Nuestros lectores

¿Son los militares el pueblo armado?

Felicito por el artículo “Es la hora de las Fuerzas Armadas”. Como mexicano y como militar veo con mucho coraje cómo un puñado de mexicanos malnacidos, corruptos, títeres del odiado Tío Sam están acabando con la patria. Es la hora de las Fuerzas Armadas, es la hora de expulsar a esa bola de rateros encabezados por otro títere. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el pueblo tiene el derecho de cambiar su sistema de gobierno. Los militares somos el pueblo armado. ¡Actuemos ya!

Manuel Rodríguez García

Ascensos en las Fuerzas Armadas, para “controlar” a los militares

Interesante la nota sobre los “Más de 1 mil 300 ascensos en la Sedena”. Por supuesto, es una forma del poder civil de tener al Ejército a su disposición para usarlo en contra de las manifestaciones de inconformidad del pueblo.

Jesús Islas I

 

 

UNAM, reformarse y frenar a los “comerciantes de la cultura”

Muy oportuno el reportaje “Junta de Gobierno de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México] debe ampliarse: representante de bachillerato”. Tiene toda la razón el señor licenciado García Colín. Una Junta de Gobierno que sólo tiene a una parte de los sectores de la Universidad ya no puede gobernar para todos o se olvida, como es el caso, del modesto profesor de educación media que prepara a los que con posterioridad estarán en los posgrados.

Es complicado pedir una reforma del Estatuto General de la Universidad, sobre todo porque se espera una chispa para incendiar a la Universidad que más hace por el país, pero bueno, es necesario que lo intentemos porque tenemos capacidad de frenar a los comerciantes de la cultura, a los charlatanes del saber y sobre todo a los que quieren privatizar la cultura para que dependa de Televisa. Creo que de no pensar así, sólo me queda la del avestruz. Felicidades, maestro García Colín.

Alfonso Bouzas Ortiz

 

 

“No quiero presos políticos en mi ciudad”

Es muy indignante y preocupante lo que se explica en la nota “A 47 días, anarquista se mantiene firme con huelga de hambre”. Y es inaudito que un joven tenga que poner su vida en prenda con una huelga de hambre en la mal llamada “Ciudad de la vanguardia” como única manera de protestar por el abuso judicial que evidentemente, en su caso, se comete.

No es el único si nos atenemos a varios en que incurrió Mancera como procurador, pero tal parece que al llegar a la jefatura de gobierno todo empeoró, ya que desde el primer día, la policía –que había sido respetuosa de los manifestantes– recibió un cambio de chip generalizado. Queremos una ciudad de leyes, sí, pero no a costa de vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, enfrentada por la torpeza de las autoridades que, de modo inexplicable, reciben premios por actuar contra la violencia, siendo que todos los días vemos la violencia simbólica ejercida vía abuso de autoridad, eso sí, disfrazado debidamente con “técnica jurídica”.

No quiero presos políticos en mi ciudad cuando hay tanto por hacer con la verdadera delincuencia.

María Luisa Cancino

 

 

Contra el cierre de las normales rurales

Ha sido muy interesante leer lo que ocurre en la Escuela Normal Rural de Tamazulapan, Oaxaca, en el reportaje “Normal de Tamazulapan, en riesgo de desaparecer”. Con firmeza digo que esta escuela no debe desaparecer. Los pliegos petitorios presentados por los alumnos no son nada en comparación con lo que gasta un diputado en una simple comida. ¿Cuál es el pliego petitorio? Literas, material didáctico…

Lo que realmente ocurre es que al sistema simplemente no le conviene este tipo de escuelas porque generan algo que ellos temen: “gente que piensa, que no se deja involucrar en sus mentiras”. Esta Normal Rural es un ejemplo a seguir. A México sí le conviene tener normalistas de tanta disciplina y noble ideal. Idolatramos a Juárez, a Hidalgo… Estas normalistas tienen ideales semejantes, deberíamos idolatrarlas, hacer todo lo posible para que no cierren su escuela que está viva desde 1925, es decir, cuando comenzó la verdadera reforma educativa, no la que estamos viendo hoy que es un simple requisito fiscal. A los mexicanos nos debería dar vergüenza que se cierre esta escuela. ¿Sabían que dentro de sus reglamentos está que la educadora que saca mejor calificación la mandan al lugar más alejado de su estado, a alguna sierra como Huautla de Jiménez, donde los niños están hambrientos por tener maestras? Quienes critican esta escuela deberían ir a conocerla, porque es muy fácil tachar presupuestos cuando ni siquiera se han tomado la modestia de visitar, conocer y experimentar.

Esta escuela tiene ejido donde las alumnas siembran, reciclan su basura, hacen deporte, limpian su escuela, hay estación de radio y salen a hacer misiones. Este sistema es un ejemplo a seguir. ¿O pretendemos continuar con la hipnosis colectiva que nos hace creer que todo está absolutamente bien? Las apariencias engañan, los maestros manifestantes casi nunca provienen de aquí, casi siempre son enviados del gobierno para desestabilizar, para dar una imagen errónea del verdadero normalista. Claro que existe alguna corrupción, pero no es nada en comparación de quienes ejercen el verdadero poder. Lo que pasa es que los recursos no se usan para tapar la corrupción, sino para ayudar a la comunidad.

