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Buscan en los cerros, pero no en los cuarteles policiacos y militares: EPR

Al pueblo de México; a los pueblos del mundo; a los medios de comunicación nacionales e internacionales; a los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos; a las organizaciones políticas, populares y revolucionarias; ¡hermanos, hermanas, camaradas!

No hay lugar a dudas: la masacre contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado; un doble crimen de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales y la detención-desaparición forzada por motivos políticos; y un acto múltiple de terrorismo de Estado. Responsabilidad única y exclusiva del Estado burgués mexicano en sus tres órdenes de gobierno.

Insistimos, es una acción premeditada desde la cúpula represiva y las estructuras políticas al servicio de la voluntad oligárquica. Los autores materiales fueron las fuerzas policiaco-militares, el aparato represivo en su conjunto dirigido por el mando único, crimen perpetrado por unidades especiales para asesinar al pueblo y cometer crímenes de lesa humanidad, por lo que el comando de “civiles” entre los férreos controles policiaco-militares nunca existió; en realidad son elementos en activo del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería en un operativo de aniquilamiento típico de los escuadrones de la muerte. Actos abominables que responden a las medidas contrainsurgentes en el marco de la guerra de baja intensidad (GBI), implementadas en el mundo por el imperialismo a través de estados policiaco-militares para imponer los intereses del capital monopolista transnacional.

Resulta grotesco, ridículo y perverso el montaje mediático que se ha desplegado desde las entrañas del aparato policiaco-militar para imponer la hipótesis de que este doble crimen de lesa humanidad fue obra del “crimen organizado” que “infiltró” las estructuras policiacas y políticas municipales, pretendiendo eludir la responsabilidad del Estado y diluir esta masacre y detención-desaparición forzada en las miasmas de la “delincuencia organizada”.

La búsqueda en los cerros por policías federales, el Ejército y la Marina, así como la recompensa ofrecida por los gobiernos federal y estatal “por información veraz y útil” para “localizar” a los 43 normalistas desaparecidos y la identificación y posterior detención de los “probables responsables” es una asquerosa farsa y una burda maniobra mediática-gubernamental. Peinan los cerros, pero no buscan en los cuarteles policiaco-militares, en las instalaciones gubernamentales de todos los niveles, residencias, haciendas, fincas, propiedades de funcionarios y jefes policiaco-militares, de caciques y empresarios, lugares donde históricamente se confinan a los detenidos-desaparecidos por motivos políticos.

Doble crimen de lesa humanidad y múltiple acto de terrorismo de Estado que se hace mayúsculo al pretender con hipócrita y cínica mentira oficial desplegar una vez más la táctica del desgaste, el olvido, la desmovilización, la corrupción y el terrorismo de Estado contra familiares, amigos, organizaciones populares y pueblo en general que demandamos: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La condición profascista así como la perversidad del Estado y sus personeros no tienen límites en la intención de diluir los crímenes de Estado, la bajeza humana y la degradación son esencia criminal que los caracteriza en la imposición de la voluntad oligárquica burguesa. Los “desaparecidos” no están ausentes por sí solos o por su voluntad; no son ni un desastre, ni una fatalidad social. Los 43 normalistas están en condición de detenidos-desaparecidos de manera forzada por motivos políticos, y la mano que lo ejecutó es el aparato represivo del Estado.

Por enésima ocasión los monopolios de los medios masivos de comunicación imponen una dictadura de opinión, desde la cual desarrollan la concepción maltusiana y kafkiana para infundir el terror, confundir y mediatizar la conciencia del pueblo e inducir la autoincriminación, la inmovilización, desmovilización, el aislamiento y la apatía política del pueblo movilizado con el propósito de cavar una fosa más donde se entierre la verdad histórica y prevalezca la impunidad de los autores materiales e intelectuales, que se cobijan con el manto del estado de derecho oligárquico.

