Petróleos Mexicanos (Pemex) conmemora el 80 aniversario de la expropiación petrolera en medio de la que podría ser su peor crisis: su deuda financiera supera los 2.1 billones de pesos, mientras sus activos disminuyen dramáticamente por la privatización, el desmantelamiento, el robo de combustibles y la corrupción.
Problemas que se han profundizado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no sólo por la reforma energética y la intensificación de las actividades del crimen organizado, sino porque en este sexenio casi se triplicó el pasivo financiero.
De acuerdo con información oficial, entre enero de 2013 y febrero de 2018, la deuda de Pemex se incrementó 1 billón 329 mil 841 millones de pesos: pasó de 786 mil 859 millones en diciembre de 2012 –último año del gobierno de Felipe Calderón–, a 2 billones 116 mil 700 millones el mes pasado.
Y es que el endeudamiento crece a pasos agigantados: mientras los Estados financieros al cuarto trimestre de 2017 apuntaban que éste ascendía a 2 billones 37 mil 900 millones de pesos, para el 1 de febrero pasado sumaba otros 4 mil millones de dólares (unos 78 mil 800 millones de pesos), correspondientes a la colocación de dos nuevos bonos en los mercados de capital.
Según Pemex, “el flujo de efectivo derivado de sus operaciones en años recientes no ha sido suficiente para fondear sus gastos de inversión y otros gastos, por lo que su endeudamiento se ha incrementado significativamente y su capital de trabajo ha disminuido”.
Los riesgos inminentes asociados a estos pasivos iniciarían con las restricciones de liquidez. Según su más reciente Información financiera trimestral –entregada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores–, esto “podría dificultar la obtención de financiamientos en términos favorables; podría afectar la situación financiera, los resultados de operación y la capacidad para pagar la deuda; y, finalmente, la capacidad para operar como negocio en marcha”.
El dinero de la deuda contratada por Pemex ha quedado más en la corrupción que en beneficios que se reflejen en la empresa, señala el ingeniero Pablo López Figueroa, trabajador de la petrolera.
El líder del independiente sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) considera que la situación no sólo es grave sino sobre todo cruel, porque por muchos años la industria benefició a todos los mexicanos y ahora sólo beneficia a privados.
El ingeniero López Figueroa destaca que mientras la empresa se asfixia por las deudas, el gobierno sigue utilizando sus recursos, descapitalizándola aún más.
Por ello, indica, la crisis se recrudece: “los accidentes se incrementan, igual que la pérdida de vidas por siniestros. Y eso es por el interés que tienen de privatizar Pemex. Pero las compañías privadas no van a invertir, sólo vienen a utilizar la infraestructura que el gobierno les está cediendo”.
Derivado de la reforma energética de 2013, la petrolera ha cedido ya las áreas consideradas como estratégicas para la nación, antes reservadas al Estado.
Muestra de ello son los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que indican que, a la fecha, se han firmado 74 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos con 70 empresas de 18 países. De esos, 49 son en campos terrestres, 16 en aguas someras y nueve en aguas profundas.
Por ello, el ingeniero Moisés Flores Salmerón considera que Pemex llega “muy destrozado” al 80 aniversario de la expropiación petrolera. La crisis del sector, señala este luchador petrolero, abarca desde la producción de hidrocarburos hasta la de petrolíferos y petroquímicos. Y es que ya no hay área que no sea susceptible de privatizar.
La desestatificación de la industria trae consigo desempleo y precariedad. En entrevista, el ingeniero López Figueroa observa que, tanto el cierre de petroquímicas como la baja de presupuesto para exploración, producción y refinación, incrementó el desempleo como nunca antes.
“Ciudad del Carmen [Campeche], que hace tiempo era muy productiva, hoy parece isla desierta: edificios, centros comerciales, escuelas, hoteles, comercios, restaurantes abandonados. Todo lo que estaba alrededor de Pemex fracasó.”
Agrega que “los trabajadores mismos han sufrido: el personal considerado como eventual o transitorio fue corrido con el pretexto de la falta de presupuesto. Nada más del sistema petrolero estamos hablando de cerca de 100 mil empleos perdidos. Los que somos de planta tuvimos que suplir esas plazas”.
El problema no sólo se reduce a las áreas subastadas a favor de las trasnacionales, también tiene que ver con la chatarrización intencional y el desmantelamiento de los activos, sobre todo en la rama petroquímica y de transportación, como los ductos.
López Figueroa pone como ejemplo “la venta de una plataforma aquí en la zona marina a un precio irrisorio, cuando su valor es al menos 10 veces mayor. Claramente se ve que esa no fue una licitación legal.”
El ingeniero petrolero se refiere a la plataforma habitacional Chemul, que Pemex vendió a inicios de 2018 como si fuera chatarra, pues la remató en 120 millones de pesos cuando su valor real se estima en más de 790 millones.
“Todo lo están vendiendo y eso no es lo peor. Lo peor es que las empresas que están comprando a Pemex lo hacen sin los trabajadores y sin los pasivos laborales; cuando nosotros, a través de generaciones, formamos fideicomisos para respaldar las pensiones del personal que se jubila y eso está en riesgo”, señala el líder de la Untypp.
