Señor director, agradecemos la publicación de la presente carta, dirigida a la opinión pública.
Los hechos acontecidos el 1 de diciembre de 2012 se convirtieron en una persecución contra los manifestantes. Lamentablemente se tomó una decisión política: la de detener a quien fuera, aun sin haber participado en aquellos hechos. Dicha situación ha quedado comprobada por las múltiples libertades otorgadas a varias personas detenidas y consignadas arbitrariamente, sin que se hubiese demostrado que hubieran estado en los momentos que refieren los policías aprehensores y que fueron motivo de la acusación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Un caso concreto es el de Alejandro Lugo Morán, a quien confundieron con una persona que ni siquiera se parece a él, además de que se demostró que lo detuvieron en un lugar distinto al que dijeron los policías. La acusación ministerial resultó insuficiente para sancionarlo, como dolosamente se pretendió, pero se le sigue victimizando, ya que su absolución fue apelada por la PGJDF.
A estos hechos siguieron varios acontecimientos, entre ellos el caso que nos ocupa, referente a los detenidos de la marcha del 2 de octubre de 2013, a quienes se les imputan los delitos de ataques a la paz pública (agravado con pandilla), ultrajes a la autoridad (policías) y, en un caso, hasta de homicidio en grado de tentativa. Cabe hacer mención que las detenciones se realizaron bajo la misma mecánica antes señalada: los policías aprehendieron de manera indiscriminada y luego los ministerios públicos consignaron sin motivo ni fundamento, sólo por el hecho de que las personas se encontraban en el momento en que se suscitaron los actos de violencia. Así, a las personas detenidas arbitrariamente se les hacen imputaciones para someterlos a proceso, víctimas de una lamentable y obvia indicación de detener a quien sea y crear culpables. Al respecto, el licenciado Ramón Ramos Becerril, uno de los defensores de los jóvenes detenidos, ha detectado acciones irregulares cometidas durante el proceso. De entrada, las autoridades no han demostrado participación alguna de los jóvenes en los hechos que se señalan en la acusación ministerial; además, están aplicando criterios anteriores a la reforma al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, pues se pretenden imponer penas mayores a las que corresponderían y se pretende establecer que los hechos fueron cometidos “en pandilla”. La “coordinación” para tales hechos es evidente entre la PGJDF y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), a través de los jueces que han conocido de estos hechos. Al actuar bajo estos criterios, están calificando dos veces la misma conducta (lo que está prohibido por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), con la intención de que los muchachos sometidos a proceso no alcancen el beneficio de la libertad provisional. También para que, en caso de que los jóvenes sean condenados, no tengan derecho a sustitutivos ni beneficios penales, esto con independencia de que ni siquiera está acreditada responsabilidad alguna.
El problema es que no se ha sentado un precedente legal definitivo o de una autoridad de amparo. Lo anterior está permitiendo que las autoridades locales manipulen la ley, en una actitud de criminalización política. Tenemos la certeza de que si se aplica correctamente la ley y los jueces no actúan por consigna, los jóvenes serán absueltos.
Asimismo, Ramón Ramos Becerril, también abogado de Luis Fernando Bárcenas Castillo, acusado de la quema del árbol de navidad de la Coca-Cola el 13 de diciembre de 2013, ha señalado que, por lo que hace a este chico, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, las autoridades fueron “más allá” y no sólo le imputan ataques a la paz pública, sino que le imputan haber cometido el delito de “asociación delictuosa”. Se ha apelado para que se rechace la configuración de la asociación delictuosa, pero, en caso de ratificarse tal criterio por demás político, se solicitará la protección de la justicia federal.
Las autoridades del Distrito Federal manipulan la ley y la “aplican” de manera inexacta, con la simple intención de reprimir y de dar un mensaje a la sociedad para que no proteste ni se manifieste. En estos dos asuntos, es clara la intención de castigar por motivos políticos.
México, Distrito Federal, 13 de febrero de 2014.
