La Alianza de Exbraceros del Norte denuncia la negligencia de la SRE y la Segob, ante el millonario compromiso contraído con una corte federal estadunidense para resolver un litigio que les permitiera recuperar sus ahorros, pues obstaculizaron, desinformaron a exbraceros radicados en Estados Unidos, y bloquearon a miles de ellos residentes en México que trabajaron legalmente en Estados Unidos entre 1942 y 1964, y que trataron de cumplir con los complicados requisitos para calificar en la entrega de 38 mil pesos como apoyo social compensatorio
Lorena Rosas
El plazo de recepción de documentos para recuperar los ahorros de los braceros venció en Estados Unidos el 28 de enero, por lo que un grupo de 120 ancianos (la mayoría rebasa los 75 años), miembros de la Alianza de Exbraceros del Norte 1942-1964, de los estados de Colorado, Nevada, Washington, Arizona y California, presentaron en Mexicali una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores, por violar sus derechos, usar tácticas dilatorias en los trámites y desinformación deliberada.
“Ésa es una jugada muy sucia. El gobierno federal está pagando entre 2 y 3 millones de dólares a abogados privados en Estados Unidos, cuando aún necesita devolverle el dinero a miles de exbraceros. Ahora entiendo el cierre tan precipitado de la entrega de documentos en las ventanillas de los consulados; se les dio plazo sólo hasta el 5 de enero. Esto sólo responde al acuerdo entre el gobierno de México y los abogados de Chicago por la demanda que perdieron”, señala Rosa Martha Zarate Macías, dirigente de la alianza, que agrupa entre 6 y 7 mil exbraceros radicados en Estados Unidos.
Asegura: “Como hubo un acuerdo de pago ante la Corte estadunidense un mes antes de que la Segob publicara oficialmente la apertura de las mesas receptoras, esta vez no utilizaron a los consulados mexicanos, decidieron instalarlas en suelo mexicano, lo cual es un verdadero engaño y bloqueo para el conjunto de trabajadores migratorios de aquella época, a los que no quiere reconocer el gobierno federal. Para evitar el pago a los exbraceros, simularon con una campaña tardía en medios de comunicación; la gente no se enteró a tiempo. Todavía en estos días escuchamos que el gobierno les invita en la radio a que acudan a las mesas receptoras pese a que desde hace mes y medio venció el plazo para entregar sus documentos probatorios”.
“En el registro del padrón lograron confundir a los exbraceros. Los consulados únicamente registraron a los trabajadores de 1942-1946, dejando fuera los de 1947-1964. No hubo mesas de atención ni personal para cotejar pruebas, para revisarlas; después, esos documentos los pusieron en un paquete diplomático, los mandaban a México y de aquí a que se capturó su documentación ya fue muy tarde, no se pudieron corregir cambios de nombres, como la mayoría requirió”, dice la dirigente de la Alianza de Exbraceros del Norte.
Zárate dio a conocer que a nivel nacional los extrabajadores migrantes, a los que les corresponde este pago son 42 mil 633, pero en este nuevo padrón, de 5 mil 320 ancianos que se registraron en Estados Unidos, sólo 165 son elegibles para recibir ese apoyo de 38 mil pesos. Además, por omisión de las autoridades mexicanas, cientos de personas de la tercera edad tuvieron que viajar, en algunos casos, más de 30 horas por tierra a Mexicali, así como a otras ciudades de la frontera norte de México, desde el interior de Estados Unidos. “Muchos no pudieron acudir a la frontera norte a cobrar su dinero, porque carecen de documentos migratorios. Unos porque están muy enfermos y otros porque no pudieron completar los engorrosos trámites que exige el gobierno”.
Argumenta Zárate: “Por casi un año estuvimos solicitando a Sergio Bailón Velázquez, coordinador de Control y Seguimiento del Fideicomiso 2106, como funcionario de Gobernación, una reunión con representantes de los distintos grupos de exbraceros, para presentar las propuestas que respondieran a nuestra realidad y situación”.
En septiembre de 2008, ocho meses después de haberse aprobado el presupuesto para ese año, el Ejecutivo federal firmó y ordenó la publicación de las reformas al pago para los exbraceros que trabajaron en Estados Unidos. Finalmente, la ley que creó el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2008.