Lo que acontece en Guerrero y en todo el país no es la ingobernabilidad; ni ausencia, ni quebranto del estado de derecho. Tampoco, debilitamiento institucional y mucho menos un Estado fallido. Es la fiel expresión de la imposición y despliegue del Estado policiaco-militar, de la imposición violenta de la voluntad burguesa sobre el pueblo, validada por un estado de derecho oligárquico que fue apuntalado con las recién impuestas reformas neoliberales.

El narcotráfico y la delincuencia organizada como fenómeno son inherentes al capitalismo, un fenómeno desde y para el Estado. El “crimen organizado” es utilizado como una modalidad más del terrorismo de Estado y sus acciones son parte de la violencia institucional que desangra sistemáticamente al pueblo. El narcotráfico, a medida que se incrementan las contradicciones económicas y la lucha de clases, es utilizado como medida contrainsurgente y actividad económica burguesa para financiar el terror contra el pueblo.

Paralelamente, también la descomposición social tiene origen y es promovida desde el Estado, con la intención de que el conjunto de los oprimidos y explotados no tomen conciencia de sí y para sí, para que se queden empantanados en la alienación y enajenación pretendiendo perpetuar la opresión burguesa sobre el pueblo trabajador.

Una verdad inocultable aflora. Sobre la base de los crímenes de lesa humanidad se remilitariza Guerrero y se impone de facto un estado de sitio que remacha aún más los grilletes de la explotación económica y opresión política en las regiones de interés del capital monopolista transnacional, so pretexto de combatir a los inmaculados funcionarios públicos que han sido “corrompidos” por unos malosísimos criminales y “restablecer la normalidad institucional”.

Ayer se cometieron los crímenes de Estado en el Norte del país; posteriormente el Occidente estaba en llamas por la violencia institucionalizada a través de los grupos paramilitares legalizados, y hoy el Sur está siendo desangrado. Todo bajo la misma lógica de acumulación originaria del capital del despojo y saqueo de los recursos naturales a través de la violencia pura.

Ni declaraciones estridentes, ni golpes de pecho, ni rasgaduras de vestiduras. Tampoco con renuncias de funcionarios van a sanar las heridas profundas hechas al pueblo. Tampoco garantizan justicia, ni reparación del daño para las víctimas y mucho menos el juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de este acto múltiple de terrorismo de Estado y doble crimen de lesa humanidad.

No se olvide, ni se omita, téngase presente, que la ejecución extrajudicial en su modalidad de masacre y la detención-desaparición forzada por motivos políticos es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, que se investiga, sentencia y castiga en tribunales internacionales con base en el territorio, jurisdicción, instituciones, gobernantes, funcionarios públicos y mandos policiaco-militares. ¡A impulsar el enjuiciamiento del Estado mexicano y la actual junta administrativa en los tribunales internacionales de justicia por crímenes de lesa humanidad!

Ni indemnización degradante, ni negociación de rodillas. La vida y la libertad no son moneda de cambio ni instrumento mercantil. La voluntad combativa del pueblo no se expresa en tramposas mesas de diálogo o negociación ante los crímenes de lesa humanidad, sino en las acciones políticas concretas que emanen de la iniciativa y creatividad de todos los sectores y organizaciones del pueblo, para obligar a que sean presentados con vida todos los detenidos-desaparecidos de ayer y de Ayotzinapa. El ayer es más de 70 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales; hoy son 43 hijos del pueblo detenidos-desaparecidos violentamente por motivos políticos a manos del Estado policiaco-militar.

¡Hermanos, hermanas, camaradas!: el cobarde asesinato de los hijos del pueblo, la detención-desaparición de miles de ciudadanos nos genera a todos un inmenso dolor humano, nos llena de indignación ante tanta barbarie del Estado; sin embargo, el dolor debe ser transformado en energía revolucionaria contra el régimen oprobioso.