Atentamente,
Georgina Calixto Viqueraz, mamá de Victor Efrén Espino Calixto; Flor Gutiérrez Miguel, hermana de Adrián Gutiérrez Miguel; María Eugenia Cruz León; Ana María Castillo Rivas, mamá de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Olivia Castillo Rivas, tía de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Olivia Castillo Rivas, tía de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Genoveva Cruz León, mamá de José Daniel Palacios Cruz; licenciado Ramón Ramos Becerril; abogado Javier Hernández García
Saludos a los integrantes de Contralínea.
Soy comprador habitual en la Central de Abasto del Distrito Federal, ya sea para consumo personal o para la venta al menudeo. Las instalaciones están en un deterioro notable. Aunque hay presencia policiaca, el desorden del tránsito vehicular también es de considerarse, ya que en ocasiones –sólo para atravesar un pasillo de un extremo a otro– uno puede quedar atrapado hasta por media hora o más para cubrir una distancia menor a 1 kilómetro. Lo anterior sin que haga acto de presencia ningún oficial de tránsito.
Por otro lado la falta de señalamientos ocasiona el cobro de multas y retención del automóvil, sin que uno pueda hacer nada sino pagar multas que superan los 1 mil pesos.
Las condiciones de salubridad también son lamentables: la basura reina por todo el lugar, y en temporada de lluvias las inundaciones y el lodazal pueden provocar que los consumidores se queden varados en sus automóviles.
La carpeta asfáltica de la Central de Abasto y sus accesos están en pésimas condiciones: hoyos y deformaciones infranqueables.
La Central de Abasto tampoco es un lugar seguro, ya que en un momento pueden abrir tu automóvil y despojarte de tus compras parcial o totalmente.
Esto ha sucedido durante años y no parece que la situación vaya a cambiar, ni con los aumentos en la cuota de entrada, ni con las multas exorbitantes que cobran.
Estos es lo que he podido apreciar y vivir. Es decir, robo, abusos y riesgos para mi patrimonio (automóvil) sin que haya una autoridad visible que se haga responsable.
¿A dónde va a parar todo el dinero que entra a la Central de Abasto, de usuarios y trabajadores? ¿A quién se le rinde cuentas sobre ese dinero? Es claro que son mínimos los recursos destinados a su mantenimiento, a la seguridad y, en general, a los servicios que ahí se dan.
Gracias, Contralínea, por el tiempo que le puedan dedicar a estas líneas.
Erik Hernández
Amnistía Internacional considera positiva la presentación en la Cámara de Diputados mexicana de un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de México con relación a la Corte Penal Internacional. México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde 2006.
En 2005 fue reformado el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la intención de adaptar la Carta Magna a las exigencias del Estatuto de Roma. Sin embargo, dicha reforma no cumple con las obligaciones que se derivan del Estatuto. El Artículo 21 establece que “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, condicionando la cooperación con la Corte a la decisión en cada caso por el gobierno federal. Sin embargo, cuando México decidió libre y voluntariamente convertirse en parte del Estatuto de Roma reconoció la competencia plena de la Corte Penal Internacional, y ésta no necesita de una autorización adicional de las autoridades mexicanas para ejercitar su jurisdicción sobre las personas que pudieran ser responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en territorio mexicano o por sus nacionales en cualquier otro Estado.
Amnistía Internacional considera, sin embargo, que esta reforma debe ser sólo un primer paso, pues México todavía tiene que realizar otras reformas legales. En particular, es necesario aprobar una ley que establezca los procedimientos de cooperación con la Corte Penal Internacional y también se debe tipificar en las normas mexicanas los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional tiene competencia en los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, actualmente México sólo ha tipificado el delito de genocidio en su Código Penal Federal, estando pendiente la tipificación del resto de crímenes.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades federales avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México asumió al unirse a la Corte Penal Internacional, sin que hasta el momento se hayan logrado avances con relación a estas obligaciones. Esta situación contrasta con el hecho de que México es uno de los mayores contribuyentes al sostenimiento económico de la Corte Penal Internacional.