Aunque muchos exbraceros se vieron incapacitados para viajar a sus lugares de origen para hacer los trámites requeridos, no se aceptaron cartas testimoniales ni cualquier documento notarial de Estados Unidos. Entre los exbraceros que acudieron a Mexicali, el descontento era generalizado. Sin mayor éxito en sus trámites, alrededor del 40 por ciento de estos visitantes no pudieron llenar la solicitud debido a que los funcionarios de la Segob argumentaron tecnicismos legales para no recibir sus documentos.
Consuelo Gaytán, de 68 años, residente de Los Angeles, California, cuenta su experiencia: “Mi padre Felipe Gaytán nos llevó a Estados Unidos desde Zacatecas, en la década de 1950. Fue bracero desde 1945, pero en Estados Unidos se utiliza, por lo general, sólo un apellido. Muy pocas veces usaba el apellido materno Ambríz. Ahora en la mesa de recepción me salen con que no pude participar, porque los documentos de mi papá aparecen con el apellido Gaytán y otros Gaytán Ambríz”.
Agrega con tristeza: “Traje su acta de defunción. Mi papá hace casi dos años ya andaba en esta lucha de exbraceros para le tomaran en cuenta lo que ahorró tantos años, porque el gobierno de Estados Unidos demostró que envió a México por Wells Fargo el 10 por ciento que les quitaban para ahorro. Aquí los de gobernación me pidieron todos los documentos de aquel tiempo, hasta la tarjeta de defunción de mi madre, todo apostillado y luego, después de hacer tanto trámite, de pagar 500 pesos por notarizar cada documento, pagué casi 4 mil pesos, me rechazaron. De los 120 compañeros que venimos, solo a 11 les aceptaron sus documentos”.
Esta actitud del gobierno federal demuestra un acto de discriminación hacia las personas de la tercera edad, en franca violación a sus derechos consagrados en el tercer párrafo del artículo primero constitucional, que prohíbe la discriminación en México por su origen y edad, argumenta la abogada Martha Ofelia Lugo, hija de exbracero.
“El gobierno tiene una responsabilidad administrativa y de impartición de justicia ante la población vulnerable, como son los niños y los ancianos. Lo que hacen los representantes de la autoridad federal mexicana lo realizan con dolo y mala fe. Al manejar tácticas dilatorias e imponerles trámites difíciles y engorrosos a los exbraceros mexicanos que viven del otro lado de la frontera, los cansan y los dejan fuera del apoyo social.
Sabemos que muchos exbraceros no reclaman sólo por el dinero, sino también por justicia -refiere Martha Ofelia Lugo-. Aunque aceptan la ayuda de 38 mil pesos que otorga el gobierno mexicano, saben que lo que deben recibir es mucho más, pero ya ha sido mucho su desgaste, y otros ya no vivieron para recibir esa compensación”.
Tanto la Constitución mexicana, como la Ley Federal del Trabajo y diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, establecen la responsabilidad que al Poder Ejecutivo corresponde en materia de protección a los trabajadores, aun cuando laboren en el extranjero. En este caso, es particularmente claro el vínculo de responsabilidad por el convenio firmado, en tanto que las instancias oficiales tuvieron conocimiento y obligaciones al respecto, como lo marca el artículo 123 constitucional, y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, argumenta Raúl Ramírez Baena, exombudsman de Baja California.
“En este sentido, es inadmisible que el titular del Ejecutivo y el secretario y subsecretario de Gobernación respondan con tal negligencia ante este problema, fundamentalmente de derechos humanos. También es necesario resaltar la omisión en la que ha incurrido la Secretaría del Trabajo al no haberse posicionado al respecto, desentendiéndose de su función de observancia y aplicación de la ley”.
“Hace más de 50 años, al igual que hoy, estos trabajadores migrantes evitaron con sus remesas que hubiera una segunda revolución en México, después de 1910. Han servido de paliativo económico. Con su dinero se formó Banrural, Maseca, Conasupo, lo admitió una vez el presidente José López Portillo al reconocer el esfuerzo del migrante por continuar enviando dinero a su país. Ellos han evitado que quiebre nuestra economía, son los soldados económicos de una guerra contra la pobreza”, señala Roberto Ching Sedano, visitador de Grupos Vulnerables y Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.
