Nuestros lectores

 

En los hechos, instituciones de salud del DF promueven uso de mercurio

Muy importante me ha parecido el artículo “El mercurio, veneno que sigue suelto en América Latina”. En la Dirección de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal no se cumple con el compromiso de eliminar el tratamiento estomatológico con base en la amalgama de plata, la cual contiene mercurio, puesto que es indispensable para la aleación. No estuve de acuerdo en continuar aplicando amalgamas, lo cual me acarreó problemas con mis directivos y colegas. El criterio fue que, mientras no existiera un oficio emitido por la Dirección General, yo tendría que seguir utilizando la amalgama. No obstante las sesiones que tuvimos el personal coordinador del área de estomatología, en las cuales nos informaron de los graves daños que ocasiona el mercurio, a nivel operativo es obligación continuar con su utilización para justificar la productividad en clínica. Éste fue uno de los motivos que me obligaron a solicitar la renuncia a sólo algunos meses de poder jubilarme. Sólo puedo optar por la pensión.

Participé en una investigación acerca de la contaminación por mercurio durante mi estancia como residente en el Departamento de Investigación en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se demostró el daño en la salud y en el ambiente; sin embargo, más de 20 años después, haciendo caso omiso de las advertencias, las autoridades de salud en el Distrito Federal ignoran el peligro. La irresponsabilidad, tanto de autoridades como del personal operativo, refleja el bajo nivel profesional y ético, así como una nula conciencia ambientalista.

Ruxi Mendieta

Felicitan a investigador por trabajo sobre el Lago de Tequesquitengo

Habrá mitos, leyendas… ¡y detalles científicos! Gracias por compartirlos. Mi admiración y respeto por el trabajo “El lago de Tequesquitengo: la verdadera historia de un pueblo sumergido” [de Roberto Galindo]. Es la primera vez que escucho una versión lógica y con estudios como los suyos, claro, sin menospreciar la crónica de los historiadores del pueblo. Mis felicitaciones por este amplio estudio que nos dará a más de uno muchas respuestas. Por hoy, felicitaciones y adelante. Sus estudios hablarán por sí solos sin esperar a esas instituciones que dicen cuidar y proteger el patrimonio cultural e histórico de México. Saludos.

Edgardo Arce

Anarquistas convocan a manifestación por libertad de Mario González

El 2 de octubre de 2013 más de 100 personas fueron detenidas. Una de ellas es Mario González, estudiante expulsado del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, por su oposición a la reforma educativa en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Él fue detenido antes de la marcha por la policía capitalina en colaboración con las autoridades de la UNAM, que lo habían amenazado pocos días antes con afectarlo jurídicamente si no dejaba de organizarse contra la reforma, contra la represión en la Universidad y por su reinstalación. En estos 7 meses que han transcurrido desde su secuestro, ha quedado claro que Mario González es un rehén del gobierno del Distrito Federal, pero también que es un joven digno y rebelde que no se ha dejado someter por el encierro. Él, desde la reclusión, continúa luchando por su libertad; primero con la huelga de hambre que realizó, pero también por medio de sus palabras y de la resistencia cotidiana al sistema carcelario. Creemos que la mejor manera de lograr su libertad es organizándonos colectivamente. Proponemos luchar juntos y de manera solidaria para frenar la brutal represión de este sistema autoritario.

En días pasados se interpuso el amparo contra la sentencia de 5 años y 9 meses por el delito de ataques a la paz pública, pese a que éste no logró ser sustentado por el pésimo montaje de las autoridades del Distrito Federal. Los compañeros abogados harán evidentes las aberraciones del caso ante la instancia federal que conocerá del mismo, mientras que nosotros seguiremos haciendo la denuncia pública de esta política gubernamental del terror, la persecución y la criminalización de los movimientos sociales.

Les invitamos a sumarse, desde donde se encuentren, a las actividades a las que estaremos convocando para exigir una pronta resolución en la que se le otorgue el amparo a Mario, absolviéndolo para que pueda recuperar su libertad lo más pronto posible.

Para continuar la campaña permanente por la libertad de Mario, convocamos a una jornada de solidaridad el 20 de mayo próximo; llamamos a que se realicen concentraciones, mítines, marchas u otras actividades en plazas públicas u oficinas gubernamentales, así como en las embajadas mexicanas (en el caso de compas que están en otros territorios). En el Distrito Federal estaremos convocando a un mitin ese 20 de mayo a las 12 horas. Próximamente estaremos difundiendo el cartel con todos los datos de esta concentración.

¡Abajo los muros de las prisiones!