Amnistía Internacional
A las bases del magisterio democrático; a los delegados al III Congreso Nacional Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; a las secciones democráticas:
Compañeros trabajadores de la educación, el magisterio nacional se encuentra en un difícil proceso coyuntural. La amenaza del despido masivo sobre los trabajadores pende como la espada de Damocles sobre nuestros derechos laborales y sindicales. Se manifiesta reiteradamente en voz del asesino y represor Emilio Chuayffet Chemor. El anuncio del despido de más de 500 trabajadores de la educación comprueba por enésima ocasión el carácter prepotente, represivo, antipopular y prooligarca de la actual administración que se traduce en una ofensiva puesta en marcha por los gobiernos neoliberales y avalada por las cúpulas de los partidos firmantes del Pacto por México, para tratar de destruir nuestro proyecto político sindical concretado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), único referente e instrumento político organizativo de los trabajadores de la educación que hoy la oligarquía, a través de sus personeros, pretende aniquilar o postrar de rodillas.
Con tal embestida se pretenden anular nuestros derechos laborales y sindicales; destruir al sindicalismo independiente en México producto de la lucha histórica, herencia de las luchas magisteriales y populares iniciadas a finales de la década de 1950, expresadas en las gestas combativas llevadas a cabo por el magisterio del Distrito Federal, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca; luchas en las que han sido asesinados decenas de maestros, otros detenidos, torturados, perseguidos y desaparecidos, así como miles de despedidos.
Este ciclo de luchas aún no ha terminado, porque se enmarca en el contexto de la lucha de clases, en donde las contradicciones principales se resolverán con el triunfo del proletariado sobre la burguesía.
La necia obsesión del gobierno federal por despedir a los trabajadores de la educación se enfrenta con una resistencia activa en los diversos estados de la República. Advertimos con alegría que maestros de varios estados se van incorporando a la lucha: Veracruz, Baja California, Coahuila, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Tabasco, entre otros. En las bases magisteriales no cabe la derrota: hay una decisión de continuar nuestra lucha hasta abrogar la nefasta reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales y sus respectivas leyes secundarias.
Los momentos actuales de lucha exigen mayor esfuerzo y combatividad, no es el momento de políticas conciliadoras con los gobiernos federal y estatal; no es el momento de “repliegues tácticos”; no debe haber espacio a actitudes timoratas y derrotistas. Si el gobierno está en un plan de ataque contra nuestros derechos, debemos responder con la movilización; la resistencia activa y popular, expresada en las acciones políticas de masas; la politización masiva de las bases para superar la heterogeneidad que impide unificar criterios para enfrentar al enemigo común, que son la burguesía, la oligarquía y el imperialismo, así como la superación de los vicios que dividen, atomizan y nos debilitan. La unidad política e ideológica como aspiración del magisterio democrático es una necesidad estratégica ineludible del movimiento.
Un saldo positivo de la jornada de lucha pasada fue lograr en algunos estados la vinculación del movimiento sectorial del magisterio al movimiento popular, con la participación combativa de padres de familia, estudiantes universitarios, normalistas, colonos, comunidades, pueblos, organizaciones populares y trabajadores de distintos sectores; apoyo que se manifestó con acciones contundentes que reflejan la creciente inconformidad popular contra el régimen neoliberal.
No obstante, se manifestaron diversos problemas que afectan al movimiento democrático magisterial: se advierte la ausencia de una dirección política colectiva, la dificultad para instrumentar el centralismo democrático como un principio de organización política, la existencia de una diversidad ideológica expresada en la heterogeneidad de intereses y concepciones políticas, el culto al espontaneísmo, el regirse bajo los cánones de las formas burguesas de hacer política… Todos estos factores son obstáculos para la unidad, limitan las perspectivas de lucha del movimiento democrático magisterial, bloquean o impiden la formación de una conciencia de lucha proletaria, lo cual provoca la debilidad del movimiento, confusión y desánimo en la base magisterial.