Ching Sedano considera: “Después de 1964, no obstante que terminaron su contratación legal, los trabajadores migratorios siguen perdiendo parte de sus salarios, y siguen aprovechándose de ellos en el vecino país por falta de regulaciones laborales, y por parte del gobierno mexicano. ¿Qué puede decir la Segob? Tuve la oportunidad de tomar la queja de un grupo de exbraceros, encabezados por Rosa Martha Zárate y Enriqueta Quintero, por presuntas violaciones a sus derechos. Ellos sienten que se desalentó el ejercicio de sus derechos. La queja y el expediente inmediatamente se turnaron a la delegación de la CNDH en Tijuana”.
Los exbraceros ingresaron a laborar a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial bajo el acuerdo bilateral Programa Bracero. El Gobierno de Estados Unidos, el 4 de agosto de 1942, firmó un contrato individual de trabajo con cada trabajador migratorio, que permitió a los mexicanos ingresar legalmente a Estados Unidos para cubrir la escasez de mano de obra, principalmente en la agricultura, a causa de la Guerra; las mujeres ingresaron a laborar a las fábricas ante la ausencia de mano de obra masculina, y eso dejó una enorme vacío en las zonas agrícolas.
Desde el primer Convenio de Braceros firmado en 1942, el Gobierno de México aceptó que los patrones estadunidenses descontaran a los trabajadores migratorios un 10 por ciento de sus ingresos en calidad de ahorro, como una garantía de que regresarían a México después de concluidos sus contratos. De febrero a octubre de 1948, se firmó un nuevo acuerdo que concluyó en 1964.
Después, el Gobierno de Estados Unidos ya no celebró contratos individuales de trabajo con los migrantes mexicanos, sino que firmó contratos directamente con los empleadores, quienes debían detener 10 por ciento del salario del empleado para devolverlo al mismo mediante un cheque que debía ser cobrado en los siguientes 10 días en que el trabajador regresara a México.
“El dinero de esos descuentos debería ser entregado al gobierno de México, que a su vez debía regresarlo a los braceros en los bancos oficiales designados para tal efecto. Resulta que ese dinero no les fue regresado a esos braceros y éstos no lo reclamaron, salvo unas cuantas excepciones, porque se les hizo creer que el descuento era una especie de condición para obtener empleo en Estados Unidos. Sólo hasta hace siete u ocho años, algunos sobrevivientes de aquella experiencia y algunos descendientes se organizaron para demandar, ante tribunales de Estados Unidos, al gobierno de México la devolución de ese dinero, más los intereses acumulados en más de 50 años”.
Agrega el también expresidente del Colegio de la Frontera Norte: “Me llenó de emoción ver congregados a tantos ancianos que asistían al acto motivados por la esperanza de obtener algo de ese dinero adeudado por el Gobierno de México desde hace más de 50 años. Pero después me llenó de rabia escuchar el testimonio de varios de esos ancianos hablando de un fenómeno que yo he estudiado y sobre el cual he escrito muchas páginas. Me hizo pensar lo inútiles que han sido esas páginas para evitar la frustración de toda una vida de reclamos sobre un dinero por el cual trabajaron en condiciones muy cercanas a la esclavitud”.
“Platiqué con varios ancianos ansiosos de mostrar documentos, guardados durante décadas, como prueba de sus experiencias como braceros. La pregunta fue de uno de ellos: “¿Usted cree que ahora si nos regresen nuestro dinerito?” ¿Cómo responder ante la injusticia que uno sabe que está detrás de esa pregunta? Centenas de miles de mexicanos, a lo largo de décadas, han desempeñado un papel por el que el presidente Fox los llegó a llamar héroes, reconociendo su contribución a la paz social y a la estabilidad económica de México, con sus remesas, que sólo el año pasado ascendieron a más de 25 mil 145 millones de dólares.
“Un bracero sobreviviente me contaba cómo lo fumigaron con un polvo blanco que olía a creolina, según sus propias palabras, y que le provocó una inflamación y comezón que no lo dejó trabajar durante dos semanas como reacción alérgica al desinfectante, así lo acostumbraban a hacer las autoridades sanitarias fronterizas de Estados Unidos”, comenta el relator.
