Amnistía Internacional rinde homenaje a Nelson Mandela, uno de los líderes más visionarios del mundo en la lucha para proteger y promover los derechos humanos.
La muerte de Nelson Mandela no es sólo una pérdida para Sudáfrica. Es una pérdida para las personas de todo el mundo que luchan por la libertad, la justicia y el fin de la discriminación.
Como un líder mundial que se negó a aceptar la injusticia, la valentía de Nelson Mandela ayudó a cambiar nuestro mundo entero. Su muerte deja un enorme vacío, no sólo en Sudáfrica, sino en todo el mundo.
En palabras del secretario general de Amnistía Internacional Salil Shetty: “El compromiso de Nelson Mandela con los derechos humanos se reflejó en toda su vida, desde su determinación inquebrantable para acabar con la desigualdad racial durante el Apartheid, hasta su lucha contra el VIH-sida en Sudáfrica, pasando por su compromiso por la reconciliación nacional en Sudáfrica. La huella de su legado a través de África y del mundo se mantendrá durante generaciones”.
La vida de compromiso político y sacrificio de Nelson Mandela se erige como un ejemplo para millones de personas alrededor del mundo. Su resistencia bajo la presión, su valor y su integridad y su compromiso con la reconciliación y el perdón sobre la venganza y el odio marcaron la vida de Mandela.
“Nadie podía dejar de verse conmovido por esta persona excepcional”, dijo Louis Blom Cooper, quien participó en la fundación de Amnistía Internacional y fue observador en el juicio contra Nelson Mandela y otros líderes antiapartheid, en el que se les acusó de traición en 1961.
“Literalmente, al encararse a Mandela y oírle hablar, uno sentía que estaba ante una persona muy importante que jugaría un papel central en Sudáfrica.
“Su rostro resultaba conmovedor y al hablar con él te hacía sentir que la persona más importante eras tú y no él.”
Tras dejar la Presidencia de Sudáfrica, Nelson Mandela continuó su activismo en defensa de diferentes causas, incluyendo la lucha por los millones de personas que viven con VIH, en particular en África Subsahariana. Continuó mostrando que su pasión por la defensa de la dignidad humana, el derecho a la igualdad y la justicia no se había debilitado con el tiempo.
Su insistencia en mostrar que la crisis causada por el VIH-sida era una crisis de derechos humanos contribuyó a poner sobre la mesa de la agenda mundial la situación de millones de personas que permanecían olvidadas para la comunidad internacional.
En noviembre de 2006, Amnistía Internacional nombró a Nelson Mandela embajador de conciencia, en reconocimiento a su trabajo a lo largo de muchos años contra las violaciones de derechos humanos no sólo en Sudáfrica, sino en todo el mundo.
Al aceptar el premio, Nelson Mandela declaró:
“Al igual que Amnistía Internacional, llevo muchos años luchando en favor de la justicia y de los derechos humanos. Ahora me he retirado de la vida pública. Pero mientras la injusticia y la desigualdad persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros puede descansar realmente. Debemos ser todavía más fuertes […]. Continúo luchando en favor de los derechos humanos.
“Deseo que este premio pueda ayudar a los activistas de todo el mundo a hacer brillar la vela de la esperanza para las personas olvidadas presas de la pobreza. Como la esclavitud y el Apartheid, la pobreza no es un estado natural. Son las personas las que han generado y tolerado la pobreza y son las personas también las que la superarán.
“La superación de la pobreza no es un gesto caritativo. Es un acto de justicia. Es la protección de los derechos humanos fundamentales. En todos los lugares, cada persona tiene derecho a vivir con dignidad, libre del miedo y de la opresión, del hambre y de la sed y de expresarse y asociarse si así lo desea.
“Sin embargo, en este nuevo siglo, millones de personas siguen encarceladas, esclavizadas y encadenadas.”
Durante la ceremonia de reconocimiento, Amnistía Internacional también entregó a Nelson Mandela cinco volúmenes de informes y campañas lanzadas por Amnistía Internacional entre 1961 y 1994 sobre las violaciones de los derechos humanos en Sudáfrica.