En estas circunstancias predominan los intereses de grupo al interior de la CNTE que se imponen a las necesidades democráticas de la base, como se manifestaron en la pasada jornada de lucha dispersando el movimiento y priorizando las negociaciones por estado, al grado de desviar el objetivo principal de la lucha por la abrogación a las modificaciones a los Artículos 3 y 73 de la Constitución, atomizando la fuerza política de la CNTE, conduciendo al movimiento a un callejón sin salida en donde los únicos ganadores –de no corregirse las tácticas y estrategias– son la burguesía y la oligarquía, con Claudio X González y Emilio Azcárraga Jean a la cabeza, toda vez que la privatización de la educación les permite monopolizar el servicio educativo convirtiéndolo en un negocio redondo, que les redituará ganancias cuantificadas en millones de dólares.
Con sustento en todo lo anterior, nos dirigimos a las bases magisteriales, a los delegados al III Congreso, a las Secciones Democráticas, para que se garantice el cumplimiento de los principios que nos dieron origen como CNTE; se supere la heterogeneidad, es decir, la diversidad ideológica, de intereses y concepciones que se anteponen a las necesidades democráticas del movimiento magisterial; se realicen los esfuerzos necesarios para impulsar la coordinación en las acciones políticas de masas capaces de superar la dispersión que existe en el movimiento magisterial; se supere también la visión derrotista que permea en algunas secciones democráticas cuando algunas dirigencias pretenden aceptar la reforma educativa como un hecho consumado, pues con estas actitudes desarticulan la combatividad del magisterio en lucha.
La realidad demanda impulsar como una necesidad impostergable la formación de una dirección política colectiva que asuma el centralismo democrático como principio de organización estratégica del movimiento y convoque al magisterio democrático a rectificar las tácticas y estrategias erróneas que no están a la altura de hacer frente a los embates de la burguesía, la oligarquía y el imperialismo.
Que lleve a cabo las tareas principales de formación política sindical en las bases a través de jornadas de lucha nacionales, con objetivos que reactiven el espíritu combativo de las bases; que se le dé a la crítica y autocrítica un lugar esencial en los análisis, balances y vida política del movimiento magisterial. Se hace necesario desterrar el criterio burgués de que éstas son métodos destructivos del movimiento, y por lo tanto convierten a las direcciones políticas en intocables, no criticables, impidiendo de esta forma la corrección de errores estratégicos y tácticos que debilitan nuestro movimiento.
Proletarizar el movimiento democrático magisterial es una tarea estratégica de primera magnitud, como superar las luchas gremialistas, el carácter sectorial y convertirnos en un referente histórico nacional como aliados del proletariado, retomando la herencia histórica de los profesores que entregaron su vida por la transformación revolucionaria de la sociedad: Héctor Eladio Hernández Castillo, Arturo Gámiz, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y Misael Núñez Acosta, entre otros; es la alternativa, de otra forma no se puede derrocar al capitalismo. La pura lucha contra las reformas neoliberales no basta: es necesario tener claro que el enemigo a vencer es el capitalismo con todas sus secuelas.
Compañeros trabajadores de la educación, este III Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE está llamado a superar la dispersión política y el divisionismo ideológico; a romper con las formas burguesas de hacer política que se manifiestan al interior de nuestra Coordinadora como expresión de las concepciones oportunistas, reformistas y neocharras que amenazan con desvirtuar la esencia y carácter del movimiento.
¡Por la liberación proletaria del magisterio democrático! ¡Avanzar, construir y vencer en la lucha popular! ¡Por una educación crítica, científica y popular! ¡Por una CNTE al servicio del pueblo y para el pueblo!
Febrero de 2014.
Colectivo magisterial Leonel Calderón Villegas
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos (Red Tdt) saluda la publicación Acompañando la esperanza, en el marco de la Campaña Nacional Defendamos la Esperanza, en favor de las defensoras y defensores de derechos humanos. Dicha publicación presenta una veintena de experiencias de acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos en México como un reflejo de las difíciles condiciones en que éstas realizan su labor.
La Red Tdt reitera su más profunda preocupación por la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, pues en medio de una situación generalizada de violencia, esta entidad registra los mayores números de agresiones en contra de personas defensoras en el país.
