Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid, Guillermo Ortiz y Pedro Aspe figuran entre los exfuncionarios que habrían autorizado a Pemex constituir y operar siete empresas privadas en México y en el extranjero, cinco de ellas en paraísos fiscales. Petróleos Mexicanos admite que otras 30 inversiones, por más de 50 mil millones de pesos, carecen de “autorizaciones expresas”.
Documentos de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –de los cuales Contralínea posee copia– revelan que los expresidentes Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León habrían autorizado, de manera directa o indirecta, a Petróleos Mexicanos (Pemex) constituir siete empresas “privadas” con recursos públicos. De acuerdo con las autorizaciones, signadas en las décadas de 1980 y 1990, cinco de esas compañías radican, desde su constitución y hasta la fecha, en entidades catalogadas como paraísos fiscales: Holanda (Países Bajos), Antillas Holandesas, Las Bermudas, Suiza y Delaware, Estados Unidos. El valor actual de las siete inversiones, hechas con dinero extraído de la paraestatal petrolera, asciende a 11 mil 355 millones 165 mil 406 pesos. No obstante, éstas forman parte de la red empresarial que Pemex maneja en México y en el extranjero, y que compromete recursos públicos por más de 63 mil millones de pesos. Como lo ha informado Contralínea, el dinero se distribuye en 37 inversiones de capital en igual número de empresas privadas. De éstas, 20 son de la entera propiedad de la paraestatal, entre las cuales se enlistan las siete que habrían autorizado o conocido los expresidentes. Respecto de las 30 inversiones no autorizadas, la Gerencia de Filiales dependiente de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex– justifica que en 14 no se tiene “participación directa”, “no se tiene participación alguna”, no se cuenta “con autorización expresa”, se trata de “fondos de inversión” o la inversión se hizo en otra empresa, “por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de autoridades federales”. Del resto, se declara no competente, es decir, la Gerencia de Filiales desconoce la situación de 16 participaciones accionarias de Pemex, en igual número de empresas, hasta del ciento por ciento del capital social.
De acuerdo con los documentos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las empresas que se crearon a partir de las siete autorizaciones son: PMI Services, BV (Holanda); PMI Holdings, BV (Holanda); PMI Holdings, NV (Antillas Holandesas, ahora en España); PMI Comercio Internacional, SA de CV (México); Pemex Capital, Inc (Delaware, Estados Unidos); Kot Insurance Company, AG (Las Bermudas, ahora en Suiza); III Servicios, SA de CV (México). De éstas, destaca la cuarta, pues su autorización fue signada directamente por Ernesto Zedillo Ponce de León, el 23 de mayo de 1989. En nombre del presidente Carlos Salinas de Gortari, el entonces secretario de Programación y Presupuesto avaló la solicitud de Pemex respecto a la constitución de la “sociedad privada” PMI Comercio Internacional. El oficio sin número de folio –dirigido al ya fallecido Fernando Hiriart Balderrama, en ese tiempo titular de la extinta Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal– indica que, “por acuerdo del c. presidente de la República (…) se autoriza la participación de Petróleos —- Mexicanos, conjuntamente con el Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera en el capital social de PMI Comercio Internacional”. Agrega que la inversión sería, en aquel tiempo, de 5 mil millones de pesos, de los cuales Pemex habría aportado el 85 por ciento, mientras que las instituciones bancarias habrían destinado, cada una, el equivalente al 7.5 por ciento del capital. El valor actual de esta compañía asciende a 529 millones 724 mil pesos. Aunque esta empresa se maneja de manera más abierta que el resto, no rinde cuentas de su actuación y se encuentra al margen de la ley, señala la Auditoría Superior de la Federación en sus informes de fiscalización a las cuentas públicas de los ejercicios 2003 a 2006. La petrolera misma ha manifestado al Instituto Federal de Acceso a la Información que PMI no es su subsidiaria. Más aún, durante la resolución del recurso de revisión 299/08, interpuesto por Contralínea en contra de Pemex, ésta señaló de manera textual: “Petróleos Mexicanos y (sus) organismos subsidiarios, por su origen jurídico, tienen la dualidad de entes públicos y personas privadas, y que en este último caso actúan en un plano de igualdad como cualquier particular”. Desde su creación, PMI Comercio Internacional ha encabezado la actividad del denominado Grupo PMI, según se desprende de la información oficial de la paraestatal que encabeza Jesús Reyes Heroles: PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Holdings Petróleos España, SL; PMI Holdings, BV; PMI Services North America, Inc; PMI Pemex Services Europe, Ltd; PMI Pemex Internacional España, SA; PMI Services, BV; PMI Holdings North America, Inc; PMI Marine, Ltd. Las empresas que conforman este grupo también son propiedad directa o indirecta de Petróleos Mexicanos, aunque no rinden cuentas de su actuación, según acusó el auditor Arturo González de Aragón el 17 de julio de 2008 en el Senado de la República. “Se detectó opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, las cuales tienen múltiples fines, de las cuales 21 de ellas no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la cuenta pública federal.”
