Caracas, Venezuela. Las elecciones número 23 en los últimos 18 años en Venezuela, las municipales, tienen como telón de fondo los esfuerzos del gobierno y la Fiscalía General de la República para ponerle coto a un problema que amenaza desde todos los puntos de vista la estabilidad del país: la corrupción.
Un total de 1 mil 568 candidatos se disputarán, el domingo 10 de diciembre, las 335 alcaldías del país y la gobernación del Zulia, precisan las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El estado de Anzoátegui es el que tiene el mayor número de aspirantes: 123 en sus 21 municipios con la participación de 23 organizaciones políticas, mientras que el de Táchira le sigue los pasos con 122 en sus 29 localidades y con 18 partidos en contienda. Aragua está en tercer lugar con 108 nombres para sus 18 alcaldías, con 19 agrupaciones en la carrera.
Más atrás viene el estado de Miranda con 103 candidatos y 18 partidos políticos participantes en sus 21 municipios; mientras que Mérida y Zulia están empatados con 103 abanderados, con 19 y 17 organizaciones políticas postulantes, respectivamente.
Vargas y el Distrito Capital son los que menos aspirantes tienen con seis cada uno, debido al número de municipios con que cuentan. En la primera participan 17 organizaciones políticas, mientras que en la segunda se anotaron 15.
En el proceso para elegir los alcaldes participan, en total, 72 partidos políticos entre organizaciones nacionales (17) y regionales (55).
La vertiente opositora está representada por organizaciones como el Movimiento al Socialismo (MAS) que lleva candidatos en todos los estados; Alianza Progresista (AP) con aspirantes en 22 (salvo Sucre) de las 23 regiones; y Copei que se inscribió en 21 (menos en Cojedes y Delta Amacuro), Un Nuevo Tiempo (UNT) sigue con presencia en 17 entidades, menos en los estados de Apure, Delta Amacuro, Distrito Capital, Sucre, Yaracuy y Vargas.
La asistencia opositora disminuyó luego que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidiera no participar alegando que el proceso estuvo viciado al ser convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, a la que califican de “inconstitucional y fraudulenta”.
Los partidos de la MUD que no irán a las elecciones son: Acción Democrática (AD), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Movimiento Progresista (MP) y La Causa R (LCR), aunque algunos de sus miembros van de forma “independiente”.
Esta decisión del sector opositor aunada a la advertencia que hicieron algunas organizaciones contra quienes desacataran esta orden, y la inscripción de postulaciones por parte de otros partidos como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Alianza Progresista (AP), podría generar abstención entre sus seguidores, que no respaldan ni una ni otra acción.
En este bloque destaca el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que tiene candidatos en todo el país y según encuesta gozan del 37 por ciento de apoyo de los potenciales electores, mientras la oposición apenas alcanza el 22.
En algunos casos hay desavenencias con aliados tradicionales como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para Todos (PPT), en votos importantes como el Distrito Capital, donde van con candidaturas separadas.
De los aliados, PCV lleva abanderados en 22 estados, menos en Barinas; igual que PPT, sin embargo, la tolda azul está respaldando cuadros del PSUV en varias regiones. En el caso de la Gobernación del Zulia sí actuó la “alianza perfecta” del Gran Polo Patriótico (GPP), pues todos los partidos de las fuerzas oficialistas respaldan al chavista Omar Prieto.
Según expertos, las diferencias entre los partidos aliados del GPP y el descontento que esto pudiera haber producido puertas adentro generaría también la abstención de los simpatizantes de esas organizaciones políticas. De allí los reiterados llamados a la unidad que lanzan las máximas autoridades.
Nueva Visión para mi País (Nuvipa), un partido nacional que se autodefine como “alejado” del Gobierno y de la oposición, lleva abanderados en 21 municipios (a excepción de Carabobo y Cojedes).
En esta puja por las butacas municipales, según el Registro Electoral (RE) del 15 de julio de 2017, participarán 19 millones 740 mil 846 electores, de los cuales 19 millones 514 mil 561 son venezolanos y 226 mil 285 extranjeros.
Mientras, para la elección del gobernador del Zulia será utilizado un RE de 2 millones 452 mil 432 votantes: 2 millones 402 mil 583 son venezolanos y 49 mil 849 extranjeros.
En las últimas semanas, el presidente Nicolás Maduro lanzó una cruzada contra la corrupción que para muchos es el mal que puede dar al traste con la Revolución Bolivariana iniciada por el presidente Hugo Chávez.
La revisión sobre el trabajo de Citgo Petroleum Corporation (Citgo), la filial de Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), fue como abrir una caja de Pandora de la cual se escaparon muchos demonios.
El lavado de dinero, el fraude financiero y la cooperación con enemigos del proceso revolucionario emergieron como un torbellino que estremeció a los venezolanos, quienes tomaron conciencia de los peligros que corrió la principal industria del país.
Autoridades venezolanas arrestaron a los altos gerentes de Citgo, algunos ya con ciudadanía estadunidense, al exministro para la Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, y el expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez, por su presunta vinculación con hechos de corrupción en esa empresa.
Las detenciones están respaldadas por las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público (MP) sobre los ilícitos que envuelven a la subsidiaria Citgo y a la empresa mixta Petrozamora.
Las cifras son alarmantes, y según el fiscal Saab “estamos hablando que con esa trama de Petrozamora se perdieron 15 mil 700 barriles diarios, que suman más de 15 millones de barriles en un periodo de 2015 a 2017 y un aproximado de daños patrimoniales equivalentes a más de 500 millones de dólares”.
Por el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco, la fiscalía ha auditado 12 contratos, de un total de 45 mil que se firmaron en el periodo 2011-2016 por un monto de 35 mil millones de dólares.
Analistas como el periodista venezolano Aram Aharonian, estiman que esta arremetida contra la corrupción “también parece servir para afianzar al gobierno de cara a la próxima campaña presidencial”, mientras otros lo ven más cerca en su implicación para los comicios del domingo.
Es más, hay quienes especulan con la posibilidad de que las presidenciales –sin fecha aún– se adelanten para febrero o marzo próximos, para cristalizar la reelección (sin dar tiempo a otros candidatos a compartir escenario), escapando a la crisis económica (en especial la vertiginosa inflación) que en el segundo semestre de 2018 ya sería difícil de dominar, indicó Aharonian.
En resumen, las elecciones del próximo domingo tendrán de telón de fondo el destape de los escándalos de corrupción, aunque algunos señalan que eso es apenas la punta del iceberg, y que más casos están por venir ya sea en la Empresa Eléctrica o en la construcción del Metro de Caracas.
A todas estas hay que ver aun qué interpretación le dan los votantes a la acción del gobierno, pues no es menos cierto que muchos de estos escándalos involucran a figuras del chavismo.
Luis Beatón/Prensa Latina
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