La toma presidencial del 1 de diciembre de 2012 tuvo como marco la manifestación en las calles de gente organizada y espontánea, en su mayoría jóvenes, así como un operativo conjunto llamado Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal (SSPDF) y el Estado Mayor Presidencial. La operación estuvo al mando de Manuel Mondragón y Kalb, quien era Secretario de Seguridad Pública capitalina; y, como mando único, Darío Chacón Montejo, subsecretario de Operación Policial de la SSPDF (5 mil 172 policías fueron convocados para mantener la paz pública, entre elementos de la Policía de Investigación del Distrito Federal, fuerzas del Estado Mayor Presidencial y Policía Federal).
Este operativo tuvo como resultado la detención arbitraria, tortura, encarcelamiento y presentación ante los medios de comunicación como delincuentes a jóvenes que se manifestaban pacíficamente. Se detuvo a 99 personas, entre ellas 12 adolescentes. Se usaron aparatos que dan descargas eléctricas, toletes, gas pimienta y pistolas de balas de goma. Juan Francisco Kuykendall recibió un impacto de un explosivo en la cabeza, resultando de ello una fractura de cráneo que lo mantiene en cama y con secuelas graves. Son varios los testimonios que dan cuenta de que fue un grupo de jóvenes el que provocó disturbios en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, que era protegido por policías, mientras se llevaban a cabo detenciones de personas que se manifestaban pacíficamente.
La inconformidad por la imposición de Enrique Peña Nieto y el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder hizo que la población civil saliera en una marcha pacífica a las calles del Distrito Federal, encontrándose con lo más duro del régimen priísta: la represión en contra de aquellos que se oponen a un régimen totalitario y opresor.
La respuesta del gobierno capitalino para investigar estos hechos, sancionar a los responsables, brindar atención médica, sicológica y jurídica, así como sobre estos hechos de represión en contra de la población civil de esta ciudad ha sido de absoluta impunidad. A pesar de que la recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 7/2013 fue aceptada en su totalidad por Miguel Ángel Mancera, no hay avances y sí omisiones, sobre todo para sancionar a mandos policiacos que dieron las órdenes para actuar en este operativo. Desde ese momento se ha legislado para criminalizar a los jóvenes que se manifiestan. Ejemplos de ello es el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, Acuerdo 16/2013, instrumento que autoriza a la policía capitalina el uso de armas de fuego, “disuadir” una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad” (policía vestida de civil o parapolicía), dejando a juicio de los mandos policiacos la decisión de golpear a los manifestantes (www.proceso.com.mx/?p=355927&utm_source=hoy+en+dh&utm_campaign=1067eff805-Monitoreo_del_30_de_agosto_de_20134_1_2013&utm_medium=email&utm_ term=0_58473853f8-1067eff805-36084941); endurecimiento de las penas para quienes ataquen a la policía, pero nada de las penas en contra de los servidores públicos que detienen, torturan encarcelan a jóvenes (www.animalpolitico.com/2013/11/senadores-proponen-marchas-con-previo-aviso-y-sin-injurias/#axzz2l6UTzJls); la creación de un grupo de choque que ha operado en las diversas manifestaciones de jóvenes usado para justificar el uso de armas y fuerza policiaca (www.sinembargo.mx/11-11-2013/807984).
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad documentó y dio atención sicológica a siete personas (dos mujeres y cinco hombres) que fueron detenidos arbitrariamente, torturados y encarcelados el 1 de diciembre. Estas siete personas se encontraban caminando junto a la marcha, tomando fotografías, grabando lo que sucedía o defendiendo a los jóvenes que estaban siendo golpeados, teniendo como castigo la misma respuesta que intentaban denunciar.
Partimos de que la práctica sistemática de la tortura impacta a nivel familiar y comunitario. Su objetivo es intimidar, crear desconfianza, generar inseguridad, en quien la recibe y en quien la observa. Sin embargo, en estas siete personas el efecto fue contrario: buscaron espacio y formas de seguir denunciando estos hechos en busca de justicia.