Al aceptar el Premio Embajador de Conciencia, Nelson Mandela reconoció la contribución de Amnistía Internacional en la lucha por los derechos humanos y animó a continuar el activismo en defensa de la dignidad humana.
Nelson Mandela fue víctima de la injusticia convertida en sistema de gobierno. Sufrió la discriminación del Apartheid contra la mayor parte de la población de Sudáfrica, fue juzgado y condenado por un sistema basado en el racismo y que le negó el derecho a un juicio justo.
Como señaló Amnistía Internacional en su informe de 1978 sobre la prisión política en Sudáfrica: “Mientras que el Apartheid siga existiendo, no podrá haber ninguna estructura que cumpla con las normas y garantías de respeto a los derechos humanos”.
Nelson Mandela fue un prisionero político. Nelson Mandela entendió cómo la exclusión destruye el tejido social de un país al fomentar políticas de desigualdad. El movimiento de derechos humanos en todo el mundo tiene una gran deuda de gratitud con Mandela, quien contribuyó a inspirar a una generación de personas que dedicaron su vida a la lucha por los derechos humanos.
Amnistía Internacional
Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán; Raúl Godoy Montañez, secretario de Educación de Yucatán; Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública de Yucatán:
Con preocupación hemos tenido conocimiento de actos de su gobierno que ponen en riesgo el ejercicio de derechos ciudadanos y la vigencia plena de los derechos humanos.
Nos referimos a la situación de la maestra de educación indígena Neyda Pat Dzul, despedida después de participar en una reunión nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como a la reacción de su gobierno frente a las manifestaciones que han tenido lugar en Mérida en solidaridad con la maestra y en contra de la así llamada “reforma educativa”.
De acuerdo con información recabada por el Equipo de Derechos Humanos Indignación, AC, el despido de la maestra Neyda Pat Dzul constituye una represalia por su participación en la CNTE.
Nos permitimos expresarle nuestra profunda extrañeza y preocupación por la reacción de su gobierno: el despido de la maestra, el numeroso despliegue policiaco alrededor de las manifestaciones que exigen la reinstalación de la profesora, así como las expresiones de funcionarios de su gobierno que intentan desacreditar a las y los manifestantes. Estos actos constituyen para este equipo situaciones de alarma.
Subrayar que no son de Yucatán las personas que se manifiestan constituye un acto irresponsable, no sólo porque puede generar xenofobia, discriminación e incluso violencia, sino también porque expresa una mentalidad obtusa y antidemocrática que considera que las personas que no son del estado no tienen derecho de manifestarse en esta entidad y que pareciera preludio para justificar una represión.
Con todo respeto le recordamos que el derecho a la manifestación es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el cual no se establecen límites territoriales.
Nos permitimos citarle la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas:
“Artículo 1
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
“Artículo 2
“1. Los estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.”
Le recordamos que es un derecho de toda persona reunirse, organizarse, participar y manifestar sus ideas. Las expresiones contra la reforma educativa son, por supuesto, legítimas, y organizarse para manifestar como maestros su posición es un derecho inalienable.
Reprimir o castigar el ejercicio de un derecho es propio de las tiranías y por supuesto contrario a las democracias. Por si hiciera falta subrayamos que protestar es un derecho, reprimir es un delito.
Respetuosamente le hacemos un llamado a atender el reclamo legítimo de la maestra Neyda Pat Dzul.
Ella ha manifestado reiteradamente que contó con autorización verbal para ausentarse a participar en la reunión nacional a la que acudió y dejó a una suplente. Estos hechos son precisamente los que ponen de manifiesto que el caso se trata de una represalia y no de la consecuencia de una falta atribuible a la maestra.
Le exigimos respetar en todo momento el derecho de manifestación, de reunión y de libre expresión de las ideas, así como los derechos laborales de la profesora Neyda Pat Dzul.
Atentamente,
Red Todos los Derechos para Todas y Todos
El 29 de octubre del presente año fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco jornaleros agrícolas de la Montaña de Guerrero, originarios de San Pedro Acatlán, municipio de Tlapa de Comonfort, y de El Rosario, municipio de Atlamajalcingo del Monte, de la región de la Montaña de Guerrero, quienes se encontraban trabajando en un campo agrícola del municipio de Yurécuaro, Michoacán. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lamenta y condena enérgicamente estos indignantes hechos.
