El narcotráfico, considerado la principal amenaza a la seguridad de México, continúa vulnerando el esquema estrella de subisidios para el sector rural. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubre que el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) aún no logra depurar su padrón, pues tan sólo en 2009 se detectaron 18 financiamientos a terrenos que cultivan drogas.
En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, indica que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) canceló 18 predios en los que se detectó la siembra de “cultivo ilícito”.
“La entidad fiscalizada informó que durante el ejercicio de 2009 se dieron de baja 3 mil 580 predios por diversos motivos, entre ellos, porque el productor no sembró el predio, no sembró la superficie completa declarada en su Formato de Solicitud de Apoyo Continua, proporcionó información falsa, no acreditó la posesión del predio y en un porcentaje mínimo (18 casos) sembró un cultivo ilícito, entre otras causales.”
Los focos de alarma en la Sagarpa se han prendido a tal punto que, de acuerdo con la ASF, en las Reglas de Operación del Procampo “se adiciona la condicionante de sembrar cultivos lícitos”.
Para el órgano de fiscalización, esta nueva condición “incrementa el número de requisitos improbables, salvo que haya denuncia de autoridad competente y se dé inicio al Procedimiento Administrativo de Cancelación, por lo que el apoyo rompe el vínculo que las reglas establecen respecto de la relación predio-productor-apoyo para convertirlo en apoyo-propietario”.
En la fiscalización de más de 11 mil 800 millones de pesos del Procampo, la ASF también detectó irregularidades en la distribución de los recursos del proyecto federal más importante para el sector rural: duplicidad de padrones, pagos en demasía, asignación de apoyos a terrenos asentados en la mancha urbana y la entrega de recursos a personas que ni siquiera se encuentran en el padrón.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron, desde 2007, la ineficacia de este programa, pues los apoyos que deberían asignarse principalmente a productores de autoconsumo son destinados a las grandes agroempresas.
Muestra de ello es que Tamaulipas –uno de los estados con mayores condiciones de bienestar en materia productiva– ocupa el primer lugar en la asignación de recursos, más de 14 mil millones de pesos, desde que inició el programa en 1994 hasta 2009, indica la plataforma electrónica Subsidios al Campo en México, elaborada por la asociación civil Fundar, Centro de Investigación y Análisis.
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento –folio 09-0-08F00-02-0356–, realizada por la ASF, destaca que el Procampo es el programa más importante de la Sagarpa, pues ocupa el 30 por ciento del total del presupuesto asignado a la dependencia.
Tan sólo en 2009, de los 54 mil 161 millones 322 mil pesos que ejerció la Secretaría que encabeza el agroempresario jalisciense Francisco Javier Mayorga Castañeda, 14 mil 546 millones 458 mil 800 pesos se destinaron al Procampo.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, la Sagarpa disminuyó este año a 22 por ciento del total de recursos que ocupa la dependencia, ya que en este ciclo fiscal la Sagarpa obtuvo 73 mil 821 millones 342 mil 964 pesos, de los cuales al Procampo se les destinan 16 mil 365 millones 600 mil pesos.
El desglose que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que el Procampo fue etiquetado con los montos Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: Procampo para Vivir Mejor, por 13 mil 930 millones 600 mil pesos, y las ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados, por 2 mil 435 millones de pesos.
Según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, el Procampo tiene inconsistencias en el empadronamiento de los beneficiarios. El documento de la ASF indica que existen unos 18 mil 23 productores que tienen más de un folio registrado en el padrón de beneficiarios; como consecuencia se “dificulta la consolidación de pagos por productor y la transparencia de la base de datos”.
La auditoría de cumplimiento señala que el Programa General Operativo establece el uso del “folio del productor y el mecanismo para su obtención”. Sin embargo –amén de que más de 18 mil productores aparecen dos o más veces como subsidiados–, se destaca que los apoyos se entregan sin que se presente Registro Federal de Contribuyentes, credencial del Instituto Federal Electoral, Clave Única de Registro de Población y sin que siquiera se asiente la fecha de nacimiento del beneficiario.
Asimismo, “las Reglas de Operación del Procampo no contemplan un único control sobre cada uno de los productores que reciben apoyo a través de ese programa”, dice el informe presentado ante el Congreso de la Unión por Juan Manuel Portal Martínez.
