Lunes 29 de septiembre de 2008

Casi todos los políticos son camaleones; cambian de opinión, de visión y de compromisos, siempre en línea sólo con sus intereses. Pasar del servicio público al sector privado en detrimento de los intereses del país que alguna vez juraron respetar y defender, se ha convertido en una práctica deshonesta heredada por la transición política y que, hasta ahora, ha eludido, en muchos casos, el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los exfuncionarios de gobiernos federales o regionales que transitan hacia empresas o actividades privadas casi siempre capitalizan para sí mismos su experiencia, los contactos y la información privilegiada que manejaban en el sector público. ¡Tienen que trabajar en algún sitio! ¡La vida no se acaba cuando abandonan el gobierno! ¡De algo tenemos que vivir! ¡Ya le dimos todo nuestro esfuerzo a la nación! Son sólo algunas frases que usan quienes justifican esta migración del servicio público al sector privado, como si el país realmente los necesitara y, más aún, cuando es claro que se convirtieron en burócratas para asaltar las arcas públicas y hacerle honor a aquella frase de que vivir fuera del presupuesto es un error.

El problema que se presenta cuando éstos funcionarios emigran al sector privado es que de inmediato utilizan la información pública que pertenece a la nación para venderla a empresas nacionales o extranjeras, disfrazada mediante la contratación en puestos ejecutivos, y convertirla en jugosos negocios. Y casi siempre encuentran el camino para evadir las regulaciones en la materia que, por supuesto, son muy laxas.

Otro de los escenarios similares de abuso de poder, tráfico de influencias y uso ilícito de información gubernamental privilegiada, es el caso de los abogados litigantes que llegan al Congreso y desde sus curules con fuero patrocinan causas claramente vinculadas con intereses privados de sus clientes sin importar la afectación pública que esto ocasione. Un claro ejemplo que ilustra esta circunstancia lo representa el abogado, el panista y exlegislador Diego Fernández de Cevallos.

En esa misma línea observamos cómo un exsecretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz) decide aceptar el cargo de “consejero independiente” en un banco extranjero que controla una subsidiaria en México, a lo cual sólo renuncia después de las duras críticas públicas, o participa en la constitución de una fundación “privada” como Vamos México que operaba con miras a las siguientes elecciones presidenciales.

Por ello, cuando un exfuncionario del gobierno federal, que se consideró ligado –al menos en la opinión pública y en la memoria periodística– con ciertos grupos políticos y de poderes fácticos, además de protagonizar enfrentamientos públicos con ciertos funcionarios, decide enarbolar una cruzada contra la corrupción, lo menos que provoca es una duda razonable.

Constituir una Asociación Civil, como Transparencia Nacional, puede no ser suficiente para legitimizar la causa. Pero, sin duda, serán los hechos los que absolverán a los bienintencionados y, tal vez, arrepentidos que buscan contribuir a reducir los altos niveles de corrupción e impunidad en el país. Son pocos, muy pocos, los exfuncionarios que se atreven a enfrentarse a los poderes que, tal vez, un día patrocinaron. A menos que, de por medio, exista un plan político más relevante o simplemente una sed de venganza. La pregunta es ¿acaso no hay servidores públicos bien intencionados dispuestos a servir a la población, a su patria y al Estado?

Arremete Reyes Orona contra Gil Díaz

Hay un caso de un exfuncionario del gobierno federal que se ha dedicado a denunciar la corrupción gubernamental como una bandera de lucha social y, supuestamente, a favor de los intereses del país. Se trata del exdirector jurídico del Fobaproa y exprocurador Fiscal de la Federación, el abogado Gabriel Reyes Orona, quien desempeñó esos importantes cargos públicos durante el gobierno del vacío Vicente Fox y la gestión del cuestionado Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fue Reyes Orona quien buscó convencer a la opinión pública de que algunos funcionarios habían participado en aquella multimillonaria operación corrupta llamada ISOSA, empresa privada creada por Gil Díaz para desviar recursos públicos a favor personal. Aunque también realizó otras encomiendas, como perseguir a uno de los pocos exservidores públicos honestos.