En el registro de agresiones y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en los últimos años, que caracteriza a la entidad, destacan: la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista desde el 7 diciembre de 2011; los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011; de Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; de Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala, quienes fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo de 2013 y posteriormente asesinados; de Raymundo Velásquez Flores, integrante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 5 de agosto de 2013, en Coyuca de Benítez; de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quien fue asesinada el 19 de octubre en el municipio de Atoyac; y de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, y de Ana Lilia Gatica Rómula el pasado 10 de noviembre. La Red Tdt también externa su más enérgica condena contra los recientes actos de hostigamiento en contra de las y los integrantes de la Comisión de la Verdad.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 74 organizaciones con presencia en 20 estados de la República Mexicana
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 135 defensoras de 20 estados de la República, expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades del estado de Tamaulipas ante las solicitudes de diálogo que han realizado integrantes de las organizaciones Tamaulipas Diversidad VidhaTrans y Géneros en Movimiento, colocándolos en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad.
Resultado de lo anterior, a 1 mes de iniciado el plantón a las afueras de la Jurisdicción Sanitaria número II de Tampico, Tamaulipas, para exigir mejorar la atención a personas con VIH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) otorgó el pasado 4 de febrero medidas cautelares a la defensora de derechos humanos Ana Karen López Quintana, integrante de la Red Nacional, así como a integrantes de las organizaciones Tamaulipas Diversidad VidhaTrans y Géneros en Movimiento.
A través del oficio 0254/14, el delegado regional en Tampico de la Comisión Estatal, el licenciado Cirilo León del Ángel, solicita al coordinador municipal de la Policía Estatal, el capitán Juan Chompa González, “se tomen medidas precautorias y/o cautelares necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de las personas que se están manifestando […] y evitar acciones de difícil e imposible reparación”. Asimismo solicita que en un término de 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio, se les informe de las gestiones realizadas y resultados de las mismas.
Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Secretariado Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante un oficio firmado por el ciudadano Luciano Borreguín González, solicitó también al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el licenciado José Bruno del Río Cruz, que a la brevedad sean atendidas las peticiones de las organizaciones y se cumpla la recomendación 46/2013 de dicha Comisión, respecto a la deficiente atención que ofrece el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).
Desde enero 6 de 2014, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha documentado las agresiones contra las defensoras y al mismo tiempo, se ha percatado la omisión y falta de interés de las autoridades ante las peticiones realizadas por ambas organizaciones.
Es por ello que como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, reiteramos la urgencia de que se garantice por parte del Estado Mexicano el derecho a defender los derechos humanos y en particular se atiendan todas y cada una de las peticiones hechas por las organizaciones Tamaulipas Diversidad VidhaTrans y Géneros en Movimiento.
Expresamos nuestra alta preocupación por la integridad física y sicológica de las defensoras que se encuentran en el plantón debido a la falta de interés en atender las demandas planteadas y responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier ataque en contra de Ana Karen López Quintana y demás integrantes de Diversidad VidhaTrans y Géneros en Movimiento.
Atentamente:
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República.
El pasado 8 de febrero, el gobernador del estado de Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, y el subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, informaron –en audiencia con la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fuundec-M)– sobre las acciones de búsqueda, para dar con la suerte o el paradero de nuestros seres amados, en concreto sobre el operativo realizado en la zona Norte del estado durante los días pasados.
El gobernador –ante pregunta expresa y en consulta con su secretario de gobierno y con el procurador– afirmó delante de nuestro colectivo, de los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los representantes de la Federación, que no había sido usada maquinaria pesada durante el operativo, que no se había permitido la entrada de la prensa a la zona de búsqueda, y que se habían respetado todos los protocolos que garantizaban el manejo y la cadena de custodia de tan delicadas evidencias. No obstante, existe prueba irrefutable de lo contrario. Al respecto, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México manifiesta lo siguiente.
1. Durante 5 años Fuundec-M ha empujado al Estado mexicano para que haga lo que es su responsabilidad. Durante su sexenio, Felipe Calderón se dedicó a administrar el conflicto; en Coahuila, las gestiones de Humberto Moreira y de Jorge Torres López no fueron la excepción. Con Rubén Moreira, sin embargo, logramos avances sustanciales en armonización legislativa y en la atención integral, con perspectiva de derechos humanos, mismos que esperamos sean mantenidos y cumplidos, con honra al compromiso hecho con Fuundec-M y con todas las instancias que participaron en el proceso.
