Nuestros lectores

Se solicita la solidaridad de los lectores de Contralínea. La joven de 28 años y estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Ana Lilia González Velasco será sometida a trasplante de corazón. El hospital requiere 25 donadores de sangre.

A quienes estén en posibilidades de solidarizarse con la estudiante, se les solicita que acudan al Centro Médico Siglo XXI, Hospital de Cardiología, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para donar sangre a nombre de la paciente Ana Lilia González Velasco.

Reciban todos cordiales saludos. Ojalá nos puedan apoyar. Agradecemos de antemano su generosidad.

Atentamente,

Doctor Miguel López Ortigoza

Academia de Expresión Oral y Escrita Universidad Autónoma de la Ciudad de México

El 20 de marzo pasado, a las 09:45 horas, el periodista Fernando Miranda Servín, director general del periódico Raza Cero, Periodismo Ciudadano, se encontraba en el Palacio de Zambrano, hoy Museo Francisco Villa, en donde se acababa de realizar una entrega de ambulancias a la Cruz Roja Mexicana por parte de instituciones altruistas, con la presencia del gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera; del alcalde de esta ciudad [Durango], Adán Soria Ramírez, y otros políticos locales.

Al término del evento, Fernando Miranda repartió algunos ejemplares de su periódico Raza Cero al gobernador duranguense, al alcalde y a varios de los presentes. A los pocos minutos, ya afuera del Museo Francisco Villa, y mientras el gobernador, el alcalde y la comitiva de la Cruz Roja atravesaban la calle hacia la Plaza del IV Centenario, dos sujetos, integrantes del equipo del alcalde Soria Ramírez, intentaron levantar al director de Raza Cero, a quien dijeron: “Vente, vamos a dar un paseo, hijo de la chingada”. Al negarse a la petición de estos tipos, Fernando Miranda comenzó a forcejear con ellos para librarse del inminente secuestro y a gritar que estaban agrediendo a un periodista, por lo que varios ciudadanos intercedieron a su favor. Al ver esto, los agresores advirtieron al director de Raza Cero que se retirara de inmediato del lugar “o te vamos a romper tu madre, hijo de la chingada”.

El grupo de ciudadanos que apoyaron al periodista, entre ellos varios taxistas, acompañaron a Fernando Miranda hasta el lugar en donde tenía estacionado su vehículo para que pudiera alejarse del lugar de manera segura, e incluso se ofrecieron a atestiguar estos hechos en la Fiscalía General de Durango.

Por lo anterior, Fernando Miranda Servín, director general del periódico Raza Cero, Periodismo Ciudadano, acudió de inmediato a la Fiscalía General del estado para solicitar una averiguación previa en contra de quien resulte responsable de esta agresión, e hizo responsable de su integridad física y patrimonial al mismo gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y al alcalde de esta ciudad, Adán Soria Ramírez, toda vez que el periódico que Fernando Miranda repartió en este evento a algunos personajes de la política local contiene en su primera plana una denuncia de actos de corrupción del alcalde duranguense en agravio de empresarios de la construcción.

El 25 de marzo, media docena de voceadores que venden el periódico Raza Cero en el centro de la capital de Durango, municipio gobernado por el alcalde priísta, notificaron al director de dicho medio de comuni-cación impreso y digital que han recibido amenazas por parte de empleados municipales, quienes les han advertido que: “ya dejen de vender ese pinche periódico o les va a ir muy mal”.

Estos hechos se dan luego de que el director de Raza Cero, Fernando Miranda Servín, sufrió un intento de secuestro por parte de dos sujetos pertenecientes al equipo del alcalde, ya que en su edición 19, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2013, Raza Cero publicó en primera plana los pormenores de un fraude millonario a empresarios de la construcción en el que participaron los ediles de Durango, Adán Soria Ramírez, y de Poanas, Raúl Piedra Macías.

Redacción Raza Cero, Periodismo Ciudadano

Comento la columna Oficio de papel, titulada “El Libro blanco de Pemex”. Lo que se documenta en el escrito son compras amañadas de PMI Norteamérica. Con esa empresa, Petróleos Mexicanos (Pemex) se salta la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para compras internacionales, dejando en PMI Norteamérica, SA de CV, la adjudicación de la compra directa. PMI Norteamérica viola flagrantemente el sistema de compras nacionales e internacionales y usurpa las funciones del Consejo de Administración de Pemex. Además de constituir compras trianguladas, PMI se toma indebidamente facultades legales que son competencia de Pemex, y para colmo legal, se está convirtiendo a PMI Norteamérica en Petróleos Mexicanos, lo que violenta leyes constitucionales mexicanas. Necesario es que investigue la Auditoría Superior de la Federación a la empresa Tornado Maritime, Inc. Lo más probable es que esta empresa esté integrada legalmente por funcionarios o exfuncionarios de Pemex, o de plano sólo exista en el papel, lo que propiciaría un gran fraude en las compras.