El 31 de marzo de 1988 se signó el oficio 1630 que autoriza la constitución de PMI Services, BV, una de las empresas del Grupo PMI. Firmado por quien fuera secretario de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe Armella, éste es el primer soporte documental con carácter de autorización relacionado con las 37 inversiones de Pemex. El oficio –dirigido a Hiriart Balderrama– indica que: “El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión celebrada el 4 de febrero del presente año [1988], aprobó la constitución de una sociedad unimembre de nacionalidad holandesa que se denominará PMI Services, BV, cuyo único accionista será Petróleos Mexicanos y tendrá como objeto fundamental, aunque no exclusivo, servir de instrumento corporativo para proveer a éste de servicios relacionados con la comercialización de petróleo crudo y sus derivados”. Agrega que ello “coadyuvará a que las actividades comerciales del organismo en el extranjero se desarrollen de una manera que le permita ser más competitivo con las empresas petroleras que actúan en el mercado internacional, así como a reducir el riesgo de que sus ingresos por la venta del petróleo crudo queden sujetos a impuestos locales”. El documento también indica que “la estrategia para la internacionalización de Petróleos Mexicanos es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y con lo previsto en el Programa Nacional de Energéticos 1984-1988”, impulsados por el presidente Miguel de la Madrid. Por ello, resolvió autorizar la participación de Pemex en el capital social de la empresa, mediante la aportación de 340 millones 950 mil pesos. El valor actual de las acciones asciende a 48 millones 783 mil 257 pesos. La segunda empresa fue PMI Holdings, BV, también radicada en Holanda. En la actualidad, ésta compromete recursos públicos por 9 mil 759 millones 819 mil pesos. Su autorización quedó registrada en el oficio 1.1629, del 15 de junio de 1988, con la firma de Pedro Aspe. Como secretario de Programación y Presupuesto, Aspe impulsó medidas contra el lavado de dinero; no obstante, durante el sexenio de De la Madrid también autorizó la creación de la tercera compañía PMI Holdings, NV, en las Antillas Holandesas, entidad considerada como paraíso fiscal. Para 2007, esta empresa fue reubicada en España con el nombre de PMI Holdings Petróleos España. Su capital actual asciende a 86 millones 870 mil pesos.
Ya en la administración de Salinas, el 21 de febrero de 1992, Rogelio Gasca Neri –entonces subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto– autorizó la constitución de Pemex Capital, Inc, en Delaware, Estados Unidos. Según el documento, su constitución fue necesaria para que la paraestatal lograra colocar deuda en el mercado de Estados Unidos: Pemex Capital facilitaría la emisión del papel comercial por 250 millones de dólares y su posterior amortización.
La séptima empresa autorizada fue III Servicios, SA de CV, radicada en México. El oficio que determinó su origen se identifica con el folio 101- 2511, y está fechado el 12 de septiembre de 1995 y firmado por Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda en el sexenio de Zedillo y actual gobernador del Banco de México. El objeto de ésta es prestar, mediante contrato, los servicios de administración y operación inmobiliaria a Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, a Pemex y a sus organismos subsidiarios; realizar los proyectos de regularización, mantenimiento, adecuación, gestoría, soluciones técnicas y jurídicas de carácter inmobiliario; planear y desarrollar los proyectos de comercialización de sus bienes inmuebles, y participar en la venta de los activos inmobiliarios improductivos de Pemex y sus subsidiarias.
Inversiones no autorizadas
Aunque Petróleos Mexicanos ha invertido recursos públicos por más de 50 mil millones de pesos en otras 37 empresas privadas, carece de “autorizaciones expresas” para hacerlo. Al respecto, la Gerencia de Filiales indica que esos documentos son inexistentes en 14 casos, y en los otros 16 se declara incompetente para conocer la situación. Al citar los 14 casos, justifica: “Deer Park Limited Partnership; PMI Holdings North America, Inc; Pemex Internacional España, SA; y Pemex Services Europe, Ltd, en razón de que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no son accionistas directos, por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de las autoridades federales”. Respecto de Pemex Finance, Ltd –empresa constituida en Islas Caimán y que contrata deuda en los mercados internacionales a nombre de la paraestatal–, “en razón de que Pemex y sus organismos subsidiarios no tienen participación alguna, por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de las autoridades federales”. Agrega: “North America Environmental Fund, LP, y Ventana Environmental Organizacional Partnership, LP, en razón de que no son empresas filiales de Pemex o sus subsidiarias, ya que la primera es un fondo de inversión y la segunda es el administrador de dicho fondo, por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de las autoridades federales”. Además, indica que “la inversión que se realizó a Repsol YPF, SA, se derivó de que esta empresa adquirió Petronor, en la que originalmente Pemex había invertido, por lo que para Repsol YPF no fue necesario obtener ninguna autorización por parte de autoridades federales”. Según la Gerencia de Filiales, tras realizar una búsqueda exhaustiva, “no fue localizado ningún documento emitido por autoridad federal mediante el cual se tenga autorizado a Pemex invertir capital social en las siguientes empresas: Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA de CV; Integrated Trade Systems, Inc; Mexpetrol, SA de CV; PMI Trading, Ltd, y Servicios Especializados Mexicanos, SA de CV”.
Los documentos, que Pemex entregó a Contralínea con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dan cuenta que los actos fueron notificados a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ahora de la Función Pública, y a la Procuraduría Fiscal Federal. Esta revista también solicitó la documentación a la SHCP, por medio de la solicitud de información 0000600237708. Al negar el acceso a los oficios, Hacienda respondió: “Respecto de las empresas que enlista la solicitud, informamos que ninguna de ellas es considerada fideicomiso público”. Para la elaboración de este trabajo se solicitó conocer la versión de Petróleos Mexicanos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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