2. Al paso de estos años hemos mantenido nuestra primera e inamovible demanda: búsqueda efectiva, que es la menos desarrollada y carente de resultados concretos, al menos para quienes desde Fuundec-M hemos enfrentado la desidia y la apuesta impune de la burocracia del Estado mexicano. Por eso, recibimos con sorpresa y alta expectativa el operativo de búsqueda en la zona Norte del estado de Coahuila, iniciado aproximadamente el 26 de enero pasado, con una duración de unos 10 días. En nuestro comunicado del 31 de enero, manifestamos nuestro ánimo, pero también nuestra preocupación de que se hiciera bien y de que la prensa fuera cuidadosa en el tratamiento ético de la labor de informar sobre un suceso que sobrecoge nuestras entrañas, como pasó con este operativo.
3. Tras el encuentro con el gobernador, las familias de Fuundec-M fuimos sorprendidas por un reportaje del noticiero Primer Impacto, de la cadena televisiva Univision, en el que se aprecia un trabajo periodístico que pone en evidencia la violación absoluta a las reglas de preservación del lugar del hallazgo y de búsqueda, fijación, levantamiento y embalaje de indicios fundamentales para los fines del operativo (pateando ropa, por ejemplo), pero también se aprecia el uso de maquinaria pesada, en acciones de excavación. El reportero desarrolla su acción en el interior de inmuebles que debieron haber quedado acordonados para su preservación, sin que apreciemos que la autoridad le impida afectar lo que podría ser evidencia central de una hipótesis de incineración de cuerpos, según él mismo refirió.
4. Desde el principio de nuestra lucha hemos enfatizado hasta la necedad nuestra demanda de que debe protocolizarse la acción de búsqueda y de investigación, para mejorar no sólo las probabilidades de hallazgos de personas desaparecidas, sino para el esclarecimiento del hecho y el procesamiento judicial de los responsables. Por eso nuestra insistencia ante el gobernador, y también por eso nuestro sentimiento de decepción, indignación, desengaño, impotencia, rabia y dolor ante la evidencia irrefutable de que el operativo más pareció una pasarela periodística de acceso libre, contaminando las evidencias que se esperaban recolectar, y confirmando nuestros peores temores.
5. Por ello, la Plenaria de Fuundec-M ha tomado la decisión de suspender la interlocución con el gobierno del Estado de Coahuila y con la Federación, retirándose de las mesas temáticas y de las de seguimiento de casos, hasta en tanto el gobernador de Coahuila y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, nos den explicaciones satisfactorias sobre las graves anomalías detectadas en el operativo que pudieron llevar a la contaminación, alteración e incluso pérdida de evidencia sustancial; se asegure el resguardo y suspensión del procedimiento de análisis de los indicios recolectados hasta que se aclare lo sucedido; y se deslinden las responsabilidades del secretario de gobierno, Armando Luna Canales; del procurador de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria; del subprocurador Yáñez Arreola, y de Jesús Carranza Oyervides, titular de la Vocería para temas de Seguridad del gobierno del estado. También, exigimos que cesen los operativos de búsqueda planeados, hasta en tanto no sean aclaradas estas circunstancias y deslindadas las responsabilidades, y se pida ayuda a organismos internacionales para preparar, desarrollar y sistematizar los resultados de acciones como éstas.
Fuundec-M rechaza categóricamente el operativo; manifiesta su duda sobre sus resultados, y suspende toda interlocución con el Estado mexicano, hasta que los responsables de este desaseo den cuenta de lo sucedido, y el gobernador y el comisionado general de la Policía Federal expliquen pública y transparentemente lo sucedido. Mientras tanto, Fuundec-M se concentrará en denunciar la gravedad de lo sucedido a las familias de otras organizaciones, a las organizaciones civiles de derechos humanos que las acompañan, y a las instancias internacionales interesadas en apoyar los esfuerzos de las familias atormentadas por el flagelo de las desapariciones en México.
