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Estado mexicano incumple a la Tribu Yaqui: Misión Civil de Observación

El gobierno mexicano ha incumplido la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el marco de la consulta a la Tribu Yaqui.

Con el fin de documentar el proceso de consulta del Acueducto Independencia y señalar el nivel de cumplimiento de los criterios establecidos para que ésta sea de manera previa, libre, informada y de buena fe, la Misión Civil de Observación (MCO) ha elaborado un informe actualizado sobre este proceso.

El 8 de mayo de 2014, la MCO publicó un informe preliminar en el que señaló un conjunto de irregularidades en el proceso de consulta a la Tribu Yaqui y emitió recomendaciones al gobierno mexicano para cumplir adecuadamente con los principios del derecho a la consulta. Todo ello en el marco de la ejecución de la sentencia emitida por la SCJN (631/2012) la cual obliga por primera vez en la historia del país a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una consulta a pueblos indígenas.

Dicho informe demuestra graves violaciones a los derechos humanos de la Tribu Yaqui, como el derecho a la consulta previa por la construcción, autorización y operación del Acueducto Independencia sin tomar en cuenta la decisión de los yaquis. Asimismo, la consulta informada ha sido vulnerada por la falta de información, claridad y contradicciones. El principio de que la consulta debe ser libre ha sido igualmente violado por la criminalización hacia miembros de la tribu y por constantes ataques físicos y hostigamientos judiciales. Por último, la consulta no ha sido de buena fe, ya que existen mensajes discriminatorios y racistas hacia ellos, lo que limita un diálogo honesto entre los yaquis y el Estado mexicano.

Además, existen violaciones graves a los derechos civiles y políticos así como a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues limitan el acceso a recursos como el agua, la salud, alimentación, desarrollo, territorio y goce de sus recursos naturales; además de atentar contra su cultura.

Cabe señalar que no se ha cumplido la sentencia de la SCJN pues aún no concluye el proceso de consulta y aún falta información relevante tal como los documentos donde precise si existe afectación o no a los derechos de los yaquis provocados por el Acueducto y la entrega de un peritaje antropológico que ha solicitado la tribu, lo cual impide la continuación y la decisión sobre la operación del Acueducto Independencia.

Ante esta situación, en solidaridad hacia la Tribu Yaqui, los representantes de la sociedad civil integrantes de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui presentan ante la SCJN el informe actualizado sobre el monitoreo y documentación del proceso de consulta de la Tribu Yaqui, con conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano tales como:

1. Garantizar la consulta libre respetando la autonomía de la tribu, dejando en libertad a Mario Luna y Fernando Jiménez y poniendo fin a la criminalización contra los yaquis.

2. Garantizar una consulta de buena fe suspendiendo la operación del Acueducto Independencia que ocasiona un daño irreparable a la tribu limitando un diálogo sincero entre las partes.

3. Garantizar una consulta informada, entregando los puntos faltantes solicitados por la Tribu Yaqui como el peritaje antropológico.

4. Garantizar el derecho al consentimiento, respetando la decisión de la tribu frente a la operación del Acueducto, la cual debe tener carácter vinculante para el Ejecutivo federal.

Desde la Misión estaremos observando de cerca el puntual cumplimiento de la sentencia para garantizar los derechos colectivos de la Tribu Yaqui.

Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos; Centro de Investigación y Promoción Social; Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); Equipo Pueblo; Defensoras Voluntarias de Espacio DESC; Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Food First Information and Action Network Sección México; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas del Distrito Federal; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana; Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat; Proyecto de Derecho a la Consulta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal); Servicios y Asesoría para la Paz; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (conformada por 74 organizaciones de derechos humanos de 20 estados del país)

 

 

 

Amnistía Internacional exige a las autoridades adoptar medidas inmediatas para evitar daños irreparables a la Tribu Yaqui

En el marco de la presentación del informe de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui, Una sentencia fallida. Actualización del proceso de consulta a la tribu yaqui sobre el Acueducto Independencia, Amnistía Internacional expresa su preocupación por la afectación continuada de los derechos humanos de la Tribu Yaqui ocasionada por la construcción y funcionamiento del Acueducto Independencia en sus territorios.

