Licenciado Juan Silva Meza, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; honorable Cámara de Senadores; honorable Congreso de la Unión; Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas:
Señor ministro presidente, por este medio le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que desde hace 1 año y 6 meses estoy recluido en este Centro de Readaptación Social 14 El Amate por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Somos tres personas las acusadas por el mismo delito; sin embargo, el ofendido nunca perdió el conocimiento, declaró en ese momento y al mismo tiempo fuimos detenidos. De los tres detenidos, dos salimos negativos en la prueba de pólvora y el tercero resultó positivo. Hago hincapié en que fui uno de los que resultamos negativos en esta prueba.
El ofendido, en su primera declaración, señala a las otras dos personas, no a mí; fuimos detenidos los tres, y yo fui torturado casi al grado de la muerte por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada y posteriormente estafado por un abogado que, lejos de ayudarme, me hundió más.
A usted, como conocedor e impartidor de justicia, ¿no le resultaría extraño que me declare culpable cuando no fui señalado por el ofendido, salgo negativo en la prueba de la pólvora, y las otras dos personas sí fueron señaladas por el ofendido y uno de ellos resultó positivo en la prueba de la pólvora?
Por lo anterior, señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le pido de la manera más atenta intervenga, ya que tuve dos careos a los cuales nunca se presentó el ofendido, por lo que hubo un tercer careo al que debieron presentar al ofendido por medio de la fuerza pública (con fecha 23 de octubre), y de la misma manera no se presentó. Así, aplazaron el careo al 14 de noviembre, ya que no habían notificado al ofendido. En esa fecha tampoco se presentó, porque cuando el notificador se presentaba, el ofendido negaba que fuera él, ¡y ahora reconoce que sí era! ¿Qué está pasando? Pareciera que el ofendido se está burlando de todas las partes, y el juez del Juzgado Primero Común [sic], con sede en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 14 El Amate, no hace nada al respecto. Simplemente sigue aplazando las fechas de estos careos y el notificador no notifica al ofendido.
Por otra parte, cabe señalar que mi primer abogado me dijo que de parte del juez del Juzgado Primero Común, con sede en el Cereso 14 El Amate, había que pagar 150 mil pesos para mi liberación, dinero que no le di, y cambié de abogado; el segundo abogado dijo que, de parte del juez del mismo Juzgado, quería la cantidad de 75 mil pesos.
Un tal licenciado Alberto, del Juzgado Primero Común, me mandó llamar, y con una gran sonrisa en el rostro me dijo que no tenía nada que hacer en ese lugar, que hablara con mi abogado para que “metiera los papeles que él ya sabía” para que saliera libre.
Mi sorpresa fue cuando hablé con mi hermana cuestionando cómo era posible que en el Juzgado me dijeran lo que tenía que hacer y no mi abogado. La respuesta fue que los “papeles” de los que hablaba este licenciado Alberto, del Juzgado Primero Común, eran los 75 mil pesos.
Ahora bien, resulta que este licenciado Alberto es el notificador que no ha notificado al ofendido. Así que al momento llevo tres careos sin que éste se presente.
Todo esto en 18 largos meses. Y, con tantas irregularidades, temo por mi integridad.
Así como mi caso, se podrá imaginar que hay muchos otros casos con injusticias que se pasan por alto, comercializando como ganado a las personas inocentes.
Mucho agradeceré su valiosa intervención. De antemano agradezco su fineza y amable atención.
Sin más por el momento quedo de usted,
Sergio Domínguez, preso injustamente
Cereso 14 El Amate, Área conyugal C-4
A la sociedad oaxaqueña, al ciudadano gobernador de Oaxaca, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones no gubernamentales, a los medios de comunicación:
Hace 5 años la vida de mi familia cambió radicalmente, ya que en septiembre de 2008 fue secuestrado y posteriormente asesinado mi padre, Eduardo López Juárez. Como en todo estado de derecho, existen instituciones que procuran e imparten justicia; desafortunadamente en Oaxaca esto es una utopía, pues lo poco o mucho que se investiga lo realizamos familiares de las víctimas: la Procuraduría General de Justicia del Estado, pese a ser la instancia encargada de investigar y perseguir los delitos y delincuentes, prácticamente se ha convertido en escuela de la negligencia.
Para empezar nosotros, los familiares de Eduardo López Juárez, tuvimos que comprar un equipo para poder grabar las conversaciones de la negociación y entregárselas a las autoridades (Procuraduría General de Justicia del Estado) para que se pudieran realizar las investigaciones respectivas; prácticamente realizamos la detención de la persona que fue a recoger el dinero que solicitaron los secuestradores para liberar a mi padre y que no hicieron los agentes estatales de investigaciones.
