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Reivindican Milicias Populares explosión

A todo México:

El nuevo Pacto contra la Impunidad que anunció el gobierno federal sería para carcajearse si no encubriera el crimen, la tragedia, la barbarie. El único fin de este reciclado Pacto por México entre cúpulas es mediatizar el descontento social y neutralizar el repudio internacional para mantener a salvo el saqueo de nuestros recursos naturales, la explotación de nuestra mano de obra y el pago de la deuda externa a la banca internacional. Su única meta es continuar esta Guerra Sucia cotidiana para evitar que el descontento popular se transforme en organización.

El esfuerzo oficial para mediatizar a la naciente insurgencia popular, antes de que se organice y fortalezca, incluye incrementar la militarización especialmente en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y otros, donde lo que menos les interesa es restablecer el estado de derecho, porque si así fuera ya hubieran desmantelado a los cárteles mafiosos que hoy son los que mandan en todo el país y muy especialmente en las entidades con mayor presencia del Ejército y de la Armada.

¿Les vamos a creer que van a combatir la corrupción y el crimen organizado? ¡Tendrían que suicidarse desde Peña Nieto, Osorio Chong, Murillo Karam, Manlio Fabio Beltrones, los altos mandos del Ejército, Marina, Policía Federal, gobernadores, magistrados de la Suprema (Tremenda) Corte de Justicia de la Nación, jueces, senadores, diputados y las dirigencias de todos los partidos políticos!

En el aspecto social, con programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, Prospera y otras secuelas del Programa Nacional de Solidaridad salinista, invierten millones de pesos sin atacar las causas de la miseria, sino, al contrario, buscan acostumbrar a las familias que reciben esas limosnas a sobrevivir en la misma pobreza y a volverse dependientes del subsidio oficial a cambio de su voto.

La propuesta desde el poder de crear una Comisión de la Verdad es otro elemento de la maniobra que pretende desviar la atención pública sobre la responsabilidad del Ejército y Policía Federal. Quieren ocultar que fue un crimen de Estado, primero porque participaron fuerzas federales y segundo porque el Estado, para sostenerse en el poder, formó, desarrolló y sostiene al actual crimen organizado. La única diferencia es que antes estaba más concentrado el poder en tres o cuatro cárteles, y actualmente hay muchas subdivisiones porque las ganancias son enormes e imprescindibles para la economía que se basa en el despojo y la rapiña contra el pueblo. El esfuerzo gubernamental se enfoca en volver a cohesionar el mando. Es una delincuencia organizada institucionalizada indispensable para mantener el modo de vida de una elite económica y política.

Una contrapropuesta podría ser formar una Comisión Ciudadana de la Verdad, compuesta por representantes de los familiares, las escuelas normales rurales, pueblos y organizaciones independientes.

Es previsible que el Estado, en su necesidad de recomponerse para que todo siga igual, intente centralizar aún más el poder en el Ejecutivo, sostenido por las Fuerzas Armadas (por eso es importante que no trascienda que hacen ejecuciones extrajudiciales, torturan, secuestran, asesinan y se encubren). Para darle visos de legalidad se apoyarán en el Poder Judicial y en los medios de comunicación tan mercenarios como los Guerreros Unidos, Los Zetas o cualquier otra banda delincuencial. Buscan acotar al Poder Legislativo porque aún el más pequeño soplo democrático les estorba para la tremenda rapiña que ya hacen, pero que piensan incrementar en la búsqueda irracional que coloca la ganancia por encima de todo. Un indicio es la propuesta priísta, secundada ampliamente por Televisa y Tv Azteca, para limitar el número de diputados plurinominales, ya que, sin negar que el Congreso de la Unión es un nido de ratas, también es cierto que se han levantado voces minoritarias contra las reformas “estructurales”. En los hechos, cada día van reduciendo los ya de por sí escasos espacios para la vida democrática.