La consulta previa, libre e informada es una piedra angular de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, en el caso de la Tribu Yaqui, los gobiernos estatal y federal no han realizado dicho proceso y no se ha obtenido el consentimiento de la comunidad para la realización del Acueducto Independencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, y ordenó que se llevara a cabo dicho proceso conforme a los estándares internacionales. En la misma decisión, la SCJN ordenó que la autorización de impacto ambiental quedara insubsistente y que se realizara un nuevo informe de impacto ambiental que debía ser entregado a la comunidad en su propia lengua.

No obstante, a más de 9 meses de esta resolución, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha entregado a la comunidad el informe de impacto ambiental y un peritaje antropológico que se debieron haber sido realizados como parte del proceso de consulta. Por lo que la tribu no ha recibido elementos suficientes para tomar una decisión informada. En tal sentido, Amnistía Internacional exhorta a la Semarnat a presentar inmediatamente el estudio de impacto ambiental y el peritaje antropológico necesarios para dar continuidad al proceso de consulta.

Lo anterior viola el deber de debida diligencia que debe guiar la actuación estatal ante la posibilidad de daños irreparables a la Tribu Yaqui, pues las autoridades están imponiendo restricciones a sus derechos humanos, sin verificar que dichas limitaciones no pongan en riesgo la subsistencia del propio pueblo indígena.

Durante el proceso de consulta, Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes son líderes reconocidos por la Tribu Yaqui, fueron detenidos por su supuesta participación en el robo de un vehículo automotriz y privación de la libertad de un miembro de la comunidad yaqui. Amnistía Internacional ha examinado el expediente judicial y teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua.

En este contexto, Amnistía Internacional exige a las autoridades garantizar el debido proceso de ambos líderes indígenas para evitar juicio injusto.

La Tribu Yaqui es un pueblo indígena que habita en el estado de Sonora. A lo largo de su historia ha luchado por conservar su territorio ancestral y sus recursos naturales, los cuales forman parte importante de su sobrevivencia y son el sustento para la preservación de sus formas de vida, su cultura y sus estructuras comunales. La tribu está asentada a lo largo del Río Yaqui, mismo que les da nombre y que es un elemento fundamental de su identidad y su cosmovisión.

El derecho de los pueblos indígenas a sus territorios y a la consulta previa, entre otros derechos, están reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado el Estado mexicano.

Amnistía Internacional, México

 

 

 

Limeddh necesita de solidaridad

Si puedes apoyarnos con buscar información, archivos, fotos, carteles, notas periodísticas de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) o hacer un trabajo de investigación o tesis sobre nuestra labor, mucho te lo agradeceremos.

Si eres parte de organizaciones amigas o tienes en tu poder información sobre nuestra organización (documentos, audios, videos, etcétera) y nos puedes brindar una copia, sería de mucho valor para nosotros.

También si es posible organizar algún evento para colectar apoyos para nosotros, será genial, puesto que tendremos que reponer parte de nuestros equipos de cómputo y tramitar nuevamente muchos de nuestros documentos oficiales, lo que significa un gasto económico.

Es de suma importancia que difundas el caso de la pérdida de parte importante de los archivos históricos de nuestra organización, necesitamos que esta injusticia no quede impune.

A las organizaciones fraternas de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a las amigas y amigos, a todas las personas que a lo largo de estos 30 años de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos nos hemos acompañado en nuestro caminar:

Ante la agresión y el saqueo al domicilio de Adrián Ramírez López, presidente de nuestra organización, hemos perdido parte importante de nuestro acervo histórico, que iba desde grabaciones de audios y videos hasta los documentos fundacionales de la Limeddh, del 27 de marzo de 1985, día en el que un grupo de luchadores sociales se reunieron para dar a luz a esta organización de derechos humanos. La Limeddh desde entonces ha acompañado el andar de las organizaciones sociales y el de los ciudadanos más humildes de México; hemos estado presentes en las luchas por justicia, libertad, paz y democracia. Ante todo ataque redoblamos esfuerzos por la defensa y el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Desde ya la Limeddh agradece tu solidaridad.

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y está asociada a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos. Todos ellos con estatuto consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (Resolución 1296 del ECOSOC).

