Nuestros lectores

Antes que nada debo decir que soy desertor de la Armada de México, cosa que a muchos les parece feo (sin honor). Se dice que  muchos desertan por no estar de acuerdo con la política o la estricta disciplina, pero esos son comentarios de quienes realmente no saben de la buena vida que se lleva dentro de este tipo de instituciones.

Muchos de los que cometemos el delito de deserción lo debemos a causas ajenas a la propia carrera militar. Si revisan las estadísticas, pudieran ver cuántos de los desertores salieron por un mal historial. En lo que a mí respecta, la deserción fue por faltar 3 días consecutivos a mi dependencia.

La deserción, a mi juicio, no es delito; si lo fuera, todo el personal estaría siendo perseguido. Sin embargo esto no sucede. Hay almirantes, generales, capitanes, oficiales, clases y marinería o tropa quienes cometen esta falta y no son buscados ni juzgados. La mayoría de los desertores que conozco cuentan con trabajos estables (muchos con negocios o empresas propias) y otros, el 10 o 15 por ciento, optan por irse a trabajar al otro bando; mis respetos para ellos por lo que son o fueron, finalmente cada cual se busca su propia suerte…  Muchos quisiéramos reincorporarnos a las instituciones militares, pero ya no somos bienvenidos.

Me pregunto qué sería del país en el caso de algún conflicto armado y los desertores nos presentáramos para ofrecer nuestro servicio de armas. ¿Será que nos den las facilidades o nos dirán simplemente que no? Yo estaría dispuesto a pagar con 2 o 3 años de prisión militar mi falta con tal de estar de vuelta; y si me mandaran al frente de algún operativo, lo haría con los ojos cerrados, ya que mi vida, mi vocación, es ser militar.

Miguel Ángel N

Felicito por el reportaje “Militares, autores de la masacre de Rubén Jaramillo en 1962: testigos”. ¡Gloria a la familia Jaramillo! ¡Gloria a estos mártires de la patria! ¡Su lucha y su recuerdo permanecen!

Víctor Rapoport

Excelente nota “Calentamiento global empeorará sequías”. ¡Alerta y a despertar la conciencia sobre el problema que puede representar este fenómeno para nuestro país! Llama la atención que la reforestación pueda ser eficaz para controlar derrumbes y reducir su peligro.

Adolfo Lara

Recrudecen las irregularidades, hostigamiento y represión contra integrantes del  Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) en Amatlán de los Reyes, Veracruz, México.

El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, confirmó hace unos días, en una reunión con miembros del Mapder, que la seguridad del X Aniversario estaba garantizada. Al mismo tiempo, publicaba el Decreto de Área Natural Protegida de la región, que impediría la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, cuyos dueños, los empresarios Claudio X González y Gerardo González Guajardo, han sido acusados de corromper autoridades y presionar a la población para que aceptara el proyecto de la represa.

Con mayor información a la obtenida pocas horas antes del asesinato, el Mapder corrige que el cuerpo de Noé Vázquez fue entregado a sus familiares con 46 puñaladas en la cabeza, degollado con un machete y que fue encontrado amarrado de tobillos y muñecas por la espalda, boca abajo y en una posición ritualista, en el campo cercano a la sede del X Aniversario del Mapder, al parecer en alusión al ritual de bienvenida que se daría pocas horas después. Los asesinos consignados son Jonathan Contreras Jiménez, Luis Enrique de la Cruz Martínez y Armando Tlaxcala Hernández; el taxista Manuel Ramírez Reyes fue liberado.

Pese a la enorme presión nacional e internacional que demanda el esclarecimiento del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, miembro del Mapder, las autoridades de procuración de justicia del estado de Veracruz han actuado con una serie de violaciones a la ley y al estado de derecho:

1) El Ministerio Público de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se negó a recibir la denuncia de hechos el día del crimen: 2 de agosto de 2013.

2) Se presionó a los familiares de Noé al condicionar la entrega del cuerpo del fallecido si el menor, testigo del crimen, no declaraba.

3) El sábado 3 de agosto se presentaron, de manera ilegal, agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) para interrogar por segunda ocasión, pero ahora en su domicilio, al menor de edad testigo del homicidio, sin autorización expresa para hacerlo, sin presencia de sus padres, de su abogado ni de un sicólogo. Los anteriores son algunos de los procedimientos que violan los derechos humanos del niño así como los instrumentos internacionales en la materia.

4) Los periódicos de la región publican fotografías periciales y minimizan los hechos como delincuencia común.

El lunes 5 de agosto se realizó la audiencia de control de detención ante el juez de Control en la Sala de Juicios Orales en el penal de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en donde se observaron las siguientes irregularidades:

1) No se notificó sobre esta audiencia a la parte ofendida, aun cuando ya existían, dentro del expediente de investigación, datos de identificación de la esposa de Noé, donde podía ser notificada; así como el señalamiento de un asesor jurídico que tampoco fue debidamente notificado.

2) La forma en la que se enteraron de la audiencia fue a través de una nota en el periódico, donde el procurador general de Justicia de Veracruz daba instrucciones al juzgado del penal de La Toma para que se realizara la imputación formal del delito de homicidio doloso y se hiciera la solicitud de vinculación a proceso de los detenidos. Es importante destacar que se trata de una audiencia de primordial importancia en donde se determinará seguir juicio en contra de los señalados como responsables.

