Nuestros lectores

Indignante que se usen recursos públicos para acosar a defensores de derechos humanos

Con relación a la nota de Reporte Índigo titulada “Ficha Cisen a abogado de normalistas”, las organizaciones abajo firmantes lamentamos las acciones del gobierno federal a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para investigar a quienes defienden los derechos humanos y descalifican su trabajo tildándolos de “peligrosos para la gobernabilidad”.

Según la información publicada, el Cisen reporta que “Rosales Sierra y Abel Barrera, por las causas que abanderan a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, forman parte de los elementos considerados peligrosos para la gobernabilidad”.

Es indignante que los recursos públicos se utilicen para debilitar al movimiento de derechos humanos en lugar de utilizar las capacidades de inteligencia para combatir la infiltración y corrupción de los narcogobiernos y lograr que las graves violaciones a derechos humanos no queden en la impunidad.

La reconocida trayectoria de Vidulfo Rosales como abogado y de Abel Barrera como director, en la defensa de los derechos humanos, ha sido fundamental en la región para oponerse a la impunidad y el abuso de poder desde hace años. Reprobamos el intento del gobierno federal para desacreditar y hostigar el trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Hace 1 mes, organizaciones de la sociedad civil denunciábamos, a través de un comunicado, que las declaraciones del gobernador interino de Guerrero aumentaban los niveles de riesgo de los defensores de derechos humanos en ese estado y descalificaban el trabajo de la organización Tlachinollan.

Ahora, exigimos al gobierno que esclarezca la información que se ha dado a conocer y que brinde garantías para que quienes integran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan puedan ejercer con absoluta seguridad y libertad el derecho a defender los derechos humanos.

Atentamente:

Artículo 19, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, Centro de Derechos Humanos Fray Juan Gerardi, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca,

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, La 72, hogar refugio para personas migrantes, Servicios y Asesoría para la Paz

 

 

 

“Lamentable”, Decálogo de Peña, opinan

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos exigimos al Estado que lleve a cabo acciones para que hechos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean esclarecidas y no queden en la impunidad; de suerte que en las más de 23 mil 605 desapariciones documentadas en el país haya justicia y verdad.

En este día alzamos la voz para exigir que nunca más se repitan estas graves violaciones a los derechos humanos y que el Estado ejecute medidas adecuadas para su prevención y erradicación. Lamentamos profundamente que el Decálogo anunciado por el presidente Peña en mínima medida aborde las problemáticas de derechos humanos, y que sea insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan a decenas de miles de personas y sus familias. Más aún, lamentamos que el Ejecutivo haya trasladado la agenda sustantiva al Poder Legislativo, cuando desde la esfera de la administración pública federal hay incontables asuntos pendientes.

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas –como el gobierno insiste en llamar–, referido en el compromiso 8 del Decálogo de Peña, no fue presentado como una política integral, quedando soslayados aspectos fundamentales como los siguientes:

1. No se anunció un plan nacional de búsqueda en vida para coordinar en los distintos ámbitos de gobierno las acciones de búsqueda e investigación inmediata de personas desaparecidas, con enfoque de derechos humanos y de búsqueda en vida, cuya ejecución recayera en autoridades con capacidad de realizar dicha coordinación y generar información de inteligencia.

2. No se anunció ninguna medida para fortalecer las labores periciales, cruciales para la investigación, del paradero de las personas desaparecidas.

3. No se anunciaron medidas suficientes para generar información fiable, pública y transparente. En este sentido, está pendiente mejorar y hacer funcional el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Rnped), además de contar con bases de datos genéticos y forenses que sean la base de investigaciones sólidas en el tema.

4. No se anunció ninguna iniciativa para robustecer las instancias ministeriales responsables de la investigación. Por ejemplo, en el tránsito de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General, ya en proceso, no se prevé la creación de una instancia especializada para investigar las graves violaciones a los derechos humanos.

5. No se anunció la solicitud del Ejecutivo al Senado para reconocer de inmediato la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas, para conocer de casos individuales de acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este reconocimiento de competencia es apremiante, como muestra del verdadero compromiso ante la comunidad internacional y la sociedad mexicana para poner fin a las graves violaciones a derechos humanos. En tanto dicho reconocimiento no se realice, el compromiso del Estado mexicano con el régimen internacional de los derechos humanos y con la erradicación de las desapariciones está en entredicho.