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

Manuel María Contreras, 73, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, 06470, México, Distrito Federal

 

 

 

Invitan a actividades de la gira nacional: Desaparición forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

Al pueblo de México:

A unos meses de cumplirse 8 años en la exigencia de la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se comprueba de manera dolorosa que la desaparición forzada de personas se ha consolidado como política de Estado. Así lo atestiguan los más de 110 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales en el país.

En situación similar se encuentran las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos; el indígena chatino Lauro Juárez; el profesor Carlos René Román Salazar; el señor Teodulfo Torres Soriano; se le suman los 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En este contexto es que se inscribe la reciente resolución emitida en julio del año pasado por el Noveno Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, donde de manera judicial se ordena buscar en las principales cárceles, zonas y campos militares, a fin de dar con el paradero de estos dos luchadores sociales. Hecho que por sí mismo sienta un precedente jurídico-político en la lucha histórica en nuestro país por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy.

Al mismo tiempo, reconocemos la lucha emprendida por los familiares de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos, demanda que ha sido abrazada por el pueblo mexicano y, al ser una la violencia de Estado, hemos coincidido en las acciones políticas y unificado criterios en torno a los responsables de esta ola represiva. Por ello no debe extrañar que la versión oficial de que fue la “delincuencia organizada” quien ejecutó estos crímenes contra los normalistas, haya caído por su propio peso y colocado a las Fuerzas castrenses como responsables de estos y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.

Que el Estado mexicano acepte la búsqueda en los cuarteles militares para el caso de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como el de los normalistas, no es un hecho fortuito ni una concesión benevolente, se trata de un logro basado en una lucha emprendida tanto en aspecto jurídico como en el político.

El movimiento popular en su conjunto debe mantener en alto las banderas por la exigencia de presentación con vida, ya que los detenidos desaparecidos son del pueblo. Se hace necesario que como familiares de las víctimas de la desaparición forzada y demás crímenes de lesa humanidad se coordinen para conformar un organismo colectivo, una asociación de familiares en plano nacional, para romper el miedo del silencio y sacar del anonimato a las miles de víctimas de estos crímenes de Estado.

En este contexto, invitamos al pueblo y sus organizaciones a sumarse a la Gira nacional: Desaparición forzada, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, a desarrollarse en varias ciudades del país, donde proponemos dar nombre y apellido a cada una de las víctimas, exigir al Estado mexicano acate la resolución judicial respecto a este caso y así asentar firmemente el precedente para la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos por el régimen de ayer y hoy.

Actividades en Oaxaca

16 de febrero: Conferencia de prensa

En el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), Macedonio Alcalá, 507, en el centro de Oaxaca, 11:00 horas.

Inicia en Oaxaca la Gira nacional: Desaparición forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad.

Participan: doctor Gilberto López y Rivas, integrante de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda para el caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; licenciado Sandino Rivero Espinoza, representante legal del caso; Nadín Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, integrantes del Comité Hasta Encontrarlos; integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

17 de febrero: Conferencia magistral: Desaparición forzada en México. Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad.

Ponentes: Sandino Rivero, abogado del caso Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; doctor Gilberto López y Rivas, integrante de la Comisión Civil para el caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; Nadín Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; un representante de Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Modera: Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Lugar: Biblioteca Andrés Henestrosa, ubicada en la calle Porfirio Díaz, 115, esquina con Morelos, centro de la ciudad de Oaxaca, México, 17:00 horas.

Atentamente,

¡Presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya! ¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen en el país! ¡Alto al terrorismo de Estado!

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Organizaciones co-convocantes: Comité Cerezo México, Comisión de la Verdad de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Comuna Oaxaca, Frente Popular Francisco Villa Independiente, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Radio Estudiantil Libertaria. Firmas Individuales: doctor Camilo Pérez Bustillo, Tribunal Internacional de Conciencia, México/Estados Unidos; Dorinda Moreno, Fuerza Mundial, Estados Unidos

 

 

 

Inconforme con complejo Harp Helú en la UNAM

Felicito por la investigación “Complejo Harp Helú en CU, pagado por la UNAM y la Conade”. Es una muestra de la casta de gánsteres que tiene México. Uno, que se apoderó de la Rectoría de la máxima casa de estudios para arruinarla y ofrecerla a los servicios de intereses particulares de gente bien, como en el caso de las nuevas instalaciones deportivas a las cuales se le ocurrió ponerle nombre de otro individuo bien… corrupto por todo lo que él y su parentela y amigos allegados en la política se han embolsado de los impuestos de todos los mexicanos (el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, por ejemplo). Este tipo de “actos sociales” universitarios deben de ser denunciados, así como lo hacen ustedes, y por todos los medios de comunicación. Felicidades Contralínea.