Licenciado José Luis Avendaño

La manera en que actuó el gobierno calderonista –al extinguir a Luz y Fuerza del Centro y ¡disfrazar! al Ejército Mexicano para desalojar a los trabajadores de sus centros de trabajo– fue un aberrante acto de abuso de poder que rebasó sus atribuciones constitucionales, al violentar las garantías y privar a los trabajadores del acto que fija los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa. ¿Por qué lo hizo así? Porque el Sindicato Mexicano de Electricistas es una organización patriótica que defiende la soberanía del país y le estorbaba al gobierno calderonista para sus aviesas intenciones de entregar el patrimonio de los mexicanos a las trasnacionales. Hoy es claro el asunto: Calderón mintió vilmente a la nación con ese discurso lleno de falsas promesas de que brindaría un servicio de “clase mundial” a un menor costo con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué tuvo que mentir Calderón? Para lograr que el negocio de la fibra óptica se lo apropiaran las trasnacionales aunque traicionara al pueblo. ¡Calderón y su gavilla debieran ser procesados y condenados por traición a la patria!

Virgilio Abadía García

9 de abril de 2013. Quienes suscribimos la presente nota expresamos nuestro enérgico extrañamiento, nuestra profunda preocu-pación y deploramos la negligencia en la ejecución de medidas de protección hacia defensores de derechos humanos que han sido amenazados de muerte y se enfrentan a una grave situación de riesgo. En este caso: fray Tomás González, director del Hogar-Refugio para Personas Migrantes, la 72, de Tenosique, Tabasco; Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano; colaboradores voluntarios del albergue y los propios migrantes que en él se refugian.

Por distintos medios se ha dado a conocer la grave situación que impera en todas las rutas migratorias. Situación que empeora intermitentemente de un lugar a otro según lo decida el crimen organizado y sus corruptos cómplices. En Tenosique, Tabasco, la situación ha venido de mal en peor, pues no hay un sólo día, desde hace mucho tiempo, en que los migrantes no sean víctimas de todo tipo de delitos y violaciones a los derechos humanos.

La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes, ha documentado cada caso y ha acompañado a las personas migrantes que quieran denunciar, a levantar una queja y/o acogerse al beneficio de la visa humanitaria para presentarse ante la autoridad. Las personas que se dedican a ofrecer ayuda humanitaria a este sector de la población y aquellas que se dedican a ofrecer orientación y acompañamiento para la defensa de sus derechos se han visto también victimizadas y criminalizadas.

El 17 de marzo, la situación crítica que prevalecía desde finales de febrero conoció el punto más álgido: el personal de la 72 recibió una nueva ola de amenazas, y las advertencias anteriores se convirtieron en amenazas de muerte al personal y a los migrantes que habían presentado la denuncia. Por este motivo, varios de los trabajadores voluntarios del albergue tuvieron que retirarse definitivamente. Al responder a la presión ejercida, en un operativo bastante irregular el mismo día, el Ministerio Público de la Federación con sede en Tenosique, la Policía Federal Ministerial, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, detuvieron a tres personas que fueron identificadas indubitablemente por dos de los migrantes que habían sido sus víctimas, pero dejaron libres a las personas que operan como “jefes de la plaza” en Tenosique, quienes están bien identificadas y pudieron haber sido detenidas. El 7 de abril, las personas migrantes que se hospedan en la 72 nos informaron que los criminales detenidos habían sido liberados y que estaban de regreso en Tenosique. El 5 de abril, uno de ellos, apodado la Chaquira, se presentó frente a la 72, lo observamos platicando con algunos migrantes y con personal de las policías que nos dan seguridad en estos días.

Por todo lo anterior cuestionamos y enérgicamente reclamamos:

• Que personas cuya actividad criminal ha sido señalada e identificada plenamente por las víctimas hayan sido liberadas y estén ya de regreso en Tenosique, lo cual pone al personal que labora en la 72 y a las personas que hospeda en mayor peligro, pues las amenazas pueden hacerse efectivas en cualquier momento.

• Que no se haya avisado a quienes han sido amenazados e informado bajo qué circunstancias los acusados obtuvieron su libertad, ni acordado las medidas que esta nueva situación requiere.

• Que los presuntos criminales estén libres después de que se les señaló y se comprobaron delitos graves en contra de la población migrante y de quienes los acompañan. Existían elementos contundentes para la detención pues ésta se realizó en flagrancia, y fueron plenamente identificados y señalados por dos de los migrantes como quienes los extorsionan, amenazan, cobran “la cuota”; presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR). Cuestionamos, de manera enérgica, la impunidad que la PGR y el Poder Judicial están generando debido a las nulas o deficientes investigaciones que realiza, no sólo de este caso, sino de todos los que tengan que ver con migrantes y la desgastante dilación de la justicia.