“La inacción del gobierno de México en defensa de los derechos de los migrantes y la impunidad con la que les fue robado su dinero, derivado de los descuentos que les hicieron a sus salarios durante los años de vigencia de los convenios de braceros, sólo fue posible por la indiferencia de la sociedad civil mexicana que por décadas ha visto como mexicanos de segunda a los trabajadores que emigran para buscar lo que su país no ha sido capaz de darles y a quienes esa sociedad civil ha llamado pochos, con todo el desprecio que el calificativo implica”.
Después de años de olvido premeditado, activistas de ambos lados de la frontera comenzaron a retomar el tema de los braceros y la deuda multimillonaria. Braceroproa fue la organización binacional que asumió el liderazgo desde hace siete años. Gracias a una promesa que le hizo a su abuela, Lucía Méndez, y a una copia del Contrato del Programa Bracero en sus manos, Ventura Gutiérrez, su coordinador binacional, impulsó la primera organización y la más representativa del movimiento. Encauzó sus esfuerzos para recuperar el dinero para los exbraceros y sus descendientes, desafiando al propio presidente de la República y a los funcionarios federales. “Hemos logrado reconocimiento para estos trabajadores. Recuperamos parte de la memoria, de una historia que muchos querían que se mantuviera en silencio, aunque vemos que no existe voluntad política para resolver el problema; los gobernantes tienen sus propios intereses”.
La dirigente en Mexicali de los exbraceros, Enriqueta Quintero, lamenta que no existiera una verdadera intención de resolver el problema, de ser así, se hubieran aceptado constancias oficiales u otros documentos: “Se trata de personas mayores de edad, con una salud muy deteriorada, para quienes este pago es una esperanza de sobrevivencia, en cuanto a las viudas o los hijos batallaron para presentar la solicitud, ya que se requería el acta de defunción traducida y apostillada de su familiar, entre otros documentos”.
Antonio Molina, de 82 años, exbracero que vive en El Centro, California, señala: “No sólo fuimos braceros, eran tiempos de guerra y las cosas estaban mal de éste y del otro lado de la frontera; luchamos por la economía de nuestro país, porque casi todo lo mandábamos al lado mexicano, con nosotros despegó la economía agrícola de California; trabajamos casi como esclavos bajo la supervisión muchas veces de mexicanos que nos humillaban, ‘o haces esto o te mando de regreso para México’. Ahora es tiempo de que nos recuperen algo, ahorita que estamos vivos, que podamos atender nuestras dolencias con ese dinerito. En esta vida es cuando nos sirve, después, ya para qué”.
Después de 60 años, un juez federal en Estados Unidos demostró la irresponsabilidad del gobierno Mexicano al no haber pagado el fondo de ahorros de los trabajadores exbraceros, por no investigar lo que sucedió con esos recursos y en manos de qué institución o personas quedaron. Por esta omisión, se destinaron millones de dólares del erario federal para resarcir el daño moral y económico de lo que se consideró una violación a las leyes de Estados Unidos.
La Secretaria de Relaciones Exteriores pagó 2 millones 800 mil dólares a un despacho de abogados privado en Chicago que defendió a los exbraceros demandantes. Les envió el 10 de octubre pasado 500 mil dólares para gastos de promoción y se comprometió a pagar un total de 14 millones y medio de dólares, más de 210 millones de pesos, a los exbraceros, o sus deudos, que trabajaron en los campos agrícolas, minas y líneas ferroviarias de Estados Unidos entre el 1 de enero de 1942 y el 31 de diciembre de 1946.
Este trato es parte de un acuerdo extrajudicial aprobado el 8 octubre del 2008 y ratificado el 6 de febrero de este año por el juez federal Charles Breyer, con lo que se pone fin a la demanda legal privada Caso No. 01-0892-CRB, entablada el 2 de marzo del 2001 ante la Corte de Distrito en San Francisco, California, por Senorino Ramírez Cruz, Leocadio De la Rosa, Liborio Santiago Pérez. Felipe Nava, Ignacio Macias y Rafael Nava, en su nombre y en el de otros en una situación similar.