3) Guadalupe, esposa de Noé, llegó a la sala de juicios orales a un costado del penal de La Toma a las 10 de la mañana, hora en la que comenzaba esta diligencia. De forma inmediata le negaron la entrada argumentando que la sala estaba llena. Las personas que le negaron la entrada no quisieron identificarse. Frente a este hecho, el auxiliar del Ministerio Público Genaro Hernández argumentó a Guadalupe que ignoraba por qué no había sido notificada, y agregó que en el receso de la audiencia harían lo posible para que pudiera ingresar. Sin embargo, el Ministerio Público en el receso habló con la abogada (asesora jurídica de la parte ofendida) sin intervenir para que fuera posible su ingreso, y sólo por presión de las organizaciones que la acompañaban en ese momento fue posible que presenciara el resto de la audiencia. Sin embargo, fue sólo en carácter de público, pasando por alto los derechos que le corresponden como parte ofendida dentro del juicio oral, ya que no ha sido oportunamente informada del procedimiento.

Pese a que el gobierno del estado ha designado a Arturo Mejía García, de la Subsecretaría de Gobierno, para garantizar la seguridad y el debido proceso, el clima de violencia en Amatlán no cesa:

1) El 4 de agosto pasado, después de retiradas las delegaciones participantes en el décimo encuentro Mapder, 20 niños de entre 12 y 16 años de edad ocuparon la plaza del pueblo queriendo golpear a un menor cercano al Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, que estuvo en una manifestación con pancartas exigiendo justicia, sin que el presidente municipal de Amatlán, Eduardo Rojas Camacho, hiciera algo para garantizar su seguridad; de igual manera, las autoridades no han realizado ninguna investigación o acción para garantizar la seguridad de la comunidad, dejándolos en un estado de vulnerabilidad.

2) Los integrantes del Colectivo han estado vigilados abiertamente todo el tiempo.

Las investigaciones del Ministerio Público deben ir más allá de los autores materiales para encontrar a los autores intelectuales, en vista de que el testigo, menor de edad, en su declaración da cuenta de que los homicidas señalan que “así es su chamba”, por lo que se sugiere que han sido pagados para matar a Noé Vázquez Ortiz.

Por ello, el Mapder, el Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre y las organizaciones de derechos humanos que acompañan a Guadalupe y a los demás familiares de Noé exigimos:

1) Al Poder Judicial de Veracruz, a las autoridades municipales, estatales y federales que cesen las irregularidades en este proceso y se conduzcan conforme a derecho.

2) Que el gobierno estatal y federal garanticen de forma inmediata la seguridad del menor (testigo de los hechos), así como de la familia de Noé Vázquez Ortiz, los miembros del Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, de la población en general y de las organizaciones que los acompañan.

3) Investigación con debido proceso de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Noé Vázquez Ortiz.

4) La cancelación inmediata del proyecto hidroeléctrico El Naranjal.

Atentamente:

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, conformada por más de 30 organizaciones. Apoyan las demandas y se solidarizan con el Mapder y la familia de Noé más de 180 organizaciones nacionales e internacionales

Ccp: Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México; Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México; Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Antonio Guillermo Bustos Rivera, delegado regional de Córdoba de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

A propósito del reportaje “ADT: la seguridad del fraude”, deseo exponer públicamente lo siguiente.

El pasado 26 de julio unos ladrones entraron a mi casa y se llevaron todo lo que se imaginen.

Nos llamaron por teléfono de la empresa ADT diciendo que la alarma se había activado, hasta ahí todo correcto. Cuando llegamos a casa habían violado la puerta con una barreta, y con ella también rompieron la campana encargada de la sirena, por lo que dejó de sonar al instante. Así, muy impunemente, se alzaron con todo.

Cuando nos vendieron el servicio nos dijeron que si en algún momento se activaba la alarma y nosotros no estábamos en casa, inmediatamente mandarían un móvil policial (patrulla) al domicilio, aclarando que tienen un convenio con la policía. ¡Esto es mentira!, dicho por la propia policía. Ni siquiera ellos (la empresa de seguridad privada) se acercaron para constatar qué había sucedido. Pagamos 280 pesos por mes durante 2 años aproximadamente un servicio que se suponía era para evitar que entraran a mi casa, y la única vez que esto sucedió no sólo no lo evitó, sino que me avisaron media hora después de que sucedió el robo; y ahora que ya no tenemos sensores –porque los rompieron junto con la puerta– ni sirena (también está rota) nos obligan a pagar el mes de agosto pese a que no tenemos el servicio.

Por favor no se dejen estafar, pongan más seguridad en sus casas y contraten un seguro de hogar con una empresa seria. Eviten contratar a estos estafadores que, cuando suceda algo, van a excusarse diciendo que ellos se limitan a llamar, y si va o no la policía ¡escapa a sus obligaciones! ¡Es una vergüenza!

Claudia Acosta

Acerca del reportaje “México cede sus bosques y selvas a Redd+”, deseo comentar que Redd+ no necesariamente es un programa vendepatrias. En Brasil hay ejemplos de que dio poder sobre su propia tierra a tribus amazónicas, protegiéndolas de los garimpeiros [buscador altamente contaminante de piedras y metales preciosos].

Juan Jacobo Schmitter-Soto

Felicito por el reportaje “Toros: fraude e impunidad”. Magnífico informe. Demoledor. La palabra dignidad apenas existe en la fiesta de toros, y las personas dignas en el mundo de la tauromaquia se cuentan con los dedos de la mano. Mi más sincera felicitación para el autor. Mucho ánimo, y continúen así o esto se acaba…

Antonio Castillo Rebollo