• Que la procuración de la justicia es imposible de obtener si la Secretaría de Gobernación no protege a los amenazados y el Ministerio Público o el propio juez no protegen a los migrantes y generan las condiciones para que puedan continuar con el largo proceso judicial. No es suficiente con otorgarles un documento migratorio. Es urgente que accedan de manera inmediata a todas aquellas medidas que puedan salvaguardar su integridad y proteger sus vidas.

• Que dentro de las instituciones que dependen de la Secretaría de Gobernación, en campo, se observa una total descoordinación. Las decisiones que toman los funcionarios centrales no aterrizan, o si lo hacen es en forma parcial o diferente a los acuerdos tomados.

• Que el Instituto Nacional de Migración, sumando a acusaciones previas, en este caso manejó un doble discurso, pues en reunión con el delegado regional nos dijo estar “muy preocupado” por nuestra situación, le dimos toda la información de los tipos que detuvieron y que después ellos deportaron inconsecuentemente pues los individuos ya están de vuelta en el país.

• Que estos hechos exhiben negligencia y omisión de parte del Estado mexicano y se pone en entredicho su compromiso de defender efectivamente a defensores que se encuentran amenazados.

Señalamos:

Que hacemos responsables de lo que está sucediendo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a la Procuraduría General de la Republica, al Ministerio Público, al juez asignado, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que unilateralmente cerró este caso y no ha verificado el cumplimiento de la medidas cautelares.

La impunidad que prevalece en las denuncias que presentan los migrantes y sus defensores son hechos lamentables y fomentan la reproducción de la actividad criminal, tanto en contra de las personas migrantes como en contra de las y los defensores de sus derechos humanos. La inacción, indiferencia y lentitud de respuesta hace cómplices a las autoridades por omisión o por colusión, y responsables directos, no sólo de los peligros en los que nos movemos, sino de todo el imperio de injusticia, impunidad y violencia que no se puede esconder.

Atentamente:

Es muy interesante el reportaje “Negligencia médica en el IMSS”. Es triste saber cómo les destruyen la vida a las personas que hemos sufrido negligencias médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No tienen nada de moralidad o sentimientos, son personas con poco criterio y frialdad. Ojalá Dios les diera una buena lección para que reflexionen sobre lo que hacen; y si el ser médico, enfermera, etcétera, es su profesión, que la amen, y si no, que no sigan ocasionando accidentes como los que vemos todos los días.

Ana María Muñoz López

Admiro y respeto su trabajo informativo. A propósito del reportaje “San José del Progreso, explotación y miseria”, deseo comentar lo siguiente. Siento que cada vez hay más antidemocracia, la salud del pueblo es letra muerta. Y por desgracia, la manipulación de la información es alarmante. El dinero, el oro, la ambición, la rapiña, caray… Es el principio del neoliberalismo, léase capitalismo e imperialismo combinados de manera perfecta.

Beatriz López Rosado

Soy originario de la ciudad de Oaxaca, México. Si bien es cierto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial nos han hecho creer que apoyan la educación en mi país, no es así, porque lo único que han hecho los políticos y las personas ricas es colgarse de la problemática de la educación y así poder justificar todos los gastos que ellos realizan, además de evidenciar a México como uno de los países más jodidos en la educación de los niños. Particularmente aquí, en Oaxaca, la Sección 22 no acepta esa farsa de la mal llamada reforma educativa, que pretende seguir ridiculizando la educación en México.

Gamaliel Chávez Sánchez

Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su repudio e indignación ante el allanamiento a sus oficinas que el 3 de abril del presente año recibieron integrantes del Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha, AC (Comité Gobixha), quienes han denunciando las violaciones de sus derechos por las acciones autoritarias y violentas de los distintos niveles de gobierno en Oaxaca.

Contamos con información de que los actos de agresión y hostigamiento a defensores de los derechos humanos (líderes sociales, campesinos e indígenas, periodistas, activistas, etcétera) es un patrón común en Oaxaca. La mayoría de éstos, claramente, vienen de las diversas instancias del gobierno municipal y estatal.

En los últimos meses, el Comité Gobixha tiene un trabajo esencial en el apoyo en la defensa del territorio en la región del Istmo de Tehuantepec y la comunidad de San Mateo del Mar, donde pueblos y comunidad se oponen al proyecto de nuevos parques eólicos.

Por tal razón, queda de manifiesto que el gobierno federal incumple la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, por lo que exigimos que garantice y proteja la integridad física y personal de los defensores y defensoras que están siendo vulnerados en sus derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos se solidariza con los integrantes del Comité Gobixha y estará atento ante estos hechos que vulneran los derechos de las y los defensores de derechos humanos en México.

El Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha, AC, es una organización de la sociedad civil creada para la defensa integral de los derechos humanos, legal, médica y sicológica de víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos en Oaxaca (www.codigodh.org/category/comunicados/).

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC