A nuestra guardiana, guardianes; familias visitadas y maestro de la Escuelita Zapatista; a las Juntas de Buen Gobierno, Bases de Apoyo, milicianos, insurgentes y mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La escalada represiva de los grupos paramilitares y organizaciones sociales afiliadas a los partidos políticos en contra de las Bases de Apoyo Zapatista (BAZ), como lo denuncia la Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón del Arco Iris de la Esperanza del Caracol IV, Torbellino de Nuestras Palabras: “la agresión que sufrieron nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo del Ejido 10 de abril del municipio autónomo en rebeldía 17 de Noviembre, Chiapas, México fue provocada por gente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Democrática, liderada por Miguel Vázquez Hernández y Jaime Luna González”. En un comunicado fechado el viernes 31 de enero de este 2014, en el cual hacen la denuncia, tenemos conocimiento que tan sólo en el 2013 en seis ocasiones las Juntas de Buen Gobierno señalaron y denunciaron por medio de comunicados las agresiones sufridas por parte de organizaciones partidistas en complicidad con policías municipales y estatales; así como del mal gobierno.
No es de extrañarnos esta política de ataques en contra de la autonomía de las comunidades zapatistas, y los intentos de arrebatarles sus tierras recuperadas desde 1994, con falsos argumentos legales que sólo pueden imponerse por medio de las armas. El Estado mexicano le sigue apostando al derramamiento de sangre entre hermanos indígenas, que en muchas partes del territorio bajo influencia zapatista han encontrado en las JBG la solución a sus problemas, y no sólo zapatistas acuden a encontrar alternativas, sino gente de los partidos y organizaciones independientes que buscan la intermediación de la JBG porque reconocen en los zapatistas la capacidad de representarlos porque aplican la verdadera justicia, y viven la democracia verdadera.
La libertad según los zapatistas es lo que en verdad atacan quienes arman grupos paramilitares. La visión de libertad que tienen los zapatistas se ve en su amor por la vida y la Madre Tierra, que se defiende desde las comunidades rebeldes, municipios autónomos rebeldes zapatistas, y sus JBG; toda una estructura civil que suma más de 100 mil y, según algunos cálculos, otros apuntan a los 200 mil; pero si sabemos escuchar un poco, el 21 de diciembre de 2012 hablaron con el silencio de sus 30 años de lucha, 20 años del levantamiento, a 19 años de construir su gobierno autónomo y a 10 años ya de construcción de las JBG y de los cinco Caracoles; hablan para compartir su experiencia por medio de la Escuelita Zapatista. Ya no llama como en 1994 a una Convención Nacional Democrática. Hoy invitan a construir la autonomía. Y nosotros asumimos el reto.
Como asumimos el compromiso de la Sexta, de que si nos tocan a uno nos tocan a todos, repudiamos los ataques en contra de las BAZ y los intentos del mal gobierno de provocar al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. En vísperas de discutir en sus cuevas de ladrones las reformas en materia indígena que buscan modificar e intervenir de forma más directa en los territorios autónomos indígenas de todo el país, con la finalidad de imponer minas, carreteras, presas, termoeléctricas, clubes campestres y de golf, proyectos de ecoturismo, saqueo, despojo y privatización del territorio, agroindustrias, parques industriales, privatización y contaminación del agua, bosques y mares; construcción de grandes complejos comerciales y de negocios, aeropuertos, etcétera… Con muchos pueblos indígenas afectados por la avaricia capitalista y la complicidad del Estado mexicano.