6. No se anunció ninguna medida para que la discusión de la Ley General sobre Desaparición Forzada incorpore la participación de las víctimas y de la sociedad civil. De hecho, no se priorizó esta agenda legislativa pendiente, como lo acredita el que las primeras iniciativas presentadas sean las vinculadas a los temas policiales y no a los derechos humanos.

7. No se anunció la inclusión de la problemática de las desapariciones en los foros que a solicitud del Ejecutivo organizará al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

8. No se anunció ninguna medida vinculada a la justicia transicional que quedó trunca en México, y que en esta emergencia muestra su relevancia. Por ejemplo, no se anunció la creación de una comisión civil que revise, corrija y actualice el informe final de la hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para que el mismo sea publicado y difundido ampliamente, pendiente desde sexenios previos, a efecto de que aumente el reconocimiento social sobre la recurrencia de las desapariciones forzadas en México.

Sin la inclusión de estas medidas, recomendadas por mecanismos como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, es imposible afrontar la crisis de derechos humanos que se cierne sobre México. Sólo a través de estas acciones integrales se estarían haciendo efectivos los derechos a la justicia y a la verdad que las víctimas y la sociedad detentan.

Por tanto, en el marco del 10 de diciembre y dadas las dimensiones de la crisis que enfrenta México en materia de derechos humanos, exigimos al presidente de la República que, reconociendo la inexistencia de logros a celebrar en el Día Internacional de los Derechos Humanos, centre su mensaje en la aceptación de la grave crisis de desapariciones que enfrenta México y anuncie medidas –como las aquí enumeradas– que complementen y fortalezcan las insuficientes iniciativas presentadas en el Decálogo presidencial.

Finalmente exigimos al Ejecutivo que en los foros cuya organización ha solicitado al CIDE se visibilice la problemática de la desaparición, de suerte que se diseñen y convoquen eventos públicos que específicamente se avoquen a discutir esta realidad, incorporando las voces de las víctimas, sus representantes y los más connotados expertos internacionales.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 74 organizaciones en 22 entidades de la República

 

 

 

Solicitan apertura de Oficinas Regionales de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; al representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia:

Las organizaciones populares, las organizaciones de derechos humanos, los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en México nos dirigimos de la manera más atenta y respetuosa a Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Javier Hernández Valencia, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para entregarles esta solicitud por escrito que se fundamenta en la sentencia de la Audiencia Final del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, del Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrada los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014 en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán.

En el marco del 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre, manifestamos que, de acuerdo con los informes en materia de violaciones a los derechos humanos en México, elaborados por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la sociedad mexicana es víctima de una política sistemática de violación a sus derechos humanos, que representa un retroceso de sus libertades democráticas y para la consolidación del estado de derecho.

Los tratados y los acuerdos internacionales que se han firmado y ratificado por el Estado mexicano en materia de derechos humanos no han garantizado la defensa, protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos, específicamente nos referimos a los derechos civiles y políticos. El aumento de presos por motivos políticos, desapariciones forzadas, detenciones y ejecuciones extrajudiciales, así como de la violación al derecho humano de la protesta es una muestra de lo anterior.

Es en este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país, en el que se da la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México; de igual forma las miles de víctimas de desaparición forzada desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, entre los que se encuentran los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las hermanas indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de los derechos humanos Teodulfo Torres Soriano, el indígena chatino Lauro Juárez y muchos casos más.

El Estado mexicano ha calificado y ha reducido estas graves violaciones a derechos humanos como hechos aislados; sin embargo, la sistematicidad y recurrencia con que estos se han ejecutado demuestra que estas prácticas violatorias a los derechos humanos se han configurado en una política de Estado que tiene como finalidad el control social y la eliminación de la disidencia política mediante la represión política y el terror.

En el caso concreto de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, existen avances significativos en el proceso jurídico, toda vez que se obtuvo el fallo de un juez federal para citar a comparecer a autoridades estatales y federales para saber la verdad de su paradero desde el momento de su detención-desaparición, el 25 de mayo del 2007. Sin embargo, hasta la fecha, el pueblo de México, los familiares y las organizaciones populares que hemos dado seguimiento a esta demanda de presentación con vida observamos que no hay voluntad política de las autoridades federales para acatar dicha resolución judicial.

