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Demandan justicia ante allanamiento de casa del presidente de la Limeddh

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza; presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo; representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Esteban Hernández Valencia; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; representante especial del secretario general sobre la situación de los defensores de derechos humanos; secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza:

Las organizaciones pertenecientes a la Red de Alerta Temprana con domicilio para recibir comunicaciones en Manuel María Contreras, 73, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, 06470, México, Distrito Federal, teléfono: 55 56108790, enlace.limeddh@gmail.com, manifestamos preocupación y solicitamos su intervención urgente ante el saqueo del domicilio del presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

Entre el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero de 2015, personas desconocidas ingresaron al domicilio del defensor de derechos humanos Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh, y aprovechando que éste se encontraba fuera, sustrajeron todos los muebles y objetos de la casa, la dejaron totalmente vaciada, cambiaron chapas, cerraduras, llaves y soldaron el portón de la entrada de la casa.

El domingo 1 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, Adrián Carlos Ramírez Reverand llegó a su domicilio en Xochimilco, Distrito Federal. Al no poder entrar, saltó el portón y enseguida fue detenido y llevado a la Agencia del Ministerio Público, acusado de allanamiento de morada, despojo y robo. Se inició la Indagatoria FXH/XO-2/T2/00289/15-02 en la Fiscalía Desconcentrada en Xochimilco, Agencia Investigadora del Ministerio Público XO-2.

Adrián Ramírez López acudió al Ministerio Público y presentó comprobantes de arrendamiento de la casa y a media noche su hijo fue liberado.

Sin embargo, al cambio de turno el día 2 de febrero fue puesta en libertad la persona sospechosa, y al parecer no se le dio agilidad a las investigaciones ni mucho menos a presentar y declarar a quienes se encontraron dentro del domicilio.

Cabe mencionar que en el domicilio se encontraba gran parte del archivo histórico de la Limeddh acumulado a lo largo de 30 años, documentación muy valiosa, múltiples expedientes, identificaciones, documentos personales, facturas, archivos digitales, tres computadoras (dos lap top y una PC) y memorias USB con información de la organización.

También llama la atención que de los cinco gatos y un perro guardián de la casa, sólo pudimos recuperar una gatita negra. Los demás están desaparecidos y se teme que hayan sido sacrificados.

Al parecer, el motivo del robo está relacionado a la disputa del inmueble y el intento del despojo de la casa del señor Jesús Gutiérrez Lugo, por lo que las personas que se introdujeron al domicilio lo hicieron de manera ilícita, sin que mediara ningún mandato judicial, y no existe resguardo alguno de todos los bienes del defensor de derechos humanos.

La Red de Alerta Temprana exhorta a todas las personas, a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, a que expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades a:

1. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos denunciados en la indagatoria FXH/XO-2/T2/00289/15-02 y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

2. Se logre la localización de todo lo robado, sobre todo el acervo histórico de la Limeddh.

3. De inmediato sea restituido el inmueble para que puedan regresar a su casa.

4. Velar porque se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra de Adrián Ramírez López, su hijo Adrián Carlos Ramírez Reverand, sus familiares, así como de Jesús Gutiérrez Lugo y su familia, y en general, en contra de todos los defensores de derechos humanos en México.

5. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:

Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional, a reunirse o manifestarse pacíficamente”.

Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;

6. De manera general, garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Atentamente:

Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana: Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh; Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC; Fundación Diego Lucero, AC; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Asociación Nacional de Abogados Democráticos; el Observatorio Nacional de Prisiones México; la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, AC; la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México; Alzando Voces; y Comité de Defensa de Derechos Humanos Cholollan

 

 

 

Caso Ayotzinapa, una prueba para México ante el mundo

Los días 2 y 3 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Durante la sesión destacó la presencia de familiares de personas desaparecidas de Guerrero, Chihuahua y Coahuila, quienes acudieron a esta instancia internacional como parte de su incansable búsqueda en la exigencia de la presentación con vida de sus seres queridos y ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.

El CED cuestionó ampliamente al Estado mexicano con relación a las acciones y políticas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, así como para la búsqueda y protección a los familiares. En este sentido, el Comité interrogó al Estado sobre las razones del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, así como la tardía intervención del gobierno federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. El CED señaló que el caso Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.