Uno de los peores problemas que, por años, ha afectado a la industria es la corrupción, como lo demuestra el escándalo de la brasileña Odebrecht, ya juzgado y condenado en otros países pero que en México permanece en la impunidad, pese a las evidencias ventiladas en los juicios en Brasil y Estados Unidos.
En los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación se ha dado cuenta de otros casos emblemáticos, como el de Agro Nitrogenados. El recién entregado informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2016 revela que Pemex habría pagado en exceso más de 3 mil millones de pesos por contratos relacionados con la rehabilitación de esa planta chatarra.
Por ello, en la “Auditoría de inversiones físicas 16-2-18T5K-04-0438”, el máximo órgano de fiscalización solicitó a la petrolera estatal que aclare el destino de 3 mil 71 millones 402 mil pesos en total. La mayor parte de ese monto corresponde a un pago en exceso a Cobra Instalaciones México, SA de CV, filial del grupo español de construcción ACS.
De acuerdo con la Auditoría, al revisar las 21 estimaciones de la fase I del contrato AGRO-DG-003/14 –firmado entre Pemex, a través de su filial Pro Agroindustria, y Cobra Instalaciones– se observó “una diferencia de 129 millones 604 mil 800 dólares (2 mil 672 millones 373 mil 900 pesos), entre lo pagado a la contratista por 209 millones 604 mil 800 dólares y lo establecido en la cláusula séptima de dicho contrato”.
Y es que en dicha cláusula se estipuló que la ejecución de esas obras costaría un estimado de 80 millones de dólares, “sin que se justificaran las razones del sobrecosto de los trabajos para la ejecución de la fase I”.
Para la ASF, ello “denota falta de revisión y control de los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión de la entidad fiscalizada”. Por ello, pide a la Unidad de Responsabilidades en Pemex que investigue el caso y, en su caso, “inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no justificaron las razones del sobrecosto”.
Además solicita a la petrolera que entregue la documentación adicional que justifique y compruebe los más de 2 mil 670 millones de pesos por esta anomalía. Algo que hasta ahora Pemex no ha podido hacer, pues antes de presentar el informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la ASF sostuvo reuniones con la petrolera para “aclarar” el asunto.
El informe de fiscalización también refiere que Pro Agroindustria tampoco ha proporcionado la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 12 millones 773 mil pesos, correspondientes a un pago irregular relacionado con unos tanques tipo esfera para almacenamiento de amoniaco, trabajos que formalmente se habían excluido del contrato.
Las otras anomalías consistieron en que Pro Agroindustria no justificó actividades realizadas por el personal registrado en el soporte de estimaciones de cada una de las categorías pagadas, ni tampoco la diferencia en los costos del suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación, comisionamiento y arranque de strippers y condensadores de carbamato.
Otro esquema irregular detectado por la Auditoría tiene que ver con el abandono intencional de la infraestructura. Al respecto, el informe de fiscalización revela que Pemex Exploración y Producción (PEP) mantuvo inactivos 33 equipos de perforación de pozos petroleros, incluidas ocho plataformas marinas, hasta por 2 mil 831 días (7.7 años).
La negligencia generó pérdidas multimillonarias a la petrolera, pues no sólo se trata del abandono del equipo sino de la falta de producción en la que se incurrió. Además porque pagó sueldos a trabajadores, muchos de ellos también inactivos según el informe.
Y es que PEP habría “olvidado” asignarles personal o no habría designado presupuesto para operarlos, por lo cual la ASF ha promovido ya la responsabilidad sancionatoria contra los funcionarios que incurrieron en esta negligencia.
Según la “Auditoría financiera y de cumplimiento 16-6-90T9G-02-0464”, 25 de esos equipos son de perforación terrestre y los otros ocho son marinos. Y los peores casos correspondieron a dichas plataformas, pues la inactividad fue de 385 a 2 mil 831 días (de 1 año 20 días a más de 7 años 7 meses), periodo que abarca las administraciones de Emilio Lozoya y Juan José Suárez Coppel.
Aunado a ello, Pemex sigue registrando pérdidas multimillonarias por el robo de combustibles. Ello a pesar de que ha gastado más de 3 mil 870 millones de pesos en su estrategia al desempeño y capacidades operativas para la salvaguarda de sus instalaciones estratégicas y del Sistema Nacional de Ductos, tan sólo en 2016.
Dicha estrategia tiene por objetivo disminuir los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización ilícita de los productos petrolíferos, refiere la “Auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0448448-DE”.
No obstante, Pemex ha informado recientemente que en 2017 se registraron 10 mil 363 tomas clandestinas en sus ductos, lo que representó un incremento del 40 por ciento respecto de las tomas en 2016, cuando fueron 6 mil 873.
Por ello, ante la actual crisis, el ingeniero López Figueroa, secretario general de la Untypp, hace un llamado a los trabajadores de la industria: “Viene una oportunidad de rescatar a Petróleos Mexicanos y los únicos que podemos hacerlo somos los petroleros, porque somos mexicanos. Debemos estar unidos para defender y rescatar a esta empresa que tanto beneficio le dio al país”.
Nancy Flores
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