Segunda parte y última
La clase obrera sigue siendo tal como era y tal como no temían calificarla nuestros predecesores los cartistas: la clase de los esclavos asalariados. ¿Debe ser ése el resultado final de todos estos trabajos, sacrificios y sufrimientos? ¿Debe ser ésa para siempre la aspiración más alta de los obreros? ¿O la clase obrera debe tratar de evadirse de ese círculo vicioso y de encontrar salida en el movimiento por la abolición del propio sistema de trabajo asalariado?
Federico Engels, El sistema de trabajo asalariado
Retóricamente, en materia social, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto los gobernantes en turno no han dudado en prometer todo lo que se les ha ocurrido a la población, con tal de seducirla con las supuestas bondades derivadas de las políticas públicas aplicadas hasta el momento y las que pretenden instrumentar en el futuro, y ganarse su respaldo, al menos formalmente, al proyecto de nación que modelan, en una línea de continuidad y sin altercaciones por la alternancia priísta-panista-priísta, desde 1983. A las mayorías les han ofrecido crecimiento económico sostenido en el largo plazo y la creación de los empleos requeridos anualmente, formales y dignos; la mejoría en los salarios pagados, en convergencia con los vigentes en Estados Unidos y Canadá; el bienestar y la seguridad; una modernización primermundista y un sistema político democrático.
Sin embargo, los resultados sociales alcanzados durante los 30 años transcurridos del experimento neoliberal evidencian que las promesas no eran más que crueles mentiras para tratar de ocultar su deterioro consustancial al funcionamiento del modelo de economía desregulada, con menor intervención estatal y completamente abierta e integrada a la economía mundial.
Porque las consecuencias arrojadas por las políticas de estabilización macroeconómica impuestas en el periodo de referencia, la ortodoxa friedmaniana, y la heterodoxa, ese champurrado que combina el acto de fe ideológico en el monetarismo tradicional con algunas de las tonterías adicionales promovidas por los llamados “nuevos clásicos”, por ejemplo la escuela de las “expectativas racionales”, liderada por el teólogo Chicago Boy Robert Lucas hijo, desacreditado Premio Nóbel de Economía 1995, y cuyas doctrinas fueron aplicadas por el fundamentalista Pedro Aspe –y son abrazadas por el catecúmeno Luis Videgaray–, los ajustes estructurales neoliberales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ese paquete de medidas consistentes con las directrices internacionales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y enmarcadas en los lineamientos globales del Consenso de Washington, han sido exactamente lo contrario.
No existen razones convincentes para suponer que esa historia dará un giro radical en el inicio del año 31 de la experiencia neoliberal mexicana, con las renovadas promesas de bienestar de Enrique Peña, una vez perdido el primero año del priísmo resucitado.
Por el contrario, como se verá más adelante, las contrarreformas laboral, en telecomunicaciones, energética o fiscal, con sus efectos inflacionarios y regresivos sobre el ingreso de las mayorías, sólo agravarán el desastre social acumulado hasta el momento, caracterizado por:
1) El deterioro de los salarios reales de México y la ampliación de la brecha entre éstos con relación a los pagados en Estados Unidos, Canadá, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras regiones y países del mundo.
2) El mediocre crecimiento y la consecuente incapacidad estructural de la economía para generar los empleos formales requeridos anualmente. Esas insuficientes plazas creadas además se han caracterizado por ser cada vez más precarias y peor pagadas.
3) El creciente número de trabajadores desalentados que han abandonado la búsqueda de un empleo en el mercado laboral legal ante la imposibilidad de encontrarlo, o que se han visto obligados a refugiarse en la llamada economía informal para sobrevivir en las peores condiciones, lo que explica las relativamente bajas tasas de desempleo abierto, comparadas a las existentes en otros países que cuentan con un seguro de desmovilización, y que no son más que consecuencia de las pésimas remuneraciones pagadas en el mercado formal –salarios, la principal fuente de ingresos de los trabajadores, más prestaciones sociales–, las limitadas fuentes de trabajo creadas y la precariedad e inestabilidad en las mismas, reforzadas por la contrarreforma en las leyes laborales, que le otorga el estatus de legalidad a esos fenómenos anticonstitucionalmente observados a partir de 1983, impuestos por la vía de los hechos por las empresas, con la complicidad de los gobiernos priístas y panistas neoliberales, así como por los líderes sindicales domeñados por la estructura corporativa del Estado-empresarial.