Como familiares de la víctima investigamos y aportamos elementos de prueba que llevaron a la detención de tres personas más y una que se encuentra prófuga. Al realizar un estudio minucioso del número telefónico de la persona que hasta hoy se perfila como el jefe de la banda, me percaté de que mantuvo comunicación telefónica con el comandante del grupo de homicidios Mario Reyes Salvador, quien estaba el frente de las investigaciones, razón por la cual lo denuncié en los medios de comunicación, lo que originó que un consejero de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca iniciara un expediente de queja que culminó con la Recomendación 08/2010 en abril de 2010, misma que fue dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Una vez aceptada, tuvieron que pasar 27 meses para que se cumpliera.
Al consignarse la averiguación previa se tuvo que dejar abierto el triplicado para seguir investigando a personas y conductas que no fueron materia de estudio. Con el paso del tiempo, a las autoridades esto se les olvidó, razón por la cual inicié la queja 167 (VIS. GRAL.) 2009 por omisión y dilación en la Visitaduría, misma que fue resuelta 33 meses después argumentando el procurador que no quedó acreditada la responsabilidad administrativa del agente del Ministerio Público Artemio Alvarado Ramírez.
Me pregunto y les pregunto: ¿dónde quedan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos en el desempeño del servicio encomendado, establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de Oaxaca? ¿Dónde quedan las disposiciones que señalan que deben ser breves y sencillos y que estarán sujetos a los principios de inmediatez, concentración y rapidez? Además que en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado se establecen como plazo 90 días para consignar una averiguación. Todo esto no le importó al procurador, pues el susodicho laboraba como su asesor.
Con la Recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se le inició averiguación previa al agente del Ministerio Público, el licenciado Jorge Eduardo Mowers Montañez, por las irregularidades en que incurrió durante la investigación e integración de la averiguación 1201(P.M.E) 2008, al omitir declarar afectos a la indagatoria diversos objetos, por lo que pasaron 28 meses para que a insistencia del suscrito pudiera remitirse al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca para que determinara la declaratoria para la formación de causa por la probable comisión del delito de abuso de autoridad por omisión, y que por acuerdo de fecha 13 de febrero de 2013, el pleno del Tribunal determinó que no ha lugar la formación de causa.
El citado acuerdo, a consideración del suscrito, vulnera mis derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que interpuse el recurso de amparo solicitando se declare la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los preceptos del Código de Procedimientos Penales que señalan la formación de causa; además de la falta de fundamentación y motivación de dicha resolución. Cabe señalar que este funcionario solicitó licencia como agente del Ministerio Público y actualmente labora en la Secretaría de Administración, esto porque es esposo de la actual procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, la licenciada Laura Adriana Vargas Mayoral.
De la misma recomendación se solicita que se investigue si el comandante Mario Reyes Salvador, agente estatal de Investigaciones, adscrito al grupo de homicidios, se encuentra involucrado en estos hechos delictivos, por lo que únicamente se logró establecer que incurrió en el delito de abuso de autoridad, consignándose la Averiguación Previa al Órgano Jurisdiccional en turno, transcurriendo 32 meses, por lo que el juez que conoce de la causa 190/2012, al analizar los elementos de prueba, acuerda librar la orden de aprehensión correspondiente, pero como quienes tendrían que ejecutar dicha orden son sus propios compañeros, en vez de hacer su trabajo, le informan y éste solicita licencia de su empleo y se sustrae de la justicia, además de solicitar un amparo, el cual le fue negado.
A insistencia permanente del suscrito, se logra que se ejecute la orden y pongan a disposición de la autoridad a Mario Reyes Salvador, el cual hasta hoy se encuentra bajo proceso; actualmente se reincorporó como agente estatal de Investigaciones y por ello pregunto: ¿qué tipo de servicio puede ofrecer un servidor público que incumple con sus responsabilidades, y que hoy está laborando? ¿dónde quedan los exámenes de control de confianza que el gobierno tanto ha mencionado?
En la Recomendación dirigida al secretario de Seguridad Pública se pide que se inicie y se concluya el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Mario Reyes Salvador, agente estatal de Investigaciones, por las irregularidades en que incurrió durante la investigación dentro de la averiguación previa 1201(P.M.E) 2008, con la que trascurrieron 7 meses sin que se ejerciera acción.
