La defensa del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, responsabilizará de la compra de Agro Nitrogenados a Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía y quien se desempeñara como presidente del Consejo de Administración de la petrolera; y a los entonces consejeros propietarios Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, e Idelfonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía. Asimismo, a tres exsubsecretarios, entre ellos el priísta Enrique Ochoa Reza; e incluso al expresidente Enrique Peña Nieto.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) busca demostrar un fraude contra la hacienda pública por más de 800 millones de dólares, en el que se utilizaron empresas fachada privadas de la petrolera –sin oficinas ni empleados– radicadas en paraísos fiscales, así como un esquema de triangulación de recursos.
No obstante la mano de la petrolera, la defensa de Lozoya Austin se centrará en demostrar que la responsabilidad fue del Consejo de Administración de Pemex, y no la dirección general a su cargo; pues aquel aprobó la compra de la planta chatarra, causa principal por la cual le fue girada una orden de aprehensión el pasado 28 de mayo y se le congelaron sus cuentas bancarias.
Además de los exsecretarios de Estado, también serán responsabilizados otros tres consejeros propietarios de aquel entonces: el expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y quien fuera subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Enrique Ochoa Reza; el exsubsecretario de Planeación y Transición Energética de esa misma dependencia, Leonardo Beltrán Rodríguez; y el exsubsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas.
Todos ellos tuvieron conocimiento de la decisión de Pemex de comprar Agro Nitrogenados. De hecho, el Consejo de Administración aprobó la operación en una sesión extraordinaria convocada el 17 de diciembre de 2013.
Las pruebas que presentará Lozoya incluyen el acta de aquella sesión 865, en la que se presentó al Consejo el “Informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes”, que abordó pormenores de la adquisición.
Y es que durante esa sesión, los consejeros discutieron la “oportunidad” de adquirir la planta hasta entonces propiedad del empresario Alonso Ancira, actualmente detenido en España por este mismo caso de presunta corrupción.
Según se dijo en la reunión del Consejo, contaba con “diversos beneficios”, como su localización en Coatzacoalcos, Veracruz, y que tenía la infraestructura necesaria para la conexión con el complejo petroquímico de Cosoleacaque y un puerto que sería de gran rentabilidad.
Ahí mismo el asesor ejecutivo de la Dirección General de Petróleos Mexicanos les informó el esquema de triangulación de recursos que se emplearía para su adquisición, vía las empresas privadas que Pemex posee en México y en el extranjero, incluidos paraísos fiscales.
Ante los consejeros, ese esquema se denominó “la estructura de negocios”. Ésta “se integraría mediante empresas del Grupo PMI y Pemex”, para que fuera precisamente el llamado brazo comercial de la petrolera –entonces aún considerado subsidiaria–, el que comprara la planta y la pusiera en funcionamiento.
De esa manera, PMI aportaría la infraestructura y Pemex los insumos para generar un sólo producto del que Pemex sería accionista en toda la cadena de producción. Ello, porque el plan era “formar una sociedad con la entonces Pemex Petroquímica e integrar la cadena de producción gas-amoniaco-urea”.
Tan sólo un día después de esa sesión extraordinaria del Consejo, el 18 de diciembre de 2013 Pemex constituyó en México la empresa filial “privada” Pro Agroindustria, SA de CV. La offshore se describe en los registros de la petrolera como un “vehículo de propósito específico”, y éste era ni más ni menos que adquirir la planta chatarra.
La creación de Pro Agro Industria implicó en sí misma la triangulación de recursos públicos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el proceso participaron las empresas filiales PMI Holdings, BV; PMI Norteamérica, SA de CV, y PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV.
PMI Holdings, radicada en el territorio fiscalmente laxo de Países Bajos, estuvo “encargada de autorizar, en julio de 2013 [5 meses antes de la sesión extraordinaria del Consejo], la inclusión del proyecto en la cartera de Proyectos del Grupo PMI”, refiere la auditoría financiera y de cumplimiento 15-6-90T9N-02-0498.
Agrega que las otras dos figuraron como accionistas, con una participación del 99 por ciento y 1 por ciento, respectivamente, del “vehículo de propósito específico para llevar a cabo la adquisición de la planta y su rehabilitación”.
Sólo en esa operación, estuvieron involucradas también las filiales de portafolios PMI Holdings Petróleos España (radicada en Madrid y copropietaria de PMI Norteamérica), PMI Comercio Internacional y PMI Internacional España (también madrileña).