Los métodos de tortura usados en las detenciones y traslados en la Agencia 50 y en los reclusorios son:
Golpes en diversas partes del cuerpo; golpes con diversos objetos (toletes, escudos, piedras); posiciones forzadas prolongadas; esposados por detrás; toques eléctricos con un bastón; desnudarlos para revisarlos; privación de estímulos sensoriales; privación de necesidades fisiológicas; privación de contacto social: estuvieron incomunicados por varias horas; amenazas de posibles torturas, de encarcelamiento, de desaparecerlos; insultos; humillaciones; tirarlos al suelo; presenciar la tortura de otros; música prolongada para evitar que escucharan lo que otros decían; amontonamiento y aplastamiento.
Estos hechos generan un impacto sicológico en quien vive la tortura, tiene significados diferentes en los cuerpos individuales y colectivos, según sea su edad, su género, su lugar de origen, si milita o no en algún movimiento social, elementos culturales, sociales y políticos, todo ello define la forma en que las personas afrontaran el hecho y la forma en que los impacta.
El impacto sicológico de estos hechos se expresó en estas siete personas en: recuerdos y sueños recurrentes de los hechos; malestar sicológico y físico al exponerse a estímulos que recuerdan el hecho; esfuerzo por evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones que refieran el momento de detención; dificultades para conciliar el sueño; sensación de futuro limitado; irritabilidad; dificultades para concentrarse; hipervigilancia; respuestas de sobresalto exageradas; falta de interés en actividades significativas; sentimientos de culpa y tristeza; fatiga, ansiedad, inquietud y dolores corporales. Todos estos síntomas son respuestas normales que tienen el cuerpo y la mente para hacer frente a la tortura.
El tratamiento sicológico que se brinda es en respuesta a los hechos de detención, tortura, encarcelamiento y procesos en libertad. El objetivo es colocar el impacto sicológico de estos hechos en un marco sicosocial y político que permita a las personas que lo vivieron contextualizarlos y despatologizar lo que sienten y piensan sobre ellos mismos con relación a lo ocurrido.
Como sicólogos y médicos mantenemos una postura profesional, ética, política clara y abierta, en constante autocrítica que reconoce la humanidad y la dignidad (nuestra y del otro) que acompañe y posibilite la reconstrucción de la identidad del sobreviviente de tortura, de tal manera que le sea posible integrar la experiencia en su historia de vida.
Señalamos el derecho de los sobrevivientes de tortura del 1 de diciembre y sus familias a recibir atención médica y sicológica como parte de la reparación del daño que el Estado mexicano estaría obligado a darles. México firmó y ratificó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 14 enfatiza la obligación del Estado para dar rehabilitación integral a las víctimas de actos de tortura. Para llegar a este punto, el Estado –en este caso las autoridades de la Ciudad de México– tendría que aceptar que han privilegiado la tortura como método de investigación para crear culpables o desacreditar movimientos sociales; estaría obligado a sancionar a los responsables y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. De nuevo sabemos que en esta ciudad se privilegia la impunidad y la tortura dirigida este año en contra de movimientos sociales, en particular de jóvenes, que son criminalizados como vándalos por las autoridades y de escarnio público por los medios de comunicación.
Sicóloga Edith Escareño
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
En el marco del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red Tdt), manifestamos nuestra preocupación por la aguda crisis que, en materia de derechos humanos, vivimos en nuestro país. En el informe conjunto de las organizaciones de derechos humanos al Consejo de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal de México, señalamos la persistente impunidad vivida a nivel nacional, resultado de la debilidad del sistema de procuración y administración de justicia.
La grave crisis de seguridad ha dejado como consecuencia las más de 100 mil personas muertas a causa de la “guerra” o combate a la delincuencia organizada, los miles de desplazados que ésta ha generado, las aproximadamente 28 mil personas desaparecidas y el reconocimiento de que en el país hay un secuestro cada 5 minutos. Así señalamos con gran preocupación el vacío de gobernabilidad y una ausencia indignante del estado de derecho.
Las organizaciones integrantes de la Red Tdt continuamos documentando graves violaciones a los derechos humanos contra la mayoría de las y los ciudadanos, todas ellas orientadas al control social e incluso al exterminio, las cuales se sintomatizan en los siguientes puntos:
• Las reiteradas y sistemáticas agresiones a los pueblos indígenas y sus territorios mediante la imposición de megaproyectos.