Las llamadas “leyes indígenas” que quieren imponer en el país y en el Distrito Federal, pretende ser la estocada final a los Acuerdos de San Andrés. La resistencia y la construcción de la autonomía es la respuesta organizada de las comunidades zapatistas y de los pueblos indios a lo largo y ancho de lo que se conoce como México. Ustedes, hermanos zapatistas, significan un respiro y ejemplo a las luchas de los pueblos originarios en el mundo; ustedes, que bajo el espíritu de los Acuerdos de San Andrés y bajo los principios de la Sexta invitan a fortalecer la unidad y organización de los pueblos originarios en el Congreso Nacional Indígena; con la construcción seria de los de abajo y a la izquierda organizados en la Sexta, en la lucha contra el capitalismo. Desde Azcapotzalco, Valle del Anáhuac, Alby Ayala, les enviamos un combativo saludo, a todas y todos los zapatistas.
El 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Madre recorrimos los pueblos, barrios y colonias afectados por los megaproyectos en Azcapotzalco. Este Primer Carnaval de la Resistencia en Azcapotzalco es un homenaje que dedicamos a ustedes los zapatistas, ejemplo vivo de la palabra digna, de los que se atreven de hacer del silencio la poesía de rebeldía más sublime.
Del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; de la banda para la banda.
Con autonomía y autogestión, la Sexta-Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco; construyendo el poder del pueblo
Licenciado Gabino Cué Monteagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca,
Reciba un cordial saludo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República.
Recientemente tuvimos conocimiento de que el pasado 15 de febrero de 2014, aproximadamente a las 18:00 horas, Eva Lucero Rivero Ortiz, defensora de derechos humanos y vocera de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc) recibió amenazas de muerte a través de dos mensajes enviados vía telefónica, ello, después de haber participado a una reunión con funcionarios del estado de Oaxaca.
Asimismo, es de nuestro conocimiento que el día anterior, el 14 de febrero de 2014, María Dolores Merino Ortiz, Reina Clavel Tapia, Cinthia Narciso Bernal y una menor de edad, integrantes de la Ucidebacc resultaron gravemente heridas tras ser golpeadas por elementos de la Policía Preventiva Estatal durante una manifestación pacífica que realizaban en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Cabe mencionar que una de las defensoras está embarazada y presenta graves dolores como consecuencia de los golpes sufridos, y todas las defensoras presentan contusiones en la cabeza, en la cara y/o en la espalda. Estos hechos se enmarcan en un contexto de constantes y sistemáticos ataques contra la defensora Eva Lucero Rivero Ortiz y su organización.
A pesar de que el caso de la organización fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) –organismo que decretó medidas cautelares a favor de Eva Lucero Rivero Ortiz y su organización en septiembre de 2013–, la seguridad de la defensora e integrantes de la Ucidebacc sigue sin ser garantizada.
Entre 2010 y 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, junto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, hemos documentado 30 asesinatos de mujeres defensoras y periodistas en el país.
Cabe mencionar que según el Diagnóstico 2012 Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica realizado por la Iniciativa Mesoamericana en 2012, Oaxaca se colocó como el estado con mayor nivel de ataques contra mujeres defensoras y periodistas a nivel nacional con 48 agresiones.
Es por ello que conforme a su obligación de garantizar la seguridad de las personas defensoras derechos humanos, tal y como lo establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada en 1998 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigimos al gobierno del estado de Oaxaca:
Que garantice la protección de la vida, integridad física y sicológica de Eva Lucero Rivero Ortiz y otras integrantes de la Organización Ucidebacc.
Que realice una investigación pronta y expedita para perseguir, procesar y sancionar a los responsables de las amenazas y agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos.
Que garantice la seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en el estado de Oaxaca.
Asimismo, responsabilizamos a las autoridades del estado de Oaxaca de cualquier agresión que ponga en riesgo la vida e integridad de la defensora Eva Lucero Rivero Ortiz y de las y los demás integrantes de la Ucidebacc.
Sin más por el momento, quedamos atentas para mayor información.
Atentamente:
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República
A las comunidades, Bases de Apoyo, Municipios Autónomos y Juntas de Buen Gobierno Zapatistas; a la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arco Iris de la Esperanza Caracol IV; al Ejido 10 de Abril y al Municipio Autónomo 17 de Noviembre; al Comité Clandestino Revolucionario Indígena; al Ejército Zapatista de Liberación Nacional; a los y las adherentes de La Sexta; a los medios libres:
Desde Guadalajara, Jalisco, nos sumamos al llamado de solidaridad para hacer eco de las denuncias hechas recientemente por La Junta de Buen Gobierno, Corazón del Arcoíris de la Esperanza del Caracol IV.
Queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros Base de Apoyo Zapatista del Ejido 10 de Abril (Municipio Autónomo 17 de Noviembre) y al personal del Hospital San Carlos de Altamirano. Repudiamos y condenamos enérgicamente las agresiones sufridas el pasado 30 de enero de 2014.
Denunciamos y responsabilizamos a los tres niveles del gobierno –al capataz Peña Nieto, al mayordomo Manuel Velasco Coello y al mayoral Manuel Culebro Gordillo– de las acciones contrainsurgentes realizadas a través de grupos paramilitares como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo y la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos que intentan sembrar la muerte y el terror en las comunidades autónomas zapatistas.
Sabemos que estas agresiones –así como las denunciadas de manera sistemática por las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas y las sufridas por los pueblos indios, campesinos y pobres– tienen sus antecedentes en todas las irregularidades con que se ha realizado el reparto agrario (dotación de las mismas tierras a diferentes pueblos, deslindes amañados y retrasados, programas, entre otras muchas mañas).
Sabemos también que esas agresiones forman parte de la guerra de despojo llevada a cabo por los mandones capitalistas neoliberales en contra de quienes defienden y trabajan la Madre Tierra.
¡Alto a los hostigamientos contra los y las compañeras de la comunidad 10 de Abril! ¡Alto a las agresiones en las comunidades zapatistas! ¡Alto a la guerra contra las comunidades autónomas zapatistas! ¡Fuera paramilitares del territorio zapatista!
¡Vivan las comunidades zapatistas! ¡Vivan los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen gobierno! ¡Si tocan a uno nos tocan a todos!
RASH Guadalajara, Colectivo Las Escarabajas, Colectivo Luciérnagas, Colectivo Voces, Colectivo 1D Guadalajara, Colectivo Tapatistas, El Colectivo de Santa Tere, Grito Proletario, Más de 131 ITESO, alumnos de la Escuelita Zapatista
A nuestra guardiana, guardianes; familias visitadas y maestro de la Escuelita Zapatista; a las Juntas de Buen Gobierno, Bases de Apoyo, milicianos, insurgentes y mandos del EZLN; a los medios de comunicación nacional y del extranjero; a las organizaciones políticas, populares e independientes; a los organismos defensores de los derechos humanos; al pueblo de México:
A luchar contra los crímenes de lesa humanidad; a organizarse contra el régimen neoliberal.
El Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos y la Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y la Brigada Multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México:
En el marco del Día Internacional de la Mujer Proletaria a conmemorarse el próximo 8 de marzo, consideramos necesario no dejar pasar por alto las fechas históricas donde nuestro pueblo, hombres y mujeres, han ofrendado su vida por transformar las condiciones de miseria que genera el capitalismo con su régimen neoliberal.
Han pasado varios años y las causas que dieron origen a esas gestas heroicas siguen vigentes. Hoy en día toman más importancia en función de la agudización de la lucha de clases en nuestro país, producto de la crisis estructural del sistema.
En este contexto invitamos a los medios de comunicación, organizaciones populares y pueblo en general a la conferencia de prensa este 3 de marzo de 2014 en el Monumento a la Madre (Serapio Rendón, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal), a las 11:00 horas.
En la conferencia de prensa estarán compañeras de los estados de Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas y organizaciones populares del Distrito Federal.
Sin otro asunto que tratar, nos despedimos de ustedes enviándoles un cordial saludo, esperando contar con su asistencia.
Fraternalmente:
El Frente Popular Francisco Villa Independiente; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Brigada Multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el pasado 20 de febrero las discusiones sobre la aplicación de la figura del arraigo, la cual ha sido criticada a nivel nacional e internacional.