Peña Nieto, el represor de Atenco, y Osorio Chong, quien cerró la Escuela Normal Rural de El Mexe, cuando fue gobernador de Hidalgo, son las actuales cabezas visibles del Estado mafioso que requiere el sistema neoliberal para mantener una economía que, agotados los límites éticos, se sostiene en el crimen organizado para enriquecer más a una elite y sostener a las parasitarias Fuerzas Armadas, paramilitares y burocracia. En este momento de control de daños, cierran filas en el esfuerzo para prolongar el engaño y esconder lo que realmente pasó en Iguala. Hay una maniobra oficial, que incluye un montaje mediático estilo caja china para ocultar la participación de las Fuerzas federales, Ejército y policía en la masacre, tortura y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y en la que buscan convertir al verdadero autor intelectual en el bueno de la película.

El “héroe” mediático es el gobierno federal, justiciero, vengador de agravios, que castigará a los culpables y restablecerá el estado de derecho y regresará todo a la “normalidad”, como si no existieran además entre 60 y 100 mil desaparecidos en los últimos 8 años, como si no existiera esta guerra secreta, silenciosa y bárbara del Estado mafioso contra el pueblo.

Utilizaron el terror para desalentar la inconformidad social ante la embestida privatizadora que viene, pero el tiro les salió por la culata, porque en lugar del miedo paralizante que esperaban encontraron la indignación no sólo del pueblo mexicano sino de hermanos de varias partes del mundo.

¿Qué seguiría si no reaccionamos cuando disparan contra jóvenes desarmados, matan ahí mismo a tres y hieren a varios, uno de ellos con muerte cerebral y otro con el rostro destrozado, a uno más le quitan la piel de la cara, vacían los ojos y luego asesinan a golpes y secuestran a 43 para luego decir, tan tranquilos que es imposible identificar sus restos?

Hay testimonios de los sobrevivientes, testigos y familiares sobre lo que sucedió entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala: los que dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa fueron policías federales, policías de Iguala, sicarios y militares encubiertos.

El Ejército participó en el cerco y hostigamiento contra los estudiantes, como se muestra en el hecho de que impidieron que uno de los heridos recibiera atención médica en el hospital e incluso lo golpearon junto a sus acompañantes.

Las filtraciones informativas sobre la participación del Ejército y la Policía Federal apenas trascendieron ante la avasallante embestida mediática, principalmente de los noticieros televisivos que uniformemente nos presentan la versión oficial de que los autores intelectuales de la masacre y secuestro son la llamada “pareja imperial” y los autores materiales fueron sicarios de la organización Guerreros Unidos.

Obviamente callan que los antecedentes criminales de los Abarca y los Pineda ya eran conocidos por el procurador Murillo Karam y por el secretario de Gobernación Osorio Chong, incluso había un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional que reportaba sus vínculos con la delincuencia organizada. No dicen que el gobierno federal les dio impunidad mientras le fueran útiles para el control del movimiento popular y el asesinato de luchadores sociales. El Estado mafioso mexicano ubica muy bien que su enemigo es el pueblo inconforme, mientras que el crimen organizado es una parte fundamental, junto con otros poderes fácticos –como las televisoras–, para mantenerse en el poder.

Las elites económica y política mantienen un Estado delincuente-organizado que utiliza el terror para sostenerse en el poder y continuar enriqueciéndose cada vez más a costa de sacrificar al resto de los mexicanos, ya que con los millones de dólares que ellos tienen en sus cuentas se podría garantizar el derecho a la vivienda, salud y educación de millones de mexicanos marginados.

Dentro de la criminalización de la protesta social, el “combate al narcotráfico” sirve de máscara para el exterminio de las voces disidentes. Encubre la persecución contra las comunidades que se organizan para defenderse del saqueo de sus tierras, bosques y aguas, contra periodistas, líderes agrarios, sindicales y defensores de derechos humanos. Esa es la normalidad que el mal gobierno insiste en restablecer.

El Estado delincuencial está en el poder gracias al financiamiento con dinero de la mafia a cambio de permitir y facilitar las empresas criminales. Por ejemplo, la obra pública se concesiona a empresas narcolavadoras, la extracción minera se deja en manos de compañías mafiosas que se apoyan en sicarios para despojar a los pueblos, como sucede en Aquila, Michoacán, y en la mina de oro de Carrizalillo, Guerrero, donde las empresas mineras pagan a los matones para impedir que los pueblos reclamen ante el despojo de sus tierras y destrozo del ecosistema. Son una nueva versión de las guardias blancas porfiristas o de las que, al servicio de las trasnacionales, asolaron las regiones petroleras de Veracruz y Tamaulipas antes de la Expropiación Petrolera cardenista. En Zacatecas y Coahuila la minería es un rubro más de ingresos para el crimen organizado.

