En mi calidad de primer Experto Independiente para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo he tenido la posibilidad de definir el mandato y la metodología para esta actividad.
He redactado seis informes para el Consejo de Derechos Humanos y otros seis informes para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documentos que abordan problemas de naturaleza internacional, como los paraísos fiscales, el arreglo de diferendos entre inversionistas y Estados, los acuerdos bilaterales de inversiones, los acuerdos de libre intercambio, los proyectos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus acuerdos sobre las condiciones para el otorgamiento de préstamos, el desarme al servicio del desarrollo, la autodeterminación de los pueblos y la reforma del Consejo de Seguridad. El tema y objetivo de mi mandato están definidos en la resolución 18/6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los parámetros de mi visita se describen en un comunicado de prensa publicado el 27 de noviembre de 2017.
La función de los relatores y de los expertos independientes es hacer preguntas, escuchar a todas las partes implicadas (audiatur et altera pars), evaluar los documentos y emitir recomendaciones constructivas a los Estados. Estamos aquí para ayudar a los pueblos a concretar mejor sus derechos humanos. Para alcanzar ese objetivo, tratamos de convencer a los gobiernos de que es su propio interés cooperar con las Naciones Unidas y les ofrecemos nuestros servicios consultativos y nuestra asistencia técnica. Nuestra función no podría limitarse a la condena de gobiernos –como por desgracia piden algunas organizaciones no gubernamentales y numerosos periodistas irresponsables.
Observadores y defensores de la sociedad civil confunden erróneamente a los relatores con enviados especiales o plenipotenciarios. En mi caso personal, sólo se me ha concedido un mandato limitado y no debe vérseme como un súper relator o un comisario. No puedo usurpar las funciones de los relatores en materia de libertad de expresión, de derecho a la libertad de reunión y de asociación con objetivos pacíficos, de independencia de jueces y legisladores, de alimentación, de salud o de detención arbitraria.
Por consiguiente, no puedo responder a las expectativas de ciertos sectores de la sociedad civil, aunque mis interlocutores pueden estar seguros de que transmitiré mis preocupaciones a los relatores competentes. También me esforcé por incorporar algunas de esas preocupaciones en la exposición de mis recomendaciones preliminares a los Estados, y algunas ya han comenzado a aplicarse. Si hay espacio para ello, reflejaré sus opiniones en el informe que someteré al Consejo de Derechos Humanos en este 2018.
Considero las misiones en países como misiones de buena voluntad. He escuchado a cientos de partes implicadas y obtenido de ellas una mina de información que aún debo estudiar y asimilar antes de poder dar su forma final a los informes. Hay algo que todos deben tener en mente: mi enfoque no se basa en la “denuncia y estigmatización pública” sino en la escucha y ofrecimiento de proposiciones constructivas sobre la manera de reformar la legislación, las reglamentaciones y las prácticas que pueden conducir a violaciones de los derechos humanos.
Me esforcé por ver las realidades de Venezuela y Ecuador con una mirada nueva, consciente de los problemas de pobreza, de corrupción, consciente de los abusos de las empresas trasnacionales, del chantaje, del fracaso en la obtención del consentimiento previo, libre e informado en los sectores vinculados a la extracción de los recursos naturales.
En el caso de Venezuela, estudié los problemas de una guerra económica y no convencional que ha generado escasez de ciertos alimentos y de medicinas, así como la inflación, la ineficacia del sistema de distribución y la represión contra la oposición. Hay numerosos diagnósticos sobre problemas y muchas causas. Mi intención es recomendar soluciones viables, dentro de los límites de mi mandato, y mi enfoque siempre ha tenido como eje la realidad de los hechos.
Esta visita incluyó un gran número de reuniones con ministros de ambos países [Venezuela y Ecuador], con embajadores, diplomáticos, eclesiásticos, universitarios, economistas, profesores, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, con víctimas individuales que me contaron cosas desgarradoras, con los familiares de personas detenidas, que me entregaron peticiones para transmitirlas a los organismos apropiados. Me esforcé por equilibrar mis encuentros con los diferentes grupos y no me mantuve pasivo en cuanto a recoger información sino que aposté por el dinamismo en la búsqueda de la verdad y por la exigencia de información específica.
Esta misión se concentró en la evaluación de los esfuerzos comunes por promover el progreso social y mejores estándares de vida de acuerdo con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las agendas de los Foros Sociales Mundiales [celebrados] desde el Foro de Porto Alegre.