Marcela Magdaleno

 

 

Justicia para Mario González

Ha sido muy doloroso leer la nota “A 47 días, anarquista se mantiene firme con huelga de hambre”. Es lamentable que cada día se ratifique la impunidad, la injusticia, insensibilidad e ineptitud de la autoridades de este país, y se orille a las personas a tomar estas drásticas formas para poder defenderse. Estamos con Mario y hacemos responsables a las “autoridades” de lo que le pueda pasar. Ya basta de tanta impunidad. El miedo de las autoridades es tan grande como su carencia de eficiencia; en este país la protesta social es un crimen, cuando los verdaderos criminales se encuentran ejerciendo el poder en los cargos públicos. ¡Justicia!

Norma Carrillo Aguiar

 

 

Denuncian represión policiaca contra de productores de maíz

El 27 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), recibió información sobre actos violatorios de los derechos humanos en contra de productores de maíz de varios municipios del estado de Chiapas.

Según la información recabada, aproximadamente a las 12:15 horas, en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Comitán de Domínguez, en el tramo conocido como América Libre o Crucero Las Limas, municipio de Chiapa de Corzo, entre 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como otros funcionarios de gobierno, interceptaron e impidieron el paso a una caravana de vehículos de productores de maíz, quienes se dirigían a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para protestar contra el bajo precio de dicho producto.

Se tiene conocimiento que los policías bloquearon el paso a la caravana de agricultores, usaron gases lacrimógenos y helicópteros que sobrevolaban el lugar. Por el operativo se reportan personas lesionadas y detenidas, y hasta el momento se desconoce el número de afectados.

Es importante mencionar que productores de maíz de varios municipios de Chiapas, entre ellos Venustiano Carranza, La Concordia, Nicolás Ruiz, Villacorzo y Villaflores, entre otros, han estado protestando para reclamar un precio justo por la tonelada del producto.

Ante estos hechos, el Frayba considera inaceptable la utilización indiscriminada de la fuerza pública, le preocupa que la represión sea el signo de este gobierno y lamenta que los funcionarios del estado de Chiapas no realicen acciones que ayuden a resolver este conflicto.

Por lo tanto solicitamos al gobierno del estado de Chiapas el cese de la criminalización de la protesta social y que en todo momento se garantice y respete el derecho a la integridad y seguridad personal, así como la libertad de expresión, de reunión, de pensamiento y asociación, y por consiguiente la liberación inmediata de la personas que fueron detenidas de manera arbitraria por la policía y la atención médica de las personas lesionadas.

Le recordamos al gobierno del estado de Chiapas que el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la criminalización de la legítima movilización y protesta social, ya sea a través de la represión directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es incompatible en una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

 

 

Minera Excellon despoja a ejidatarios de Durango

México, estado de Durango; 27 de noviembre de 2013.

A 2 días de la audiencia del caso del ejido La Sierrita contra la minera canadiense Excellon Resources, Inc, integrantes de las fuerzas de seguridad pública detuvieron arbitrariamente a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona y Ricardo Calderón, todos integrantes de la comunidad La Sierrita de Galeana, estado de Durango, y familiares de ejidatarios. Además, 2 días antes detuvieron a Héctor Pacheco, también familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad. Todos, con excepción de los tres últimos mencionados, son también trabajadores integrantes de la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero.

El ejido La Sierrita ha estado luchando por la defensa de su tierra, territorio y bienes naturales frente a la minera Excellon de México, SA de CV, filial de la canadiense Excellon Resources Inc, desde 2004. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC, (Prodesc), una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y promover integralmente casos representativos de violación de los derechos económicos sociales y culturales, ha estado acompañando al ejido en la defensa de sus derechos humanos desde 2007, y a los trabajadores de la mina La Platosa, de Excellon Resources Inc, desde 2010.

El domingo 10 de noviembre, aproximadamente a las 17:30 horas, elementos de la Policía Estatal y de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) llegaron a la comunidad de La Sierrita y detuvieron a los miembros de la comunidad antes señalados. Mediante presión e intimidación, los obligaron a subirse a las camionetas de la policía de Durango sin presentar alguna orden de aprehensión. Los amenazaron diciéndoles que no hicieran ningún escándalo o que les iría mal.

Mientras se encontraban retenidos, los mantuvieron dando vueltas en Bermejillo y Nombre de Dios, dos comunidades cercanas a la comunidad de La Sierrita. Les realizaron preguntas específicas sobre Héctor Pacheco, otro miembro de la comunidad, quien fue detenido el viernes 22 por elementos de la Policía Estatal. La Policía Estatal y la DEI los llevaron a su cuartel localizado en la comunidad de Bermejillo y los mantuvo retenidos por alrededor de 1 hora y media sin que se les explicara el motivo de la detención ni la identificación de los elementos de la Policía Estatal y la DEI.