Más de nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México su total eliminación, tanto en la práctica como en la ley, en los niveles federal y local.
Ante la discusión que ha comenzado en días recientes en la SCJN sobre la aplicación de la figura del arraigo, las organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual que suscribimos la presente instamos a las y los ministros a incorporar los estándares internacionales en la materia y dar cumplimiento a las diversas recomendaciones que más de nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han emitido a México.
Desde 2002, antes de que el arraigo fuera elevado a rango constitucional, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que el arraigo representaba una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos judiciales.
Desde que en 2008 se incorporó el arraigo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos mecanismos internacionales han recomendado a México su eliminación. En 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también expresó su gran preocupación sobre la utilización del arraigo en la lucha contra el crimen organizado, en el que una persona puede ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por los tratados internacionales. Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, tras haber visitado el Centro Nacional de Arraigo, condenó la figura, pues encontró que cerca del 50 por ciento de las personas detenidas bajo arraigo presentaban señas de tortura.
Más recientemente, en 2012, el Comité Contra la Tortura reiteró su preocupación expresada ya desde 2007 sobre la aplicación del arraigo, e instó decididamente a México a que “elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”.
Otros mecanismos que se han pronunciado en este mismo sentido son la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que, en el marco de la segunda evaluación de México ante el Examen Periódico Universal, nuevamente se recomendó la eliminación del arraigo del ordenamiento jurídico nacional.
El arraigo constituye, en sí misma, una figura que contraviene a los principios de justicia de un sistema democrático que consiste en “detener para investigar”, y que a la vez viola diversos derechos humanos. La SCJN debe hacer valer el reciente reconocimiento que recibió por parte de la ONU por su labor en la protección de los derechos humanos en México y eliminar la posibilidad de que esta figura se aplique en el país.
Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos y personas que suscribimos la presente hacemos un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la inconstitucionalidad de la aplicación de la figura del arraigo a nivel local y la inconvencionalidad de la aplicación a nivel federal.
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura; Amnistía Internacional; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Casa del Migrante de Saltillo; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC; Centro Nacional de Comunicación Social; Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, AC; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC; Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa; Espolea; Equis: Justicia para las Mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Geraldina González de la Vega; Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; JASS (Asociadas por lo Justo); Jorge Israel Hernández; Mariclaire Acosta; Organización Mundial contra la Tortura; Propuesta Cívica, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Sin Fronteras, IAP
Al gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno; al presidente municipal de Comala, Braulio Arreguín; al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Ramírez Marín; al procurador agrario, Cruz López Aguilar; a la Procuraduría General de la República, Delegación Colima; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos; a Amnistía Internacional; a la opinión pública:
Las acusaciones infundadas de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, licenciada María Elena Díaz Rivera, en contra de la organización Bios Iguana, AC, miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extactivo Minero (M4), ya están poniendo en riesgo la integridad física y moral de sus miembros.
La delegada Díaz Rivera acusó en las últimas semanas ante los medios de comunicación, y directamente a los integrantes de Bios Iguana, AC, de presionar a los comuneros, de extorsión, de robo de recursos, de tener “sembradíos”, de traer gente de “Michoacán, Chihuahua y Puebla”, de tener intereses de tierras comunales, entre otras mentiras y declaraciones irresponsables y ambiguas que no sólo transgrede sus funciones públicas y excede sus facultades, sino que además, junto con la solicitud de la fuerza pública en territorio comunal indígena para amedrentar a los comuneros, ya está poniendo en riesgo la seguridad física y moral de los defensores de los derechos humanos.