No son tiempos de desesperanza, desesperación, resignación, inmovilidad política, de impotencia; para nada, nada de eso. Son tiempos de generalizar la resistencia popular combativa en todo el país; que nadie se quede sin dar la solidaridad, no hay lugar para espectadores, ni para falsas neutralidades. Estamos con el pueblo o contra el pueblo.

Que nadie se asuste por la acción popular. Éste es un pueblo con dignidad y voluntad de combatir. Hoy más que nunca cobra legitimidad la autodefensa popular; que los loables actos de fe hagan comunión con las acciones políticas de masas; si por voluntad del pueblo es necesario que ardan los símbolos de la opresión burguesa, que salten por los aires los símbolos del capital monopolista transnacional, que se derrumben las corruptas instituciones de la democracia burguesa, ¡que así sea!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡A seguir exigiendo la presentación con vida de todos los detenidos de ayer y hoy! ¡A cerrar filas contra el terrorismo de Estado! ¡Por la revolución socialista! ¡Vencer o morir! ¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! ¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!

Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario

 

 

 

Red TDT pide al Parlamento Europeo que presione para que presenten con vida a normalistas

El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, estado de Guerrero, fueron atacados por la policía municipal de Iguala. Los resultados de estas agresiones fueron: seis personas asesinadas, 20 heridas y 43 jóvenes desaparecidos, a casi 1 mes de los hechos la búsqueda por parte de las autoridades no ha sido efectiva y se han entorpecido las investigaciones. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos cumple todas las condiciones para que se determine como desaparición forzada así como las ejecuciones sumarias extrajudiciales por lo que es imputable al Estado. Es importante señalar que México tiene un largo historial en desaparición forzada y violación sistemática de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Actualmente existen más de 20 mil casos, desde 2006, cuando inició la militarización en el país por la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón.

El ataque ocurrido en Iguala a los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes por policías municipales muestran al crimen organizado coludido con las fuerzas de seguridad y con todos los niveles de gobierno. La impunidad que reina en México es lo que propicia un mayor clima de inseguridad para la sociedad mexicana, por lo que se deben tomar medidas para garantizar la seguridad de las y los mexicanos, empezando por presentar con vida a los jóvenes víctimas de desaparición forzada, y consignar ante la justicia a las autoridades responsables.

Lo ocurrido en Iguala no puede quedar en la impunidad. A lo largo de estos días la sociedad mexicana ha exigido la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, así como la exigencia de protección a los sobrevivientes, familiares y las y los defensores de derechos humanos que los acompañan; el castigo a los culpables directos e indirectos por los asesinatos ocurridos así como la atención integral a sus familiares, dándoles protección e información de los avances de estos crímenes tan graves. Hasta el momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares en favor de los normalistas desaparecidos, que hasta ahora no se han cumplido.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos pedimos al Parlamento Europeo que no privilegie los intereses económicos a las vidas de las y los mexicanos; pedimos que no sea omiso y que ejerza presión internacional para que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales al pleno respeto de los derechos humanos y sea efectivo en la búsqueda de los jóvenes utilizando todas la capacidades de Estado, de manera coordinada e informada, con respeto a los padres y normalistas y realmente investigue y castigue a los responsables.

La Unión Europea y México celebraron el Acuerdo Global (2000) y la Asociación Estratégica (2008), los cuales establecen mecanismos de cooperación entre ambas partes a través del respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos. Para 2015 se prevé una modernización del Acuerdo Global, por lo que pedimos se realice un ajuste a sus objetivos con un enfoque mayor de derechos humanos, donde se garantice la seguridad de las y los mexicanos, así como el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos en México.

Les pedimos respetuosamente nos informen de las medidas que el Parlamento Europeo tomará ante la grave violación sistemática de los derechos humanos en México.

Atentamente:

Fernando Ríos Martínez, secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana)

 

 

 

Contralínea 409 / del 27 de Octubre al 01 de Noviembre 2014