El trato fue acordado de manera voluntaria entre los demandantes, en su nombre y en el de otros exbraceros, y los demandados mexicanos: Estados Unidos Mexicanos, tres bancos mexicanos propiedad del Estado; Banco de México o Banco Central del Estado Mexicano (Banxico), Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, en liquidación, como sucesor del Banco de Crédito Agrícola, SA, y el Patronato del Ahorro Nacional, con el propósito de resolver definitivamente el litigio entre ellos.
Los abogados demandantes Matthew J. Piers y Joshua Karsh, de Chicago, Illinois, realizaron investigaciones exhaustivas sobre este extravío de dinero, que implicó, con ayuda de abogados mexicanos, buscar, obtener, revisar y analizar decenas de miles de páginas de documentos, así como entrevistar a cientos de braceros para demostrar que sus clientes trabajaron en Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
Su labor se realizó en los términos de los acuerdos celebrados entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, siendo presidentes Franklin D. Roosevelt y Manuel A. Camacho, respectivamente, quienes firmaron el Tratado de Braceros el 23 de julio de 1942, formalizado mediante canje de notas diplomáticas el 4 de agosto de 1942 y perfeccionado mediante varios convenios ejecutivos posteriores, para laborar en el país del norte entre los años de 1942 y 1964.
En el expediente del Caso No. 01-0892-CRB, la parte demandante establece que en efecto, el 23 de julio de 1942, las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, del Trabajo y Prevención Social, de Agricultura y Fomento y el Departamento de Salubridad Pública emitieron el “Acuerdo previniendo que se hagan las gestiones necesarias para impartir seguridades a los trabajadores mexicanos que emigran a Estados Unidos de Norteamérica”. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1942, de la misma manera el 4 de agosto del mismo año, los gobiernos de ambos países suscribieron el “Acuerdo para Reglamentar la Contratación (temporal) de Trabajadores Agrícolas Mexicanos”.
En el referido convenio, así como en sus modificaciones, que constituyeron el programa de importación de Mano de Obra 1942-1964 y que fue conocido como el “Programa Bracero”, se estableció la deducción del 10 por ciento del total de los salarios percibidos por los trabajadores mexicanos con su labor, porcentaje que debería ser devuelto a los mismos a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales y crediticias establecidas para realizar dicha función.
El 20 de julio de 1945, el War Food Administration Office of Labor, el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Información para el Extranjero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicaron las Instrucciones para cobrar el diez por ciento, documento en el que se establecieron los mecanismos y procedimientos para que los trabajadores braceros pudieran recibir el monto acumulado por el concepto del 10 por ciento descontado de los salarios.
Al exhibir pruebas, los abogados demandantes, Matthew J. Piers y Joshua Karsh, de que más de 250 mil agricultores y trabajadores ferroviarios mexicanos, fueron contratados para trabajar en Estados Unidos en esa fecha, y que uno de cada 10 dólares eran retenidos por los empleadores, enviando dichos fondos por medio del Banco Wells Fargo y la Compañía de Fondo de Fideicomiso de San Francisco al Banco de México y al Banco Nacional de Crédito Agrícola, y debían ser pagados a los braceros a su regreso a México.
Pero, como resultado de las acciones y las omisiones culposas de los demandados mexicanos, a los demandantes y a otros braceros ubicados en una situación similar, nunca se les reembolsaron los fondos ahorrados. La firma de abogados argumentó una violación a las leyes del estado de California y a la Legislación Federal de Estados Unidos.
Además, Piers y Karsh certificaron en el Caso No. 01-0892-CRB, un legajo de documentos que prueban que el gobierno recibió dicho dinero y que se exhiben en el Archivo General de la Nación, aunque los funcionarios de Gobernación los negaron, el hecho de incluirlas en el juicio legal funcionaría para obtener el pago íntegro del fondo de ahorro más los intereses generados hasta la fecha. Se anexaron copias certificadas de oficios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de agosto y septiembre de 1945, que dan cuenta de depósitos por 30 millones de dólares en el Banco Nacional de Crédito Agrícola; hay otros de diversos bancos que en 1952 también recibieron remesas.