José Cariño

 

 

 

Convocan al XX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba

Cincuenta y seis años de revolución, resistencia y victorias; 20 años de solidaridad, unidad y trabajo: ¡venceremos!

Hace 56 años el pueblo cubano encabezado por el comandante Fidel Castro y teniendo a su lado a hombres y mujeres de la estatura política y moral de Ernesto Guevara, Raúl Castro, Abel y Haydee Santamaría, Vilma Espín, Camilo Cienfuegos, Celia Sánchez, entre muchos otros, logró la independencia definitiva de la República de Cuba.

Desde el primer día del triunfo, el pueblo cubano y su Revolución han enfrentado complicados y diversos retos. El primero, después de la derrota del tirano Batista y de la consolidación del proceso revolucionario, fue, en 1960, padecer el inicio del criminal bloqueo económico, financiero y comercial, vigente al día de hoy, para posteriormente, en 1961, sufrir y vencer una invasión militar en Playa Girón; ambas agresiones promovidas por el gobierno estadunidense. Años después, Cuba enfrentó el desmoronamiento del bloque socialista y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su principal socio político, económico y comercial, lo que llevó al pueblo cubano a padecer el llamado periodo especial; no obstante, la Revolución siguió adelante.

La Revolución Cubana, a lo largo de los años, tuvo la capacidad de avanzar en su proyecto económico, político y social; en las situaciones más difíciles jamás ha flaqueado, teniendo como premisa fundamental el bienestar del ser humano, manteniendo su solidaridad con las personas más pobres del mundo. Además, Cuba en la defensa de soberanía y autodeterminación, ha sido inclaudicable, como quedó demostrado con dos hechos históricos: el regreso a Cuba del entonces niño Elián González, en 2000, secuestrado por la mafia de Miami; y en fechas recientes, uno de los más importantes logros políticos y humanos: el regreso de los cinco héroes cubanos a su patria, con su familia y su pueblo.

Recientemente, el 17 de diciembre de 2014, se dio el anuncio por parte del presidente Raúl Castro Ruz y del presidente Barack Hussein Obama del inicio de las pláticas para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Este hecho significa un nuevo e importante reto para el pueblo cubano y su Revolución, por ello es de vital importancia que el movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo y en México no se confunda y tenga claro que el proceso revolucionario, el proyecto humanista, solidario, ideológico, sigue vigente.

Hoy más que nunca es necesario redoblar el trabajo del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba (MMSC), teniendo como base la más amplia unidad y el trabajo constante, pues como dijo recientemente el compañero Fidel Castro, y lo reiteró el presidente Raúl Castro, el pueblo cubano y su Revolución no aceptará ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de sus asuntos internos, pues se han ganado ese derecho soberano con grandes sacrificios y al precio de los mayores riesgos.

Hace 20 años se fundó en la Ciudad de México el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, el cual es resultado de la confluencia de diversas organizaciones de solidaridad, políticas y sociales. Durante estos años se han organizado de manera ininterrumpida diecinueve encuentros nacionales en diversos estados del país y en la Ciudad de México; en todos ellos ha prevalecido la unidad y el trabajo solidario coordinado, sin ser ajeno a diversas dificultades que el Movimiento ha sabido superar. A 20 años de su nacimiento, el MMSC debe salir fortalecido teniendo como base la solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución. La mejor forma de celebrar estos años de lucha y esfuerzo solidario es a través de reforzar el trabajo en todo el país.

Este encuentro representa una oportunidad para quienes desde diversos estados y la capital del país comprometidos con la causa de la Revolución Cubana concretemos tareas y llevemos a cabo diversas acciones mediante el dialogo, la reflexión, el análisis y las experiencias propias.