El día viernes 21 de febrero del año en curso, durante la manifestación pacífica que realizaba el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana, frente a las oficinas de la Delegación de la Procuraduría Agraria en la ciudad de Colima, personal de esta Delegación, entre los que se encontraba el licenciado Carlos Soulé, violentaron física y verbalmente a tres integrantes de Bios Iguana, hecho que ya fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Colima. Estas mismas personas han reiterado su acoso inclusive a otros miembros que integran la organización de Bios Iguana. El mismo licenciado Soulé, el sábado 2 de febrero, amenazó de muerte en la calle al abogado de Bios Iguana. Otros han sido perseguidos y acosados por las calles de la capital del estado. Por su lado, la delegada Díaz Rivera manifestó: “Si los de Bios Iguana son entrones, yo también”. Asimismo dijo: “No quieren que vaya a Zacualpan porque no quieren que vea los sembradíos que tienen”.
Las falsas acusaciones sin fundamento de la señor Díaz Rivera ha provocado que un grupo de comuneros que defienden al destituido expresidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán, amenacen de muerte el día de hoy a miembros de Bios Iguana en la capital del Estado, en las mismas instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Específicamente, Rubén Guzmán Aranda, hijo del expresidente de Bienes Comunales, amenazó a los miembros de Bios Iguana: “Ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan. La próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana, ya se los cargó con sus sembradíos de mariguana. Te metiste a mi casa; se metieron a mi casa sin permiso y ahora sí, a chingadazos los vamos a sacar, ya te cargó la verga, porque si no aprendiste por la buena, ahora vas a aprender por la mala; te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”. Esta denuncia ya ha sido interpuesta por Bios Iguana en la Mesa 2 de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, Delegación Colima.
Los comuneros, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, como los Hijos Ausentes de Zacualpan que radican en Estados Unidos, ya han desmentido públicamente todas estas falsas acusaciones y calumnias de la delegada Díaz Rivera. Sin embargo, la señora Díaz Rivera no cesa en sus falsas acusaciones, provocando mayores divisiones, generando conflictos entre los comuneros y poniendo en riesgo la vida de activistas ambientales y defensores de los derechos humanos. Videos, fotografías, testimonios, documentos así como una infinidad de notas periodísticas de diversos medios locales y nacionales, han dado registro de la indebida actuación del excomisariado, como de la delegada de la Procuraduría Agraria.
El 23 de febrero, con la presencia de notario público, sin altercados violentos ni presencia de fuerzas públicas y nadie ajeno a la Asamblea, ceñidos al reglamento y la Ley Agraria, la asamblea de comuneros de Zacualpan logró la destitución del comisariado ejidal Carlos Guzmán, luego de que, bajo evidente asesoría de la delegada, convocaba y suspendía asambleas o boicoteaba su realización violando la Ley Agraria, con el fin evitar su remoción, lograr la ejecución del proyecto minero, y evitar la pérdida de supuestos beneficios económicos antes del final de su cargo como comisariado, de los cuales el Consejo de Vigilancia no tenía información.
Ante todo ello, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, solicita urgentemente medidas cautelares para la comunidad de Zacualpan y para la organización de Bios Iguana, AC, a fin de garantizar la seguridad de los comuneros y de los integrantes de la Asociación Civil. Consideramos que una investigación y auditoría solicitada por la comunidad y el nuevo comisariado ejidal en el cual ahora participan mujeres, sobre los recursos que las distintas dependencias canalizaron al excomisariado ejidal durante su gestión, ayudaría a despejar sospechas de conflictos de intereses y deslindar responsabilidades.
Las organizaciones que integramos la Rema conocemos y avalamos el excelente trabajo que Bios Iguana, AC, ha venido realizando desde hace 20 años en el estado de Colima por los derechos humanos y el medio ambiente, razones por las cuales hacemos público nuestro reconocimiento y solidaridad a la organización ante las difamaciones en su contra por parte de la Procuraduría Agraria, que son una muestra más de agresión a defensores de derechos humanos y a activistas preocupados por detener la devastación ambiental y social que el modelo extractivo minero está generando en nuestro país.