En la demanda se anexan oficios del Banco Nacional de Crédito Agrícola dirigidos al oficial mayor de la Secretaría de la Presidencia de la República, Roberto Amorós, en marzo y abril de 1945. En ellos se habla del reclamo de braceros al presidente Manuel Avila Camacho por el pago de las cantidades que la War Food Administration acreditó por concepto del 10 por ciento de descuentos sobre salarios devengados en Estados Unidos. Otro documento es un balance de la sucursal Alameda del Banco Nacional de México, fechado el 20 de diciembre de 1952, de la cuenta “Caja de Trabajadores Mexicanos Migratorios”, que rinde al director de Asuntos de Trabajadores Mexicanos Migratorios, Pablo Galindo. Esa sucursal tuvo depósitos por 112 mil 311 .42 dólares del fondo de ahorro.
Incluye un oficio de la Secretaría del Trabajo de fecha 24 de octubre de 1945, dirigido a la Presidencia de la República, con el Asunto “Devolución de 10% de ahorros de braceros”, la dependencia informa sobre la existencia de un pasivo de 12 millones de pesos (1,08 millones de dólares) que eran del fondo y que fueron tomados para financiamiento.
Y sobre las diversas reclamaciones que se reciben en la bolsa de trabajo hechas por los braceros, la mayor parte corresponden a quejas por el procedimiento lento que se sigue en las instituciones bancarias para hacerles efectivo su fondo de ahorros y aclara que su petición para que se hagan dichos pagos ni siquiera ha sido respondida por algunos bancos.
La Secretaría del Trabajo mostró datos del Banco del Ahorro Nacional sobre el dinero que recibió de los braceros entre 1944 y 1945. Esos primeros años del Programa Bracero, el gobierno mexicano recibió 16 millones 601 mil dólares. También da cuenta del dinero que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos remitió al Banco Nacional de Crédito Rural, 14 millones 788 mil 733 dólares. Y aclara que esa institución estadounidense informa que “en un plazo de 30 días después de la repatriación de los trabajadores, el monto de su 10% de ahorros ha sido ya remitido a México”.
Se anexa otro documento del Banco de Comercio S.A. de C.V., fechado el 9 de diciembre de 1952, que menciona la cuenta número 66 -701 de la Secretaría de Relaciones Exteriores “referida al fondo de ahorro de los braceros”. En el balance de dicha cuenta, el banco señala que ese año fueron depositados 510 mil 802.13 pesos (Caja 1010 exp. 565.1/16 del Grupo Documental Presidentes, Adolfo Ruiz Cortínez, en el Archivo General de la Nación)
Además, el banco norteamericano Wells Fargo, con sede en San Francisco, testificó que sí pagó al gobierno mexicano el dinero que fue descontado a los braceros como parte del Fondo de Ahorro Campesino, establecido en el convenio binacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 1942 y que tuvo vigencia hasta 1964. Altos ejecutivos del banco certificaron, en un oficio fechado el 16 de febrero de 2002, que cuentan “con registros de los envíos de dinero de Wells Fargo al gobierno mexicano, a través del Banco del Ahorro Nacional y del Banco Nacional de Crédito Agrícola”, después Banrural y hoy Financiera Rural.
En el oficio firmado por Mary Trigg y Miriam Galicia Duarte, vicepresidentas del corporativo de comunicaciones de Wells Fargo, la institución financiera declaró su “disposición para ayudar a resolver el reclamo de los fondos que nunca fueron pagados a los exbraceros”.
Por su parte, los demandados mexicanos, representados por el abogado Jonathan I. Blackman (el mismo que ha participado en los litigios de Petróleos Mexicanos) y por los funcionarios de Segob, iniciando desde hace 7 años: Santiago Creel, Ramón Martín Huerta y Juan Camilo Mouriño, los de Relaciones Exteriores y Agricultura se han defendido en el litigio citado, mediante la presentación de diversas mociones de sobreseimiento, queriendo haciendo valer el principio de inmunidad soberana, negando que las cortes de Estados Unidos tengan jurisdicción sobre demandados de otro país, alegando la prescripción de las acciones, argumentando la improcedencia de las pretensiones de los demandantes en virtud de la doctrina del acto de Estado y del principio de cortesía internacional, negando las aseveraciones contendidas en el expediente y cualquier responsabilidad legal por los reclamos de los exbraceros.
