Graves irregularidades de consorcios texanos contratados por Pemex para el mantenimiento, aseguramiento y operación de los ductos tienen en jaque a la industria y ponen en riesgo la infraestructura que transporta el 95 por ciento de los hidrocarburos en el país. Las compañías designadas a la operación de sectores que por mandato constitucional son potestad del Estado incumplen sus compromisos contractuales frente a una tibia o nula respuesta del director general, Juan José Suárez Coppel
Ana Lilia Pérez / Julio César Hernández, fotos / enviados
Ambas empresas, radicadas en Houston, fueron contratadas entre 2007 y 2009 para el aseguramiento, mantenimiento y operación de los sistemas 4 y 1, respectivamente, de la Red Nacional de Ductos, en sendos procesos de contratación cuestionados por el Congreso de la Unión que los determinó como ilegales.
El Ejecutivo federal, a través de Pemex Exploración y Producción (PEP) que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil, suscribió con los corporativos los contratos 420407836 y 420409807, que suman 23 mil 661 millones de pesos (1 mil 800 millones de dólares), las contrataciones más caras de la subsidiaria, y cuya ejecución se perfila como uno de los fraudes más costosos en la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El aseguramiento, mantenimiento y la operación de los ductos de PEP estaba a cargo de 300 especialistas y técnicos altamente calificados –en su mayoría, con dos o tres décadas de experiencia–, y 57 compañías mexicanas contratadas para algunos servicios.
Para privatizar su operación, se diseñaron modelos de contrato semejantes a los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) que sirvieron para entregarle a Repsol, Petrobas, Lewis Energy Group y Teikoku Oil, Co, la operación y explotación de la Cuenca de Burgos –la reserva de gas natural no asociado más importante de México– mediante esquemas contractuales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinaron ilegales.
Para las asignaciones, empujadas desde el Consejo de Administración de Pemex, presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, los 63 mil 340 kilómetros que integran la red de ductos –terrestres y marinos– se agruparon en cuatro “sistemas” (1, 2, 3 y 4) para adjudicarse en igual número de contratos. El argumento para trasladarle a EMS y Mexssub los sistemas 4 y 1 fue que esos consorcios consagrarían su know how para optimizarlos.
En realidad, ninguna de las empresas trajo maquinaria, infraestructura ni personal especializado; simplemente alquilaron oficinas en la ciudad de México y Tabasco para subcontratar a las mismas compañías que trabajaban para Pemex, pagando precios menores que les dejaran márgenes más amplios de ganancias. Es decir, Pemex transfirió las venas de la industria energética a corporativos de portafolios.
El contrato 420407836, correspondiente al sistema 4, fue el único que obtuvo EMS como contratista del gobierno mexicano; es también el más lucrativo en la historia de esa compañía: 4 mil 312 millones 553 mil pesos –antes apenas facturaba entre 17 y 20 millones de dólares anualmente–, según declaraciones de su accionista mayoritario y director Timothy Harold Nesler a la prensa texana.
Los antecedentes de Nesler en el sector energético lo ubican como un ejecutivo que durante 25 años trabajó para la Marathon Oil Company, otra contratista de Pemex en la Cuenca de Burgos. Entre 2001 y 2003, en Marathon, Nesler fungió como vicepresidente de Desarrollo de Negocios en el área internacional.
Salió de la compañía en 2003 y fundó su propia firma: Energy Maintenance Services. Simplemente montó una oficina en un apartamento y un portal en internet en el que anuncia que Tim Nesler es un ejecutivo sénior con más de 31 años de experiencia en el negocio de la energía mundial, “y ha sido responsable de un crecimiento rentable en mercados de clientes difíciles, competitivos y volátiles”.
Para “pasar de la planeación en la sala de juntas a la fase operativa del sector energético” con EMS (según su propia reflexión), Nesler se asoció con exejecutivos de Enron para adquirir algunas divisiones de la quebrada corporación: Hannover Servicios de Medida (HMS) de Enron Norte Latina y el compresor de la empresa Hannover.
La adquisición, por un monto no revelado, se hizo a través de la corte de bancarrota en Nueva York, encargada de los activos de Enron desde que se oficializó su quiebra tras el escándalo de las prácticas contables fraudulentas, apoyadas por su empresa auditora –el afamado despacho Arthur Andersen.
HMS era una de las empresas con mayor viabilidad de Enron y, a pesar del escándalo internacional que la envolvió, no dejó de operar. Facturaba, según Nesler, 17 millones de ingresos anuales. Al adquirirla, Nesler obtuvo la cartera de clientes de la compañía que hoy opera como EMS Pipeline Services, convirtiéndose en su principal activo.