Asimismo, el Comité destacó la necesidad de una búsqueda en vida y de desarrollar las capacidades para el adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas; el tema de la falta de bases de datos y cifras confiables; el uso abusivo de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas, en particular para las personas migrantes y sus familias desde sus países de origen; la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias; entre otros. Asimismo, cuestionó la falta de una legislación integral y armonizada con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada –como podría ser una ley general– y la negativa del Estado hasta ahora de reconocer la competencia del CED para conocer de casos individuales de desaparición forzada en México.

Frente a la revisión del CED y la autoridad moral de los familiares presentes en la sesión, incluidos madres y padres de los 43 estudiantes normalistas y otros provenientes de los estados del Norte que presentan alarmantes cifras de desapariciones, la respuesta de la numerosa delegación del Estado fue insatisfactoria. Así quedó evidenciada ante la comunidad internacional la obligación urgente del Estado de tomar acciones efectivas para poner fin a la práctica de las desapariciones en el país y romper el ciclo de impunidad que se ha mantenido vigente durante décadas, abonando a la crisis de derechos humanos que vive el país.

Por esta razón, las organizaciones firmantes destacamos que la revisión de México por el CED y el seguimiento a las recomendaciones que éste emitirá el próximo 13 de febrero representan una oportunidad para enderezar la política de Estado frente a las desapariciones, que hasta la fecha se ha empeñado en minimizar la problemática y desarrollar protocolos que se traduzcan verdaderamente en la prevención, búsqueda efectiva, verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Confiamos en que la tenacidad de los y las familiares rinda frutos, y el Estado empiece a dar pasos firmes hacia el futuro, en que no sea posible nunca más la desaparición de personas.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Hijos México; Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

 

 

 

Aplican la ley sólo a los pobres, señalan

A los medios de comunicación nacionales y del extranjero; a los organismos defensores de los derechos humanos; a las organizaciones populares, democráticas e independientes; al pueblo de México:

¿Estado de derecho? ¿De quién?

A través de las plumas y voces mercenarias el gobierno en turno lanza su mensaje: “En las acciones de mayor vigilancia implementadas [sic] por el gobierno federal en Guerrero no hay endurecimiento”, se trata de “garantizar el derecho de las mayorías”: Osorio Chong.

También agregó: “Se trata de garantizar el estado de derecho, que es una exigencia de todos los mexicanos. Así que no hay endurecimiento, es simplemente asumir la responsabilidad que nos toca como gobierno”.

Los mensajes van dirigidos a la población para descalificar la lucha de familiares, víctimas de la desaparición forzada, más aún para aquellas organizaciones solidarias con la causa. La intención es crear el ambiente perfecto para justificar la represión.

El papel de los monopolios de la comunicación es importante, porque a través de ellos se emiten mensajes que tienen la intención de generar una opinión de rechazo e indiferencia hacia todo derecho a la manifestación y a la protesta.

Algo que nos llama la atención es lo que dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: “Tenemos que hacer prevalecer el estado de derecho, es una exigencia de todos los mexicanos”, aquí hay que preguntarnos: ¿a qué tipo de mexicanos se refiere? Y, según su posición de clase, ¿a qué estado de derecho hace alusión?

Cuando hace esas declaraciones, por supuesto que no se refiere al pueblo, a ése que todos los días es explotado, oprimido, es condenado a la pobreza y miseria en el país. Cuando dice que es una exigencia de los mexicanos se refiere a los empresarios, a los oligarcas que piden a gritos la aplicación de la ley burguesa, el uso de la fuerza pública en contra del movimiento popular para continuar con el terrorismo y violencia de Estado, y que sepulta de ese modo todo brote de descontento de la clase trabajadora.

Es la exigencia de la oligarquía porque la Gendarmería Nacional, Marina, Ejército, Policía y paramilitares sigan desangrando al pueblo: con la desaparición forzada, asesinatos extrajudiciales y todo crimen que emane de la mentalidad salvaje del Estado “democrático” burgués; fuerzas represivas que actúan bajo la impunidad de la legalidad burguesa.

A esos mexicanos se refiere Osorio Chong y son a los que defenderán, son a los que les garantizarán sus intereses político-económicos.