En el Padrón de Beneficiarios del Procampo correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2009, en Tamaulipas, se observa la presencia múltiple de algunos agroempresarios. Como ejemplos, 5H Buena Vista, que aparece nueve veces en la lista con un importe de 674 mil 911 pesos cada una; Agaves Supremos, 144 mil 835 pesos, con tres asignaturas, y Agave Río Mante, empresa a la que se le apoyó con 69 mil 518 pesos mediante cuatro registros, entre otros.
Además, el documento muestra que con la toma de imágenes satelitales, remitidas por la Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ?organismo de la Sagarpa encargado de operar el Procampo? se observó que existen 2 mil 173 “predios invadidos por la mancha urbana en diversos estados de la República”.
Ante estas observaciones, la Sagarpa “únicamente proporcionó evidencia de los trabajos de verificación efectuados en 152 predios por 313.4 hectáreas, de los cuales determinó que 95 eran irregulares y 57, regulares; en el caso de los predios irregulares, en su mayoría se autoexcluyeron”, indica la ASF.
La dependencia también informó al máximo órgano de fiscalización del país que en 2009 se dieron de baja 3 mil 580 predios por diversos motivos: “El productor no sembró el predio, no sembró la superficie completa declarada en su Formato de Solicitud de Apoyo Continua (Forsa), proporcionó información falsa en su Forsa, no acreditó la posesión del predio y en un porcentaje mínimo (18 casos) sembró un cultivo ilícito, entre otras causales”.
Otra de las observaciones que hace la Auditoría a la dependencia encargada de atender a uno de los sectores más vulnerables del país es que se registraron “pagos en demasía”: 6 millones 885 mil 100 pesos a 264 productores respecto del “monto máximo” de apoyo que corresponde a 100 mil pesos, según lo establecido en las Reglas de Operación.
La Sagarpa trató de justificar este hecho al informar que, en 157 casos, los productores devolvieron 2 millones 841 mil 500 pesos, a través del oficio FOO.5.1.00/12588/2010, del 23 de septiembre de 2010. Sin embargo, dice la ASF, “no se proporcionó la correlación existente entre las devoluciones obtenidas con los enteros a la Tesorería de la Federación”.
Como parámetro de lo indicado por el informe de la Cuenta Pública, el Padrón de Beneficiarios del Procampo correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2009 muestra que los productores que mayores apoyos recibieron en esa entidad son Cavazos Cárdenas, 1 millón 25 mil 595 pesos; el Guajillo, 963 mil pesos; Juan Valentín Amador Vargas y Copropietarios, 840 mil 508 pesos; Rancho Betty, 661 mil 581 pesos; Culcám, 651 mil 850, y Barrera González y Hermanos, 631 mil 410 pesos.
En otros 95 casos, la ASF determinó que se efectuaron “pagos en exceso” por 1 millón 424 mil 800 pesos, toda vez que la superficie de los predios excedió las 100 hectáreas y se rebasó el monto máximo de apoyo de 100 mil pesos.
Además, el máximo órgano de fiscalización revisó 29 expedientes de productores beneficiarios del Procampo, ubicados en los distritos de desarrollo rural 03 y 04 de Querétaro, los mismos a los que se otorgaron 506 mil pesos y detectó que, en dos de los casos, “la documentación es insuficiente para avalar la posesión legal de los predios y, en un caso, no se encuentra actualizado el nombre del propietario en la base de datos de los beneficiarios del Procampo”.
“En cuanto a la documentación con la que se acreditó la posesión derivada de los predios, se determinó que cuatro contratos de arrendamiento y dos contratos de usufructo proporcionados por el CADER no se encontraban vigentes para el ciclo agrícola primavera-verano 2009”, dice el informe.
La evaluación del Banco Mundial y el BID indica que “tanto la cobertura del Procampo como los montos transferidos son menores para los productores de autoconsumo que para otros grupos. Nuevamente, dicha distribución no tiene fundamentos en los objetivos del programa. Tanto Procampo como Oportunidades propician la inversión productiva en grupos sin acceso al crédito”.
José Narro Céspedes, secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, por el Partido de la Revolución Democrática, urge a que se haga una revisión del Procampo, ya que éste es uno de los más importantes para las familias que subsisten de la agricultura de consumo, y “el Procampo debe estar ubicado sólo en una agricultura campesina y no a la comercial, ya que no requiere este tipo de apoyos”.
Alberto Jiménez Merino, coordinador del Sector Agrario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, agrega: “Nosotros siempre hemos insistido en la depuración del padrón, pero siempre y cuando estén dentro de las reglas del Programa”.
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