Varios directivos de EMS fueron ejecutivos de Enron. Los principales cargos los ocupan Jon Simunek, vicepresidente comercial; John Jones, vicepresidente de la división de gas; Sumner Warner White, presidente de la subsidiaria EMS LNG & Power Services; Dario Deferrari, vicepresidente de administración y servicios; William McCormick, vicepresidente de financiamiento; Harvey Lee Schnitzer, jefe de la oficina de operaciones; y otros directivos, como Oswald Cunningham, James Steve Schroder, Robert Andrade, John Nixon, Robert Greer, Sharon Hendry, Mike Perdue, Rhonda Warren y Kevin Holfeld.
El 17 de febrero de 2006, Nesler registró en México la subsidiaria EMS Energy Services México. El trámite se hizo ante la notaría pública 94 del Distrito Federal, con dos abogados del despacho Thompson & Knight como apoderados: María Cecilia Gutiérrez Sansano Diego Fernádez y Rafael Corres Brasdefer, este último, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad (hasta junio de 2005) y asesor jurídico en Arthur Andersen, el despacho contable vinculado al fraude de Enron.
EMS Energy Services México se creó con un capital social de 3 mil pesos, según indica su acta constitutiva, en la cual el notario especifica que los socios residentes en el extranjero optaron por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Aparecen como accionistas Timothy Harold Nesler, presidente del Consejo y presidente de la sociedad; Sumner Warner White, consejero y primer vicepresidente; y Harvey Lee Schnitzer, consejero y segundo vicepresidente.
Se registró con los giros de operación, mantenimiento, administración, diseño ingeniería y construcción de sistemas para transportar, conducir y entregar gas natural por medio de ductos… solicitar y obtener concesiones o licencias ante la Comisión Reguladora de Energía y/o dependencias o autoridades federales, estatales o municipales competentes, así como organismos públicos desconcentrados, incluyendo a Pemex para la transportación almacenamiento y distribución de gas natural…
La licitación 18575111-006-07 en beneficio de la compañía fue “hecha a la medida” para que ganaran EMS o Mexssub, denunciaron integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía que presenciaron el proceso en calidad de asesores de la Comisión de Energía del Senado.
El senador Graco Ramírez Garrido, secretario de dicha Comisión, dice que desde el proceso de licitación, al que acudió como testigo social, quedó claro que EMS no tenía capacidad técnica ni económica para una contratación de esa envergadura.
Una vez que se firmó el contrato, EMS alquiló la oficina 1902 en el piso 19 de Rubén Darío 281, colonia Bosque de Chapultepec, en el Distrito Federal, donde despacha sólo una telefonista; y una casa en el número 1727 de una concurrida avenida de la colonia Atasta, en Villahermosa, donde, desde noviembre de 2007, sujetos al nuevo esquema de subcontratación, deambularon los representantes de las mismas compañías que antes suscribían con Pemex sus contratos en las oficinas del Edificio Pirámide.
EMS nunca trajo maquinaria ni equipos para desarrollar la obra; no tenía personal operativo. Según se estipuló en el contrato, mensualmente Pemex le pagaba una iguala. Al parecer, Nesler sacó todo el dinero del país, puesto que no le pagó a los subcontratistas. Éstos a su vez comenzaron a recortar sus costos al reducir la calidad de los insumos y los trabajos, lo que impactó directamente en el estado físico de los ductos.
En mayo de 2009, las subcontratistas de Tabasco y Veracruz de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción denunciaron el “fraude” de EMS. Al menos, 44 empresas de Veracruz, Tabasco y Chiapas reclamaban adeudos de 30 millones de dólares, y su falta de liquidez dejó sin empleo a 3 mil 500 obreros en las áreas de los ductos a cargo de EMS, el know how que la texana facturaba a Pemex.
En una extraña y rápida “solución” encaminada a encubrir la conducta de EMS, Carlos Morales Gil negoció con las subcontratistas silenciar sus reclamos a cambio de quedarse con los trabajos. Según Morales, en octubre pasado se rescindió el contrato a EMS, y PEP la sancionó con 4 millones de dólares, es decir el 1 por ciento del contrato –sanción que hoy está en proceso de “conciliación”–, cuando la Ley de Obra Pública estima penalizaciones mínimas del 30 por ciento.
En los próximos meses, el asunto podría tomar un cariz legal con implicaciones graves para Pemex, porque el contrato fue delineado para que la compañía lleve su inconformidad ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
Alfonso Hickman, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, quien en 2007 elaboró un diagnóstico técnico y jurídico –para el Legislativo– sobre este contrato, compara el caso de EMS con el de Siemens con el Proyecto Cadereyta, por el que la alemana Siemens llevó a Pemex a ser enjuiciada en tierras parisinas –litigio en el que la paraestatal ha erogado millones de dólares en gastos y costas durante casi una década.