Por una búsqueda incansable. ¡Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos!
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, conformado por más de 200 comunidades indígenas afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel, sostuvo el pasado lunes 10 de febrero una reunión de trabajo con autoridades estatales y federales encabezadas por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para presentar, una vez más, la propuesta Para que llueva maíz en la montaña, un programa emergente de abastecimiento de granos básicos para las familias damnificadas por las tormentas de septiembre de 2013.
Esta reunión de trabajo fue pactada luego de que las comunidades se vieran orilladas a ejercer su derecho a la protesta mediante una movilización multitudinaria en la ciudad de Tlapa de Comonfort, los días 4 y 5 de febrero pasado, ante la inminente crisis alimentaria que se avecina en la región de la Montaña de Guerrero y frente a la desatención de las autoridades que interrumpieron unilateralmente el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas desde finales de 2013.
A pesar de que desde noviembre de 2013 el Consejo de Comunidades Damnificadas presentó una propuesta técnica para prevenir la crisis alimentaria mediante un programa emergente de abasto de granos básicos, el cual para su ejecución requiere menos del 2 por ciento del monto anunciado para el Plan Nuevo Guerrero presentado por Enrique Peña Nieto el 7 de noviembre de 2013 en Chilpancingo, Guerrero, en la reunión sostenida el pasado 10 de febrero, las autoridades tanto federales como estatales no fijaron una postura concluyente sobre la viabilidad de la propuesta planteada por el Consejo, sino que se comprometieron a dar respuesta al planteamiento de las comunidades el lunes 17 de febrero de 2014, en una mesa de trabajo que tendrá lugar en Chilpancingo y que encabezará el gobernador del Estado.
“Los programas sociales desplegados en la Montaña de Guerrero tras las tormentas han sido insuficientes para atender una crisis de enormes proporciones, siendo evidente que se requiere un programa específico que garantice el derecho a la alimentación de las familias, vulnerables por su condición de pobreza extrema”, expuso el comisario municipal de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga.
“El Consejo de Comunidades Damnificadas constituye un ejercicio inédito de participación ciudadana para la recuperación comunitaria tras el desastre natural, capaz de garantizar que los programas sociales y los apoyos lleguen directamente a quienes los necesitan y sin intermediarios, lo que hasta la fecha no se ha garantizado pese a que así lo aseguran los gobiernos federal y estatal”, reiteró el comisario municipal.
“Ha sido ampliamente denunciado en la opinión pública el acaparamiento de víveres por parte de autoridades estatales y de los propios ayuntamientos. Trabajar con las comunidades en una región multicultural como la Montaña, supone reconocer la existencia de las autoridades tradicionales y aprovechar su profundo arraigo regional”, insistió Bruno Arriaga.
Es importante recordar, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, que el Consejo está constituido por autoridades comunitarias, representantes directas de sus pueblos y portavoz para con las autoridades municipales, pero sobre todo son quienes cuentan con la representatividad legal y real de las comunidades, además de tener el conocimiento concreto de los daños que han sufrido. Suponer que las solicitudes de éste Consejo buscan por medio de intermediarios utilizar recursos públicos, como se ha señalado en distintas ocasiones, no hace más que desconocer la legitimidad de las autoridades comunitarias y tradicionales de los pueblos.
Pese a lo contundentes argumentos del Consejo, su propuesta no ha sido retomada, de suerte que será hasta el lunes 17 de febrero cuando las autoridades fijen postura. En preparación de esta reunión definitoria, el Consejo ha apelado a la solidaridad nacional e internacional. Así, por ejemplo, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F Kennedy instó al gobierno federal a retomar la propuesta de las comunidades, mediante una carta pública. Paralelamente aproximadamente 1 mil activistas nacionales e internacionales han enviado cartas a Rosario Robles y Ángel Aguirre para solicitar que las propuestas del Consejo sean atendidas con prontitud y evitar así una crisis alimentaria en la región de la Montaña de Guerrero. En este marco, estos activistas están llevando a cabo la campaña #QueLluevaMaíz, la cual circula ampliamente en redes sociales.