Consideramos positivo que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe pronunciándose en cuanto a la responsabilidad del Estado Mexicano en las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

En este sentido, las organizaciones populares, las organizaciones de derechos humanos, los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en México hacemos nuestras las recomendaciones emitidas por los jueces internacionales en la Audiencia Final del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, del Tribunal Permanente de los Pueblos, dirigidas a los representantes mencionados en esta solicitud y que son las que a continuación se enumeran:

 “A los organismos internacionales:

 “1. Al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examine el Informe que presenta a ese organismo el Estado mexicano y tome nota para el examen de las violaciones verificadas en esta Audiencia.

“2. Al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que al examinar los informes que le presente el Estado mexicano dé seguimiento a las conductas constitutivas de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes que ha verificado este Tribunal.

 “3. Al Comité sobre Desaparición Forzada de Personas, que al examinar los informes correspondientes que le presente el Estado Mexicano tenga en cuenta las verificaciones que en materia de desapariciones ha efectuado este Tribunal. Igualmente se recomienda al Comité que incluya dentro de las observaciones finales al examen como motivo de preocupación la reserva presentada por el Estado mexicano sobre el artículo 31 de la Convención sobre Desaparición Forzada; e igualmente, en las recomendaciones que formule, inste al gobierno mexicano a retirar tal reserva.

 “4. Al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que tome nota de las violaciones a estos derechos que ha identificado el Tribunal y solicite información al gobierno mexicano sobre las garantías tanto legales como judiciales, en particular a los derechos de asociación sindical, negociación colectiva, reunión, manifestación, y demás formas de ejercicio de la protesta social, que a juicio del Tribunal carece de suficientes garantías para su ejercicio; que los elementos que sobre estas materias se consignan en el Dictamen sean examinados a fondo al discutir el Informe que sobre el cumplimiento del Pacto le presente el Estado mexicano y exprese recomendaciones concretas orientadas a lograr la efectividad del derecho a la protesta. Al mismo Comité el Tribunal le recomienda tomar nota de la violación al derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, al derecho a la salud y la seguridad social, y al derecho a la educación que se producen particularmente como consecuencia del desplazamiento forzado al que se han visto obligados amplios sectores de la población, como lo verificó el Tribunal.

 “5. Al Subcomité para la Prevención de la Tortura, que promueva una nueva visita al país para dar seguimiento a los hallazgos obtenidos en la visita de 2010 y verificar en forma directa nuevos acontecimientos con relación a su mandato.

 “6. A los relatores especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sobre Independencia de Jueces y Abogados, sobre Pobreza Extrema, y al Relator Especial sobre Desplazados Internos, que soliciten al gobierno mexicano invitación para visitar el país, y verificar en forma directa los temas correspondientes a cada uno de sus mandatos.

 “7. A la Relatora Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos, a que dé un seguimiento especial al caso de México, a la luz de la Resolución 53/144 de la Asamblea General, del 9 de diciembre de 1998, que contiene la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos; y de la Resolución 22/6 del Consejo de Derechos Humanos sobre Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, del 21 de marzo de 2013.

 “8. A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que promueva un acuerdo con el gobierno mexicano para restablecer su presencia en este país, preferiblemente con una oficina nacional que acompañe la protección a los desplazados internos.

 “9. A la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que impulse o promueva acuerdos con el gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos para establecer oficinas estatales en cada entidad de la Federación, en los cuales este Tribunal documentó la mayoría de las violaciones de derechos humanos, a saber, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla y, adicionalmente, en el estado de Chihuahua, que si bien en este Tribunal no presentó casos, sí el Tribunal tomó nota con preocupación de la historia de violaciones a los derechos humanos que ha dado lugar a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

Atentamente:

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Asamblea de los Pueblos Indígenas, Radio Estudiantil Libertaria, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Ajusco Radio, Familiares y Comité de apoyo por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco y Grupo de Trabajo Permanente de San Bartolo Ameyalco.

 

 

 

Detención injusta contra solicitante de asilo

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; licenciada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; licenciado Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración; licenciada Sandra Gabriela Velasco Ludlow, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; licenciado Jordán de Jesús Alegría, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chiapas; licenciada Liduvina Magarín, viceministra de Salvadoreños en el Exterior:

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova manifiesta su preocupación por la situación de don Carlos F, nacional de El Salvador, persona que tras llegar a México a solicitar asilo fue acusado de un delito que no cometió, privado injustamente de su libertad durante 11 meses en el Centro de Reinserción Social Número 3, con sede en Tapachula, Chiapas, y se encuentra en estos momentos privado de nuevo de su libertad en el Centro de Detención para Migrantes de Tapachula (Estación Migratoria Siglo XXI), donde se le impide ejercer su derecho a la reparación del daño y a obtener el asilo en México.

