriente Medio.
Roberto García Hernández/Prensa Latina
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