De acuerdo con testimonios de los familiares de las víctimas, el 28 de octubre, alrededor de las 10:00 horas, los jornaleros agrícolas Macedonio Mariano Pacheco, Sergio Mariano Hurtado y Antonino Bravo Parra salieron de su domicilio temporal ubicado en Yurécuaro, Michoacán, donde se encontraban trabajando en el corte de chile poblano. Al percatarse de que no regresaban a su vivienda, sus compañeros de cuadrilla Jorge García Mariano y Alberto Hurtado Gálvez salieron a buscarlos aproximadamente a las 15:00 horas; lamentablemente ellos tampoco volvieron.
El 29 de octubre los familiares acudieron ante el Ministerio Público de Tanhuato, Michoacán, a solicitar la intervención de las autoridades para la búsqueda y localización de los jornaleros desaparecidos. Poco después, los cuerpos sin vida de los cinco jornaleros fueron localizados al interior de dos vehículos en el kilómetro 3 de la carretera La Piedad-Yurécuaro, Michoacán.
Estos hechos trágicos evidencian la situación de vulnerabilidad en que se encuentran miles de familias jornaleras de la Montaña, que se desplazan a los campos agrícolas en busca de trabajo para garantizar su subsistencia. Actualmente, esta condición de indefensión no es sólo consecuencia de las condiciones laborales de semiesclavitud que prevalecen en los campos, sino también de la acción impune de actores no estatales como los vinculados a la delincuencia organizada, que controlan amplias franjas de los territorios rurales donde se sitúan los campos agrícolas.
En México, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) alrededor de 2 millones de personas, en su mayoría indígenas, se emplean en el sector agrícola como jornaleros y jornaleras. De acuerdo con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan, entre 2006 y 2013 más de 49 mil jornaleros y jornaleras agrícolas han migrado desde la Montaña a 16 entidades de la República, donde con frecuencia sus derechos son violados. Se trata, por tanto, de un sector de la población que subsiste al margen de políticas públicas que carecen de un enfoque integral de protección de derechos.
Macedonio, Sergio, Antonino, Jorge y Alberto migraron para buscar empleo en estas condiciones de desprotección. Como miles de indígenas me’phaa de la Montaña Guerrerense que año con año salen a los campos agrícolas, enfrentaron las más adversas condiciones de pobreza y explotación. No bastando con ello, sin razón ni motivo fueron víctimas también de un poder no estatal que, como el de algunos empresarios agrícolas, se sitúa al margen de la sujeción a la ley y del respeto a la vida. Hoy sus muertes evidencian el dramático aumento de las condiciones de vulnerabilidad de la población jornalera, como lo confirmó también el lamentable fallecimiento del señor José Sánchez Carrasco, acaecido en el estado de Sonora.
Ante estos sucesos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan demanda la intervención inmediata de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para realizar las investigaciones correspondientes y para que se garantice la protección a los familiares y compañeros de trabajo de Macedonio Mariano Pacheco, Sergio Mariano Hurtado, Antonino Bravo Parra, Jorge García Mariano y Alberto Hurtado Gálvez.
Asimismo, dado que los asesinatos de estos cinco hombres me’phaa demuestran que en el contexto de violencia que hoy prevalece las y los jornaleros agrícolas enfrentan situaciones de riesgo que requieren de una atención integral, una vez más exigimos a las instancias del orden federal como la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que ejerciten a cabalidad sus facultades para inspeccionar y vigilar estrechamente las condiciones de vida y trabajo que subsisten en los campos agrícolas, a efecto de evitar que se repitan hechos como los que hoy lamentamos.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
A 2 años de la agresión en Banavil, Chiapas, continúa el desplazamiento y la desaparición forzada, falta de acceso a la justicia y poco avance en el esclarecimiento de lo ocurrido.
A 2 años de la agresión armada, ocurrida en Banavil, Tenejapa, perpetrada por parte de un grupo de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dio como resultado muerte, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado, la situación continúa sin resolverse.