Toda la trama legal, la reforma energética, de obra pública, de telecomunicaciones y las instituciones creadas para ejecutar y encubrir los crímenes de lesa humanidad que cometen para consumar la apropiación de las riquezas nacionales, en fin, todo el Estado está diseñado para permitir el desarrollo de las empresas privadas nacionales y trasnacionales que se enriquecen con negocios criminales.

Las prioridades del Estado mexicano se reflejan en el presupuesto. Para los primeros 4 meses de 2014 el gasto del Cisen fue de 16 mil 532 millones de pesos, 16 veces más de lo invertido durante todo el primer año de la administración de Peña Nieto. En cambio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante 2014 sólo recibirá 8 mil 352 millones de pesos, a diferencia de los 9 mil 236 millones de pesos que recibió en 2013. Es decir, la policía política recibe el doble de recursos que la máxima casa de estudios del país.

La embestida contra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una acción contrainsurgente de Guerra Sucia para desalentar a la oposición combativa, la que no se limita a consultas en 2015, a la aplicación a las reformas dizque estructurales, principalmente la energética y educativa; fue un crimen anunciado porque las formas represivas encubiertas en una supuesta guerra contra el narcotráfico han ido escalando en impunidad. Los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas y la brutalidad asoman dondequiera por más esfuerzos que hagan para ocultar la verdadera cara y el nivel de descomposición del sistema: el Ejército, convertido en juez y verdugo, ejecuta a opositores políticos como medida preventiva y, con el terror, busca desanimar la ola de protestas y las diferentes formas de organización popular que ya ven venir cuando arrecien los desalojos para entregar las tierras a las empresas mineras y petroleras, de acuerdo con la reforma energética.

El crimen de Iguala es el eco de la impunidad en Aguas Blancas, Acteal, El Charco. Es el reflejo del encubrimiento en Pasta de Conchos, la Guardería ABC y los feminicidios en todo el país, muy especialmente en el Estado de México, Chihuahua y Morelos, donde hay pruebas contundentes de que los ejecutores son comandos paramilitares, sicópatas armados y protegidos desde y para el poder.

El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa se previó con los asesinatos y encarcelamientos de quienes se han atrevido a levantar la voz: periodistas, autodefensas, policías comunitarios, luchadores contra la contaminación y despojo de las tierras y aguas pertenecientes a los pueblos y no a las empresas ladronas.

El secretario de la Defensa Nacional, el de Gobernación, el procurador general de la República y Enrique Peña Nieto siempre han sabido qué pasó con los 43 secuestrados y ocultan la verdad para encubrir las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que comenten el Ejército y la Marina y así protegerse ellos mismos para ocultar esta guerra silenciosa contra el pueblo mexicano y muy especialmente contra los jóvenes críticos.

Ya hubo el caso de la indígena Ernestina Ascencio, en Zongolica, violada y asesinada por militares cuyos familiares callaron sus reclamos a cambio de una casa nueva. La versión oficial calderonista fue que murió de gastritis. La reputación del Ejército quedó sin tacha. Por eso ahora ofrecieron 100 mil pesos a los familiares de los normalistas desaparecidos. Los gobernantes corruptos, acostumbrados a comerciar con todo, creen que todos son de su condición. Toparon con la dignidad de los padres y familiares.

En Guerrero, Rogelio Ortega es el encargado de poner la alfombra roja para que Peña Nieto, Rosario Robles, Osorio Chong, el Ejército y la Marina pasen a convencer a las empresas trasnacionales y nacionales de que la patria sigue en venta y sus ganancias a salvo.