Con el inicio de la actual administración gubernamental se realizaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por lo que la Agencia Estatal de Investigaciones pasa nuevamente a depender de la Procuraduría General de Justicia, pero la Secretaría de Seguridad Pública mantuvo el expediente por casi 8 meses sin ser competente, y al remitirlo a la Procuraduría, su titular determinó que han prescrito sus facultades para sancionar, por lo que le solicité a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental aplicara procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que incumplieron con sus obligaciones, iniciándose el expediente 0169/QD/2012 sin que hasta hoy se pronuncie al respecto.
Como lo he mencionado, siempre hemos sido los familiares de las víctimas los que investigamos, por lo que se logró establecer el paradero de una persona que se encuentra prófuga, pues pesa sobre ella un mandamiento judicial, por lo que se solicitó por escrito al subprocurador de Control de Procesos, el licenciado José de Jesús Silva Pineda, que solicitara la colaboración a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para la captura con fines de extradición, pues legalmente a él le competía realizar dicho trámite, pero fue omiso de cumplir con su deber y el escrito que se le presentó no apareció, por lo que se decidió interponer la queja 99(VIS. GRAL.) 2012.
Como siempre, el procurador Manuel de Jesús López López ha decidido que no se acredita la responsabilidad administrativa y no sanciona. Para no quedarnos en estado de indefensión se interpuso un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo demandando la nulidad de la resolución, pero difícilmente creo que se nos pueda administrar justicia, pues hoy esta persona se desempeña como subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.
La agente del Ministerio Público que conoció de esta queja incurrió en una omisión, pues durante 6 meses no desahogó ni llevó a cabo alguna diligencia, por lo que se le inició la averiguación previa 60(F.E.S.P.) 2013, sin embargo, la representante social ha decidido resolver mediante acuerdo del 18 de septiembre de 2013 que no se configura el delito de abuso de autoridad por omisión.
Durante la revisión que realicé a la averiguación previa 1201(P.M.E) 2008 me percaté que existe pérdida de evidencia por parte del licenciado Artemio Alvarado Ramírez, agente del Ministerio Público, que integró esta averiguación, por lo que decidí denunciar los hechos integrándose la averiguación previa 28(F.E.S.P) 2013, esperando que el representante social decida resolver.
Al observar que no se le daba cumplimiento a la Recomendación y revisar nuestra Constitución local en su artículo 114, apartado A, fracción IV, se establece que ante el incumplimiento reiterado de las autoridades a una Recomendación se podrá hacer del conocimiento al Congreso del Estado, por lo que decidí comparecer ante la Defensoría y solicitarle que se dé vista a la Cámara de Diputados, ya que el procurador no cumple.
Desconozco cómo, pero se enteraron en la Procuraduría y recibí una llamada telefónica del licenciado Eduardo Bautista pidiendo hablar personalmente conmigo. Acordamos día y hora. Al presentarme en sus oficinas me pide que nos traslademos a la oficina de la doctora Maribel Mendoza Flores, subprocuradora general Zona Sur y, al entrar, también se encuentra el licenciado José Benítez, fiscal especial de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. En la reunión me piden desistirme de la solicitud hecha a la Defensoría, a cambio, ellos ayudarían a agilizar mi asunto para su pronta conclusión, pero en caso de no aceptar ellos se encargarían de que mi asunto no avance y se estanque, por lo que decido aceptar, pues, mi único interés es que esta pesadilla que vive mi familia pronto se acabe.
Al incumplir ellos lo que prometieron decido interponer la queja 313(VIS.GRAL.) 2012 y sigo esperando que el procurador decida resolver de manera objetiva, aunque es difícil que esto suceda, pues el beneficiario directo de mi retractación fue el licenciado Manuel de Jesús López López.
Con todo lo sucedido, decido recurrir al licenciado Gabino Cué Monteagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, en las audiencias públicas que ofrece, y es hasta la cuarta petición que soy atendido. En ésta se instruye al licenciado Enrique Pacheco Martínez, jefe de la Gubernatura, para que de inmediato establezca todas las mesas de pláticas necesarias para lograr conocer la verdad histórica y jurídica respecto del secuestro agravado de mi padre. Sin embargo, tampoco hay avances pues este servidor público ha mantenido silencio total a pesar de que mediante tres escritos le he solicitado información. Y, ante su negativa, interpuse el recurso de amparo 1129/2013 por la falta de respuesta a mis escritos, que vulnera mis derechos establecidos en el Artículo 8 de nuestra Carta Magna y 13 de la Constitución local.
