Lunes 19 de enero 2009

Hasta este lunes la reportera Ana Lilia Pérez, mi compañera en las revistas Contralínea y Fortuna, tiene que permanecer oculta, escondida, porque un juez de Guadalajara (Juzgado 3 en Materia Civil) ordenó su arresto y ha recibido llamadas telefónicas amenazándola de muerte.

Este arbitrario acoso judicial, orquestado por abogados al servicio del empresario gasero Jesús Zaragoza López, amigo y donante financiero a la campaña presidencial de Felipe Calderón, tiene como propósito castigar a la periodista por ser la responsable de la investigación que dio cuenta por primera vez de los contratos petroleros que firmó el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Petróleos Mexicanos, en una acción por lo menos inmoral y violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El argumento del juez 3º de Guadalajara para ordenar el arresto de la reportera por 36 horas, es que desatendió una orden judicial, es decir cometió desacato, según el juzgador. Pero la periodista nunca recibió citatorio alguno y tampoco jamás alguien del juzgado la citó para acudir a diligencia alguna, es decir no pudo desacatar algo de lo que nunca fue enterada legalmente. Esa es la justicia que hay en Guadalajara y por eso le preguntó al irresponsable juez, ¿qué intereses políticos obedece o qué intereses económicos atiende, que lo llevan a violar la Constitución y atentar contra la libertad de prensa y la libertad de expresión? Es este juez 3º de Jalisco quien debería estar en prisión.

Pero en el fondo cuál es el malestar del gasero Zaragoza López, dueño del Grupo Z, que dice agrupa a 80 empresas a lo largo y ancho del país y también en el extranjero, poder económico que ahora utiliza para violar la Constitución y atentar contra la libertad de prensa, al agredir y acosar a los reporteros de la revista Contralínea, la cual asegura no parará hasta desaparecerla por revelar sus negocios con Petróleos Mexicanos.

El berrinche del empresario es porque en una entrevista periodística que le hizo Ana Lilia Pérez, la cual está grabada y se publicó en la revista Contralínea, se le fue la lengua y declaró haber otorgado donativos económicos a la campaña presidencial de Felipe Calderón, haber sido investigado por el delito de lavado de dinero, de sus estrechos vínculos con el gobierno federal, de las investigaciones de la DEA contra su familia por el delito de narcotráfico, de las denuncias internacionales en contra de su empresa y aceptó que funcionarios de Pemex le ofrecieron “el negocio de los ductos petroleros”, considerados éstos como áreas estratégicas de seguridad nacional.

En esa entrevista periodística y de la cual hay fotografías, a pesar de que un juez civil determinó que la reportera Ana Lilia Pérez no debió haberla publicado porque no tenía autorización del empresario, como si los periodistas debiéramos pedir permiso para hacer nuestro trabajo, que es el deber de informar a la sociedad, Zaragoza López reconoce que en el sexenio pasado las negociaciones entre los dueños del Grupo Zeta, Miguel Zaragoza Fuentes y sus hijos Jesús Alonso y Miguel Zaragoza López, y el gobierno federal tenían momentos ríspidos, porque en aquellos años tenían investigaciones en contra por parte de la Secretaría de Hacienda por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, además de que la entonces Secretaría de la Contraloría, a cargo del chihuahuense Francisco Barrio, tenía expedientes abiertos en su contra.

La disputa del gas en México es un problema que ha llevado a varias empresas a presentar denuncias ante el actual director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, por irregularidades de funcionarios petroleros que durante el gobierno de Vicente Fox favorecieron con contratos al Grupo Zeta.

De la investigación en su contra por narcotráfico, Zaragoza López cuenta: “Empieza con los tráileres de nuestra empresa que cruzaban la frontera norte y se regresaban vacíos, y en esa ocasión a un agente de la DEA se le hizo sospecho y pidió detener el vehículo para revisarlo, pero no encontraron nada, sólo que un perro entrenado para olfatear droga no dejaba de ladrar en las llantas, así que trajeron a otro perro y éste ladró también a las llantas del tráiler. Entonces trajeron a una persona para que las desmontara y al revisarlas no encontraron nada. Los agentes de la DEA no estaban de acuerdo en lo ocurrido, pero como ya había pasado el tiempo en que podían tener detenido al chofer y el tráiler, sólo dejaron ir al chofer.

“Al día siguiente nos hablaron de la oficina de Aduanas para avisar que por qué no habíamos ido con el mecánico para destapar el tanque, y el jefe de transporte de la empresa les dijo que no sabía. Entonces nos informaron que tenían un tráiler de nosotros detenido, por lo que el jefe de transporte fue con el mecánico a esa zona para destapar el tráiler. Además ya habían subido el tráiler a la báscula y pesaba de más, por lo que lo destaparon y encontraron 7 mil libras de droga (cocaína), y así empezó la investigación. Obviamente del chofer ya no se volvió a saber nada de él.”

En la entrevista con Ana Lilia Pérez, Jesús Zaragoza López recuerda su relación con el exsecretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, y deja en claro que sus empresas prácticamente son intocables para cualquier fiscalización. La razón: los vínculos del entonces secretario de la Contraloría y sus paisanos gaseros.

Su amistad comenzó muchos años antes de que Barrio entrara a la política, cuando era empresario constructor.

“Él fue presidente municipal de Juárez y luego gobernador. Con él hay buena amistad, es gente del pueblo, y qué bueno que hay buena amistad porque imagínese una persona que yo la considero decente, pero que tuviéramos mala relación y luego a esos niveles. La buena relación yo la veo en dos formas: una que no me perjudiques y la otra cuando te perjudican y ¡ay caray!

¿Cómo se conocieron ustedes?