La Rema hace responsable al gobierno del estado de Colima, a la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima y al excomisariado de Bienes Comunales de Zacualpan por la seguridad física y moral de los comuneros, de los miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de la organización Bios Iguana, AC, todos miembros de la Rema, de los actos de violencia que están ya generando sus difamaciones y declaraciones como funcionaria, así como de posibles actos de autoridad que violen sus derechos humanos. La Red Mexicana de Afectados por la Minería exige también al procurador agrario de la federación deslinde responsabilidades en torno a las actuaciones de su delegación en el estado de Colima.
Red Mexicana de Afectados por la Minería
Vecinos, colonos y amas de casa:
Para el próximo 8 de marzo convocamos a todas las amas de casa, vecinos, colonos y al pueblo en general a participar en la marcha que realizaremos conmemorando 1 año más de lucha en la que un centenar de mujeres perdieron la vida para que la mujer tuviera derecho a votar.
Seguimos en pie de lucha buscando la igualdad entre hombres y mujeres. Sobre todo, como mujeres luchadoras, nos manifestamos en contra de este gobierno neoliberal y fascista, que día con día ha generado crisis, corrupción, desempleo, pobreza, miseria, hambre, droga, delincuencia, secuestro, trata de personas, feminicidios, desapariciones, militarización y represión, violentando los derechos de todas las mujeres, ancianas, niñas, jóvenes, campesinas, indígenas, estudiantes, profesionistas.
Existe la violencia a nivel local y nacional en todas las modalidades. No es aceptable, mucho menos tolerable. ¡Levantemos la voz! ¡Rompamos el silencio y defendamos nuestros derechos! Salgamos a las calles y protestemos en contra de este mal gobierno.
La cita es a las 10 de la mañana, del monumento Lázaro Cárdenas al monumento a la Madre, México, Distrito Federal.
Atentamente:
Frente Popular Francisco Villa Independiente; Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
A las estudiantas y estudiantes de la Escuelita Zapatista; a las y los adherentes a la Sexta; a los medios libres; a la Red contra la Represión y por la Solidaridad; a las Bases de Apoyo Zapatistas; al Ejército Zapatista de Liberación Nacional:
Desde la Universidad de la Tierra de Oaxaca nos pronunciamos como estudiantes de la Escuelita Zapatista y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona por las recientes agresiones que sufrieron nuestras compañeras y compañeros Bases de Apoyo del Ejido 10 de Abril, Municipio Autónomo en rebeldía 17 de noviembre por parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “democrática”.
El pasado 1 de febrero las y los compañeros de la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia denunciaron el ataque perpetuado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) donde compas resultaron heridos de gravedad y otros presentaron heridas leves. Así como las agresiones que recibieron los integrantes del Hospital San Carlos a los cuales se les impidió a toda costa realizar sus actividades.
Desde el dolor y la rabia alzamos la voz en la ciudad de Oaxaca. Esta agresión es el espejo del derrumbe de los malos gobiernos, los medios al servicio del poder quieren esconder, maquillar y silenciar sus torpes decisiones. No lo lograrán, así como no lograrán atacar a la autonomía zapatista. Consideramos esta agresión en el marco de la violencia y la represión que se vive en todo el país y especialmente en contra de las organizaciones independientes y autónomas. Aquí en Oaxaca se ataca constantemente a todos aquellos que se oponen a los megaproyectos de muerte y a las y los que luchan contra la prisión política dentro y fuera de la cárcel.
Hay que recordar que a los estudiantes nos abrieron las puertas de sus casas, aprendimos de su lucha, conocimos la resistencia desde adentro y vimos con nuestros propios ojos la organización cotidiana y rebelde, hoy nos sumamos a las denuncias que compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo están realizando, abrazamos a todos los compañeros Bases de Apoyo Zapatista del Ejido 10 de Abril y les decimos desde Oaxaca que ¡no están solos! ¡Si tocan a los zapatistas nos tocan a todos!