Desde el 16 de junio de 2005, el juez Federal Charles R. Breyer, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, falló por primera vez contra el gobierno mexicano respecto de diversas defensas fundamentales, incluida la inmunidad soberana, la falta de jurisdicción y la prescripción. Poco después, los demandados mexicanos presentaron una apelación interlocutoria en contra de la improcedencia de la inmunidad soberana. La Corte de Distrito certificó asuntos adicionales para la apelación interlocutoria y la Apelación No. 05-16375 se resolvió ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en contra de los demandados mexicanos.
Previamente, los representantes del gobierno mexicano, tratando de evitar el costo, la demora y la incertidumbre de continuar con el litigio, el juicio y la apelación, aceptaron, ante la Corte Federal en San Francisco, este acuerdo “De acción de clase”, que involucra a la Cancillería de México, y que permitió, hasta el 5 de enero del 2009, que otros exbraceros no registrados en algún padrón previo ante la Secretaria de Gobernación o en caso de haber fallecido, sus cónyuges o hijos supervivientes pudieran presentar ante los abogados del despacho, en la embajada mexicana en Washington, DC, o en los consulados mexicanos, la documentación requerida para ser considerados y acceder así a un apoyo social estimado en 38 mil pesos o su equivalente en dólares.
El gobierno de México publicó muy discretamente algunos de estos acuerdos, en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de septiembre de 2008, haciendo referencia a dicho compromiso en el numeral Quinto Transitorio de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964, y los demandados, actuales funcionarios mexicanos, como prueba de buena voluntad, entregaron un ejemplar de dicho Diario Oficial ante el juez Breyer en la anterior audiencia el 8 de octubre de 2008.
Para asegurar la máxima participación en el acuerdo judicial, Matthew Piers, uno de los abogados de Hughes Socol Piers Resnick & Dym, Ltd- firma de abogados ubicada en Chicago Illinois, que representa junto con otras firmas a los braceros en esta demanda colectiva, con los 500 mil dólares que les envió el gobierno mexicano como parte del acuerdo-, lanzó una campaña de difusión en los medios de comunicación y a nivel comunitario con el objetivo de informar a los trabajadores mexicanos y potenciales beneficiarios sobre la disponibilidad de estos fondos perdidos hace tanto tiempo.
La campaña se centró en los medios de comunicación en español y organizaciones sociales involucradas en asuntos comunitarios y el apoyo a los latinos en Estados Unidos. El proyecto de información reclutó figuras de primer nivel en los medios de comunicación de Univisión, estaciones de radio enfocadas en los trabajadores del campo, así como un número de organizaciones comunitarias nacionales y regionales.
Por otro lado, se transmitió en estaciones de radio y televisión de Estados Unidos un anuncio con la participación de Leonardo Cuellar, estrella de fútbol en México y actual entrenador de la Selección Nacional de Mujeres de Estados Unidos. En ese promocional, en el cual Leonardo cobró 10 mil dólares, se pidió a las personas interesadas que actuaran rápidamente, a fin de cumplir con la fecha límite para enviar personalmente sus aplicaciones a la Embajada de México en Washington, DC, y se promocionaba el despacho privado de la firma de abogados demandantes.
Después de casi ocho años de litigio, en audiencia celebrada el 6 de febrero del 2009, en la sala ocho de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California- ubicada en el piso 19 de Golden Gate Ave 94102, en San Francisco, California; ante el nerviosismo y tensión de los funcionarios mexicanos representantes de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores-, el juez Breyer consideró que sí se habían cumplido algunos puntos del Acuerdo Extrajudicial, sí les pareció a los demandantes justo, razonable y adecuada la garantía que otorgaron los demandados mexicanos por 14 millones y medio de dólares, sí se entregaron a los abogados Matthew J. Piers y Joshua Karsh los anticipos de 500 mil dólares para difusión como estaba previsto y, además, el juez atestiguó el pago de honorarios por la parte demandada: 2 millones 800 mil dólares, para cerrar definitivamente el caso 01-0892-CRB. (Lorena Rosas)
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