4) El alto desempleo que afecta a las personas jóvenes y con un mayor nivel de calificación. Este último aspecto indica que la educación ha dejado de ser un elemento de movilidad en la escala social, sobre todo para los egresados de las instituciones públicas.
5) El consecuente aumento del nivel de pobreza, miseria, violencia delincuencial e inseguridad que agobia a México, expresiones de la avanzada descomposición del tejido social provocada por las políticas públicas y el modelo económico, y cuyas expresiones ominosas se manifiestan con particular énfasis en la frontera Norte, Michoacán, Guerrero o Morelos, entre otras entidades.
6) El reforzamiento de los obstáculos a los trabajadores migratorios, entre ellos los mexicanos, que intentan ingresar a Canadá y Estados Unidos, en particular en este último país, donde son tratados como apestados. Cuando las economías allende del Río Bravo crecen, esos asalariados, legales e ilegales, son apenas tolerados porque la mayoría ocupa los peores empleos, aunque igualmente son víctimas de los bajos salarios pagados, las violaciones de sus derechos laborales y civiles, y el racismo. En épocas de crisis, empero, como ocurre desde 2008, los abusos se escalan y son sujetos del desempleo, la criminalización, la persecución, la expulsión, la xenofobia delirante y la injusticia, lo que ha repercutido en la caída de las remesas enviadas a sus familias.
La hostilidad y chauvinismo en contra de los extranjeros, sobre todo si son pobres, no es novedad. Es una llaga histórica mundial perceptible en los países metropolitanos en contra de los periféricos y entre éstos mismos. El racismo también se manifiesta en los habitantes de las zonas urbanas en contra de las rurales e indígenas, o entre la burguesía y los sectores medios en contra de la prole o los pueblos originarios.
Lo llamativo es, primero, la decisión de Carlos Salinas por dejar fuera el tema laboral y migratorio dentro del TLCAN (para cuidar las formas sólo se agregó como un anexo intrascendente). Después, el execrable silencio cómplice de los subsecuentes gobernantes mexicanos ante las arbitrariedades cometidas en contra de los migrantes que ellos mismos han contribuido a expulsar del país; y su negligencia por retomar el tema trilateralmente, tratar de legalizar su presencia en Canadá y Estados Unidos y restringir el trato degradado, merced a su sumisión ante las elites político-económicas de aquellos países y su temor a perder sus amores legitimadores. Al gobierno mexicano y al empresariado no les interesa la permanencia en México de esos excluidos por el modelo neoliberal, ya que no tienen nada que ofrecerles, además de que potencialmente representan un peligro, pues su descontento y su rencor puede contribuir a un eventual estallido social que pondría en riesgo la estabilidad política, o porque podrían sumarse a las robustas filas de la delincuencia. Tampoco le preocupa su destino en aquellas naciones.
Sólo les interesan las remesas que envían, las cuales sirven para complementar el presupuesto anual de divisas requeridas para financiar los desequilibrios de la balanza de pagos, y para atemperar la pauperización de las familias de los migrantes que, de esa manera, reducen los subsidios estatales y, por tanto, las presiones sobre el balance fiscal.
“¿Qué es un salario justo?”, se preguntó Federico Engels en 1881; y respondió: más allá de la moral, el derecho, la equidad o los móviles sentimentales de humanitarismo, de justicia o de caridad, en el terreno social “el salario justo es simplemente la cuantía del salario, que, en condiciones normales, es la suma precisa para asegurar al obrero los medios de subsistencia necesarios, de conformidad con el nivel de vida dentro de su situación y la del país, para conservar su capacidad de trabajo y para propagar su especie” (El sistema del trabajo asalariado). El salario, agregó Engels, es producto de una “transacción”, en la que “el obrero entrega al capitalista toda su fuerza de trabajo diaria, es decir, la cantidad que puede dar sin hacer imposible la constante repetición de la transacción. A cambio de ello recibe los objetos justamente necesarios, y no más, para la vida, lo que se necesita para que la transacción pueda renovarse 1 día tras otro. El obrero da tanto y el capitalista da tan poco como la naturaleza de la transacción admite”. Pero ese acuerdo no se realiza en igualdad de condiciones. “El obrero no tiene otros medios de vida más que su salario, y por eso se ve obligado a aceptar el trabajo en el tiempo, el lugar y las condiciones en que lo pueda conseguir. Desde el principio, el obrero se encuentra en condiciones desfavorables. El hambre lo coloca en una situación terriblemente desigual”.