Las cuatro familias (14 personas) simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) siguen desplazadas forzadamente y se encuentran en condiciones inhumanas en San Cristóbal de Las Casas: cinco mujeres, dos hombres, seis niñas y un niño viven en hacinamiento, insalubridad, sin el acceso a servicio médico, suministro de agua potable y expuestos a la intemperie, por lo que más de una vez se han registrado brotes de enfermedad.
Por la situación, desde hace más de 1 año, se inició el Acta administrativa 460/1N7A-T1/2012, radicada en la Fiscalía de Justicia Indígena por el delito de despojo, pero nunca, hasta la fecha, se le ha dado trámite. En el ámbito jurídico los avances han sido insuficientes, las investigaciones no se dieron de manera imparcial, seria, exhaustiva y de los expedientes creados (78/2012 y 42/2011), en los que se giraron 13 órdenes de aprehensión, entre ellas por la desaparición forzada de Alonso López Luna, ninguna ha sido ejecutada.
Paradójicamente se acusa a las víctimas de las agresiones en el expediente 77/2011, donde hay órdenes de aprehensión en contra de Alonso López Luna, actualmente desaparecido, Pedro y Antonio López Girón, todos simpatizantes del EZLN.
Por lo anteriormente expuesto, este Centro de Derechos Humanos considera que se siguen violando los derechos a la integridad y seguridad personal; debido proceso y garantías judiciales; libertad de tránsito y residencia; educación, salud, vivienda adecuada entre otros, todos incluidos en instrumentos internacionales promovidos, firmados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que exigimos:
1. Se den las condiciones y se propicie el pronto retorno de las cuatro familias desplazadas forzadamente que a la fecha viven en condiciones inhumanas en San Cristóbal de Las Casas.
2. La ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de las 13 personas acusadas de la desaparición forzada de Alonso López Luna y por las lesiones a Lorenzo López Girón.
3. La cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Alonso López Luna, actualmente desaparecido forzadamente; Pedro y Antonio López Girón, simpatizantes del EZLN y víctimas de la agresión armada del 4 de diciembre de 2011.
4. Se dé con el paradero del señor Alonso López Luna, desaparecido forzadamente el 4 de diciembre de 2013.
Antecedentes:
El 4 de diciembre de 2011, en Banavil, Tenejapa, Chiapas, un grupo de integrantes del PRI agredió con armas de fuego a cuatro familias simpatizantes del EZLN.
El ataque tuvo como resultado la muerte del señor Pedro Méndez López; la desaparición forzada del señor Alonso López Luna y el desplazamiento forzado de cuatro familias hostigadas por ser simpatizantes zapatistas; la detención del señor Lorenzo López Girón, quien fue herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas; y la detención arbitraria del señor Francisco Santiz López, Base de Apoyo del EZLN (BAEZLN), que se encontraba en un lugar distinto al momento de los hechos. En el evento se registraron lesiones a seis personas más.
El 23 de diciembre de 2011, en el ejido Mercedes, que colinda con Banavil, se encontró un brazo, que la familia asegura pertenecía a Alonso López Luna, ya que identificaron una cicatriz en uno de los dedos. El 26 y 28 de diciembre, en el lugar del hallazgo, acudieron policías estatales, el ministerio público y el juez municipal para buscar el cuerpo sin encontrarlo. La familia de Alonso denuncia que no se realizó una búsqueda adecuada.
El 23 de marzo de 2012, después de casi 4 meses, fue puesto en libertad Lorenzo López Girón; y el 25 de enero de 2013, después de 1 año y más de 1 mes, el BAEZLN Francisco Santiz López.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Representantes legales y familiares de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrados en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, luego de más de 1 año de revisar parte del expediente de la desaparición forzada de ambos luchadores y constatar que no hay avances en la investigación, decidimos interponer una nueva demanda de amparo en contra de instancias que durante más de 6 años no han sido investigadas y tampoco han brindado informes sobre el paradero de nuestros familiares.
Por investigaciones realizadas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 07/2009 se ha podido determinar que en la desaparición de nuestros familiares estuvieron implicados elementos del Ejército y de la policía del estado de Oaxaca, sin embargo, éstas han sido protegidas en diversas ocasiones al no querer someterlas a averiguación, ni tampoco a brindar informes sobre las investigaciones que éstas han realizado en torno a los hechos que motivaron la detención y posterior desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz.