Sociedad de Oaxaca, poderes del Estado, organismos defensores de los derechos humanos, representantes de medios de comunicación: hoy manifiesto públicamente mi inconformidad, con los riesgos que conlleva ejercer la libertad de expresión en contra de instituciones y funcionarios de papel que, escudados en el esquema de la transición democrática y el argumento de “la curva de aprendizaje”, han incurrido en omisión y en consecuencia en abusos y excesos, similares o peores a los cometidos por los regímenes de gobierno emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional.
En julio de 2010, el triunfo de Gabino Cué Monteagudo a través de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso generó esperanza en diversos sectores sociales de Oaxaca. Miles de ciudadanos concebimos la alternancia como un avance democrático y una oportunidad para concretar las reformas estructurales que permitieran el progreso y desarrollo en nuestra entidad, sobre todo para alcanzar la justicia social que por años han reclamado sectores poblacionales desprotegidos y la restauración del estado de derecho, tan vulnerado en los últimos tres gobiernos estatales por intereses partidistas, de grupo y familia.
Mi caso es un ejemplo de cientos que a diario se cometen en contra de ciudadanos que, sin alternativa alguna, una vez que son víctimas de la delincuencia, recurren a instancias que supuestamente fueron reformadas en sus leyes orgánicas, calificadas de avanzada por los poderes del estado, pero que en los hechos mantienen en sus estructuras administrativas y ejecutivas a servidores públicos que laboraron en los gobiernos de Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz. Las corporaciones policiales se encuentran conformadas por elementos que difícilmente aprobarían el control de confianza impuesto por el gobierno federal; aún así, y con antecedentes negativos, muchos de ellos, como los casos citados en este escrito, se mantienen en activo, agazapados en uniformes e identificaciones oficiales (charolas) para “servir y proteger a la ciudadanía”.
El cambio tan esperado que costó vidas, secuestros, agresiones y esfuerzos al parecer se quedó como simple promesa de campaña, razón por la cual hoy elevo la voz a nombre de quienes han pretendido acallar las autoridades corruptas. Los familiares de víctimas prácticamente estamos solos, en estado de indefensión, con el riesgo de convertirnos en una cifra más de las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin embargo, estoy seguro que esta labor de inconformidad tendrá eco en instancias internacionales defensoras de los derechos humanos.
Oaxaca, al igual que otros estados del país, se ha convertido en los últimos 7 años en una entidad peligrosa, en donde el ciudadano vive con temor hacia el delincuente y la autoridad; entre ambos no hay diferencia, sólo complicidad. La tranquilidad ha sido arrebatada al pueblo de Oaxaca. La justicia es inalcanzable. Ante esta red de funcionarios corruptos, sólo nos queda la palabra, nuestra voz para pedir su ayuda, ante un gobierno estatal que olvidó su promesa del cambio.
Respetuosamente,
Primitivo López Reyes (hijo de la víctima)
Ha sido muy interesante la lectura del artículo “Los tribunales secretos de la Iglesia”. En mi humilde opinión, y como católico que soy, estoy en contra de que existan los tribunales eclesiásticos, ya que éstos en México no tienen ninguna autoridad ni civil ni religiosa. Tales tribunales son sólo un instrumento de la Iglesia para proteger a sus sacerdotes y para tener sometidos a los católicos, creando en ellos sentimientos de culpa y haciendo que sean discriminados dentro de su religión, como es el caso de prohibir comulgar a los divorciados que se vuelven a casar.
José de la Luz Mares
A 20 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha fracasado en cada una de sus promesas. Más comercio y más inversiones no se han traducido en más y mejores empleos. La devastación del campo mexicano, el desempleo, la precariedad laboral y los bajos salarios siguen arrojando a millones de compatriotas a la migración. Ya no hay sueño americano, sino pesadilla de pobreza y muerte.
Quienes promovieron, negociaron, aprobaron y ejecutan actualmente el TLCAN están condenados al basurero de la historia. Traidores a la patria, peones dóciles del imperio y del capital. Sólo con la razón de la fuerza, el fraude, el engaño y la abjuración a intereses extranjeros han podido mantener y multiplicar las disposiciones inconstitucionales del TLCAN en más de 1 millar de leyes y reglamentos. Lo hacen atropellando el interés y la voluntad popular y erosionando la soberanía nacional.