Cruz Negra

Restricción de la jurisdicción militar: triunfo histórico de las víctimas

El 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime diversas reformas al Código de Justicia Militar que –entre otros aspectos– restringen la jurisdicción militar en aquellos casos donde concurran personas civiles como víctimas, a partir de la minuta aprobada también por unanimidad en el Senado de la República el pasado 24 de abril.

La reforma al Código de Justicia Militar, cabe señalar, ha sido una añeja exigencia de las víctimas de abusos castrenses, de la sociedad civil y de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano reformar esta legislación en cuatro sentencias plenamente vinculatorias, derivadas de casos donde se comprobó que las instancias castrenses habían extendido su jurisdicción sobre víctimas civiles con efectos perniciosos para el acceso a la justicia. Inclusive, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo había considerado, ya que diversas normas del Código de Justicia Militar eran inconstitucionales.

La reforma aprobada contiene diversas modificaciones que avanzan en la ruta indicada para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. En particular, resulta atinada la restricción de la jurisdicción castrense desde las primeras actuaciones, en aquellos casos donde sea civil el sujeto pasivo o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro. A partir de esta modificación, nunca más una violación a los derechos humanos de una persona civil podrá ser investigada o juzgada por las instancias castrenses. Adicionalmente, la reforma incorpora otros avances como la restricción de la jurisdicción castrense en casos que involucran a menores.

A pesar de este avance fundamental, al cabo de este proceso de reforma, han quedado algunos pendientes, como lo han señalado la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y las propias organizaciones civiles durante el proceso. Específicamente, genera preocupación que, en sintonía con las posiciones esgrimidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), no se haya restringido la extensión de la jurisdicción militar sobre casos de violaciones a derechos humanos de militares cometidas por sus pares. La reticencia de los mandos castrenses a instaurar un verdadero régimen de respeto a los derechos humanos al interior de la propia institución armada, mantendrá al Ejército y a la Marina bajo el escrutinio internacional y debería suscitar una profunda reflexión en mandos medios y tropa sobre las condiciones que prevalecen al interior de los cuerpos castrenses.

La reforma de la jurisdicción militar es una obligación internacional del Estado mexicano tanto como una deuda persistente respecto de quienes, siendo víctimas de abuso militar, han vivido directamente la impunidad, que con regularidad se genera cuando tales violaciones a derechos humanos no son investigadas ni procesadas en la jurisdicción debida; personas como Tita Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Reynalda Morales, Daniel Téllez, y los familiares de Bonfilio Rubio y Jethro Ramés, cuyos nombres evocan procesos de búsqueda de justicia que llegaron hasta la Corte Interamericana o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el acotamiento de la jurisdicción militar adquiere innegable trascendencia para las víctimas de violaciones a derechos humanos, que no es menor; más aún, la reforma es un triunfo histórico de las víctimas que hicieron frente a la violencia institucional castrense. El hecho de que las reformas hayan sido aprobadas por unanimidad, cuando hasta hace muy poco legisladores, jueces y secretarios de Estado rechazaban la necesidad de reformar la jurisdicción militar y cuestionaban las denuncias de las organizaciones, contribuye a dimensionar la trascendencia de la reforma.

Hacemos votos para que esta Legislatura no deje de impulsar una agenda que apuntale la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en lógica democrática, rubro que en nuestro país presenta un considerable rezago. En el ámbito de la justicia, sin duda dicha agenda debe incluir una revisión integral del Código de Justicia Militar para que se incorporen plenamente los principios del proceso penal acusatorio y para que se garanticen las condiciones mínimas de independencia e imparcialidad en los órganos militares de procuración e impartición de justicia, hoy flagrantemente incumplidas. Las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, cabe reiterar, sólo podrán revertirse cuando se ponga fin a la militarización de la seguridad pública, que todavía prevalece.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

Gobierno mexicano debe cumplir con recomendaciones del relator especial sobre Tortura

Tras la presentación del informe preliminar del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura en su reciente visita a México, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas de los distintos niveles de gobierno para llevar a cabo a la brevedad las diversas recomendaciones para hacer frente a la prevalencia de esta aberrante práctica.

Las conclusiones preliminares del relator confirman una situación que Amnistía Internacional ha documentado por varios años. Si el gobierno es serio en el compromiso que ha hecho para combatir la tortura y otros malos tratos, es esencial que, como primer paso, reconozca públicamente la gravedad de la situación constatada por el relator y la urgencia de ejecutar las medidas señaladas.