El 22 de enero de 2007, Oficio de Papel escribió: “Entre el trabajo sucio que hizo Reyes Orona fue perseguir fiscal y administrativamente al ex subsecretario de Ingresos, Ismael Gómez Gordillo, el único hombre al que tal vez Gil Díaz le teme porque conoce de primera mano (él sustituyó a Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos en marzo de 1994) toda la corrupción del exsecretario. Por eso son tan importantes las declaraciones que a finales del año pasado (27 de diciembre) hizo Reyes Orona a los reporteros de La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, a quienes les dijo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) colocó una venda a la sociedad mexicana al impedir una auditoría a la empresa Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA), donde se acreditaría que funcionarios como el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, crearon vehículos aparentemente privados para desempeñar funciones públicas”.

Las nuevas pesquisas de un consultor privado

El consultor privado Reyes Orona logró que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pidiera al actual procurador fiscal de la Federación, Javier Leynez, que acudiera a aclarar si el abogado de la Secretaría de Hacienda investiga o investigará la participación de Gil Díaz en el proceso de venta de Banamex, que habría beneficiado al empresario Roberto Hernández a evitar el pago de impuestos por más de 3 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, al parecer, en Hacienda ya se dio la orden de no responder a los cuestionamientos del apoderado legal de Transparencia Nacional. El problema para la SHCP y sus funcionarios es que ya no sólo se trata de Reyes Orona, a quienes algunos tachan de loquito sin camisa de fuerza, sino que ahora las preguntas vienen de legisladores, quienes empiezan a entender cómo Gil Díaz saqueó a la nación y sigue haciendo negocios con sus amigos empresarios beneficiados.

Su pasado y sus ligas imponen algunas dudas a Reyes Orona. Si bien sus respuestas pueden ser insuficientes y serán sus hechos los que despejen cualquier duda sobre su actuación y actual lucha contra la corrupción, resulta interesante conocer la base ideológica del abogado que alguna vez estuvo relacionado con empresas como Aeroméxico y Altos Hornos de México, en momentos en que éstas eran criticadas por su abusiva administración.

Además de la corrupción que Reyes Orona busca demostrar en el caso de la venta de Banamex, Transparencia Nacional también se ocupa de los conflictos de interés y las supuestas irregularidades cometidas por el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quien por cierto anda en completa decadencia política y ante el rechazo en su partido político (PAN) y del mismo Felipe Calderón, busca acomodarse entre las filas del PRD. Reyes Orona investiga también la disolución de Bancomext para crear Proméxico y la ilegal aplicación de los recursos destinados a las pequeñas y medianas empresas en beneficio de los corporativos privados.

Reyes Orona responde así a algunos de estos planteamientos que aún lo persiguen:

¿Quién financia a Transparencia Nacional (TN)?

Es una Asociación Civil que no recibe dinero público, que no tiene partido y que no aspira a serlo, porque si lo hiciera en ese momento se moriría. TN hace un llamado a los profesionales que pueden ayudar o coadyuvar a la generación de resultados, a los abogados, periodistas, economistas, a la gente que pueda analizar la información completa y llegar a conclusiones. Los temas de corrupción en México sobran, en Pemex, en el IMSS, en la CFE, en la SHCP. TN vive de la buena voluntad de los profesionales que la integramos.  La masa crítica es el capital de los profesionistas, son aportaciones intelectuales. La gente que se acerca a TN es gente exitosa que no necesita nada, es gente que está regresando algo al país gracias a su buena gestión profesional. Los abogados que participan aquí no son abogados fracasados como Santiago Creel. No son gentes corridas de ningún despacho ni arrimándose a una escuela para dar clases para sobrevivir.  Son
gente exitosa.

¿Cuáles son los casos que sigue la organización?

TN tiene 28 expedientes en la administración pública federal, en los que realizamos señalamientos concretos de actos de corrupción, señalamientos concretos de personajes que han resuelto de manera negligente y torpe; procedimientos ante tribunales administrativos y judiciales que buscan obtener resoluciones como la que se alcanzó recientemente en contra del IPAB y en la cual se acreditó ante la autoridad judicial de la Federación que los tres vocales del IPAB no solamente no cumplían los requisitos para ser vocales, sino que sus resoluciones son impugnables. Ese caso se resolvió en marzo pasado y se le entregó a Transparencia un expediente de 1,500 cuartillas, en donde se acredita fehacientemente que una gran cantidad de las resoluciones del IPAB son anulables por el conflicto de interés.

