Caracas, Venezuela. Los venezolanos reciben el año nuevo con la esperanza de lograr la estabilidad de su país motivados por el actual trabajo del gobierno, tras un 2017 marcadamente difícil desde el punto de vista político y económico.
En el lustro que culminó, el pueblo y el gobierno resistieron un macrocomplot nacional e internacional con el objetivo de eliminar el proceso bolivariano y así instaurar un régimen que satisfaga las ansias de las trasnacionales y la derecha de apoderarse de los preciados recursos de Venezuela.
Como parte de esa conspiración, el analista José Vicente Rangel mencionó a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, a grupos de ultraderecha en sus variadas expresiones, a la cúpula de la Iglesia Católica y al empresariado ubicado en Fedecámaras.
Rangel incluyó en el complot a la coalición que opera a nivel internacional a través del poder mediático y al gobierno estadunidense con su apoyo a la violencia política que se desató de abril a julio en varios territorios de Venezuela y que dejó un saldo de 121 personas fallecidas, casi 2 mil heridos y cuantiosos daños materiales a la nación.
Parte importante de ese plan de golpe de Estado es la caída de la economía venezolana hacia donde los poderes hegemónicos encausaron un recio ataque, a través de sanciones y bloqueos financieros firmados por el presidente estadunidense Donald Trump y la complicidad de comerciantes nacionales.
Los venezolanos, principalmente la clase trabajadora, sufrieron el incremento de los precios de ropas, zapatos, alimentos, incluso medicinas, por parte de los mayoristas privados, guiados por la tasa propuesta en la página Dólar Today operada desde la ciudad estadunidense de Miami y del cambio informal que opera en el territorio colombiano fronterizo de Cúcuta. En tanto aumentó el contrabando de extracción por la frontera con Colombia, principalmente de bolívares (billetes venezolanos); divisas de cualquier país, títulos de propiedad; productos de primera necesidad y materiales estratégicos para la industria venezolana.
A medida de que el gobierno lucha contra este saqueo económico impuesto con el objetivo de causar hambre y desesperanza en el pueblo venezolano, se enfrenta a un bloqueo financiero internacional decretado por Trump.
En consonancia con el asedio a Venezuela, la empresa de servicios financieros internacionales Euroclear secuestró recientemente 1 mil 650 millones de dólares pertenecientes al gobierno, arrebató títulos de deuda recuperados y congeló la posibilidad de acceder a los bonos recuperados por la estatal Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa).
La conspiración contra el país suramericano incluía el robo y el sabotaje en Pdvsa con la complicidad de la propia dirección de la empresa estatal para provocar un paro de su producción y explosionar este año la industria petrolera, a sabiendas de que es la principal financiadora de los programas sociales que impulsa el Estado para beneficiar al pueblo.
La corrupción en Pdvsa provocó de 2011 a 2017 pérdidas que duplican los 8.4 billones de bolívares destinados por el gobierno como presupuesto nacional en 2017, un monto equivalente a más de 2 mil millones de dólares, según el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), con tasa aproximada de tres mil bolívares por dólar.
Aun cuando la suma real del daño al patrimonio estatal no se ha cuantificado en su totalidad, en tres meses de investigaciones se detectó que el entramado de corrupción provocó pérdidas al país superiores a los 16.9 billones de bolívares, equivalentes a más de 5 mil millones de dólares, según el Dicom.
En las pesquisas también se comprobó que hubo graves afectaciones a la producción del crudo, principal rubro exportable de la nación suramericana. La empresa mixta Petrozamora, ubicada en el estado Zulia, dejó de producir 15 millones de barriles de petróleo, de 2015 a 2017, por acciones de sabotaje y corrupción.
Lo anterior ocasionó pérdidas valoradas en 500 millones de dólares que, de acuerdo con el sistema de divisas de tipo de cambio complementario, equivalen a un monto de 1.5 billones de bolívares, los cuales representan el 18 por ciento del presupuesto nacional para 2017.