La Auditoría Superior confirma que Pro Agroindustria carece de estructura propia (es decir, es una empresa de membrete), por lo que para llevar a cabo sus operaciones formalizó cuatro contratos de prestación de servicios, uno con PMI Comercio Internacional, el 29 de octubre de 2014, cuyo objeto es el asesoramiento económico, financiero, comercial, administrativo y legal, y tres contratos con PMI Internacional España, el 1 de enero de 2015, para la asistencia y asesoría jurídica en temas corporativos, contractuales, administrativos, contables, fiscales y financieros.
Aunque el máximo órgano de fiscalización indica como accionistas a las dos empresas del Grupo PMI, los informes que rinde la petrolera a la Comisión de Valores de Estados Unidos refieren que sus propietarias son PMX Fertilizantes Pacífico, SA de CV, con el 99.3 por ciento de participación, y PMX Fertilizantes Holding, SA de CV, con el 0.7 por ciento.
Los datos indican que PMX Fertilizantes Holding es 99.9 por ciento propiedad de Pemex Fertilizantes y 0.000001 de Pemex Etileno; y PMX Fertilizantes Pacífico, es 76.66 por ciento de Pemex Fertilizantes y 23.34 de PMX Fertilizantes Holding.
Por su parte el informe de la ASF refiere que en la escritura pública se establece que el vehículo de propósito específico denominado Pro Agroindustria cuenta con un capital social variable con un mínimo de 1 mil pesos y un máximo ilimitado.
Asimismo, que sus actividades son, entre otras, adquirir, comercializar, procesar, comprar y vender, dentro del territorio mexicano y en el extranjero, sujeto a la obtención de todos los permisos y autorizaciones que conforme a la legislación aplicable sean necesarios, cualquier tipo de petroquímico o hidrocarburo, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, amoniaco y gas natural, así como cualquier tipo de fertilizante, como la urea.
Fue el 16 de enero de 2014, cuando PMI Norteamérica –empresa unimembre, que carece de personal y oficinas propias– firmó un acuerdo para comprar los activos existentes de Agro Nitrogenados, una subsidiaria de Minera del Norte, SA de CV.
El costo de la operación ascendió oficialmente a 275 millones de dólares, e incluyó la planta productora de fertilizantes localizada en Pajaritos, Veracruz. No obstante, para este proyecto Pemex consideró que la inversión inicial podría alcanzar los 475 millones de dólares, pues además de adquirir los activos existentes, era necesario rehabilitar y renovar la planta de urea.
La triangulación no acabó ahí: el 30 de mayo de 2014, la empresa Pro Agroindustria, filial de PMI Comercio Internacional, adquirió de manera definitiva los activos de Agro Nitrogenados. Detrás de esta empresa estaba Altos Hornos de México, es decir el empresario Alonso Ancira y la familia Autrey.
El rescate de esa empresa, que Petróleos Mexicanos inició con su compra en 2014 a favor de la empresa Altos Hornos de México, habría costado otros 428 millones 258 mil pesos en 2018 (https://bit.ly/2Wxqj5S ), reveló la ASF en su más reciente informe.
Según informó Pemex Fertilizantes a los auditores, las cinco plantas de la unidad de negocios de ProAgro (antes Agro Nitrogenados) requieren inversiones, pero sólo dos de ellas habrían consumido ese recurso. Por lo que en este 2019 podrían destinarse más recursos públicos a estas plantas chatarra.
Los más de 420 millones de pesos gastados en 2018 fueron para rehabilitar las dos plantas de urea, a pesar de que en ellas ya se habían invertido varios millones de pesos en 2017. Ello, con la finalidad de que pudieran operar al ciento por ciento de su capacidad instalada.
La subsidiaria aseguró que con ello, en enero pasado, ya estarían en posibilidad de reactivarse en óptimas condiciones; pero eso no ocurrió, ha confirmado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Pemex Fertilizantes, el alcance de ese proyecto de rehabilitación no incluyó las plantas UAN32, ácido nítrico y nitrato de amonio, debido al estado de deterioro que presentan.
La ASF indica, sin embargo, que la subsidiaria no acreditó un documento de planeación en donde se establezca la inversión y el tiempo necesarios para la rehabilitación de estos activos o, en su defecto, las acciones que realizaran en caso de que el nivel de obsolescencia de los mismos sea irreparable, y no puedan reactivarse.
En varias ocasiones, el presidente López Obrador ha sugerido que la decisión de rehabilitar la infraestructura o venderla será sometida a una consulta pública. Por lo pronto, el tema judicial se desahoga en tribunales.
Nancy Flores
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