En suma, pese a que el gobierno federal insiste en que la situación de la Montaña está resuelta y aún cuando en sus comunicados oficiales ha presentado el encuentro del 10 de febrero como parte de un monitoreo permanente y no como respuesta a la movilización y capacidad de propuesta de las comunidades indígenas frente a la desatención estatal, la crisis alimentaria que se avecina en la Montaña no ha sido conjurada y requiere de acciones emergentes. En este sentido, los próximos días son definitivos para saber si el Estado mexicano retomará la propuesta de las comunidades para garantizar el derecho a la alimentación, dedicando menos del 2 por ciento del monto anunciado para la entidad en este rubro. Por ello, el Consejo de Comunidades Damnificadas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan llaman nuevamente a la solidaridad y demandan una respuesta clara y favorable a su propuesta en la reunión del lunes 17 de febrero.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 11 de febrero de 2014.
Consejo de Comunidades Damnificadas
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El pasado 12 de febrero fue encontrado en el estado de Veracruz el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Gregorio colaboraba con los medios locales Notisur y con el Liberal del Sur.
Amnistía Internacional condena el asesinato de Gregorio Jiménez y manifiesta su solidaridad con su familia, amigos y colegas.
El cuerpo de Gregorio Jiménez fue encontrado junto a los de otras dos personas en el municipio de Las Choapas, en Veracruz. Jiménez de la Cruz había permanecido desparecido desde el 5 de febrero en Coatzacoalcos.
Durante los días posteriores a su desaparición tuvieron lugar diversas movilizaciones de periodistas y sociedad civil exigiendo a las autoridades garantizar su seguridad y proporcionar información sobre su paradero.
La organización ha hecho un llamado a las autoridades federales y estatales para que éstas investiguen de manera pronta e imparcial el asesinato de Gregorio Jiménez y de las otras dos personas que fueron encontradas en el municipio de Las Choapas. En el caso de Gregorio Jiménez, la investigación deberá agotar la posibilidad de que su asesinato ocurriera como consecuencia de su labor como periodista.
Asimismo, Amnistía Internacional recordó a las autoridades su obligación de garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias.
Amnistía Internacional
La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su más firme condena ante el asesinato del señor Gregorio Jiménez, periodista de los diarios Notisur y Liberal del Sur, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer en el municipio Las Choapas, Veracruz, luego de que el 5 de febrero fuese violentamente sacado de su casa por cinco sujetos armados.
El fatal desenlace trae una vez más el luto a Veracruz, entidad en la cual desde 2011 hemos lamentado las sucesivas muertes violentas de Regina Martínez, Esteban Rodríguez, Gabriel Huge, Irasema Becerra, Guillermo Luna, Víctor Manuel Báez, Chino Noel López Holquin, Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz y Agustina Solana. La ONU-DH suma su sincera expresión de condolencias a la familia del señor Jiménez y a sus colegas.
Las autoridades locales han reportado haber alcanzado resultados luego de la detención de cuatro personas, las cuales habrían confesado su participación en el asesinato del señor Jiménez e incluso señalado el lugar donde se ubicó su cadáver y el de otras 2 personas.
“Combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra los y las comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades, pero urge además atender el evidente clamor del gremio periodístico porque se diseñen e implementen medidas eficaces de prevención ante la vulnerabilidad creciente en la que desarrollan sus labores” (sic), declaró Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU-DH, en concordancia con lo expresado por el señor Frank La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en su informe de 2011, las observaciones finales del Comité contra la Tortura de 2012 y la preponderancia de muchas intervenciones durante el diálogo en el marco del segundo ciclo de revisión a México en el Examen Periódico Universal en octubre de 2013, insta a las autoridades federales y estatales a utilizar todos los recursos a su alcance para hacer una investigación diligente, completa e imparcial para enjuiciar y castigar a los responsables con sanciones acordes con la gravedad de sus actos, respetando en todo momento los principios del derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la prohibición de tortura y malos tratos, y alienta al Estado mexicano a ejecutar y fortalecer las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de los periodistas.
Ciudad de México, 12 de febrero de 2014.
Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
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