Los Encuentros Nacionales de Solidaridad han tenido una periodicidad anual ininterrumpida producto de la más amplia unidad, baluarte de nuestro Movimiento. En el marco del 20 aniversario de nuestras reuniones contaremos con la presencia de una delegación cubana de alto nivel e invitados especiales como conferencistas.

Por todo lo anterior convocamos a todas las organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, activistas y a todas las mujeres y hombres dignos que realizan actividades de solidaridad con Cuba y su Revolución en todo el país, al XX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que se realizará los próximos días 21 y 22 de marzo en la Ciudad de México, bajo la siguientes bases:

1. Todo delegado o delegada se compromete a cumplir a cabalidad con el contenido de los documentos finales que se apruebe en la Sesión Plenaria y a difundir ampliamente la Declaración Final del Encuentro.

2. Cada delegado o delegada deberá aportar una cuota de recuperación (cooperación mínima consiente sugerida 30 pesos).

3. Se trabajará con el siguiente programa:

Sábado 21 marzo

08:00 a 10:00 horas – Registro

10:00 a 11:30 horas – Inauguración

11:30 a 12:30 horas – Conferencia magistral

12:30 a 13:30 horas – Conferencia magistral

14:00 a 16:00 horas – Comida

16:00 a 19:00 horas – Mesas de trabajo

19:30 horas – Traslado de los y las delegadas al convivio (opcional)

20:00a 01:00 horas – Convivio (desde las 00:00 horas habrá transporte para regresar a los delegados al centro de la Ciudad).

Domingo 22 marzo

10:00 a 11:00 horas – Proyección de dos documentales (concierto de Silvio Rodríguez y Regreso de los cinco héroes)

11:00 a 12:00 horas – Conferencia magistral

12:00 a 13:00 horas – Lectura de resolutivos de las mesas de trabajo

13:00 a 14:00 horas – Clausura

14:00 horas – Regreso de las delegaciones a sus estados

Mesas de trabajo:

Los jóvenes y la solidaridad

Experiencias de trabajo en los estados y plan de acción

El bloqueo y la guerra mediática

Conferencias magistrales:

Relación Cuba-Estados Unidos

Situación económica

Juventud cubana, tareas y solidaridad

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

 

 

 

Urgen medidas de seguridad eficientes para la familia de Gregorio Jiménez

A 1 año del secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, su esposa y sus cuatro hijos se encuentran en estado de indefensión ante la impunidad y las deficientes medidas de seguridad que les brindan las autoridades del estado de Veracruz, donde de 2000 a la fecha, 16 periodistas han sido asesinados, 11 de ellos durante los últimos 4 años, durante la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Carmela Hernández Osorio, viuda de Gregorio Jiménez de la Cruz, en conferencia de prensa solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, que ella y sus hijas e hijos sean incorporados a esa instancia federal, debido a que las medidas de seguridad que le brindan las autoridades de Veracruz son deficientes. Prueba de ello son los tres actos de intimidación y amenazas que ha sufrido a partir del día 29 de agosto de 2014, cuando regresó a vivir a su casa en Villa de Allende, localidad aledaña al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

En el salón Francisco Zarco del Club de Periodistas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, acompañada por Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros sin Fronteras; Daniela Pastrana, representante de la Red de Periodistas de a Pie; y de Víctor Ruiz Arrazola, ejecutivo de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, Hernández Osorio, narró las deficiencias en su seguridad, a tal grado que los custodios que le fueron comisionados por más de 5 meses se quedaron sin vehículo y ella tenía que pagarles el pasaje para que la pudieran custodiar.

También relató que del día 29 de agosto de 2014, tomo la decisión de regresar de la ciudad de Xalapa –donde recibió refugio por parte de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas– a Villa de Allende, por la situación de sus hijos, ya que uno de ellos enfrentó una severa depresión y no cuenta con el apoyo de becas que le prometieron hasta la fecha. Desde entonces ha sufrido tres incidentes de intimidación y amenazas, el último sucedido el 23 de enero pasado, cuando intentaron secuestrarla a bordo de un taxi, los hechos ya fueron denunciados antes las autoridades federales, hechos que en su momento le fueron reportados a la Comisión de Protección a Periodistas de Veracruz.