En cuanto al Estado de derecho, en efecto, del que habla es el burgués. En México existe un estado de derecho burgués pro-oligárquico; es decir, reglas o leyes que están elaboradas e impuestas para garantizar la explotación y opresión de los mexicanos, privilegiando por encima de todos los intereses de los grandes empresarios y los inversionistas extranjeros. Sobre esta base es que se criminaliza todo acto de descontento y lucha popular.

Como hemos dicho, ese conjunto de leyes y normas, marco jurídico, tiene dos funciones generales, la primera es permitir que se objetiven los intereses oligárquicos e imperialistas a través de mayor explotación asalariada; el segundo, contrarrestar la reacción popular mostrada en descontento con la criminalización de la protesta popular. Al mismo tiempo que se criminaliza la protesta popular se garantiza mayor impunidad a los cuerpos represivos.

La expresión concreta del estado de derecho burgués la encontramos en la aprobación de todas las reformas neoliberales (hoy leyes) que se han impuesto en contra de la voluntad popular, y desnuda igualmente el carácter del derecho mexicano y su órgano político: las cámaras de diputados y senadores.

Una manifestación específica de esto se encuentra en las cárceles, las cuales en la actualidad han incrementado en número y especialidad; están saturadas de chivos expiatorios, de luchadores sociales encarcelados con delitos prefabricados, y de ciudadanos indefensos por su condición de pobreza y miseria que no tienen lo mínimo que exige el estado de derecho burgués para poder defenderse y demostrar su inocencia.

Lo vemos también en las más de 110 mil desapariciones forzadas, en las más de 140 mil ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, crímenes de Estado, que sólo quedan en la impunidad.

Ése es el estado de derecho burgués del cual hablan mucho y defenderán utilizando sus leyes, sus cuerpos castrenses y sus aparatos de represión, instituciones que les garanticen la impunidad.

Por eso no nos deben extrañar los resultados y falacias que dan a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos; a fin de cuentas, defienden su ley, su Estado y su propia existencia como clase; para nosotros son soberbios, hipócritas, cínicos e insensibles, porque no representan nuestros intereses populares, y es ahí donde debemos dar la lucha como pueblo, mediante la denuncia y las acciones políticas, jamás debemos renunciar a ellas.

Seguimos en la insistencia de la conformación de una Coordinación Nacional de Víctimas del Terrorismo de Estado, para, de manera conjunta, denunciar y exigir juicio y castigo a los verdaderos criminales de Estado.

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen de ayer y hoy! ¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular! ¡Libertad inmediata de todos los presos políticos y de conciencia en el país! ¡Alto al terrorismo de Estado! ¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

 

 

 

Solicitan a magistrado velar por derechos humanos de mujer torturada

Ciudadano Arturo Gómez Ochoa, magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, con domicilio en avenida Boulevard Culturas Veracruzanas, 120, colonia Reserva Territorial, Xalapa, Veracruz, código postal 91096, teléfono 01 (228) 1 41 06 00 extensión 3000, fax 01 (228) 1 68 12 39

Distinguido señor magistrado:

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 172 defensoras de derechos humanos de 97 diversas organizaciones, aprovechamos la oportunidad para saludarle, y además referirnos al caso de la señora Claudia Medina Tamariz, una mujer veracruzana torturada sicológica, física e incluso sexualmente por miembros de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Tenemos conocimiento de que está por resolverse el toca penal citado al rubro, derivado del recurso interpuesto por la apelante en contra de la determinación de la jueza Tercero de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, dentro de la causa penal 186/2012, de declarar infundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por la señora Medina Tamariz.

En efecto, el día 15 de mayo de 2014 promovió el referido incidente considerando que se desvanece la prueba consistente en el parte informativo y de puesta a disposición de los elementos de la Marina que la detuvieron, al estar afectado de ilicitud por haberse generado como consecuencia directa de la retención prolongada e injustificada, así como de actos de tortura sicológica, física e incluso sexual perpetrados en su contra.

Sabemos por medio de su defensa y la documentación que del caso han realizado organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, que en la madrugada del 7 de agosto de 2012 un grupo de elementos de la Secretaría de Marina allanaron su hogar y la detuvieron ilegal y arbitrariamente junto a su esposo.