El contrato entre Pemex y EMS se conceptualizó como un acuerdo mercantil en el que la texana está bajo protección del “Capítulo de Compras” del Tratado de Libre Comercio.
En contraparte, el daño patrimonial no sólo es por el dinero que cobró por trabajos infructuosos, sino por la situación física que guarda la red de ductos que se le asignaron, es decir 56 por ciento de la infraestructura de PEP, por la que diariamente se distribuye 1.79 millones de barriles de crudo.
Su obligación consistía en rehabilitar de manera emergente 22 ductos con una longitud de 325 kilómetros y darle mantenimiento preventivo a otros 93 (1 mil 775 kilómetros), así como a las instalaciones de bombeo y almacenamiento de hidrocarburos asociados. Desde enero de 2009, se abandonaron por completo los trabajos.
La Central de Rebombeo Cárdenas, el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl, el Centro Comercializador de Crudo Palomas, los puntos de medición Castañito, Edén, Tecominoacan, El Plan y La Venta (en Veracruz, Chiapas y Tabasco) son hoy bombas de tiempo. Los centros de venta de Ogarrio, Cuichapa, El Plan, Sánchez Magallanes y Cinco Presidentes exhiben tubos y tanques corroídos, con un alto riesgo de derrames y explosiones. Por la falta de “aseguramiento”, operan sin garantía de integridad ni cumplimiento de las normas mínimas de confiabilidad.
Y encima, explican directivos de PEP, no cuadran los inventarios de equipos y materiales propiedad de Pemex almacenados en las zonas a cargo de EMS.
Contralínea solicitó entrevista con los directivos de EMS y sus apoderados legales María Cecilia Gutiérrez Sansano Diego Fernández y Rafael Corres Brasdefer de Thompson & Knight. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
El escándalo que generó el que en la prensa se ventilaran los cabildeos que Jesús Reyes Heroles hizo para Mexssub fue determinante para que la compañía cambiara su estrategia de participación en esta área de negocios en Pemex.
Para efectos de la contratación 420409807, por 19 mil 349 millones 157 mil 770 pesos (a devengarse en 10 años), unas semanas después de que se le adjudicó, Mexssub constituyó en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Luis Potosí una sociedad con la texana GreyStar y con la Constructora Subacuática Diavaz, denominándola DMGP Servicios de Integridad, SA de CV (folio 26043).
El proceso en realidad fue una adjudicación directa: en el desahogo del concurso, todas las supuestas licitantes presentaron carta de disculpa para no continuar con el concurso.
A 18 meses de su entrada en vigor, la ejecución del contrato es similar a la de EMS con el sistema 1. Todas las actividades las realizan subcontratistas reclutadas por DMGP en Paraíso, Tabasco. Para efectos de administración y cobranza con PEP, DMGP tiene un despacho en Avenida Revolución 468, colonia San Pedro de Los Pinos.
Supervisores de PEP explican que, en un afán de abaratamiento de costos, DMGP subcontrata compañías sin capacidad técnica en la materia, que emplean a campesinos y obreros de la zona que trabajan con insumos de bajísima calidad. Contralínea recorrió diversas áreas a cargo de ese consorcio. Se encontraron líneas y tanques invadidos por la corrosión, señalamientos oxidados; ductos vetustos que debía sustituir y que optó por parchar. Explican que, durante el primer año del contrato, DMGP no realizó los trabajos que se le pagaron mensualmente según las estimaciones que presentó.
Hoy, ante una eventual auditoría de la ASF, que desde el Legislativo impulsa la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que ya llegó a oídos de Pemex y los contratistas, “los supervisores de DMGP están buscando a toda costa que los supervisores y residentes de Pemex den visto bueno a todos sus trabajos”.
Documentos del centro administrativo de la Terminal Marítima de Dos Bocas, a los cuales se tuvo acceso, indican algunos de los rezagos: 14 tanques de almacenamiento fuera de servicio por falta de mantenimiento, cuatro de ellos (TV-5001, TV-5002, TV-5014 y TV-5016) hace un año que debían haber recibido mantenimiento anticorrosivo para ser puestos en operación.
La Terminal Marítima de Dos Bocas es la vía de exportación a Estados Unidos, Canadá y España, los principales mercados del crudo mexicano. Cada tanque fuera de operación implica 500 mil barriles de crudo que no hay dónde almacenar, lo que afecta todo el proceso.