Organizaciones en pro de la libertad de expresión y por la defensa de los derechos de periodistas, como la Casa de los Derechos de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la Red de Periodistas de a Pie, la Sociedad Interamericana de Prensa y periodistas independientes, realizaron una misión civil durante 3 días, en febrero de 2014, en las ciudades de Coatzacoalcos, Villa de Allende, Las Choapas y Xalapa, donde entrevistaron a más de 60 personas sobre el secuestro y homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz, y como resultado se generó el informe denominado Gregorio: asesinado por informar (http://www.sipiapa.org/wp-content/uploads/2014/03/Informe-Gregorio-asesinado-por-informar1.pdf ).

A 1 año del secuestro del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz que laboraba en periódicos como Notisur y Liberal del Sur, en los cuales sólo le pagaban por nota publicada, el crimen sigue impune. El Poder Judicial del Estado de Veracruz tiene bajo proceso a seis personas, una mujer y cinco hombres, quienes en agosto de 2014 obtuvieron, de un Juzgado de Distrito, el amparo de la Justicia Federal en contra del auto de formal prisión, que se les dictó en el Juzgado Tercero de lo Penal en el Estado de Veracruz el 19 de febrero de 2014, debido a que alegaron que durante sus declaraciones ministeriales fueron torturados y no se les permitió ser asistidos por un abogado. El ministerio publico se inconformó con ese amparó y ahora otro tribunal federal lo revisa y se espera que pronto se resuelva para dar certeza a la familia de Carmela.

Por todo ello manifestamos nuestra preocupación por las deficiencias en la seguridad tanto de la señora Carmela Hernández Osorio, como de sus hijos, por lo que exigimos que el mecanismo federal refuerce sus medidas de protección, ya que el mecanismo de protección a periodistas en la entidad veracruzana ha resultado poco eficiente e insuficiente.

Carmela Hernández Osorio tuvo que viajar a la Ciudad de México para acudir a instancias federales a pedir apoyo y solicitarles que cumplan con sus compromisos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancias con las que se reunió por separado en compañía de la representante de Reporteros sin Fronteras y solicitaron a cada una de acuerdo a su competencia su apoyo inmediato.

Casa de los Derechos de Periodistas

 

 

 

Denuncian despojo de vivienda

En México se promueve un discurso jurídico de mayor protección a derechos humanos, no obstante al encontrarnos en un estado de derecho burgués, la realidad institucional se contrapone a la materialización de los mismos, en que el acceso a la justicia se ve menguado por formalismos y tecnicismos, que son en la mayoría de los casos favorables a quienes cuentan con los recursos económicos y políticos para beneficiarse de una procuración y administración de justicia a modo. Ésta es una realidad que se presenta en el ámbito de los derechos civiles y políticos; así como en los derechos de carácter social, económico y cultural.

El derecho a la vivienda –Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales– así como otros derechos indispensables para la vida digna del pueblo, se supeditan a la lógica mercantilista del capital financiero, por medio de la especulación inmobiliaria, dotando de libertad absoluta a empresas privadas, que en su mayoría son recuperadoras de cartera vencida que compran cientos de juicios por una cantidad mínima, para después venderlos por arriba del 500 por ciento, elevando el costo de las casas de interés social despojadas a un precio de casa residencial. Esto se da en una relación de desventaja económica y parcialidad legal entre familias víctimas de tecnicismos legales y las cesionarias en los tribunales, mismos que legitiman la obtención por medio de un acto ilegal como es el lucro indebido, concretando lo que se denomina acumulación de riqueza por despojo.

Tal es el caso de nuestra compañera Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, integrante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y representante legal de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y populares en varios estados del país, a quien se le ha negado el derecho de defensa ante los tribunales de justicia al ponderar causales de improcedencia del juicio de amparo (garante constitucional de derechos humanos en México) para evitar pronunciarse respecto al juicio viciado y fraudulento del que es víctima y el cual ha concluido sin darle oportunidad de defensa, ante la determinación parcial, y por tanto injusta, del juez Décimo Segundo Especializado en Materia Fiscal de despojarla de su vivienda para entregársela a la empresa Zendere, encargada de recuperar cartera vencida hipotecaria.