Que fueron trasladados en una camioneta blanca sin insignias y llevados a la base naval en el Puerto de Veracruz, cerca del aeropuerto, donde los mantuvieron incomunicados por 36 horas aproximadamente, sin ponerlos a disposición de autoridad alguna sino hasta el día 8 del mismo mes, a las 18:30 horas.

Durante el periodo de incomunicación, la señora Medina fue víctima de amenazas, maltratos y actos de tortura sicológica, física y sexual, que dejaron notables huellas en su cuerpo y en su sique.

Antes de la puesta a disposición ante autoridad competente y de realizar el correspondiente control de detención, fue presentada ante medios de comunicación junto a otras seis personas, como integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la intención de aparentar una supuesta solución a los múltiples asesinatos de periodistas que en ese tiempo ocurrían en el estado, como se desprende de varias notas periodísticas de esas fechas.

Hemos constatado que su versión de los hechos fue corroborada por expertas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dentro del expediente de queja CNDH/2/2013/8619/Q; a través de dos dictámenes, sicológico y médico, para detectar huellas de tortura con base en el Protocolo de Estambul. En ellos se concluye que hay consistencia entre su relato y los síntomas; y, por cuanto hace a la parte médica, que presentaba lesiones que fueron ocultadas por la Secretaría de Marina en la certificación médica realizada.

En un dictamen detallado y adecuado a los más altos estándares internacionales, también expertos independientes encontraron consistencia entre el relato de la señora Medina Tamariz y las huellas sicológicas y físicas halladas en los dictámenes respectivos. Sabemos que tanto esta documental privada, como las públicas correspondientes a los peritajes de la CNDH, obran en los autos del toca penal.

Nos preocupa que durante el periodo de constantes violaciones a sus derechos humanos se haya generado prueba en su contra. Nos referimos al parte informativo y la puesta a disposición, que contiene una confesión de la señora Medina y una descripción de los hechos distinta a la realidad, así como acusaciones insostenibles.

Ante esta situación nos parece sumamente grave que la única prueba que vincula a la señora Claudia Medina Tamariz con el delito que se le imputa sea el parte informativo de los elementos de la Marina, el cual está estrechamente relacionado con la detención y retención ilegal, incomunicación y tortura de las que fue víctima.

Ahora que procede dictar resolución, respetuosamente nos atrevemos a pedirle que tome en cuenta los argumentos esgrimidos por la señora Medina Tamariz en los agravios del recurso de apelación, así como las pruebas aportadas por ésta, que respaldan su verdad. Con el fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en México, contenidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los instrumentos internacionales que México ha ratificado.

Confiamos plenamente en que analizará minuciosamente el caso y resolverá con plena autonomía, con base en la verdad y conforme a los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de detención ilegal y arbitraria, falta de puesta a disposición inmediata de autoridad competente y, desde luego, tortura analizada con perspectiva de género por la sexualización y discriminación que de dicha práctica se evidencia en este caso.

No dudamos que es ésa y no otra la manera en que habitualmente realiza su importante labor como juzgador.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por 172 defensoras de derechos humanos de 97 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal

 

 

 

Demandan cese acoso contra familia de activistas

Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla; Víctor Antonio Carrancá Bourget, procurador general de Justicia del estado de Puebla; maestro Adolfo López Badillo; Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla; José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

La Red de Defensa de los Derechos Humanos solicita su intervención urgente para garantizar la integridad física y sicológica de Ollin Amaro Ayometzi y su familia, militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Puebla, ante las amenazas de muerte recibidas vía telefónica.

El 1 de febrero de 2015, a las 12:06 horas, la señora María de Lourdes Ayometzi Rojas recibió una llamada del número 22 23 98 47 90. La primera voz que escucho decía: “¡Má, ayúdame, estoy muy mal!”, a lo que la señora Lourdes, al notar el tono de voz parecido con la de su hijo Ollin Amaro Ayometzi, preguntó para tratar de cerciorarse si era la voz de su hijo: “¿Dónde estás?” A lo que le contestaron que no sabía. En ese momento le pasa el celular a su hija mientras intenta comunicarse con Ollin, es cuando la hija escucha un tono de voz parecido al de Ollin diciendo: “Somos varios los que estamos mal, hubo una matanza…” Y en ese momento se escucha a una persona decir: “Señora, ya escuchó a su hijo, ¿lo quiere ayudar?” En ese momento cortó la llamada la familia Amaro Ayometzi.