El horror crece con el silencio

Hay cifras inmensas que no alcanzan para abarcar todo el horror que vivimos los mexicanos: entre 60 y 100 mil desapariciones forzadas en los últimos 8 años. Por lo menos dos terceras partes fueron detenidos por algún tipo de policía, el Ejército o la Marina; el resto, por sicarios. ¿Dónde están? ¿En qué lugar los esclavizan? ¿En qué fosa los aventaron? ¿Podemos creer la excusa oficial de que esas víctimas eran delincuentes cuando las regiones más militarizadas o tomadas por la Policía Federal son precisamente donde los narcos se mueven con mayor impunidad tanto para el tráfico de drogas como para la venta de protección, cobro de piso y secuestros? Además de que con la llegada del Ejército, Marina o Policía Federal aumentan las violaciones, los feminicidios, la explotación sexual y la instalación de antros con dinero sucio.

Hay también muertes en vida como la de más de 7 millones y medio de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, ya que cada vez es más difícil acceder a la educación pública y encontrar empleo con salario digno. Algunas cifras: El 90 por ciento de los aspirantes a ingresar a la UNAM este año fueron rechazados. De 35 normales rurales hoy quedan 16. La educación pública laica, gratuita y obligatoria está siendo desmantelada para favorecer la privatización educativa. Las escuelas oficiales se enfocan cada vez más a formar la mano de obra calificada pero mal pagada que necesitan las trasnacionales, y hasta esa educación técnica y acrítica es inaccesible para millones de niños y jóvenes que esta sociedad desecha y que sobreviven en la calle sometidos a explotación sexual y laboral, emigran o se enrolan en la delincuencia.

Este sistema asesina hasta la tierra. La apertura a las mineras y petroleras trasnacionales; las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obligan a los campesinos a entregar ‘temporalmente’ sus tierras a las compañías que se las devolverán sin capa vegetal, contaminadas con arsénico, cianuro y otras sustancias venenosas que utiliza la minería a cielo abierto.

El derecho al agua es el derecho a la vida. En estos tiempos en que todo tiene precio, los ricos se están apoderando de los manantiales, mantos freáticos, ríos y arroyos. Ellos contaminan, ellos desertifican y al escasear el agua potable, sube su precio, por tanto expulsan, encarcelan y asesinan a los habitantes de las comunidades para apropiarse de las aguas. La embestida contra el pueblo yaqui para robarle el agua es un ejemplo de lo que viene a nivel nacional ¿Llegará el día en que vendan el aire embotellado?

El horror cotidiano ya no está únicamente en Guerrero con Ayotzinapa; Estado de México con Tlatlaya; Michoacán con el desmantelamiento de las autodefensas y protección al narco; Morelos con la represión contra Huexca y Tetlama y la continuidad, en los hechos, del Plan Puebla-Panamá; Puebla donde también asesinan manifestantes y privatizan las zonas arqueológicas; Sonora donde se reprime a los yaquis para robarles el agua; Veracruz que mata o compra periodistas; Tamaulipas, tumba de migrantes y donde los paramilitares asesinan impunemente; Nuevo León, territorio de casineros y donde el Ejército y la marina asesinan extrajudicialmente casi a diario; Tlaxcala, donde el secuestro para explotación sexual es parte de la vida diaria; Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Durango, estados expulsores de poblaciones enteras que huyen; Oaxaca en la miseria…

Es el narco el encargado de aterrorizar a los pobladores para que abandonen sus terrenos de los que inmediatamente se apropian las trasnacionales. Se reducen cada vez más los apoyos a los pequeños agricultores para que emigren. El gobierno prefiere importar hasta maíz y frijol transgénicos. Se expropian tierras para entregarlas a las empresas constructoras propiedad de los narcos que financiaron la campaña de Peña Nieto. Los luchadores sociales se vuelven presos políticos o aumentan las estadísticas de asesinatos impunes. Los periodistas honestos sufren amenazas, despidos, persecuciones o de plano son asesinados. Y esto es sólo una parte de la pesadilla que hoy vivimos.