Ante esta situación, el pasado 24 de septiembre, se interpuso una nueva demanda de amparo en el que se señalan a nuevas instancias como son: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el procurador general de la República, la División de Investigación de la Policía Federal, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, el procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, entre otros, para que rindan informes a la brevedad sobre las acciones que han realizado, si es que han realizado alguna, para esclarecer los hechos y dar con el paradero de nuestros familiares, ya que en las diversas actuaciones que se encuentran hasta el momento en el expediente no se han practicado investigaciones al Ejército y otras autoridades que son señaladas en este amparo.
Desde hace mas de 6 años el Estado mexicano ha incrementado sus políticas de represión y criminalización de la lucha popular, y en este contexto existen miles de casos de desapariciones forzadas que se han cometido y que siguen en la impunidad, con lo que se evidencia que el Estado ha cometido esta práctica de manera sistemática y que poco le importa investigar el paradero de los desaparecidos, cuanto más si se trata de dos luchadores sociales como Edmundo y Gabriel, que fueron desaparecidos por cuestiones políticas. Hecho que evidencia la persecución y criminalización que existe en nuestro país en contra de los disidentes sociales que luchan por cambiar las condiciones de vida del pueblo.
El caso de nuestros familiares es sólo una muestra más de la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos que se vive en nuestro país, al cual el Estado no le interesa resolver a pesar de que cuenta con una recomendación por parte de la CNDH, en la que se demuestra la participación de diversos cuerpos policiacos en la desaparición de nuestros familiares, y al contrario, ha tratado de proteger a todos los implicados en los hechos, apostando al desgaste de los familiares y organizaciones solidarias para mantener el caso en el olvido.
Sin embargo, los familiares, abogados y organizaciones solidarias continuaremos realizando todas las actividades que sean necesarias hasta encontrar con vida a nuestros seres queridos, saber la verdad y obtener justicia. Así como también continuaremos realizando actividades de denuncia y sensibilización en contra de este aberrante crimen que ha dejado a miles de familias en la angustia.
En lo que va del periodo de Peña Nieto se han cometido más de 14 casos de desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, hechos que se siguen cometiendo dada la impunidad que ha prevalecido en todos los casos.
Por ello exigimos a dichas autoridades rindan informes a la brevedad como una muestra de voluntad política y de demostrar en los hechos que se quiere avanzar en el esclarecimiento de la desaparición forzada de nuestros familiares y de respeto en general de los derechos humanos. Así como también que se cumpla con las recomendaciones que instancias internacionales ya han realizado en diversas ocasiones en contra del Estado en materia de desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos.
Asimismo, demandamos al Estado una investigación efectiva, la determinación de responsabilidades en contra de los responsables tanto materiales como intelectuales y del lugar o paradero de nuestros familiares.
Atentamente,
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país! ¡Juicio y castigo a los responsables!
Representantes legales: licenciado Leonel Rivero y licenciado Sandino Rivero Espinoza; por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos: Margarita Cruz Sánchez, Nadin Reyes Maldonado, Lucina Maldonado Castellanos.
En nuestro país, día a día se cometen múltiples atropellos en contra de la población. Nuestra ciudad no es la excepción a pesar del discurso oficial que asevera que hay más y mejores oportunidades de trabajo, que hay más posibilidades de estudiar para los jóvenes, que no hay violencia ni inseguridad en nuestras calles, que la policía está preparada para protegernos, que las leyes se aplican sin distinción de raza, sexo o clase social… La realidad es otra: casi 3 millones de desempleados en el país y el 10 por ciento de ellos en el Distrito Federal, la mayoría jóvenes, mientras las concesiones a empresas trasnacionales para la explotación del suelo y el subsuelo nacional se multiplican, al igual que las maquiladoras, aunque sus ganancias se basen en las condiciones deplorables para los trabajadores; más de 80 mil muertos y 22 mil desaparecidos en este simulacro de combate a la delincuencia organizada. Las cárceles están sobrepobladas por gente humilde y de bajos recursos, el 70 por ciento acusada de robo simple, sin la oportunidad de alcanzar la libertad “gracias” a la política de tolerancia cero impuesta por las grandes cadenas de supermercados, mientras los defraudadores, los llamados ladrones de cuello blanco, gozan de impunidad, y a algunos como Raúl Salinas se les exonera y les son devueltos sus mal habidos bienes; la persecución y criminalización a todos aquellos que piensan y visten distinto, a aquellos que han decidido manifestarse, no aceptar y mucho menos acatar las deplorables políticas oficiales, ni el desprecio, la represión, el despojo y que han dejado de creer en las promesas hechas en tiempos electorales, que sólo quedan en palabra y nunca serán cumplidas.