El TLCAN es la constitución de los grandes capitales privados a quienes se les otorgan plenos derechos, privilegios y garantías para sus inversiones y ganancias, con nulas obligaciones laborales, sociales, ambientales y productivas. A través de disposiciones administrativas, cambios normativos y reformas constitucionales como las recientes reformas laboral, de telecomunicaciones, educativa, financiera, fiscal-hacendaria, energética y otras que se anuncian para privatizar el sector público de salud, han desmontado nuestro marco jurídico para sustituirlo por las reglas corporativas del TLCAN. Así, antes y durante los 20 años del Tratado, el marco jurídico mexicano se ha vaciado de contenido social y de soberanía para mercantilizarlo y sujetarlo a disposiciones supranacionales.
Como condición fundamental impuesta para iniciar negociaciones de libre comercio se modificaron más de un centenar de ordenamientos legales; la más severa y regresiva fue la reforma al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1992), a partir de la cual se legalizó el saqueo y explotación de las tierras comunales y ejidales mediante la venta y el arrendamiento, por parte de agroempresas, mineras, refresqueras, etcétera, privadas, nacionales y extranjeras.
Una mención especial merece la reforma energética, que como clavo hiere profundamente el corazón de la patria, al revertir los 75 años de expropiación petrolera y ulterior nacionalización del sector energético (en 1960 el Estado mexicano nacionalizó la industria eléctrica) a favor de las grandes petroleras trasnacionales y para cubrir las necesidades estratégicas del vecino del Norte.
Cabe destacar que las trasnacionales mineras, fundamentalmente las canadienses, controladoras del 95 por ciento de la producción de oro y plata y 97 por ciento de cobre, lograron reforzar su régimen jurídico de excepción, con el cual pagan únicamente 0.3 por ciento de impuestos directos a la producción, cantidad que contrasta con el 71.1 por ciento con que se grava la extracción de petróleo. Las mineras explotan más de 96 millones de hectáreas, algunas de ellas localizadas en áreas naturales protegidas. Ahora podrán, de acuerdo con el artículo 8 transitorio de la reforma energética, con los títulos de concesión que gozan, explorar y extraer petróleo y los demás hidrocarburos, sólidos, líquidos o gaseosos, así como el gas asociado a los yacimientos de carbón.
Con el marco jurídico teleciano, lo fundamental pasa a la competencia de arbitrajes privados, inaccesibles a la población y autoridades locales, tribunales destinados a saciar las ganancias futuras, no sólo las realizadas, del invisible dios del dinero. De los árbitros privados se emite de súbito la sentencia definitiva en perjuicio siempre de la población, las comunidades, organizaciones y autoridades que osen proteger la salud, el medio ambiente, sus aguas y territorios, sometidos a la opresión de los inversionistas y sus empresas amparadas en el TLCAN.
Con el TLCAN, la subordinación dócil a la geopolítica de las potencias del Norte va en sentido contrario a la integración nuestra americana y a la vocación universal de la nación. Ahora las relaciones con el exterior se ciñen a los actuales 12 tratados de libre comercio con 44 países.
Con el TLCAN, México se engancha a una región en la que corporaciones trasnacionales expolian y explotan a los pueblos, en que la polarización y descomposición social, la desarticulación regional y productiva son los signos. Una región en la que se ubica el mayor número de fortunas del orbe, en la que la militarización y el gasto bélico no tiene comparación en otras latitudes, una región constituida en foco de inestabilidad mundial y desde la cual se promueve el gobierno de las corporaciones por encima de los derechos de la población y la naturaleza. Una región de muerte.
El TLCAN, foco de inestabilidad mundial
Bastaría reparar en las consecuencias de la crisis mexicana (1994-1995) y la estadunidense (2007-2008) para advertir el riesgo sistémico mundial provocado por sistemas financieros liberalizados que facilitan el lavado de dinero y ahondan su carácter especulativo, usurero y parasitario. El llamado “efecto tequila” causó el desplome, como fichas de dominó, de mercados e incluso de países (como el caso argentino), así el llamado “efecto samba” (Brasil), le sucedió el “efecto vodka” (Rusia) hasta afectar al conjunto de países del Sureste asiático (“efecto dragón”) en la década de 1990.
La crisis “subprime” estadunidense contagió al resto del mundo, ralentizando el dinamismo mundial y hundiendo a países europeos en una de las más prolongadas y severas recesiones. Para México, las caídas históricas en su producto interno bruto (PIB) en esos años de crisis del 6.2 y 6.5 por ciento, respectivamente, ha significado, a lo largo de estas 2 últimas décadas, un dinamismo mediocre, desigual y frágil, incapaz de responder a las crecientes necesidades de su población. Mucho comercio e inversiones especulativas, pocas nueces para el pueblo, 2 décadas perdidas.