El Ejército, la Marina, la Policía Federal torturan, secuestran, asesinan sin juicio previo, cobran rescate, venden protección y violan en la impunidad. Los sucesivos secretarios de la Defensa Nacional, incluyendo al actual, son narcos. Uno de los ejemplos más evidentes ha sido el secretario de la Defensa con Ernesto Zedillo, general de división diplomado de Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre, cuyo hermano, el coronel Pedro Cervantes Aguirre fue investigado, seguido satelitalmente por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) estadunidense y detenido fugazmente por proteger a los Arellano Félix. Fox lo ascendió después a general brigadier. Los militares de inteligencia que descubrieron la información confidencial de los vínculos de la familia de Zedillo y los Cervantes Aguirre con el narco fueron encarcelados en el Campo Militar Número 1, acusados de traición. Todo esto trascendió por las pugnas entre Salinas, vinculado al Cártel del Golfo y al de Juárez mientras Zedillo estaba con los Amezcua de Colima y los Arellano Félix. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se venden, condenan a inocentes y absuelven criminales y muchos jueces son parte de la estructura de la delincuencia organizada.

¿Caso Cerrado?

Hoy pretenden cerrar el caso Ayotzinapa afirmando, sin pruebas, que no es posible identificar los restos porque los sicarios los convirtieron en cenizas que arrojaron al agua y por tanto no quedó ADN para verificar las identidades. Esta afirmación busca no solamente el asesinato físico sino la muerte de la esperanza.

¿Podemos creerles que castigarán a los verdaderos culpables y que combatirán su propia corrupción?

¿Podemos creerles a los que han convertido a nuestro país en un infierno?

¿Podemos creerles que ya no seguirán los asesinatos y desapariciones forzadas?

¿Quién les cree que van a luchar contra la corrupción a los que pagaron su campaña con dinero triangulado desde el narco hasta las tarjetas Monex y Soriana?

¿Podrán las campañas propagandísticas a través de los medios vendidos y la limosna de los programas Oportunidades-Prospera mantener en el engaño y el conformismo a una parte de nuestro pueblo?

¿Quién le cree al Estado mafioso?

La noche no es eterna

Soñamos con un país que priorice la industria nacional por encima de las importaciones; que favorezca la agricultura, que retome la siembra comunal, que financie a los pequeños productores, que favorezca el cultivo de alimentos básicos para el consumo nacional.

Soñamos con la recuperación de nuestras tierras, aguas, selvas y bosques para explotarlos de manera sustentable y no depredadora. No a la instalación de mineras y petroleras trasnacionales. Que los recursos naturales y energéticos del país sirvan para construir otro México.

Defendamos nuestras tierras y aguas. Defendamos nuestras culturas originales. Hagamos valer nuestro derecho a una educación pública de calidad e integral. Peleemos nuestros derechos laborales. Exijamos que los presupuestos municipales y estatales se inviertan en escuelas, hospitales, creación de empleos y servicios. Luchemos por una mayor participación en las decisiones políticas de nuestro pueblo o municipio. Cambiemos esta realidad de terror por una donde las mayorías podamos vivir con base en el trabajo digno y honrado, el sueño de José María Morelos por el que nuestros tatarabuelos pelearon.

Hagamos posible el amanecer.

Nos cansamos de la violencia estructural que en los últimos años ha producido la pobreza de más del 50 por ciento de la población, 20 mexicanos que están entre los más ricos del mundo y más de 100 mil muertos en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Los que se benefician de esta violencia no nos devolverán la patria ni reconocerán nuestros derechos voluntariamente, tenemos que arrancárselos.

Ante un Estado que se sostiene en la represión, el crimen y el terror cotidiano la respuesta con la violencia organizada de los de abajo no sólo es legítima, sino necesaria. La violencia de los de abajo es un medio del cual debemos valernos cuando sea necesario, no caer en la trampa de censurar por lo que parece y dejar de lado lo que significa.

Hoy, desde los centros del poder satanizan la movilización y la combatividad de los de abajo. Quieren negarnos el derecho a defendernos, a responder, condenando nuestras acciones, justificando y escondiendo la violencia que ejercen desde arriba.

En estos momentos, junto a la intención de generalizar la represión, sigue la represión silenciosa y selectiva, y tras el discurso de respeto al estado de derecho se esconde la amenaza de incrementarla; es la misma “mano abierta” que ofreció Díaz Ordaz en 1968.

Además están los infiltrados. Existen y han existido. Algunos son rojísimos y otros nadan de muertito, y buscan anular nuestra efectividad política. Tenemos que desarrollar la capacidad de detectarlos y desecharlos. La lucha también es de inteligencias. Por eso es válido enmascarar el rostro, usar técnicas conspirativas. No hay que ser ingenuos, de buenas intenciones se sigue empedrando el camino hacia el Infierno.