“Las consecuencias del incumplimiento contractual de DMGP son un daño patrimonial para PEP porque se impacta el rol de transporte y distribución de hidrocarburos y se generan atrasos en el mantenimiento de áreas medulares, lo que puede tener consecuencias catastróficas”, dice Alfredo Hernández Peñaloza, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera.
“Nunca esta instalación había registrado tanta infraestructura fuera de operación por falta de mantenimiento”, explica un directivo de la terminal. El programa de la Gerencia de Mantenimiento Integral obligaba a sacar de operación máximo dos tanques por año para el mantenimiento respectivo; hoy, hay 14. A partir de 2007, continúa, Morales Gil suspendió el programa porque había que reservar el presupuesto al pago de las nuevas contratistas que desde ese año se encargarían del área. Éstas son las consecuencias de un contrato a todas luces contrario a los requerimientos de Pemex. Habrá que ver en qué se basaron para elaborarlo, ya que, al igual que el del sistema 4, es un auténtico fraude a Pemex”.
Para ejemplificar las deficiencias del trabajo de DMGP, el funcionario cita el caso del tanque TV-2004 que fue sometido a una reparación que concluyó en julio de 2009; “pero hasta ahora no se ha puesto en operación porque DMGP no ha suministrado los materiales ni equipos para efectuar el recubrimiento anticorrosivo. En febrero, por ejemplo, suministró compresores de aire en pésimas condiciones. En general, están usando equipo inservible. Aunque se supone que los precios pactados en el contrato equivalen a suministros de la más alta calidad, a este costo se les está pagando mensualmente como si fueran equipo y trabajos de primer mundo, de clase mundial”.
La contratación con DMGP implica no sólo los costos por servicios más caros que paga Pemex, sino la duplicidad en nóminas, porque, para que la empresa facture la “mano de obra especializada”, Morales Gil mantiene congelados a los especialistas de la paraestatal, aunque si se presenta una fuga o mantenimiento urgente, es este personal el que subsana las emergencia de las contratistas.
Se solicitó entrevista con Juan José Suárez Coppel, Carlos Morales Gil y Néstor García Reza para que explicaran las consecuencias del incumplimiento contractual de las compañías texanas en los ductos de Pemex; pero se negaron a hacer comentario alguno. Tampoco los representantes de DMGP respondieron al llamado.
Hablan trabajadores de Pemex
“Vemos que se facturan los trabajos mucho más caros que si los hiciéramos nosotros, porque allí van incluidas las comisiones para todos: compañías funcionarios y subcontratistas”, explica Daniel, un especialista que durante 27 años dio mantenimiento a los ductos del sistema 1.
“El mantenimiento que dábamos es producto de muchos años de aprendizaje, de cursos de especialización. Acumulamos experiencia hasta alcanzar estándares muy altos de calidad; hoy todo eso se desaprovecha. Nos tienen congelados para que las compañías ganen”, secunda César.
“Aunque seguimos cobrando nuestro salario, que pase esto nos duele por el trabajo que ya no hacemos y por ver cómo están sangrando la empresa. ¿No que es de todos los mexicanos?”, dice Esteban.
“¿Por qué tenían que contratar a una empresa gringa si al final iban a ser los talacheros de las mexicanas los que hicieran los trabajos?”, reflexiona César.
La preocupación de Kessel
El incumplimiento contractual de EMS y DMGP ocupa ya las agendas de los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), no sólo por las afectaciones a los procesos de producción de la petrolera, sino porque la secretaria de Energía, Georgina Kessel, está implicada en la denuncia que el senador Graco Ramírez Garrido presentó ante la Secretaría de la Función Pública por el aval a estos inconstitucionales contratos, en los cuales, según Garrido, se incumplieron las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras.
Integrada en el expediente DGAV/DV/021/2008, la denuncia involucra también al exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles; al director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil; al subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, Luis Sergio Guaso Montoya, también denunciado por la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples.
Y es que, desde que se anunciaron las licitaciones, el Senado de la República le ordenó a Georgina Kessel y Jesús Reyes Heroles cancelarlas, dada su evidente inconstitucionalidad.
Otros que deberán rendir cuentas al respecto son el abogado Néstor García Reza y sus subalternas Maribel García Jiménez y Sonia Luz Morales Andreu, quienes, a nombre de la Oficina del Abogado General, validaron que EMS tenía “capacidad técnica y económica” para garantizar trabajos de esa envergadura.
La preocupación del Consejo de Administración versa también en que, por su monto, los contratos de ductos requirieron la autorización de presupuesto plurianual del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para pagarlos, se desviaron recursos asignados a proyectos estratégicos para Pemex: Cantarell, Integral Ku-Maloob-Zaap, Integral Chuc-Pidiregas.
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