Es importante recordar que la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005 reafirmó que “la democracia es un valor universal sobre la voluntad libremente expresada del pueblo de definir sus propios sistemas político, económico, social y cultural y su total participación en todos los aspectos de su existencia”.
El documento final de la Cumbre Mundial subrayó también que “la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se fortalecen mutuamente”. Y recordó que “aunque las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia”. Por consiguiente, los modelos venezolano y ecuatoriano merecen toda nuestra atención.
Alfabetización, gratuidad de la enseñanza, reducción de la pobreza…
Los impactos que han tenido en el orden internacional los modelos sociales prevalecientes en ambos países [Venezuela y Ecuador], al igual que en Bolivia, Nicaragua y Cuba, son reveladores de las posibilidades de mayor integración regional y de cooperación con organizaciones internacionales, particularmente con el sistema de las Naciones Unidas, capaz de ofrecer servicios de consulta y de ayuda técnica a los Estados para garantizar un progreso social que no se concrete en detrimento de las libertades cívicas.
Observé los progresos en sectores como la alfabetización, la gratuidad de la enseñanza –desde la escuela primaria hasta la universidad–, los programas destinados a reducir la pobreza extrema, a entregar alojamientos a los sin techo y a las personas vulnerables, a eliminar progresivamente los privilegios y la discriminación, a desarrollar la atención médica para todos, incluyendo los más jóvenes y las personas de edad avanzada.
Entre los obstáculos al disfrute de los derechos humanos, me informé sobre las medidas económicas desfavorables, adoptadas por otros países y tendientes, directa o indirectamente, a afectar el buen funcionamiento de otro país en específico o a limitar su espacio reglamentario. Las Naciones Unidas han venido condenando desde hace décadas las medidas coercitivas unilaterales, principalmente desde el estudio de referencia de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en 2000.
La especulación monetaria sigue siendo uno de los mecanismos favoritos para desestabilizar toda economía seleccionada como blanco, al igual que las actividades de las agencias de calificación de riesgos –aunque carecen de toda legitimidad democrática– que gravan tremendamente la capacidad financiera de los Estados en lo que se refiere a la emisión de obligaciones o la obtención de financiamiento.
La evasión de capitales nacionales hacia los paraísos fiscales ha tenido un impacto negativo en la capacidad de algunos países para respetar sus obligaciones financieras y es necesaria la cooperación internacional para garantizar el regreso de los fondos ilícitamente retirados de los países afectados. También parece que grupos criminales internacionales son responsables del desvío de recursos públicos, así como de alimentos y medicamentos que luego aparecen en países limítrofes, todo lo cual afecta el disfrute de los derechos humanos por parte de las poblaciones a las que esos recursos estaban inicialmente destinados. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito puede prestar asistencia a los Estados en su enfoque de algunos de esos problemas.
Existe por demás en Venezuela un problema adicional de sabotaje contra la propiedad pública, de incendios criminales contra edificios públicos, contra hospitales y otras instituciones, de destrucción de líneas eléctricas y telefónicas, etcétera, problema frecuentemente vinculado a las campañas electorales. Yo sigo con preocupación los informes recibidos sobre actos de sabotaje que pueden incluso clasificarse dentro de la categoría “terrorismo”.
Quisiera expresar mi agradecimiento a los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que no escatimaron esfuerzos para responder a mis preguntas y proporcionarme documentación y estadísticas, incluyendo presentaciones en PowerPoint que actualmente estoy evaluando y comparando con otras fuentes de información.
Varios organismos de la sociedad civil también me proporcionaron una documentación muy útil y me reuní con organizaciones no gubernamentales, con personas de otros países, con interlocutores individuales y familias de personas detenidas, así como con personas que tienen familiares fallecidos por causa de la escasez de medicinas. He leído los análisis de Ignacio Ramonet, que a menudo escribe en Le monde diplomatique, y el indispensable libro de la profesora de economía Pasqualina Curcio La visible mano del mercado. Guerra económica en Venezuela.
Parece que, desgraciadamente, se inició una campaña mediática contra mí desde semanas antes de mi misión, incluso antes de mi llegada a Caracas, y que algunos llegaron a calificar esta misión de “investigación falsa” (“fake investigation”). Paralelamente, se cuestionó mi credibilidad personal a través de los medios sociales y fui objeto de ataques ad hominem, incluyendo insultos y todo tipo de acusaciones, incluso antes de que yo hubiese tan siquiera hablado a un solo periodista o dado alguna conferencia de prensa. Esto refleja un nivel elevado de polarización y de rechazo a aceptar que un experto independiente sea realmente independiente y que venga a escuchar y evaluar, en vez de tratar de impresionar al público o condenar.