Las formas y niveles en que el pueblo puede ejercer su violencia como respuesta son múltiples y variados. Retomemos de nuestra historia y de otros pueblos experiencias de cómo se combinan y complementan las diferentes formas de lucha, siempre y cuando sean desde y con los de abajo. Si algo nos enseñó la Revolución de 1910-1917 es que únicamente el pueblo organizado y armado puede evitar que los ricos usurpen el poder.

Necesitamos formar organizaciones completamente independientes del gobierno, de los partidos y de los organismos vendidos que todo lo negocian. Construyamos en cada colonia, en cada pueblo, en cada barrio la organización y la autodefensa popular para, en la lucha por hacer valer nuestros derechos, vayamos levantando, desde abajo, el poder popular e identificando al enemigo y reconociendo a los amigos.

Que nuestro dolor y rabia nos impulsen hacia la solidaridad, el colectivismo, la construcción de nosotros mismos como luchadores honestos. Levantemos nuestras voces y nuestros esfuerzos, profundicemos esta labor hormiga de formarnos como mujeres y hombres nuevos mientras vamos construyendo el poder popular desde abajo y donde el “mandar obedeciendo” se nos vuelva costumbre.

Éste es el momento de enfrentar la militarización de la vida nacional con la movilización combativa y protesta popular nacional e internacional. Es el tiempo del trabajo silencioso de fortalecernos como organizaciones populares, pero también es imposible guardar silencio ante tanto dolor.

Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 ahora son ceniza que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado.

¡Fuera Peña! Sí, pero más importante aún es construir las fuerzas populares. Aportemos cada quien nuestro granito de arena.

Por eso, las Milicias Populares ¡Basta Ya! levantamos hoy nuestra voz realizando una acción político militar de carácter material y alcance limitado, con explosivos, contra Soriana en Valle de Aragón, Ecatepec, una empresa que de manera más evidente contribuyó al fraude electoral que impuso a la actual administración mafiosa, y por tanto tienen responsabilidad en los crímenes que hoy comete el mal gobierno.

Llamamos a esta acción: ¡26 de Septiembre, vivos se los llevaron, vivos los queremos! Es una acción limitada porque sabemos que es tiempo de construir y construirnos en silencio. Pero también es momento de que el dolor y la rabia se conviertan en grito de lucha.

Exigimos:

¡La presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos! ¡Deslinde de responsabilidades de los distintos niveles gubernamentales en los hechos de Iguala! ¡Castigo a los responsables! ¡Libertad a todos los detenidos durante las movilizaciones! ¡Libertad a todos los presos políticos del país!

¡Advertimos! De generalizarse la represión todas las empresas que hicieron posible el fraude electoral de Peña Nieto, las que saquean los recursos de nuestro pueblo y las que piden urgentemente la represión, pasarán a ser objetivos militares.

La noche no es eterna, hagamos posible el amanecer.

Milicias Populares ¡Basta Ya!

Noviembre de 2014

 

 

Declaran a Chicomuselo “libre de minería”

El lunes 10 de noviembre, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), a través de nuestro representante en Chicomuselo, Chiapas, José Luis Abarca Montejo, presidente de la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), firmamos la primera declaración política del Frente de Organizaciones Populares Unidas de Chicomuselo (FOPUCH). En este texto histórico nos comprometimos a defender el municipio contra el saqueo de las minas.

Constituye el acto de nacimiento de la FOPUCH, compuesta por Rema, FAMA, la Organización Campesina Emiliano Zapata, la Organización Popular Emiliano Zapata, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Otros Mundos, AC, y el Magisterio de Chiapas.

Para oficializar su creación, la FOPUCH organizó este mismo día una marcha en Chicomuselo, donde se reunieron más de 2 mil personas. Los representantes del nuevo Frente leyeron un texto dirigido al gobierno de Chiapas en el cual declararon el municipio territorio libre de minería y de represas.