Por otro lado, el 8 de noviembre, Héctor Pacheco fue detenido al interior de su casa a fuerza de jalones de cabello y empujones. Al subirlo, los elementos de la Policía lo amenazaron diciéndole: “Ahora sí ya te cargó la verga”. Ya en el cuartel de la Policía Estatal en Bermejillo lo interrogaron y le preguntaron a qué se dedicaba, si sabía quién de La Sierrita andaba asaltando, que les dijeran quién tiene armas, que ya sabían que los de La Sierrita eran “desmadrosos”… Lo interrogaron por alrededor de 1 hora y media y posteriormente lo liberaron. Estos hechos ocurrieron a 2 días de la audiencia a realizarse en el Tribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el juicio para la rescisión del contrato de ocupación temporal de 1 mil 100 hectáreas de las tierras de uso común del ejido La sierrita.

Los ejidatarios han sido víctimas de repetidos actos de hostigamiento, y estos actos se han intensificado en los últimos meses debido a la decisión de los y las ejidatarias de rescindir el contrato de ocupación temporal de 1 mil 100 hectáreas en contra de la empresa minera Excellon Resources, Inc, por violaciones e incumplimientos. Asimismo, la presencia del Ejército y la Policía Estatal ha aumentado en el ejido recientemente; por ejemplo, se han percibido vehículos del Ejército estacionados afuera de las viviendas de ciertos ejidatarios, así como patrullas de la Policía Estatal rondando por la comunidad y alumbrando el interior de algunas viviendas con linternas de alta potencia.

Adicionalmente, el clima de hostigamiento e intimidación se ha manifestado contra las y los integrantes de Prodesc durante el último año. Desde julio de 2012 Prodesc ha documentado por lo menos 28 notas difamatorias que descalifican, falsean información y denuestan el trabajo que realiza en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, enfocándose de manera principal en el proceso que Prodesc acompaña y asesora en el estado de Durango en defensa de los derechos a la tierra y medio ambiente del núcleo ejidal La Sierrita. La campaña de difamación se ha intensificado en los últimos meses y la nota más reciente califica a Alejandra Ancheita Pagaza, directora ejecutiva de Prodesc, como la “abogada del diablo”.

Además, desde hace 2 meses se ha detectado un clima de hostigamiento y vigilancia por personas desconocidas afuera de las oficinas. Asimismo, el 19 de octubre fueron allanadas las oficinas de Prodesc, por lo que se presentó una denuncia de hechos.

Consideramos que las detenciones arbitrarias de Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, Ricardo Calderón y Héctor Pacheco, así como los otros actos de intimidación y hostigamiento arriba mencionados, son una consecuencia directa de la lucha legítima en defensa de los derechos humanos del ejido La Sierrita y la Sección 309 frente a la minera canadiense Excellon Resources, Inc. Además, consideramos que estos hechos demuestran la complicidad que existe entre la Policía Estatal de Durango, la DEI y Excellon Resources Inc, y representan un intento de perturbar el desarrollo de la demanda por la rescisión del contrato de ocupación temporal.

Por lo anterior, solicitamos al Estado que:

1. En caso que existan acusaciones en contra de las personas antes señaladas, se retiren de inmediato, ya que estos cargos están motivados únicamente por su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humanos o de sus familiares.

2. Se identifique, investigue y sancione a los responsables de los hechos antes señalados.

3. Se tomen las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los ejidatarios de La Sierrita de Galeana y los integrantes de Prodesc, así como la de sus familiares de acuerdo con sus propios deseos.

4. Se respeten los derechos humanos de los ejidatarios de La Sierrita y los integrantes de Prodesc de manera efectiva y apegada a los más altos estándares internacionales, y sancionen cualquier tipo de ataque o abuso de poder en contra de ellos.

5. El gobierno federal lance una campaña destacando la importancia y legitimidad del trabajo de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en la defensa de derechos laborales y los derechos relacionados a la tierra y territorio.

Red Todos los Derechos para Todas y Todos

Pide difundir contenidos de Contralínea

Excelente artículo el titulado “Centenario de la Revolución”. La tarea es difundirlo para que llegue a muchos compatriotas que han sido víctimas del pobre control cultural de las televisoras.

Juan Manuel Carrillo García

 

 

Cuidado del patrimonio arqueológico es también responsabilidad de ciudadanos

Deseo manifestar mi acuerdo con el reportaje “En riesgo, patrimonio arqueológico de México”. Ese riesgo existe. Para cuidar el patrimonio arqueológico en la zona metropolitana de la Ciudad de México y evitar daños a los que habitan, trabajan y visitan estos sitios, se debe actuar e informar a las autoridades, sobre todo del nivel federal, y enterarlos del peligro (hundimientos, falta de agua, contaminación). Es urgente que ciudadanos informemos de los peligros existentes. Pero es también urgente que las autoridades atiendan las denuncias.

Emilio López Garrido