• La grave situación de la violencia contra las mujeres, específicamente el feminicidio, la violencia sexual y las desapariciones de mujeres y niñas ante la incapacidad del gobierno mexicano de construir acciones preventivas.
• Las violaciones a los derechos humanos y graves abusos en contra de la población migrante.
• El incremento en las agresiones hacia defensoras y defensores de derechos humanos, así como a periodistas.
• Incremento de la de mortalidad materna y alza en infecciones de transmisión sexual, ante la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
A esta grave situación se une el retroceso en materia legislativa en temas fundamentales para todos los habitantes del país. A lo largo de este año hemos visto cómo continúa la imposición de leyes sin una consulta y diálogo con la sociedad civil. Expresamos especial preocupación por los siguientes puntos:
• La creación de marcos normativos que pretenden criminalizar la protesta social.
• La reforma educativa sólo como instrumento de control sindical en deterioro de derechos laborales del magisterio.
• Una reforma energética que amenaza el agua, el ambiente y a la población, en un franco despojo de bienes comunes, servicios y territorios.
• El grave deterioro de los derechos laborales, ante reformas legislativas que no velan por los derechos de las y los trabajadores.
Los avances legislativos, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se contrarrestan con la crítica realidad en los estados, donde llevamos a cabo nuestro trabajo las organizaciones de la Red Tdt. De esta manera se expresa la incapacidad del Estado de empatar los avances legislativos con una realidad marcada por la falta de políticas de prevención de la violencia y combate a la pobreza, la negligencia e incapacidad del Estado de dar respuesta al incremento de violaciones de derechos humanos, y la colusión de elementos del Estado con perpetradores no estatales; fortaleciendo así la impunidad.
México, en la arena internacional, ha sido un encomiable actor promotor de los derechos humanos, no así en el ámbito nacional. Aún no se han logrado las transformaciones sustanciales para generar los cambios estructurales necesarios y así avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estamos seguros de que esta es una oportunidad para México de abrir una seria revisión retomando las recomendaciones que le han sido formuladas por los diversos mecanismos de derechos humanos, incluidas las generadas a través del reciente Examen Periódico Universal. Ante este contexto exhortamos a las instancias gubernamentales, tanto federales como estatales, a integrar en las acciones lo que puede aparecer en los discursos retóricos.
En el Día de los Derechos Humanos las y los defensores que integramos esta Red Tdt reafirmamos nuestro compromiso y nos pronunciamos porque México lleve a cabo las acciones necesarias para el fortalecimiento del estado de derecho, en donde se garantice el disfrute de todos los derechos enlistados en la Declaración Universal y en donde se detenga el retroceso hacia el cual hemos ido avanzando. Las organizaciones que conformamos la Red Tdt seguiremos documentando y denunciando la grave situación en materia de derechos humanos como lo hemos hecho por más de 20 años. Así, incansablemente, día a día seguiremos construyendo alternativas para otro México posible.
Atentamente:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana)
El reconocimiento de los derechos humanos a nivel mundial ha sido producto de la lucha histórica de los pueblos en la búsqueda de justicia y en contra de la opresión política: luchas de independencia, insurgencia y resistencia popular; las revoluciones del siglo XX; la confrontación entre los dos modos de producción existentes en el mundo, definidos por el campo socialista y el bloque capitalista en los tiempos de la Guerra Fría; las luchas contra la dominación colonialista y neocolonialista son muestra de ello.
De igual forma, la existencia de instituciones y organismos de derechos humanos oficiales y no gubernamentales, respectivamente, son el reconocimiento implícito y explícito de la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el mundo.
Afirmamos que las violaciones a los derechos humanos serán permanentes y persistentes en tanto continúen en el poder gobiernos que no respeten ni su propio “estado de derecho”, lema que ellos mismos han difundido como su máxima de justicia.
Violar los derechos humanos es característica inherente de los Estados burgueses. Dicha afrenta contra la humanidad lesiona todos los ámbitos de la vida de las sociedades al tener, como esencia, el obtener la máxima plusvalía por medio de la explotación y opresión de la fuerza de trabajo de millones de trabajadores de la ciudad y el campo.