–Francisco Barrio era empresario, estaba en una constructora y allí lo fuimos conociendo; Barrio trabajaba en la constructora y después fue presidente municipal de Ciudad Juárez por el PAN y después gobernador de Chihuahua.

¿Los invitó a entrarle a la política?

–No, no. Sí hay buena relación con él, pero así como para entrarle, nosotros somos empresarios, pero andar de políticos, eso no.

¿Aportaron ustedes a la campaña del presidente Calderón?

–No, no aportamos, digo lo que se aporta localmente allí, digo lo que se aporta localmente que el PAN de Ciudad Juárez, se acercan y dicen oye échame la mano porque mira tenemos que apoyar.

¿Cuanto le dieron?

–Pues son cantidades locales, ¿que le puedo decir, 100 mil pesos?, y luego que ir a la comida y vamos a organizar una cena y apoyarlos con 20 mil pesos, 15 mil pesos, lo que todo mundo tenemos que hacer. Digo yo, no le puedo decir al presidente del PAN es cuento tuyo, o al del PRI, tenemos que estar con ellos.

En otra parte de esa polémica entrevista, Jesús Zaragoza reconoce que a partir del sexenio de Vicente Fox el consorcio gasero mejoró sus influencias al llegar a niveles superiores, primero por sus relaciones con el secretario de la Función Pública y luego por los vínculos que establecieron en la Sener y la SCT.

¿Qué ha significado para ustedes mantener la relación de alto nivel con secretarios de Estado, con gobiernos? ¿Ha habido alguna deferencia?

–Realmente la relación de alto nivel empezó el sexenio pasado con el secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo, y luego con el secretario de Economía, Canales Clariond. Luego el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda hicieron una comunicación a los distribuidores de gas en enero de 2000. Fue cuando empezamos a tener una relación con los secretarios de Estado.

¿Ustedes ya habían hecho manifiesta su simpatía por el presidente Vicente Fox?

–No, en lo personal nunca nos involucraron ni tuvimos nada que ver allí (en Amigos de Fox). Hay una familia Fuentes, eso es por todos conocido, no voy a decir una indiscreción que una hija de Lino Korrodi está casada con el hijo de Valentín Fuentes. Mi papá es Miguel Zaragoza Fuentes, tal vez por allí haya alguna confusión.

Pero Valentín Fuentes es de su familia.

–¿Con Valentín Fuentes? Ah, sí, hay una relación, son primos segundos, terceros.

¿Nunca los invitaron a participar?

–No, no, aunque parezca raro.

Si bien dice Jesús Zaragoza que su familia no tuvo ninguna reunión personal con Vicente Fox, funcionarios cercanos al entonces presidente como Pedro Cerisola Weber sí ejercieron sus propios privilegios para los empresarios gaseros.

El proyecto de Zeta Gas de construir un complejo gasero similar al que instaló en Perú, con su propia terminal marítima para carga, descarga, almacenamiento y distribución de gas LP, fue fuertemente cuestionado. Cerisola Weber autorizó a Zeta Gas del Pacífico la concesión para usar y aprovechar “bienes de dominio público de la Federación”.

El 15 de marzo de 2006 la SCT público en el Diario Oficial que Pedro Cerisola otorgó a Jesús Zaragoza la concesión, durante 20 años, de 14 mil 715.69 metros cuadrados de zona federal marítima, para la construcción y operación de una terminal.

Jesús Zaragoza habla de la terminal de Manzanillo: “la estrategia de expansión de Grupo Zeta fue construir una Terminal Marítima en Colima. Podríamos haberla construido en Lázaro Cárdenas, pero con los problemas sindicales, pues ni de chiste irnos a meter a la boca del lobo”.

Se ha denunciado que la concesión se otorgó en términos oscuros, que hubo negociaciones ilegales.

–Pues sí, pero son los competidores, vamos a ser claros.

¿Es desleal la competencia entre los gaseros mexicanos?

–La competencia es férrea entre nosotros mismos.

¿Qué funcionarios de Pemex intervinieron para que les dieran la concesión?

–Pemex no otorga concesiones. Esta concesión la otorgó la Secretaría de Energía. Obviamente consultó con Pemex; sería tonto pensar que no lo hicieron o que no lo hagan, dicen está bien o no está bien, ¿verdad?

¿Cuánto les costo conseguir esta autorización?

–Pues los derechos que hay que pagar.

¿Es caro?

–No, hasta eso que no es caro, pagamos por allí unos 50 mil pesos.

En la Administración Portuaria Integral (API) hay inconformidades, dicen que ustedes están en instalaciones de la SCT, que al Grupo Zeta se le autorizó ilegalmente.

–Es un problema que traen en el API y son cosas de concesión y de hasta donde llegan las facultades de uno y las facultades del otro. La API está en Manzanillo, nosotros no estamos en Manzanillo. La API dice que estamos aquí, dice ‘están muy cerquita’. A qué le llaman “muy cerquita”, nosotros estamos en el municipio de Campos, no en Manzanillo.

¿Les ha costado trabajo lidiar con esto?

–En un principio sí, porque el API quería que formáramos parte de la concesión de la API, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les dijo no, tú tienes tu concesión limitada, bien cuadriculada, esta es otra concesión que yo, SCT, voy a otorgar.

¿Cerisola defendió la concesión que él mismo le otorgó a Grupo Zeta?

–Sí, así es.

¿Se reunió usted con Pedro Cerisola?

–No lo hace uno directamente. Obviamente se contrata un despacho especial que hace todos los requisitos, los documentos, se contrata a un despacho especializado.

¿Que despacho es el que llevan ustedes?

–Se apellida León, no recuerdo bien los datos. Es un despacho externo, de los que hacen este tipo de trabajos, como documentos, trámites de papeles, de todo eso.