En eso reside la crisis de las Naciones Unidas en materia de lucha por los derechos humanos. Los relatores realmente independientes son objeto de “acoso” (“mobbing”). Se exige de un relator que diga lo que es políticamente correcto. Se trata de una inquietante campaña mediática destinada a imponer a los observadores internacionales puntos de vista preconcebidos, como por ejemplo que existe en Venezuela una “crisis humanitaria”. Deberíamos desconfiar de la hipérbole y de la exageración, manteniendo en mente que “crisis humanitaria” es un terminus technicus, un término técnico que podría utilizarse malintencionadamente como pretexto para una intervención militar y un cambio de régimen.
Por supuesto, los alimentos y medicamentos deberían circular libremente en Venezuela para aliviar la actual escasez de víveres y medicinas. Pero esta ayuda debería mantenerse en el plano estrictamente humanitario y no perseguir objetivos políticos ulteriores. El Comité Internacional de la Cruz Roja, Caritas y otras organizaciones seguramente podrían contribuir a la coordinación de la importación y la distribución de ayuda humanitaria.
La situación en Venezuela no ha alcanzado el umbral de la crisis humanitaria, aunque en ciertos sectores haya escasez, malnutrición, inseguridad y angustia. Durante mi estancia en Venezuela pude observar también que las medidas tomadas por el gobierno abordaban esos problemas y emití recomendaciones sobre la manera de mejorar esas medidas. Es inútil limitarse a repetir que se ha alcanzado un nivel inaceptable de sufrimiento en ciertos aspectos. Lo esencial es formular proposiciones constructivas. Para formular tales proposiciones es importante estudiar las diferentes causas de esos problemas. Es importante conocer el impacto de los sabotajes, de la retención [de productos de avituallamiento], de las actividades del mercado negro, de la inflación inducida y del contrabando de víveres y medicamentos.
No se debe aislar ni boicotear a esos países. Es fundamental dar muestras de solidaridad internacional mediante medidas de inclusión y el esfuerzo concertado de ayuda de organizaciones internacionales como el PNUD, la Unicef, la Fao, Onusida, etcétera. Yo pedí expresamente a Venezuela que solicitara los servicios de consulta y de ayuda técnica de las Naciones Unidas y mi llamado al parecer fue atendido. También recomendé que se invite a otros siete relatores.
Las misiones de la ONU no consideran solamente los aspectos negativos. Los relatores pueden mencionar también iniciativas positivas y comprobar que algunas enseñanzas han dado resultados. En el caso de Venezuela, pienso que el programa venezolano de construcción de viviendas de bajo costo ha resultado ser algo bueno y que ha salvado a millones de personas de la pobreza y la indigencia.
En Ecuador, aprecio el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y los pasos tendientes a adoptar el proyecto de Tratado de las Naciones sobre la Responsabilidad Social de las Empresas Trasnacionales, así como la creación de un órgano fiscal de las Naciones Unidas que coordine las políticas fiscales con vista a la eliminación paulatina de la acumulación de imposiciones fiscales, de los paraísos fiscales y del fraude fiscal. La iniciativa a favor de un impuesto sobre las transacciones financieras es digna de que se le aporte apoyo generalizado.
Igualmente reconozco que ambos países [Venezuela y Ecuador] están haciendo un esfuerzo considerable por alcanzar los 17 objetivos del desarrollo sostenible antes del plazo fijado para el año 2030 y que están dedicando ambos una parte considerable de su presupuesto nacional a los servicios sociales.
Lo más importante es garantizar que la paz social se mantenga, promover el diálogo entre todos los sectores de la población, establecer el diálogo con el sector privado y escuchar sus proposiciones.
Tanto en Venezuela como en Ecuador existe una gran aspiración a la paz y la justicia, a lo que los ecuatorianos llaman el “buen vivir”. Eso se tradujo, en 2014, en la Declaración de Quito de la Unión Interparlamentaria, a la que yo mismo suscribo plenamente, al igual que apoyo también totalmente la resolución que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños adoptó en 2014 proclamando América Latina y el Caribe como “zona de paz”. Son excelentes prácticas que merecen ser tomadas como ejemplos. Pax optima rerum [1].
[1] En español, “La paz es el bien más preciado”. Nota del Traductor.
Alfred de Zayas/Red Voltaire/Zeit Fragen
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