El relator especial, Juan Méndez, calificó como generalizada la práctica de la tortura en México, especialmente utilizada en forma frecuente como una técnica de investigación para la obtención de confesiones autoinculpatorias o para conseguir información. El relator señaló que la tortura es practicada por las diferentes fuerzas de seguridad en los distintos niveles de gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional comparte las preocupaciones expresadas por el relator especial, particularmente frente a las graves deficiencias identificadas en la ejecución de salvaguardas para prevenir la aplicación de la tortura. Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el de los vacíos aún existentes entre el momento de la detención y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo la falta de registros adecuados y la detención en sitios no identificados. Asimismo, es preocupante la prevalencia de ciertas figuras que incentivan el uso de la tortura, como el arraigo y una aplicación laxa de la detención bajo flagrancia.

Por otra parte, han sido identificadas múltiples deficiencias en la implantación del Protocolo de Estambul para la detección de señas de tortura, el cual no es aplicado de conformidad con los estándares internacionales y, en muchas ocasiones, es llevado a cabo en meses, o incluso años, después de los hechos. Asimismo, es preocupante la adscripción de los peritos oficiales a las procuradurías de justicia, pues ello resta independencia e imparcialidad en su aplicación. Por ello, Amnistía Internacional respalda la recomendación del relator especial para fortalecer la aplicación de estos peritajes, así como la aceptación y valoración en juicio de peritajes realizados por instancias o expertos independientes distintos a las procuradurías de justicia.

Finalmente, la organización reitera el llamado al Poder Judicial tanto federal como estatal, a fin de que ninguna prueba obtenida bajo tortura sea admitida como válida en los procesos judiciales. Asimismo, las autoridades mexicanas deben asegurarse que en toda investigación de hechos de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recaiga sobre el Estado y no sobre las víctimas.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a ejecutar con prontitud las recomendaciones emitidas por el relator especial con el fin de prevenir y erradicar la tortura en el país. Para ello, resulta fundamental dar pasos firmes en la investigación y sanción de todos los responsables para poner fin a la impunidad prevalente y garantizar reparaciones adecuadas a todas las víctimas.

Oficina de Amnistía Internacional en México

Contralínea deja huella, dice

Felicitaciones por su destacadísima información documentada, que da pie a confiar en revistas de contenido social, político o económico como la de ustedes. Los leo y aprendo, los comento y creo polémica. Eso es periodismo que trasciende, que deja huella. Felicidades.

Carlos Desmoctt

Contra el intervencionismo estadunidense

El cinismo del gobierno estadunidense no tiene límites cuando de intervencionismo se trata. Bien por el artículo “Sembrando la primavera en Cuba”.

Guillermo Villanueva Lagunas

Preocupación por hostigamiento contra defensoras de derechos humanos en Yucatán

Licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador constitucional del estado de Yucatán,

Presente

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) se pone en contacto con usted para manifestar nuestra preocupación por los recientes actos de intimidación y hostigamiento de los que han sido objeto las personas que integran la organización Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR), AC, por su labor en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres en Yucatán.

La RNDDHM ha sido informada de que en los meses de marzo y abril grupos de personas se han reunido frente a las instalaciones de la organización llevando a cabo consignas contra la labor que llevan a cabo las defensoras de los derechos humanos.

Nos preocupa que las agresiones hayan ido en aumento. Ejemplo de ello fue lo ocurrido el pasado 26 de marzo de 2014, cuando un grupo de aproximadamente 100 personas obstaculizó la labor de las defensoras con mantas contra el aborto y/o que las señalan como delincuentes, usando un leguaje que estigmatiza su labor. Aunado a ello, los servicios que prestan para hombres y mujeres se han visto afectados y han impactado de manera directa y negativa la salud de muchas personas.

Asimismo, de marzo a la fecha, se ha iniciado una campaña de difamación y desprestigio que arremete principalmente contra la representante de la organización, Sandra Peniche, activista y defensora de los derechos de las mujeres e integrante de la RNDDHM.

En este marco, quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reconocemos la labor de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, AC, y de la defensora Sandra Peniche a favor del derecho a decidir de una manera plena, libre e informada; así como de los derechos sexuales y reproductivos, por lo que manifestamos nuestra preocupación por los actos de agresión que merman y obstaculizan la labor de las defensoras.

Ante ello, las 135 defensoras de derechos humanos en 19 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal que integramos la Red Nacional de Defensoras exigimos al gobierno que usted encabeza, garantice la integridad física y sicológica de quienes integran la organización; el ejercicio pleno del derecho a promover y defender los derechos sexuales y reproductivos en Yucatán; garantice el respeto a la laicidad en el estado e impulse una campaña informativa que promueva la libertad de creencias, a fin de garantizar la convivencia armónica en la diversidad de ideas, filosofías y credos.

Sin más por el momento, quedamos atentas para cualquier información.

Atentamente,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 19 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal

¿En serio combatirán la impunidad y la corrupción?