Es por eso que informamos al pueblo en general del plan de acción que como organizaciones independientes hemos llevado a cabo con movilizaciones a las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco y los cierres realizados el 27 de noviembre pasado, acciones que contaron con la participación de organizaciones de comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, vagoneros, cooperativas de vivienda, grupos culturales, rutas de transporte, la mayor parte de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS); además de compañeros y organizaciones solidarias. Todos cansados de la indiferencia gubernamental ante los problemas antes descritos, ante la creciente inseguridad, ante la violencia ejercida en contra de la población en general.
Las acciones del 27 de noviembre pasado dieron inicio a las 8:00 horas en distintos puntos de tres delegaciones: Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco; se realizaron 13 bloqueos en las principales vialidades de estas demarcaciones haciendo uso de nuestro derecho a manifestarnos, de levantar la voz, de demandar en las calles como única opción para ser escuchados, para ser vistos, para exigir acciones concretas y efectivas contra la delincuencia y no contra los comerciantes que únicamente buscan una forma de subsistencia, y no contra los jóvenes, y no contra las organizaciones sociales.
En ese sentido denunciamos que, a pesar del discurso mediático del gobierno del Distrito Federal, esta ciudad, como el país mismo, está sitiada por la violencia, la represión, las injusticias, el despojo y la muerte. Un ejemplo de esto sucedió el pasado 7 de noviembre de 2013, cuando el Frente Popular Francisco Villa Independiente-Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente (FPFVI-UNOPII) sufrió un ataque cometido por un grupo armado, en presencia de, y protegidos por, las mismas autoridades. Este grupo utilizó la violencia desmedida en contra de los pocos compañeros y compañeras que se encontraban de guardia, y con armas de alto poder en las manos invadieron un predio propiedad de la organización. Dicho predio está ubicado en la delegación Tláhuac, colonia Miguel Hidalgo, en la calle de Francisco Landino 4-b, casi esquina con Guillermo Prieto.
Exigimos que estos hechos sean esclarecidos, que el gobierno de la ciudad explique la presencia de la fuerza pública protegiendo a los agresores. Que el Partido de la Revolución Democrática aclare la presencia de militantes de su partido dirigiendo las operaciones de este grupo paramilitar. Que la delegada de Tláhuac, Angelina Méndez, más allá de su incapacidad para gobernar, explique su criminal silencio.
¡Solución a las demandas! ¡Alto al hostigamiento en contra del FPFVI-UNOPII y del movimiento social! ¡No a la criminalización de la protesta social!
Frente Popular Francisco Villa Independiente-Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente; Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales
No soy empresario, agricultor o miembro de algún partido político, sino una simple ciudadana a quien el ensayo “Dan la puntilla al sector agropecuario” le parece sumamente interesante. Es un texto profundo que analizada perfectamente la realidad del sector. Sería bueno que los dirigentes en el gobierno aprendieran y se abocaran a dirigir correctamente este rubro. Agradecida por sus publicaciones, les reitero mi reconocimiento.
Natividad Bolaños
Es indignante saber lo que ocurre en contra de los campesinos y la soberanía alimentaria de México. Lo que demuestra el reportaje “El cártel del agro” es detestable, deleznable, una franca guerra contra la pobreza; es un golpe al Estado, a la soberanía; es el claro ejemplo de que las teorías conspiratorias han pasado a ser una realidad. Se debe hacer ya un frente común consumidores-productores.
Jorge Arias
Felicitan por cartón
Es increíble cómo el autor del cartón “Una tras otras” proyecta toda una realidad en el país así como la desesperación y angustia del pueblo. Es excelente. Felicidades a Contralínea por tener en sus filas a personas con formidable talento y valentía.
María Elvira Calva Oviedo
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