Nosotros, como integrantes de la Rema estamos orgullosos de participar en el proceso de defensa de la tierra y de lucha contra los proyectos de muerte mineros e hidroeléctricos que se están llevando a cabo en Chicomuselo. La historia de este municipio ilustra lamentablemente el impacto devastador de las empresas mineras en nuestro país. Fue allí que se instaló la minera canadiense Blackfire en 2005, contaminando los arroyos y deforestando la Sierra Madre. Corrompió al expresidente municipal, Julio César Velázquez Calderón, para poder contaminar en la impunidad y contener el descontento social. En agosto de 2009 ordenó el asesinato del Mariano Abarca, miembro de la Rema y padre de José Luis Abarca Montejo, para darle fin para siempre a sus denuncias contra la minera canadiense, ignorando que su lucha sería retomada por su hijo y sus compañeros de la resistencia.

En la declaración de la FOPUCH hemos expresado también nuestra inconformidad con todas las reformas constitucionales promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto, específicamente la reforma energética, en la cual quiere hacernos creer que la explotación sin fin de la madre naturaleza es una “prioridad nacional”, ocultando que es sólo para beneficiar a las grandes empresas extranjeras.

¡Justicia a Mariano Abarca!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema/Chiapas)

 

 

 

Organizaciones sociales de América Latina piden el regreso con vida de los 43

A más de 1 mes de la represión ejercida por la Policía Municipal contra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo saldo es el asesinato de seis personas, 17 personas heridas y 43 estudiantes secuestrados, hoy desaparecidos, los secuestradores, la Policía Municipal, sigue encubriendo el lugar donde se encuentran los 43 estudiantes.

El “crimen” por el cual los estudiantes fueron muertos, heridos y desaparecidos es el de manifestarse contra los recortes económicos planificados por el gobierno para su Escuela Normal y querer reunir fondos para una manifestación prevista en México en conmemoración del aniversario de la masacre de Tlatelolco en 1968, que causó la muerte de centenares de estudiantes y de civiles y cuyos autores criminales fueron funcionarios del Estado, quienes hasta la fecha siguen impunes.

El perfil realizado por un periodista mexicano de los 43 estudiantes desaparecidos muestra a una juventud con deseos de superación, con deseos de ser útiles a su comunidad, jóvenes idealistas que representan un futuro de una sociedad digna, una esperanza para sus comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza, en una sociedad caracterizada por un nivel insoportable de desigualdad. El Estado mexicano al hacerlos desaparecer deja una advertencia a los otros estudiantes en el sentido de que no va a tolerar ese tipo de seres humanos que luchan por mejores condiciones de vida y de estudio porque van en contra de sus intereses.

La degeneración del Estado mexicano, como de numerosos otros estados “democráticos” de América Latina que encubren los actos criminales cometidos por la policía, las Fuerzas Armadas con la bendición del orden judicial, no es único. La impunidad que cubre los crímenes de lesa humanidad reina en la gran mayoría de nuestros países. Impunidad anunciadora de nuevos crímenes donde la transgresión se vuelve la ley.

Frente a estos hechos, la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos de pronuncia:

1. Se solidariza con los estudiantes, sus familias y maestros/as de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa

2. Repudia la violencia de Estado ejercida contra el pueblo de México y últimamente contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

3. Hace un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos y salud mental del Continente y del mundo a expresar su repudio a este tipo de violencia organizada, que causa serias secuelas sicosociales a nivel individual y colectivo.

4. Exige al gobierno mexicano la inmediata aparición con vida de los 43 estudiantes, la investigación y sanción de los autores intelectuales y materiales de estos hechos.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡No a la guerra contra el pueblo de México! ¡No a la criminalización de la protesta social!

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:

Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos, Paraguay; Centro de Atención Psicosocial, Perú; Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Chile; Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares, Honduras; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, México; Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, El Salvador; Corporación AVRE, Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, Colombia; Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, Argentina; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Guatemala; Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia, Ecuador; Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Ecuador; Grupo de Apoyo Mutuo, Guatemala; Grupo Tortura Nunca Mais-Río de Janeiro, Brasil; Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, Bolivia; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Guatemala; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela; Red para la Infancia y la Familia, Perú.

 

 

 

Contralínea 412 / del 16 al 22 Noviembre de 2014