¿Qué busca con esta resolución?

Le estamos pidiendo al Senado de la República que revise los nombramientos de los vocales independientes y que los anule. El 23 de abril se presentó la solicitud ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que anule los nombramientos de Alejandro Creel, Humberto Murrieta y Adalberto Palma.

¿Cómo hace TN y su apoderado para no caer en conflictos de interés, cómo tratar casos de corrupción cuando eventualmente pudiera involucrar a clientes de su despacho?

Es muy sencillo: la verdad es la verdad, si tu eres amigo, abogado o prestador de servicios con alguien que coincide con la persecución de una causa, eso no es conflicto de interés. Es un conflicto de interés cuando tienes que mantener una posición y manifiesta la contraria. Pero cuando los intereses patrimoniales, personales, coinciden con la revelación de la verdad y combate a la corrupción y de la impunidad, nosotros hacemos abstracción de lo que ellos tienen para revelar la verdad. ¿Cómo puede enterarse un abogado de actos de corrupción? En la práctica diaria. Por ello, además de representar el interés de tu cliente, puedes aportar algo para el combate a la corrupción, ¿Qué hay de malo en ello?

El caso de la supuesta participación de Gil Díaz en la venta de Banamex para beneficiar a algunos empresarios, prácticamente se convirtió en una campaña de medios ¿Tiene TN algún interés en ello?

TN vive de la credibilidad, si nos sacan o no nos sacan en la televisión o la radio no importa. El pleito del IMSS y CFE, los casos de corrupción allí, no pasan en la tele y si no pasan se siguen presentando los procesos judiciales. La sustancia de TN ha estado presente desde 2002 y hasta 2008. Nos gustaría que las televisoras se montaran en los expedientes, pero yo tengo 28 casos y sólo se fijan en uno. Ellos lo deciden. En Cadena 3, lo sé,  nunca va a pasar nada de TN porque varias operaciones del IPAB involucran a los Vázquez Raña, como fue la venta de Camino Real. Sé que yo nunca voy a salir en Cadena 3. El pleito de las televisoras con Santiago Creel es coyuntural y lo que yo estoy llevando a la tribuna son pleitos que tienen cuando menos 6 años.

¿Fue amigo de Gil Díaz?

No. Trabajamos en los mismos lugares que es diferente. Pero en todo caso, la amistad no representa ser cómplice para hacer tropelías. El procurador Fiscal es de la Federación no del secretario de Hacienda. El deber del procurador Fiscal es con la Federación no con su jefe. El artículo décimo del Reglamento Interior de la SHCP señala que es deber del procurador Fiscal presentar denuncias y querellas contra funcionarios hacendarios por mal ejercicio de funciones. Ese es el deber del Procurador y no ser amigo ni tapadera de nadie.

¿Se dijo que usted salió de la SHCP porque tuvo problemas con el titular de esa dependencia? ¿Qué clase de problemas?

Bueno, cuando te piden que firmes un dictamen para que se robe al país, al margen de las amistades se tiene que decidir entre la congruencia o la complicidad. Yo no necesitaba un trabajo. Yo no necesitaba ser procurador Fiscal. Yo me fui a perder dinero para ser procurador Fiscal. Yo no fui a la Procuraduría Fiscal para ser tapadera de nadie. Él me pidió firman un dictamen que avalara las tropelías en el caso de Banamex.

¿Recuerda la fecha en la que se le pidió firmar ese dictamen vinculado con la venta de Banamex?

Fue hace siete años y esa fue la causa de mi renuncia a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fue el caso Banamex y cómo se arregló la venta a Citibank en las mejores condiciones para evitar el pago de impuestos.

¿Cuáles son los casos más importantes que sigue TN?

El principal es Pemex–Refinación. Son casos que tienen que ver con la asignación de contratos para el transporte de combustibles. Pero pronto los daremos a conocer porque nosotros no desaparecemos y aparecemos. Tenemos siete años peleando causas. Traemos un asunto contra Proméxico. Es de la mayor gravedad. La cantidad de recursos involucrados es apabullante. En Proméxico se dio una clara invasión de competencia en la creación de Proméxico. Por el principio de reserva de ley, no pueden tomarse como legal la creación de una institución a través de un decreto. Allí no hay reflectores.