Brasilia. Además de como inconfundible postal turística, la patrimonial Río de Janeiro se consolidó en 2017 como el estado más violento de un Brasil que en 4 años registró más muertes violentas que la guerra en Siria.
Sólo en el primer semestre de 2017, en la capital fluminense se reportaron 2 mil 723 homicidios dolosos, un 10.2 por ciento más que en el mismo período de 2016, mientras el número de robos seguidos de muerte acusó un incremento comparativo de 21.2 puntos porcentuales.
El incremento más significativo, sin embargo, fue el de asesinatos resultantes de los llamados “actos de resistencia” a la intervención policial, que fue del 45.3 por ciento, elevando de 400 para 581 el número de casos contabilizados.
Según las estadísticas, cada día un promedio de nueve personas son asesinadas por la policía brasileña, alcanzándose así una tasa de letalidad de 1.6 muertos por cada 100 mil habitantes, muy superior a la de países como Honduras (1.2) y Sudáfrica (1.1).
De otro lado, el número de efectivos policiales víctimas de homicidios mientras están en servicio y fuera de horas de trabajo también es alto en Brasil y particularmente en Río, donde en el transcurso de 2017 fueron ultimados más de 110 policías militares.
Aún en medio de tan alarmante situación, el presidente Michel Temer sancionó en octubre último un proyecto de ley que retira de la justicia común el juzgamiento de crímenes dolosos contra la vida de civiles cometidos por militares brasileños, un acto apreciado como el otorgamiento de una “licencia para matar”.
Aprobado por el Senado Federal con 39 votos a favor y ocho en contra y promulgado en el Diario Oficial de la Unión a mediados del citado mes, el decreto establece que la transferencia para la Justicia Militar de los homicidios intencionales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas contra civiles valdrá en tres situaciones determinadas.
La primera es durante las operaciones de paz y de garantía de la ley y el orden (GLO), como la desplegada este año en Río de Janeiro; también cuando se cumplan tareas ordenadas por el presidente de la República o el ministro de Defensa; y en acciones que comprometan la seguridad de una institución o una misión militar.
En la práctica, el proyecto aprobado es una “licencia para matar” que naturaliza la acción de las Fuerzas Armadas contra la población, sostuvo el experto político Gabriel Elías.
A juicio del también asesor de movimientos sociales del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, se trata además de un retroceso que remite al período de la dictadura cívico-militar y de “una medida más publicitaria que efectiva”.
La promulgación del cambio en el Código Penal Militar por parte de Temer desoyó un oficio enviado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitándole el veto integral a la propuesta, por considerar que atenta contra el Estado Democrático de Derecho y podría estimular la práctica de ejecuciones extrajudiciales en la actuación de los militares.
Dada su composición y organización, criticó la CNDH, la Justicia Militar no es imparcial para procesar los delitos graves cometidos por militares contra civiles.
En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para América del Sur y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron también su “profunda preocupación” con el tema.
Las organizaciones recordaron en una nota que el juzgamiento por tribunales militares de denuncias de violaciones cometidas por efectivos castrenses contra civiles impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial, realizada por autoridades judiciales no vinculadas a la jerarquía de comando de las propias fuerzas de seguridad.
La justicia militar debe apenas juzgar delitos o infracciones de la disciplina cometidos en ese ámbito, señaló el representante de la Acnudh, Amerigo Incalcaterra, y alertó que la ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares hiere el principio de la igualdad ante la ley y relativiza las garantías del debido proceso legal.
El sistema de Naciones Unidas en Brasil, en particular ONU Mujeres, también externó en los últimos meses su preocupación por “los datos alarmantes e inaceptables con relación a la violencia contra las mujeres y niñas brasileñas, especialmente las afrodescendientes”.
La entidad dio a conocer una declaración en ese sentido a propósito del asesinato, precisamente en Río, de una adolescente negra de 13 años de edad, alcanzada por balas perdidas mientras desarrollaba actividades escolares.
El texto citó estadísticas del Mapa de la Violencia 2015, según las cuales en una década se registró en Brasil un aumento del 191 por ciento en la victimización de negras. En ese mismo lapso, el número de homicidios de afrodescendientes creció el 54 por ciento, pasando de 1 mil 864 a 2 mil 875.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la violencia es una de las cosas que más preocupa a los niños en el mundo. En Brasil ese temor alcanza al 82 por ciento de los entrevistados, superando con holgura a países como México y Nigeria, donde el índice supera el 70 por ciento.
El sondeo, detalló Unicef, se realizó entre 11 mil niños y adolescentes de nueve a 18 años de edad en África del Sur, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Holanda, India, Japón, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Kenya, Reino Unido y Turquía.
Según reveló un muestreo realizado recientemente en Río de Janeiro por el Instituto Dialog, la violencia está lejos de ser un fenómeno que afecte solo a las grandes urbes brasileñas.
Por el contrario, entre 2005 y 2015 la tasa de homicidios aumentó el 107.4 por ciento en ciudades pequeñas de entre 20 mil y 100 habitantes, sobre todo en el Nordeste y el Norte del país.
El significativo aumento, explicó el vicepresidente de la institución Sergio Marcondes, se dio esencialmente en localidades periféricas, cercanas a las carreteras federales y a zonas fronterizas, en particular con Paraguay, lo cual apunta a que esto puede guardar relación con algún padrón logístico (transporte de drogas o armas).
La situación, detalló, es particularmente alarmante en poblados como Janduis, en Río Grande del Norte, donde los asesinatos crecieron el 155 por ciento; en Itabela (Bahía), aumentaron 153 por ciento y en Alto Alegre (Roraima), incremento del 149 por ciento.
Moisés Pérez Mok/Prensa Latina
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