La familia Amaro Ayometzi ya tuvo comunicación con su hijo Ollin y se encuentra sin ningún incidente.

La familia Amaro Ayometzi tiene más de 30 años participando en el movimiento popular en el estado de Puebla. Como familia han sido víctimas de la violencia y terrorismo de Estado. El luchador social Gumaro Amaro Ramírez, esposo de María de Lourdes Ayometzi Rojas, fue desaparecido de manera forzada y torturado en reiteradas ocasiones por la entonces Policía Judicial, todo esto previo a su ejecución extrajudicial el 17 de febrero de 1989. Menos de 1 año después, María de Lourdes Ayometzi Rojas es obligada a renunciar a su puesto de trabajo dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En ambos casos la familia ha señalado como responsable de dar esas órdenes al exgobernador de Puebla Mariano Piña Olaya.

En el caso de Ollin Amaro Ayometzi, el 4 de marzo del 2014 fue detenido de manera arbitraria junto con otros cuatro integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y dos monitores de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh), cuando se encontraban en las afueras del Ministerio Público de La Popular, esperando información de otros dos miembros del FNLS que habían sido puestos a disposición de dicha autoridad por haber escrito la consigna política: “Alto a la represión contra el pueblo” en una barda de la Facultad de Medicina de la BUAP.

En la madrugada del 5 de marzo del mismo año rompieron los vidrios del carro de Ollin Amaro Ayometzi. En esos hechos, quien o quienes entraron al carro de Ollin registraron y desordenaron los documentos que Ollin traía en ese momento, si bien se robaron el estéreo del auto, el hecho es que dañaron el aparato mismo derivado del forcejeo para poder desmontarlo, por lo que lejos de parecer un robo, fue un acto intimidatorio.

El 9 de abril de 2014, varios militantes, entre ellos Ollin Amaro Ayometzi, de la Unión por la Organización Estudiantil fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo de porros que actúan bajo las órdenes de Julieta Bautista Luna, directora de la Preparatoria 2 de Octubre, mientras se encontraban difundiendo un foro sobre educación pública.

En mayo de 2014 el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo envió sendas cartas de aclaración al ahora regidor Zeferino Martínez Rodríguez en las que respondían a sus señalamientos de que Ollin Amaro Ayometzi “se juntaba con guerrilleros y gente del Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo”. Dichos señalamientos fueron extensivos al Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata organización integrante del FNLS.

El 16 de octubre del mismo año el portal de noticias E-consulta difunde un artículo de opinión titulado “Hijos de tigre… Pintitos”, en la columna del periodista de Rodolfo Ruíz. Dicho artículo contiene información falsa y focaliza la participación política de Ollin en el contexto del movimiento estudiantil-popular que reivindica la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014.

En noviembre y diciembre del año pasado, algunos medios de comunicación en Atlixco, Puebla, inician una campaña de linchamiento mediático en contra del movimiento que se opone a la privatización del agua en esa región, de manera específica, dicho linchamiento se ha centrado en Ollin Amaro Ayometzi.

Los hechos descritos en los párrafos anteriores no son hechos aislados, ya que varios militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización con presencia en varios estados del País, de la cual forma parte Ollin Amaro, han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y espionaje.

Para la Renddh es preocupante este historial en contra del FNLS, y que de manera más específica se dé en contra de Ollin Amaro Ayometzi y su familia, ya que los deja en una situación de riesgo. Más aún en un contexto nacional y estatal en el que el encarcelamiento a personas que hacen valer sus derechos constitucionales, así como medidas extremas como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se han incrementado exponencialmente en contra del movimiento popular, poniendo en evidencia la participación directa del gobierno en sus diferentes niveles y de particulares que actúan con aquiescencia del propio Estado.

Por lo anteriormente expuesto y sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh) solicita:

1. Garantizar la integridad física y sicológica de Ollin Amaro Ayometzi y su familia, así como también de todos y cada uno de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

2. Garantizar el ejercicio de exigencia de derechos constitucionales sin criminalizar las demandas y luchas del movimiento popular.