El proceso de automatización de la producción exige cada vez menos trabajadores. El número de desocupados supera la capacidad de la economía para absorberlos, generándose “un verdadero ejército industrial de reserva, del que se aprovecha el capital. Si los asuntos de la industria van mal, pueden morirse de hambre, pedir limosna, robar o dirigirse a la casa de trabajo; si los asuntos van bien, siempre están a mano para ampliar la producción, y la competencia [entre los trabajadores] hará descender el salario. La sola existencia [de ese ejército] vigorizará la fuerza del capital en su lucha contra el trabajo”.
La caída de los salarios tiene como contraparte el aumento de las ganancias empresariales.
Las luchas de los trabajadores y sus organizaciones y el fantasma del comunismo permitieron elevar sus salarios reales y ganar un amplio número de conquistas laborales, después protegidas legalmente y protegidas por el Estado de bienestar, como parte del esfuerzo de éste por elevar el nivel de vida de las mayorías y atenuar las desigualdades sociales y la concentración del ingreso.
En México, la tragedia no sólo es la reducción de los trabajadores sindicalizados, que en 1994 representaban el 18.4 por ciento de los ocupados, tasa que cae a 13.6 por ciento en 2013. El control estatal de la mayoría de esas organizaciones ha facilitado la aplicación de las políticas públicas antisociales. El desempleo, el subempleo y la informalidad han coronado la tarea de dominación.
Ese “proceso civilizatorio” –para usar la expresión del sociólogo Norbert Elias– del capitalismo ha sido revertido por el neoliberalismo desde la década de 1960, por medio de la reducción de los salarios reales y nominales a escala mundial, el desmantelamiento de las conquistas sociales, la “flexibilidad” laboral y la regresividad fiscal, entre otros mecanismos, con el objeto de abatir los costos de producción, elevar la productividad y competitividad y restaurar la tasa de ganancia.
¿Cuál es el “salario justo” en México?
El de la justa infamia. El del justo genocidio económico.
Su poder de compra real se desplomó dramáticamente entre 1976 y 2013. En ese lapso la inflación acumulada fue de 288 mil por ciento, mientras que el salario mínimo promedio apenas aumentó en 76 mil por ciento y el contractual, en 157 mil por ciento. La diferencia representa la pérdida de su capacidad de compra: de 73 por ciento en el mínimo y de 50 por ciento en los contractuales.
Si se considera sólo el ciclo neoliberal (1983-2013), no se observa el menor esfuerzo estatal y empresarial por tratar de cumplir la promesa de la recuperación del poder de compra perdido de los salarios y del bienestar, lo que hubiera servido para ampliar el consumo efectivo y redundado en un mayor crecimiento del mercado interno y de los ingresos fiscales del Estado. Tampoco el TLCAN (1994-2013) tiene efectos positivos ni evidentemente estimula la convergencia de los salarios vigentes trinacionales, hacia arriba (ver gráficas 1 y 2).
Las alzas anuales de los salarios mínimos y contractuales siempre han sido menores al aumento de los precios al consumidor, de la canasta básica y los alimentos. También llama la atención que las cotizaciones administradas por el Estado, que incluye a la de los energéticos (electricidad, gas, gasolinas), que se ubican por encima del índice general de precios, convirtiéndose en corresponsable de las presiones inflacionarias y del deterioro de los salarios. Esto no es más que el reflejo de dos aspectos: el abandono del uso de los precios de los bienes y servicios públicos –por debajo de la inflación media o de los costos de producción– como un instrumento de redistribución del ingreso y de bienestar; y la búsqueda del gobierno por redistribuir dicho ingreso de las mayorías hacia el Estado, en nombre del balance fiscal cero.
Con el ciclo neoliberal, el salario mínimo real medio pierde el 61 por ciento, en promedio, de su poder de compra, medido por los precios al consumidor, o de 77 por ciento si se deflactan con la canasta básica. Los contractuales retroceden 55 por ciento y 63 por ciento con cada medición citada. Desde la entrada en vigor del TLCAN, el mínimo se contrae en 21 por ciento y 33 por ciento, y los contractuales en 20 por ciento y 33 por ciento, respectivamente.
¿Dónde quedó la promesa de bienestar?
Ahora Peña Nieto pretende revigorizar el TLCAN.