Para esto el capitalismo ha requerido hacer modificaciones al marco jurídico constitucional que consiste en favorecer con impunidad los excesos del imperialismo en detrimento de los pueblos, como es la criminalización de la pobreza, protesta y lucha popular; modificaciones autoritarias de los Estados capitalistas que sirven como el instrumento que legaliza la represión, opresión política y la práctica sistemática de crímenes de lesa humanidad, como también institucionalizar las medidas de control social, la entrega de los recursos y riquezas naturales a la iniciativa privada nacional y extranjera, que son tenencia inalienable del pueblo mexicano.
Las violaciones a los derechos humanos son consecuencia y una condicionante para la sobrevivencia del sistema capitalista. Violencia, corrupción, nepotismo y, en general, el deterioro social es en la práctica un reflejo de la descomposición gubernamental.
Por ello el Estado mexicano pretende acotar la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos promoviendo la falsa idea de la imparcialidad, del carácter mediador, pacifista de los mismos, con el claro objetivo de mediatizar la lucha de mujeres, hombres y organismos no gubernamentales que se organizan para el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales. Como si el carácter de víctima de violación a derechos humanos no nos pusiera ante el poder del Estado mismo.
En el contexto nacional, el ejercicio de los derechos constitucionales resulta de la trayectoria de lucha del pueblo. Desde la Constitución de 1857 hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sus contenidos fueron la manifestación del sentir popular, un sentir promulgado en ley a partir de procesos revolucionarios; sin embargo, hoy día, las modificaciones impuestas, que suman más de 500, son la evidencia de que el derecho se ha desfigurado en perjuicio de las mayorías y configurado en beneficio de las minorías; por lo tanto, la necesidad de plantearse la defensa de los derechos humanos pasa también por la exigencia de resarcir los derechos constitucionales hoy transgredidos por el Estado y sus administraciones en turno.
En este sentido, los derechos humanos se encuentran íntimamente vinculados con la necesidad de un Estado y gobierno democrático que represente por vía de los hechos las aspiraciones de vida digna del pueblo mexicano. Por ello, la continuidad de la lucha que damos los colectivos de derechos humanos que nos conformamos como Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos significa también contribuir a la democratización de la vida política del país, que suprima la explotación del hombre por el hombre y privilegie la distribución equitativa de la riqueza, garantizando la imparcialidad de la justicia, entendida ésta de acuerdo con los postulados internacionales en materia de derechos humanos con el concepto de propersona, asumiendo como alternativa viable, necesaria e impostergable plantearnos un proyecto político de nación que represente esa aspiración y que para nosotros es el socialismo.
Aunque el gobierno difunde la igualdad de la justicia, en los hechos o en la práctica la mayoría de las víctimas de violaciones a derechos humanos se encuentran sujetas a su condición de pobreza o miseria, factor económico que impide dar continuidad a sus propios casos. Esta situación tiene como implicación que los violadores de los derechos humanos se mantengan en la impunidad con la complicidad del propio Estado.
Es en este contexto que surge la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, esfuerzo de coordinación que aglutina a defensoras y defensores de estos derechos surgidos ante la necesidad de enfrentar los abusos y atropellos del Estado. Por lo que convocamos a las fuerzas democráticas y progresistas, a los intelectuales, académicos, profesionales de la comunicación, estudiantes, amas de casa, campesinos, obreros, indígenas, padres de familia, a defensores de derechos sexuales y reproductivos a sumarse para fortalecer esta iniciativa y no permitir más violaciones a las garantías constitucionales y pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el gobierno de México.
¡Unidos por la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales!
¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales!
¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país!
¡No a la criminalización de la pobreza, protesta y lucha popular!
Atentamente,
Unidos y organizados a ejercer y defender los derechos humanos, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
Los electricistas de la resistencia continúan luchando hasta la victoria, y siguen construyendo el futuro hasta volver a obtener su empleo, pero con un contrato colectivo que han ganado honestamente con trabajo, lucha y dignidad; siempre en defensa del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas y su lema: “por el derecho y la justicia del trabajador”. Mientras que otros se conforman con las migajas que les arrojan, los esmeitas les demuestran a todos que es posible un mundo mejor.