3. El cese de señalamientos, intimidaciones y de cualquier otro acto que menoscabe la dignidad humana en contra de Ollin Amaro Ayometzi y su familia, así como también de todos y cada uno de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

A los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales les solicitamos de manera solidaria y en la medida de sus atribuciones, externen al gobierno mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.

Atentamente:

Israel Sampedro Morales, coordinador general de la Red de Defensa de los Derechos Humanos Dignidad, Justicia, Libertad; Red de Defensa de los Derechos Humanos; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

 

 

 

Denuncian acoso por actividades políticas

A los medios de comunicación nacionales e internacionales; a los organismos defensores de los derechos humanos; a las organizaciones democráticas e independientes; al pueblo de México:

Como parte del despliegue policiaco-militar anunciado a nivel nacional, una vez más se revela que el objetivo de sacar a los cuerpos castrenses a las calles es continuar con la limpieza social; objetivo que pasa por la realización de tareas de seguimiento, para posteriormente perpetrar los crímenes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, que suman miles en el país.

Por ello denunciamos el hostigamiento y seguimiento policiaco-militar a compañeros militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Altamirano y Ocosingo, Chiapas; y alertamos de una posible represión policiaco-militar que puede derivar en detenciones arbitrarias, asesinatos políticos o desapariciones forzadas.

Relación de hechos

1. 15 de enero. Elementos de la Armada de México recorrieron la base de carga de pasajes de los compañeros de la Unión de Transportistas Los Quetzales en tres ocasiones.

2. 19 de enero. Aproximadamente a las 10:25 horas se presentó un convoy de elementos de las policías de Tránsito, Judicial y la Policía Acreditable, algunos de ellos encapuchados.

3. 21 de enero. Elementos de la Policía Acreditable recorrieron la calle donde se encuentra la base de los transportistas observando los automóviles. Aproximadamente a las 10:25 horas se presentan elementos del Ejército, la Policía Judicial, la Policía Acreditable y Fuerza Ciudadana.

4. 23 de enero. A las 11:30 horas, policías se presentan observando la calcomanía trasera de los automóviles en el que se denuncia el caso de Ayotzinapa como crimen de Estado.

5. 25 de enero. A la altura del crucero que desvía a Toniná fue detenido y revisado el automóvil del compañero Fabiano López Luna, en un retén improvisado de las Fuerzas policiaco-militares, constituidas por militares, elementos de las corporaciones de la Policía Municipal, Federal, de Caminos, de Tránsito, cuestionando a nuestro compañero que si su unidad de transporte era de pasaje.

6. En tanto que el 24 de enero de 2015, los compañeros Armando Dilman Méndez y Petrona Pérez Sántiz, miembros del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS), fueron amenazados con arma en mano por personas vestidas de civil, que se presentaron como personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), para exigirle una cuota económica de 600 pesos por seguir realizando su trabajo en el mercado, en el municipio de Altamirano; y si no aceptaban, el 1 de febrero les saquearían todas sus mercancías.

Los compañeros de la Unión de Transportistas Los Quetzales y los militantes del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, integrantes de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, han participado activamente en cada una de las movilizaciones por la exigencia de la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos y de todos aquellos que se encuentran en esa condición.

Es evidente la constante actividad de patrullaje, hostigamiento y persecución de los cuerpos castrenses hacia las organizaciones de carácter independiente, lo que se circunscribe en el contexto de represión a nivel nacional.

Hacemos el llamado a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos a los acontecimientos en torno al movimiento popular, ya que el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado la represión generalizada, como ha sucedido con los normalistas en la caseta de Palo Blanco, en Guerrero, quienes fueron detenidos recientemente cuando hacían una actividad política.

Por ello, responsabilizamos a Enrique Peña Nieto, toda vez que en su persona se concentra el mando único de los cuerpo policiaco-militares, al gobierno de Manuel Velasco Coello, a las corporaciones policiacas, al presidente municipal de Ocosingo, Octavio Albores Cruz, a la 11 Compañía de Infantería No Encuadrada, al presidente municipal de Altamirano, Roberto Pinto Kanter, de la integridad física y sicológica de cada uno de nuestros compañeros que integran el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos por el régimen! ¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez! ¡Alto a la represión! ¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo-Chiapas

 

 

 

 

 Contralínea 423 / del 08 al 14 de Febrero 2015