Interesante el artículo “Impunidad y corrupción, factores de riesgo a la seguridad nacional”. Siendo un asunto tan delicado como para poner en riesgo la seguridad nacional, el gobierno debiera dar muestra de su compromiso con los ciudadanos empezando por limpiar la casa, es decir, actuando formalmente en los casos de [Carlos Romero] Deschamps, [Humberto] Moreira y [Arturo] Montiel. Mientras no lo hagan, sus discursos y “buenas intenciones” serán pasto para la crítica, incredulidad y burla de la población.

Mario Ficachi

Denuncian situación de “preso político”

El 1 de mayo de 2014 a las 13:00 horas fue detenido de manera arbitraria por policías vestidos de civil y sin presentar orden de aprehensión, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el indígena y campesino Florentino Gómez Girón. Este acto arbitrario fue cometido luego de que Florentino participara en la marcha convocada por el magisterio y organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas.

Florentino y su organización han señalado que durante el traslado a la cárcel del Amate fue torturado sicológicamente para que se declarara culpable por el supuesto delito de abigeato; si no, se le sembrarían drogas y armas y lo acusarían de un delito más grave, además de exigirle que diera nombres de los líderes de su organización en el municipio de Ixtapa. Según información proporcionada por sus compañeros y familiares, fue ingresado al Centro de Readaptación Social de El Amate a las 17:30 horas del mismo 1 de mayo, acusado del delito de abigeato bajo el expediente penal número 75/2014. Actualmente se encuentra en el área de separos de dicho centro de detención y para tener “derecho de piso y celda”, “seguridad” y “no realizar talacha”, los llamados “precisos” le han pedido la cantidad de 25 mil pesos, y al no tener la forma de pagarlo, el compañero Florentino denuncia que ha sido obligado a realizar actos inhumanos, crueles y degradantes, como trabajar durante toda la noche limpiando baños, celdas y recogiendo la basura, actos que son violatorios de los derechos de personas detenidas garantizados en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado en su informe sobre la situación de estos derechos en México (1998): “La corrupción, la insuficiencia de recursos o el proceder irreflexivo, han propiciado que, en muchos casos, grupos de internos asuman indebidamente decisiones de administración y mando. Es lo que se conoce como el autogobierno carcelario. Tal situación rompe el principio de autoridad necesario, y con las condiciones de igualdad que deben prevalecer entre los internos, propiciando abusos ilimitados…Estos grupos de poder se conforman por aquellas personas (reclusos) con posibilidades económicas o con apoyo de algunos funcionarios, que contratan a otros internos que ante la imposibilidad de contar con un trabajo bien remunerado por el centro penitenciario, optan por trabajar para otro interno, sin importar que se trate de actividades ilícitas (venta de droga, prostitución)… Los fenómenos de la corrupción y el abuso de poder no están ausentes en el ámbito penitenciario mexicano. Con frecuencia los internos o sus familias se ven compelidos a pagar por servicios elementales que debieran ser gratuitos: visita íntima, alimentación, aseo, comunicación con el exterior. Ello propicia una situación de injusticia extrema, en donde hay presos privilegiados que todo lo compran, inclusive la servidumbre de otros internos y aun de custodios y autoridades.”

Exigimos al gobierno de Chiapas se decrete su inmediata e incondicional libertad.

Se nos informa también que a partir de la detención de Florentino Gómez Girón, se ha detectado la presencia de elementos vestidos de civil en automóviles sin placas y vidrios polarizados en el municipio de Ixtapa.

Denunciamos el clima de criminalización y de violaciones de derechos humanos que se vive en Chiapas bajo el gobierno de Manuel Velasco Coello, que ha desatado una escalada de violencia en comunidades indígenas y campesinas de Chiapas así como en su gobierno se ha alentado y creado grupos de corte paramilitar.

Denunciamos los actos de corrupción y de sistemáticas violaciones de derechos humanos que impera en el Centro 14 conocido como El Amate.

¡Libertad a los presos y presas políticos y de conciencia en Chiapas! ¡Alto a la violación de derechos humanos cometidas por el gobierno de Velasco Coello!

Movimiento de El Bosque por la Defensa del Pueblo, Frente de Lucha Popular 29 de Febrero de Huixtán, Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, Laklumal Ixim-Norte Selva, Red Magisterial de Apoyo Popular, FUR, Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol (Limeddh-Jitotol), Frente Popular de Ixtapa Ricardo Flores Magón, Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN), Organización Proletaria Emiliano Zapata-MLN (OPEZ-MLN)

 

 

 

Contralínea 385  / 11  de Mayo  al 17 de Mayo