Abran paso, pues, a los combatientes; que los conformitas se queden observando y los más valientes y decididos se unan al contingente. Ahora más que nunca se lucha por las mejores causas: justicia, patrimonio energético, petróleo y electricidad entre otras, Pemex [Petróleos Mexicanos], la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Pero más aún por eso llamamos patria, donde cabemos todos, hasta los que mal gobiernan y se creen dueños del país, de ésos que no llegan ni al 1 por ciento.
Los restantes somos nosotros, la mayoría, los que sacamos verdaderamente al país adelante, aunque muchas veces la minoría que tiene el poder y el dinero lo detiene y lo cambia de rumbo según sus intereses. Como que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de la fuerza que tenemos para caminar en la misma dirección, en el mismo sentido, como vectores que den como resultante el progreso y el bienestar. Los electricistas hemos superado los 1 mil 500 días de lucha y resistencia, más lo que falte hasta alcanzar la victoria. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!
Martín Juárez Vique
Realmente estoy triste por la manera en que se han dado las cosas luego del desastre ambiental en Guerrero. Al mismo tiempo me siento muy enojada porque no es posible que, a más de 3 meses, no se nos brinde ayuda, ni por parte de la Secretaría de Desarrollo Social ni por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Me gustaría saber qué más se puede hacer, además de filas largas, malas caras y contestaciones de las personas que están detrás de los escritorios. Sé que lo oyen mucho, pero, por favor, es necesaria la ayuda para poder arreglar nuestras viviendas. ¡Gracias!
Lucía Zepeda
Felicito por el reportaje “Trasnacionales, dueñas de los alimentos ‘mexicanos’”. Es importante informarse, pero también es inquietante saber que la mayoría de los mexicanos no lo están. Durante años he tratado de no comprar productos trasnacionales, pero me gustaría recibir mayor información y algunas alternativas de consumo; además de difusión para mis conciudadanos. Saludos.
Huberto Fernández Illescas
Agradezco todo tipo de información como la publicada en el reportaje “México, endeudado por Redd+”. La desforestación que padece nuestro país es lapidaria. Acabar con los talamontañas “institucionales” sería lo óptimo.
Jesús de la Rosa Cruz
Gracias por la información publicada en el reportaje “Mariano Abarca, lucha inacabable”: es sumamente importante que despertemos las conciencias de nuestro pueblo. Y con artículos como éste se puede lograr, ya que los que no conocemos cómo operan las mineras trasnacionales, por esa misma ignorancia, pasamos desapercibido el daño que le hacen a los ecosistemas de nuestra nación.
Jorge Ortega
Señor director:
He leído con detenimiento su artículo “Hacienda descubre operaciones financieras sospechosas de Emilio Chuayffet”. Es muy interesante saber todo esto, pero más que saber, me gustaría enterarme qué se hace contra esas personas que se han enriquecido con el dinero del pueblo, porque es muy lamentable que mientras unos roban con la ley de su parte, otros luchan por tener algo a través de su trabajo, y son precisamente aquéllas personas quienes deberían estar en el ojo de la observación y ejecución de la ley, quienes atentan contra los que menos tienen (maestros, por ejemplo) y la ley los ampara. Éste es uno, pero existen más que se les conoce como viles rateros y no se hace nada, por ejemplo Mancera, Herrera, Ulises Ruiz…
Nelly Pérez Gutiérrez
Los hechos de corrupción señalados en el reportaje “Fraude en Plaza México: complicidad de autoridades” son un cáncer que se tiene que corregir. Hace años, en la porra de ingenieros, pitábamos los toros que salían sin presencia, pero las nuevas generaciones se dejan llevar por la moda. Saludos.
Sergio Sánchez Villanueva
Es un excelente artículo “La reforma educativa: ‘estandarte’ del peñismo”. Nos permite tener una visión más clara de lo que es la tan mencionada y distorsionada información referente a la reforma educativa.
Isela Amaya
Contralínea 365 / 16 – 22 de diciembre de 2013
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