Con Enrique Peña Nieto la historia se repite como parodia. Estadísticamente hablando, la pérdida real salarial en 2013 no parece relevante, pues el salario mínimo y el contractual se elevaron 3.9 por ciento y 4.3 por ciento, contra una inflación de 4 por ciento y un alza de 5.2 por ciento de la canasta básica. Medida por esta última, el mínimo real cae 0.7 por ciento y el contractual 0.8 por ciento. Pero la pérdida es engañosa si se considera que los precios administrados por el Estado y los energéticos subieron 8.3 por ciento y 9.3 por ciento: duplicaron el aumento de la inflación general, el de la canasta básica y el de los salarios. En términos efectivos, la pérdida del poder de compra salarial ha sido resentida principalmente por quienes tienen ingresos fijos y por los estratos más bajos de la población (ver gráfica 3).
Para 2014, la inflación fue programada en 3 por ciento y el aumento del salario mínimo medio fue de 3.9 por ciento y el contractual de 4-6 por ciento, lo que implica 2.43 y 4-6 pesos más en cada caso. Esto implica que por segundo año consecutivo el peñismo no propuso una política de recuperación salarial. Sólo buscó administrar su deterioro en el fondo del pozo.
Pero resulta que, para nerviosismo de Agustín Carstens, titular del banco central, la inflación en la primera quincena de enero fue de 0.7 por ciento con relación a la quincena anterior, mientras que en el mismo lapso de 2013 había sido de 0.2 por ciento. Fue la tasa más alta para un mismo periodo desde 2010 (0.7 por ciento). De manera anualizada, la inflación en la primera quincena de 2013 fue de 3.2 por ciento y en la misma de 2014 fue de 4.6 por ciento; es decir, fue mayor en 45 por ciento. La variación de este año fue la más alta desde 2009, cuando se ubicó en 6.4 por ciento.
¿Qué es lo que provoca el terror inflacionario de Carstens, quien, meditabundo, ya evalúa la posibilidad de un “un ajuste a la política monetaria”, es decir, su endurecimiento, la elevación de las tasas de interés? (Roberto González, La Jornada, 30 de enero de 2014).
Si el pírrico aumento salarial no es responsable del brinco inflacionario, tampoco lo es el alto desempleo que se ha convertido en un fantasma para los trabajadores que se atrevan a demandar un ingreso superior al tope fijado. Al cierre de 2013, la tasa de desempleo abierta fue de 4.9 por ciento de la población económicamente activa (PEA). En 2012 había sido de 5 por ciento; entre 2009 y 2012 se ha mantenido por encima de ese nivel. La tasa de ocupación parcial (los subocupados que laboran menos de 15 horas semanales más los desempleados) fue de 11.4 por ciento en 2013; en 2012 se ubicó en 11.5 por ciento. Si se agrega la tasa de ocupación en el sector informal, que pasó de 28.8 por ciento en 2012 a 28.3 por ciento en 2013, o la de informalidad laboral (incluye a la primera, pero incorpora además todas las formas de desprotección laboral que operan más allá del sector informal) que pasó de 60 por ciento a 59 por ciento, analistas del sector privado ya proyectan una inflación de 4.5 por ciento.
De reojo, Carstens miró al culpable: el “secretario de finanzas del año”, Luis Videgaray, al agregar que algunos aumentos de precios se deben al plan fiscal y al alza de algunos productos agropecuarios. El precio de los servicios en la primera quincena apenas subieron 0.4 por ciento, por abajo del índice general. El de las mercancías lo hicieron en 1.6 por ciento, 70 por ciento por arriba del índice. Los agropecuarios decrecieron 0.9 por ciento. El problema se ubicó en los precios no subyacentes (los que están sujetos a decisiones administrativas, a la estacionalidad o la alta volatilidad): en los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, cuya variación quincenal fue de 1.6 por ciento, 133 por ciento por arriba del índice de los precios al consumidor. Su variación anual fue de 10.3 por ciento, 122 por ciento más que el índice general, y la peor desde la misma quincena de 2003, cuando fue de 13.5 por ciento. Su desaforado aumento se debe al tradicional aumento mensual en el gas, gasolinas o la electricidad más el ridículo “impuesto verde”, el cual, más que mostrar una legítima preocupación por el ambiente, sólo fue una coartada para meter dos veces las manos a los bolsillos de la población.