Como uno de los presuntos responsables de esos hechos, el Ministerio Público señaló al exministro de esa cartera, Eulogio del Pino, a quien también se le vincula con la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo, entre 2014 y 2017, mientras se desempeñaba como director de la división oriental de Pdvsa.
La junta directiva de Citgo Petroleum Corporation comprometió el patrimonio de la nación y de la propia subsidiaria de Pdvsa en Estados Unidos con la firma de contratos de refinanciamiento de deuda, de 2014 a 2015, de hasta 4 mil millones de dólares.
El curso de las investigaciones relacionó en esta operación irregular a Nelsón Martínez, expresidente de Citgo, quien se encuentra detenido también por actos de espionaje corporativo, como traspaso de información sensible para la empresa con el fin de beneficiar a petroleras rivales de Pdvsa como ExxonMobil y Conoco Phillips.
Según lo revelado por Wikileaks, en 2014 el presidente de Citgo actuó como informante de la embajada de Estados Unidos en medio de la disputa que mantenían estos dos titanes petroleros sobre un proyecto de gran sensibilidad para el país suramericano.
Con respecto a la Faja Petrolífera del Orinoco, las primeras indagaciones demostraron un desfalco de más de 200 millones de bolívares por irregularidades en 12 contratos que involucraron a 10 empresas, al comprobarse sobreprecios de hasta 230 por ciento.
Es válido recordar que, tras recibir informes sobre irregularidades en Pdvsa, el presidente Nicolás Maduro solicitó a la entonces fiscal general, Luisa Ortega, una investigación, pero la exmagistrada utilizó los documentos para llenarse los bolsillos mediante extorsiones a los implicados.
A pocos días de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, su primer acuerdo fue la destitución de Ortega por incumplir con su deber de impartir justicia, y en su lugar nombró a quien en ese entonces fungía como Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, una designación que asestó un duro golpe a los implicados en el boicot a Pdvsa, que fue en sí mismo un boicot a la economía venezolana.
En poco más de 3 meses, con la nueva titularidad del Ministerio Público, ya se observan los resultados, pues más de 64 funcionarios de la empresa estatal están puestos a la orden de la justicia, mientras que las pesquisas continúan.
Asimismo, con el objetivo de recuperar el impulso productivo y frenar las ilegalidades en la firma, el presidente Nicolás Maduro nombró a Manuel Quevedo al frente de la industria y de la cartera del petróleo y como apoyo moral y cognitivo, dada su experiencia en el sector, a Alí Rodríguez, ex embajador de Venezuela en Cuba, como presidente honorífico de Pdvsa.
Por otra parte, el mandatario persiste en su objetivo de desarrollar una economía sostenible y desvinculada de la renta petrolera con el impulso de los promotores productivos y el protagonismo de la clase trabajadora, como estipula el Plan de la Patria, herencia política del comandante Hugo Chávez.
La legislación vino acompañada de un férreo control a los comercios por parte de organismos del Estado y del pueblo para comprobar el cumplimiento de la normativa y así evitar la explotación a los venezolanos.
Asimismo, además de seguir con el perfeccionamiento de los programas sociales, el mandatario anunció el Petro, una criptodivisa análoga al Bitcoin en todo sentido, con la única diferencia de estar respaldada en activos soberanos, lo cual abre una vía para el pago de los deberes internacionales sin el intermedio de mecanismos financieros que bloquean al país.
Para este 2018 puede avizorarse un despegue económico gracias al trabajo conjunto entre el gobierno y el pueblo, pero también puede ser un año de nuevos obstáculos provenientes de la derecha para desestimular y afectar a los venezolanos, pues los causantes de los males de la nación suramericana se aprestan una vez más a echar sus garras en las riquezas de Venezuela con la mira puesta en las elecciones presidenciales.
Livia Rodríguez Delis/Prensa Latina
[ANÁLISIS INTERNACIONAL]
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