Carlos F estableció hace unos años en El Salvador un pequeño negocio, pero una pandilla de mareros comenzó a extorsionarlo, situación que fue en aumento hasta el grado de que le obligaban a utilizar su local como base de operaciones, por lo que decidió cerrarlo. Sin embargo, al ser testigo de los planes que organizaban durante sus reuniones y ser obligado a esconder a sicarios, comenzaron a perseguirlo y tuvo que huir de su país.

Al llegar a Tapachula solicitó asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y comenzó su procedimiento, instancia que como en muchos otros casos, sin considerar las condiciones de su caso y la situación de violencia que vive su país, denegó su solicitud en primera instancia.

Interpuso un recurso de revisión frente a esta decisión, pero mientras se encontraba en este procedimiento, don Carlos fue acusado por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas sin ningún fundamento de un delito, y en consecuencia fue puesto a disposición judicial, en prisión preventiva. Ahí le fue notificada la confirmación de la negativa del asilo por segunda vez. Once meses después de su injusta detención, el juez lo absolvió por falta de elementos y la inconsistencia de la acusación, pero fue puesto a disposición de la autoridad migratoria, el Instituto Nacional de Migración (INM), quien de nuevo lo ha privado de su libertad por una falta administrativa, en el Centro de Detención para Migrantes de Tapachula, la Estación Migratoria Siglo XXI.

Al llegar don Carlos a la Estación Migratoria, se detuvo de momento su deportación gracias a un recurso de amparo presentado ante la justicia, pero don Carlos sigue en riesgo de ser deportado a su país si no prospera el recurso, y además está siendo hostigado al interior del centro de detención para que renuncie a su derecho a la reparación del daño, derecho que no puede ejercer al estar privado de su libertad.

Cabe destacar que la situación de don Carlos no es un hecho aislado, la incriminación de migrantes en México en delitos que nunca cometieron ha sido documentada por diversas organizaciones (informe del Centro PRODH, Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México, otro destino trágico, http://bit.ly/X2oF9f).

Ante estos hechos, solicitamos de todas las personas y entidades interesadas que insten a las autoridades:

Al INM, a que ponga fin de inmediato a la detención de don Carlos en la Estación Migratoria Siglo XXI y sea puesto en libertad, con un oficio de salida que permita su regularización en el país.

A las autoridades consulares y diplomáticas de El Salvador, a que no firmen la orden de deportación y apoyen a su connacional para su puesta en libertad y el ejercicio de su derecho a la reparación del daño.

A la Comar, a que se reconozca finalmente la condición de refugiado de don Carlos y se le apliquen las correspondientes medidas de protección de acuerdo con el derecho internacional de asilo.

A las autoridades del estado de Chiapas, para que permitan el ejercicio y reconozcan el derecho de don Carlos a una reparación por haber sido detenido injustamente por 11 meses y la actuación irregular de las autoridades judiciales y de investigación.

Al Estado mexicano, para que rectifique sus políticas de gestión migratoria, basadas en un enfoque de seguridad, y cese en sus prácticas violatorias de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, por su política sistemática de criminalización, detención y deportación.

Al Estado mexicano, para que establezca alternativas efectivas a la detención de las personas migrantes y solicitante de asilo que se encuentran en situación irregular en territorio nacional, eliminando la existencia de los centros de detención en todo el país.

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

 

 

 

El Frayba invita a documentar

fotográficamente el despojo

En el marco de la Campaña los Rostros del Despojo, que se anunció el 13 de noviembre 2014, invitamos a toda persona de cualquier parte del mundo interesada en compartir fotografías que reflejen su/la organización, lucha y defensa de de sus/los pueblos en Chiapas frente a violaciones a sus derechos humanos.

Los pueblos originarios y sus territorios están en constante riesgo por hechos de desplazamiento forzado interno y proyectos de infraestructura que ponen en peligro la vida comunitaria y la identidad de mujeres y hombres.

Ellas y ellos de manera organizada ejercen sus derechos colectivos e individuales. Los Rostros del Despojo son historias y hechos de comunidades indígenas que luchan por la justicia y contra la impunidad, además identifica y visibiliza a los responsables de las violaciones a los derechos humanos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en sus responsabilidades de derechos humanos.

Cómo participar:

El participante puede enviar hasta un límite de 5 (cinco) fotografías.

Las fotografías pueden estar en blanco y negro y/o color.