Aumentos de precios de esa magnitud son más que suficientes para hundir aún más los salarios reales. Pero la sed fiscal es bestial para desfondarlos: el aumento del impuesto al valor agregado de 10 por ciento a 16 por ciento en la frontera; los nuevos impuestos a una amplia gama de productos; el aumento al impuesto a la renta; la reducción de deducciones fiscales y a las prestaciones sociales; los ajustes que llevan a cabo los gobiernos estatales. Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, se adelantó en el saqueo: el alza en el precio del viaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en 67 por ciento (2 pesos), con sólo dos viajes diarios, “expropia” las monedas adicionales diarias concedidas a los salarios. Los ajustes no son una cascada, sino una avalancha que empezó a aplastar a pobres, miserables y clasemedieros. Los salarios y su consumo asociado no serán responsables de la inflación. Lo serán los peñistas y los empresarios, que traspalarán su parte al resto de la sociedad con mayores precios.
El horizonte es de peores salarios y más pobreza y miseria.
La comparación de los salarios en los países del TLCAN muestra que, en realidad, la apuesta era su reducción. Los mínimos reales por hora pagados en México, medido por el poder de compra de las monedas, siguen la tendencia de los estadunidenses. Según datos de la OCDE, los mexicanos pasan de 3.2 dólares reales estadunidenses en 1981 a 1.02 dólares en 1994 y a 0.8 dólares en 2012 (en los cálculos de este artículo caen de 2.49 a 0.6 y 0.54 dólares). En esos mismos años, los de Estados Unidos pasan de 8.64 dólares a 6.45 dólares y 7.1 dólares. En 1981 los mínimos mexicanos equivalían al 39 por ciento de los estadunidenses; en 1994 a 15 por ciento y en 2012 a 11 por ciento.
En cambio, en Canadá esos salarios suben de 6.25 dólares a 6.48 dólares y 7.59 dólares (ver gráfica 4).
En una perspectiva más general, los salarios medios reales mensuales en México pasan de 1 mil 160 dólares a 1 mil 148 dólares entre 2003 y 2012. Los estadunidenses, de 4 mil 311 dólares a 4 mil 587 dólares. Los de Canadá, de 3 mil 662 dólares a 3 mil 793. El primero implica una caída real de 1.1 por ciento; en los otros, un alza de 6.4 por ciento y 20 por ciento (ver gráfica 5).
Los asalariados mexicanos han sido los perdedores. Son las víctimas de la sobreexplotación regional. Pero ése era uno de los objetivos del TLCAN. Sobre sus espaldas descansa la globalización de las empresas trinacionales. Ellas no buscan pagar más salarios, sino pagar los menos posibles en los países que los favorezcan, como es el caso de México.
La mentira salarial tiene otro sentido: reducir deliberadamente las remuneraciones pagadas (sueldos, salarios y prestaciones) y, por tanto, los costos de la mano de obra para aumentar la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas, sobre todo las manufacturas que enfrentan la competencia externa.
En la gráfica 6 se observa cómo entre 2007 y 2013 las remuneraciones medias reales por persona ocupada manufacturera cayeron 1.8 por ciento y el costo unitario real de la mano de obra en 10 por ciento. En contrapartida, la productividad media laboral se incrementó 9 por ciento. En una perspectiva más amplia, la reconstrucción de la serie anterior muestra que entre 1982 y 2012 las remuneraciones se contrajeron 12 por ciento y los costos en 72 por ciento, en tanto la productividad se elevó 208 por ciento (ver gráfica 7).
La desvalorización de los salarios finalmente se debe a la escasez de empleos formales con relación a la demanda de los mismos, lo que obliga a los ocupados a aceptar todas las tropelías de la elite político-empresarial, a riesgo de ser arrojados a la calle.
El peñismo es otro neoliberal sombrío. Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2013 se habían creado 500 mil empleos nuevos. Pero 225 mil personas fueron arrojadas al desempleo y otras 270 mil a la informalidad: 494 mil, casi la totalidad de empleos nuevos. Y los ocupados no deben sentirse felices. Del total de nuevos empleos, en 284 mil, el 56 por ciento, apenas pagan hasta un salario mínimo; y 606 mil, entre una y dos veces dicho salario. La suma supera los 500 mil. Pero ello fue posible porque se perdieron 670 mil plazas en las que se pagaban dos y tres veces dicho salario y otras 285 mil en las que se pagaban más de cinco veces ese salario.
Son los síntomas de la precarización del empleo y la miseria salarial por decreto.
*Economista
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