Hacemos un llamado a todos los adherentes a la Sexta y estudiantes de la Escuelita Zapatista a manifestarse y movilizarse cada quien con sus modos y formas y según sus posibilidades y geografías por nuestros compas zapatistas. Es el momento de demostrar que la Escuelita y los últimos esfuerzos de los pueblos zapatistas están construyendo puentes con la sociedad civil nacional e internacional. Usemos nuestros espacios, calles y plazas para difundir e informar sobre esta agresión y no permitir que se repita.
¡Alto a las agresiones a las comunidades autónomas zapatistas! ¡Vivan los pueblos zapatistas! ¡Viva el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional!
Universidad de la Tierra de Oaxaca; Integrantes del seminario “Caminos de la Autonomía”; Círculo de Información y Apoyo Veredas Autónomas; Gustavo Esteva (cofundador Unitierra Oaxaca)
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que a personal docente, integrantes del Bloque Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 7, al estudiantado y a los representantes de familia del plantel número 16 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Ocosingo, se les está criminalizando por su acción de protesta, empezada el 4 de febrero de 2014. Esto, ante el incumplimiento de minuta de acuerdo firmada con el gobernador Manuel Velasco Coello el 20 de noviembre de 2013, y de otra minuta del 21 de noviembre de 2013, firmada con Lenin José Manuel Montejo Pech, delegado de la Dirección del Cobach.
Según los testimonios recabados, desde el 4 de febrero de 2014, docentes, representantes de familia y estudiantado manifestaron su inconformidad en las instalaciones del plantel 16 del Cobach, con la finalidad de exigir el cumplimiento de las demandas firmadas en las actas mencionadas, que contienen de manera esencial: la gratuidad de la educación y convenio sobre el cambio de directivos del plantel. En respuesta a sus acciones de protesta empezaron a recibir hostigamiento por parte de Octavio Albores Cruz, presidente municipal de Ocosingo; Santiago López Hernández, subsecretario de Gobierno Región XII Selva Lacandona, y de Edwin Teodoro Gabriel Roblero, director del Cobach.
Los hechos que al Centro Frayba le preocupan son los sucedidos el 10 de febrero de 2014, cuando la Fiscalía de Distrito Selva, con sede en Ocosingo, abrió el acta administrativa 109/SE18/2014, por denuncia del director del Cobach –Edwin Teodoro Gabriel Roblero– por los delitos de despojo, daños y motín en contra de las maestras Candelaria Maribel Blanco Hernández, María Carolina Sol Mejía y María del Carmen López Ordoñez; los maestros Luis Manuel López Cruz, Uriel Trujillo Gómez; y los padres de familia Jorge Luis Ramos López y Carlos Pérez López.
Acto seguido, los funcionarios de gobierno han expresado intimidaciones mediante llamadas telefónicas contra quienes están reivindicando sus demandas. El presidente municipal de Ocosingo les dijo: “Ya los identifiqué; a los revoltosos ya los voy a mandar a la cárcel”, amenaza realizada el viernes 14 de febrero de 2014, cuando docentes, estudiantado y representantes de familia se encontraban frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Según testimonio, el presidente además impidió la mesa que se establecería con otros funcionarios del gobierno del estado para dialogar y resolver la situación.
De los hechos mencionados, este Centro de Derechos Humanos documentó las violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión, incluidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos, 13, 15, 16, 27, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 19, 21, 22, signados y ratificados por el Estado mexicano.
Al Frayba le preocupa que funcionarios del gobierno de Chiapas utilicen su posición de cargos públicos para hostigar y judicializar en lugar de construir puentes de diálogo para atender las demandas presentadas por la ciudadanía.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exige el cese inmediato del hostigamiento y criminalización de la protesta contra docentes, estudiantado y representantes de familia del plantel 16, Cobach, Ocosingo; y realizar acciones de acercamiento y diálogo para la solución pacífica, atendiendo las demandas acordadas en las minutas de reunión que se han concertado con los funcionarios de gobierno.
Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas
Fuente: Contralínea 375 / 3-8 de marzo 2014
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