La(s) fotografía(s) describirá(n) los Rostros del Despojo de comunidades indígenas de Chiapas y/o su lucha frente a ellos.

Solicitamos se envíe la fotografía acompañada de una frase/poema/canción que la describa/defina la lucha que representa y/o la historia detrás de la foto.

Las fotografías se recibirán hasta el 5 de enero 2014 en el correo: fotosrostrosdeldespojo@gmail.com y/o en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Solicitamos mandar sus fotos de mayor formato posible, ya que se usarán también en lonas. Preferiblemente no menores de 3 megabytes y un mínimo de 72 puntos por pulgada de resolución.

Las/los participantes podrán editar la(s) fotografía(s). No se aceptarán fotografías que hayan sido manipuladas digitalmente por medio de algún programa que permita eliminar partes de la imagen o sustituirlas con otros elementos diferentes a la imagen original.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

 

 

 

Frente al desprecio de los de arriba, la palabra desde abajo nos hará libres

A los pueblos del mundo:

Nosotros, los medios libres, alternativos, independientes, autónomos o como se llamen, hemos estado desde hace tiempo informando desde y con las luchas, organizándonos y tomando nuestras necesidades comunicativas en nuestras propias manos, cuestionando la manipulación que los medios comerciales hacen de los hechos y de las noticias, desmitificando la idea de que los y las periodistas son objetivos.

No nos sentimos poseedores de “la verdad absoluta”, pero comunicamos honestamente desde nuestras reconocidas subjetividades con ideales de libertad. Lo mejor está por venir y tenemos que luchar para conseguirlo, es por eso que nos situamos del lado de quienes resisten y construyen en su cotidiano nuevas formas de relacionarse, que se anteponen a la lógica de destrucción y muerte. Rompemos el cerco informativo. Defendemos la libertad de expresión creando y sosteniendo medios o procesos de comunicación que no pertenecen y sirven a los que nos someten.

El país se encuentra inmerso en una de las mayores crisis políticas de los últimos años. Los terribles sucesos del 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala, Guerrero, han evidenciado la enorme complicidad entre el crimen organizado y el Estado mexicano. No hay una distinción entre mafia y gobierno, ni entre policía, narco y paramilitares. Todos ellos, junto con la mayoría de los medios de paga, actúan del mismo lado, protegiendo sus propios intereses.

Apenas unas horas después de que la policía asesinara a seis personas y trasladara en sus patrullas a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sin que a la fecha haya certeza sobre su paradero, algunos medios de comunicación “informaron” de un supuesto “enfrentamiento” entre normalistas y policías. Desde entonces, el manejo mediático que han hecho de esta crisis ha buscado su provecho y la del Estado, repartiendo culpas y otorgando perdones.

El común denominador no ha sido informar a la población de lo que pasa, ni mucho menos ir al fondo de los hechos para desenmascarar las redes de corrupción de los de arriba –puesto que las empresas mediáticas figuran en dichas telarañas– sino ganar clicks y rating para sus medios y ayudar al gobierno a administrar la información, sin respetar el dolor de las víctimas y la inteligencia de la gente. Hay medios que no se guiaron únicamente con este criterio, sobre todo periodistas-trabajadores de la prensa, usuarios de redes sociales y personas de a pie; a quienes dirigimos estas palabras.

La dignidad de los estudiantes de Ayotzinapa, así como la fuerza y entereza de sus compañeros, familiares y amigos crece cada día, y ha ido despertando más rabias, acumuladas por el sinfín de injusticias que se viven y se han vivido en este país desde hace ya 522 años.

En México y en diversos países, miles de personas han salido a las calles para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, pero el memorial de agravios es tan grande que las movilizaciones están poniendo sobre la mesa la violencia cotidiana que se vive en este país, las miles de desapariciones y asesinatos, los miles de feminicidios en un Estado policiaco y militarizado.

Es esa violencia la que muchos medios pretenden invisibilizar. Como si la memoria y la dignidad tuvieran fecha de caducidad, como si el dolor y el sufrimiento pudieran ser condenados al olvido.

Les invitamos a caminar juntos, a sumar nuestras voces y miradas en la construcción de un mejor presente, a entretejer la comunicación desde abajo; a consultar y ser partícipes de los medios libres, alternativos, independientes, autónomos o como se llamen.

Toma los medios, siémbralos libres.

Pronunciamiento de medios libres, alternativos, independientes y autónomos

 

 

 

 Contralínea 416 / del 14 al 20 de Diciembre 2014