Mientras los gobiernos del TLCAN ponían a disposición de los banqueros y especuladores financieros millonarias sumas de dinero público para su rescate, en México alrededor del 20 por ciento de su PIB y en Estados Unidos más de 700 mil millones de dólares para la adquisición de bonos basura. En medio de la crisis, los banqueros y especuladores financieros obtenían cuantiosas ganancias y se otorgaban obscenos bonos, mientras cientos de miles de familias eran despojadas de sus viviendas, privados de educación y salud pública, arrojados a la calle y, en el caso de los migrantes, deportados como nunca.
Reporte de guerra: el infierno para la prole y el paraíso para la oligarquía
Más de 70 millones de mexicanos viven en el umbral de la pobreza extrema; mayor desigualdad social y de género ahondando las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres; salarios disminuidos en más de dos terceras partes de su poder efectivo; deterioro del tejido social con la ampliación del crimen organizado y el fortalecimiento de poderes informales en la vida nacional; carestía y encarecimientos de bienes y servicios básicos; pérdida de la soberanía y autosuficiencia alimentaria; devastación ambiental de bosques, selvas, aguas y territorios por la incesante actividad expoliadora y extractivista; bienes comunes mercantilizados y piratería corporativa de saberes, conocimientos y fantasías para lucrar con ellos.
Con la eufemísticamente llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), brazo militar teleciano, la prosperidad prometida se torna infierno y la seguridad –vía la Cuarta Flota y el Comando Norte– allana la militarización de territorios y fronteras; se legalizan inversiones y el comercio (incluido el cruce portuario, aéreo y fronterizo de drogas mediante una amplia red de corrupción aduanal y financiera para blanquear dinero sucio), pero ilegalizan y criminalizan la migración. Esa creciente militarización como acto de dominio hacia nuestro pueblo ha contribuido al abuso sexual contra las mujeres, niñas y niños; al aumento de la prostitución y la violencia; a la inseguridad en los hogares y las calles; al imparable aumento de los feminicidios, y a la intensificación de la trata de personas. ¿No que el TLCAN arraigaría a la gente en sus pueblos con la avalancha de inversiones y el comercio con la mayor potencia económica del mundo?
Promesas rotas, muro de la tortilla, ignominia de la libertad, la frontera con el mayor número de cruces ilegales en el mundo. Aumento del número de hogares rurales jefaturados por mujeres que se hacen cargo de sus familias en condiciones muy precarias; más de 30 mil sentenciados en Estados Unidos por delitos migratorios, y alrededor de 10 mil migrantes muertos y desaparecidos al año como ofrenda al gran capital, que atrae y repele fuerza de trabajo que explota a su antojo para exprimirle el máximo de ganancia.
No todo está perdido, existimos resistiendo
No obstante los agravios telecianos, la voracidad, el autoritarismo y el exterminio social que marcan las 2 décadas de apertura comercial y de inversiones, las resistencias se han sucedido en todo momento, desde ese “¡ya basta!” con que las comunidades zapatistas en rebeldía le dieron la despedida al TLCAN en su primer minuto de vigencia y hasta ahora, en que los hombres y mujeres libres, así como organizaciones sociales y civiles mexicanas seguimos en resistencia, construyendo alternativas comunitarias, sociales, sindicales, productivas, de amistad y solidaridad contra ese maldito tratado de muerte. Este 2014 será el año del recuento de daños a 20 años del TLCAN; será la denuncia a las pretensiones de las elites políticas-económicas de Norteamérica para escalar el TLCAN a una etapa en que la desintegración de la nación sea la antesala de una completa anexión corporativa; año de resistencias contrahegemónicas y construcción de alternativas renovadas.
Por lo mismo, convocamos a todas las organizaciones sociales y civiles mexicanas para que irrumpa con lo insólito, con lo que se pueda; con lo inesperado, hasta donde se pueda, a rescatar la patria y recuperar con dignidad la soberanía nacional y popular.
Atentamente:
Asociación Mexicana de Mujeres Líderes Micro Empresarias, AC; Barzón-Yucatán; Bia’lii, Asesoría e Investigación, AC; Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, AC; Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga, AC; Colectivo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Yucatán; Colectivo Ciudadano Conciencia Libertaria, AC; Comité 1968 por las Libertades Democráticas, AC; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, AC; Confederación de jubilados, pensionados y adultos mayores de la República Mexicana, Sección-Yucatán; Cooperativa Chan Tzab Can, de Kinchil, Yucatán; Instituto Intercultural Ñöñho, AC; Mario B Monroy; Jóvenes frente al G20; Jóvenes por Iztapalapa, AC; La Sabrosa Tradición, Sociedad Cooperativa; Movimiento de Regeneración Nacional-Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional; Partido Migrante-Yucatán; Red Nacional de Género y Economía; Unión Popular Valle Gómez,AC
Al transcurrir 4 meses y medio de que 98 personas fueran desplazadas forzadamente del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas da testimonio de las reiteradas omisiones en que han incurrido autoridades del gobierno estatal y federal para resolver un conflicto cuya gravedad advierte que se repitan hechos de imposible reparación, como los que han acontecido en la zona Altos de Chiapas.
Tras innumerables reuniones que hemos sostenido con representantes del gobierno estatal y federal corroboramos que el tema del desplazamiento forzado, lleva consigo múltiples violaciones de derechos humanos, y el caso ha sido desestimado por las autoridades, quienes proponen tratamientos administrativos sin atender procedimientos mínimos de justicia, sin señales claras para resolver un conflicto en el que hoy el Estado mexicano evidencia su ineficacia y complicidad.
Constatamos también que las peticiones mínimas puestas ante el gobierno del de Chiapas las familias desplazadas para generar condiciones para el retorno a su comunidad no han sido atendidas; entre ellas, mencionamos la restitución del predio que les fue despojado, la aclaración pública del falso rumor de envenenamiento del agua potable del ejido Puebla y las medidas de reparación del daño, comenzando por resultados prontos y efectivos ante las tres averiguaciones previas que obran en la Fiscalía de Justicia Indígena adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado.
En ese sentido, y en distintas ocasiones, el ingeniero Francisco José Yañez Centeno, jefe de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario de Gobierno de Chiapas, propusieron medidas económicas, materiales y de aparente reconciliación para que a través de proyectos de desarrollo se beneficiara a los pobladores del ejido Puebla, incluyendo a perpetradores de hechos delictivos, a cambio de olvido en la investigación de los hechos, impunidad para los agresores y firma de acuerdos carentes de sustento y sin garantías de no repetición alguna.
Hoy, al estar rebasados los plazos que las distintas autoridades comprometieron, acompañamos la difícil decisión que las familias desplazadas han tomado de acudir a recoger su cosecha de café a sus tierras de cultivo en el ejido Puebla; anunciamos también que, junto a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, acompañaremos la jornada de labores que realizarán las familias desplazadas del 17 al 27 de enero de este año, señalando la responsabilidad del Estado mexicano ante probables hechos de difícil o imposible reparación que puedan suscitarse en la zona.
Finalmente, reiteramos que con este conflicto, una vez más, corroboramos que en el fondo se reflejan los claros resultados y costos de la impunidad con la que autoridades de distintos niveles siguen protegiendo a actores locales que están polarizando a las comunidades indígenas en su afán de desestructurar y desmantelar el tejido comunitario que favorece propuestas organizativas, como la autonomía, en respuesta a la crisis de gobernabilidad del Estado mexicano.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 9 de enero de 2014
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC
Respecto del reportaje publicado en su prestigiosa revista Contralínea, de fecha 11 de septiembre de 2013, firmado por la reportera Flor Goche, mucho le agradecería tomara en cuenta las siguientes observaciones:
La Casa Nacional del Estudiante, como la conocemos quienes en algún momento de nuestra carrera universitaria estuvimos alojados en ella, enfrenta problemas como los descritos en el reportaje, sin embargo, los problemas más graves son los que se generan al interior por el control de la misma.
En efecto la Casa Nacional del Estudiante fue concebida para alojar estudiantes del interior de la República Mexicana que estuvieran realizando sus estudios universitarios, sin embargo es muy claro que la reportera no toma en cuenta las condiciones socioeconómicas y políticas que se daban en el país cuando fue creada, pues entonces se percataría que en esa época, quienes accedían a estudiar una carrera universitaria, no eran precisamente proletarios o “estudiantes pobres”, como lo menciona a lo largo de su reportaje. Esta es una discusión que se dio al interior de la Casa Nacional del Estudiante, sobre todo cuando mi humilde persona se encontró en ese espacio, puesto que se pretendía establecer como un credo por parte del grupo que se autodenomina: Estudiantes Conscientes, con quienes la reportera tiene afinidad ideológica.
De la lectura del reportaje da la impresión que se quiere hacer propaganda muy favorable respecto de una persona en particular de nombre Miriam Pascual. Dado que el reportaje tiene como objetivo la Casa Nacional del Estudiante, es importante dar a conocer las arbitrariedades cometidas por esta persona y el grupo que ahora usurpa la mesa directiva de la asociación, máxime cuando la reportera la presenta como una defensora de los derechos humanos, situación que contradice su actuar al interior de la asociación por lo menos desde su arribo y hasta 2012, año en el que fueron despojados más de 40 estudiantes de su habitación, de sus documentos y de los escasos bienes que habían adquirido para sobrevivir y concluir una carrera universitaria.
Derivado de visiones distintas respecto de cómo se debe convivir en la Casa Nacional del Estudiante, puesto que alberga no sólo estudiantes de diversos estados de la República, sino también de distintas universidades y escuelas públicas, agregando las distintas carreras en las cuales nos inscribimos, los autodenominados Estudiantes Conscientes, a quienes por su comportamiento denominé los Chilindrinos (pues no toleraban una visión distinta de la realidad, con su concepto “realidad objetiva”) pretendían que sólo existiera una realidad, y por supuesto era la que ellos percibían.
El 26 de noviembre de 2009, aproximadamente a las 23:26 horas, Miriam Pascual y el grupo al que ella pertenece al interior de la Casa, pretendieron allanar el cuarto de Araceli y Fabiola, ambas de apellido Minero, originarias del estado de Tlaxcala.
En fecha 12 de febrero de 2010 fue allanado el cuarto del compañero Jazciel Santiago, estudiante de música, y con violencia fue sacado de su habitación y entregado a los policías bajo el supuesto argumento de que estaba poniendo en peligro la integridad de los habitantes de la Casa. En ese evento participaron, entre otras personas, a quien la reportera denomina defensora de derechos humanos: Miriam Pascual, además de Jorge Bonilla Dumit, quien ahora se ostenta como representante legal de la Asociación Civil. El papel de la supuesta defensora de derechos humanos era grabar sólo lo conveniente.
El lunes 15 de febrero del mismo año, Jorge Bonilla agredió de manera verbal y física, en la planta baja de la Casa, a la compañera Araceli Minero, en ese entonces estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, otros dos compañeros de nombre César Quintero y Ramiro Vega la defendieron. Posteriormente, Miriam Pascual, Jorge Bonilla, su novia y otras personas ajenas a la Casa acudieron a realizar una denuncia por supuesto robo de un teléfono celular. Derivado de estos hechos, los compañeros César y Ramiro estuvieron en los “separos” de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por más de 24 horas. Al no acreditarse el supuesto robo, fueron puestos en libertad. En esa ocasión, la ciudadana Miriam Pascual, auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de una patrulla, buscó por calles aledañas a la compañera Araceli Minero con la clara intención de que también fuera detenida, afortunadamente no la encontraron, pero derivado de esos hechos fue expulsado de la Casa el compañero César Quintero. Los denunciantes inventaron una historia y utilizaron el documento de la averiguación previa como si fuese una sentencia para incriminarlo.
Contrario a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a los derechos humanos, Miriam Pascual actuó en forma inquisitiva, sin respetar uno solo de los derechos establecidos en la Constitución Política ni en los tratados internacionales. El más miserable comportamiento se dio cuando a finales de 2011, después de ser repudiados por la mayoría de quienes habitan en la Casa, ante la inminente derrota de su “proyecto” –como ellos le denominan–, denunciaron a Ricardo Ballinas por supuesta falsificación de firma, y en pleno periodo vacacional, se atrincheraron al interior de la Casa y no permitieron el ingreso de más de 40 estudiantes. Con su actuar se afectó el derecho de los compañeros habitantes de la Casa a culminar una carrera universitaria, es decir, el derecho a la educación.
En todo momento Miriam Pascual y el grupo al que pertenece han pretendido quedar como los benefactores de la Casa, pretendieron imponer una ideología y adoctrinamiento propio de las Escuelas Normales Rurales. Como ha quedado claro por lo menos en la Casa Nacional del Estudiante, ella no es defensora de los derechos humanos. Probablemente en otro lado lo sea.
Actualmente Araceli Minero es docente en la ENAH y Ricardo Ballinas ingresó a la maestría en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La mayoría de los estudiantes expulsados continúo con sus estudios.
Invito a la reportera a tomar todos los puntos de vista y no sólo los que son afines a su ideología, pues distorsiona de manera grave la forma de cómo suceden los hechos, vulnera el derecho a una información objetiva y de calidad, sobre todo a las personas que fueron vulneradas en sus derechos durante su estancia en la Casa Nacional del Estudiante.
Óscar Juárez Basilio
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