Las circunstancias en que se desarrolló el juicio resultan material y legalmente absurdas debido a que por prestación laboral de su padre, Jorge Bonilla Sánchez, obtuvo de Banco Internacional Mexicano (hoy HSBC) en 1990 el inmueble materia de la litis, hipotecando su casa al banco mencionado, como garantía de pago, del cual cubrió más de la mitad del costo, debido a que se le realizaban descuentos nominales hasta 1995, fecha en que fue despedido de manera injustificada y en la que el banco impone trasladar la hipoteca al sistema de Unidades de Inversión sin su autorización; motivo por el cual dejan de recibirles los subsecuentes pagos. Es importante mencionar que la señora María Elvira Dumit Garzón, esposa del señor Jorge y madre de nuestra compañera, muere en 1992, suceso del cual el banco tuvo conocimiento, ya que como prestación laboral, fue esta institución la que le prestó el servicio médico. Aunado a que de manera oficial se presentó a la instancia correspondiente el Acta de defunción. Este dato se destaca porque la hipoteca fue firmada como sociedad conyugal.

Fue hasta 2003 que se inscribió la hipoteca del inmueble; iniciando en ese mismo año la empresa SCLQ, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, cesionaria del entonces Banco Internacional (Bital), juicio ordinario mercantil para cobrar la hipoteca en su totalidad, emplazando a los señores Jorge Bonilla Sánchez y María Elvira Dumit Garzón quien para esta fecha tenía 11 años de fallecida. Por lo que resulta material y legalmente imposible dicho emplazamiento. Sin embargo, el juicio continuó en beneficio de la cesionaria dictando sentencia condenatoria en el 2004, y fue hasta el 2010 que la nueva cesionaria inició ejecución de sentencia. Aprovechándose de la violación al derecho de audiencia que dejo en estado de indefensión a la sucesión de María Elvira Dumit Garzón y los vicios procesales subsecuentes, se adjudicó el inmueble por menos de la mitad de su valor, aplicando interés ordinario y moratorio, es decir, interés sobre interés, lo cual también es sancionado por la ley.

Tras la denuncia de estos hechos ante el Poder Judicial de la Federación, el 10 de septiembre de 2014, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Puebla concedió el amparo y protección a Guadalupe Mariel Bonilla Dumit en su carácter de albacea definitiva, tras la notoria violación al derecho humano de audiencia que la dejó en estado de indefensión en el juicio ordinario mercantil anteriormente referido. No obstante, la empresa Zendere, a través de su representante legal María Levinia Cabrera Arellano, con la finalidad de legitimar su actuar fraudulento, puesto que conocía que el juicio estaba viciado de origen, mediante la impugnación del amparo otorgado alega que por causales de improcedencia del Juicio de Garantía éste no debe resolverse de fondo pretendiendo así soslayar la violación a derechos humanos para que de esta manera no se afecte su interés económico. Es decir que quiere evitar que el juez estudie de fondo el caso, porque de hacerlo se anularía todo lo actuado.

Actualmente el juicio se encuentra en revisión de amparo ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, bajo la ponencia del magistrado Enrique Zayas Roldán, mismo que favorece a la empresa Zendere, puesto que revoca el amparo concedido tras una posible causal de improcedencia, ponderando criterios que limitan la protección de los derechos humanos para encuadrar un formalismo legal, que a criterio de este Tribunal Colegiado coincide con el razonamiento de la empresa, obstaculizando el estudio de fondo en el Juicio de Amparo. Interpretación que de confirmarse dejaría a nuestra compañera en total estado de indefensión y legitimaría la consumación de un acto ilegal, y lo que es peor consentiría la violación a derechos humanos como lo son el derecho de audiencia, acceso a la justicia y el derecho a la vivienda.

Este hecho es grave no sólo en la particularidad del caso, sino en la trascendencia que tiene al asentar precedentes en el sistema de justicia en nuestro país; en el que un acto ilegal y violatorio de garantías puede ser consumado aun siendo del conocimiento del órgano de control de constitucionalidad y legalidad como lo es el Tribunal Colegiado, provocando así ilegitimidad y falta de credibilidad en el actuar del poder judicial local y federal.

Esta situación en los tribunales tiene que pasar por el escrutinio del pueblo mexicano. La descomposición por la que atraviesan las instituciones del Estado es total; empezando por funcionarios de primer nivel del Ejecutivo federal, asociados a conflictos de interés, nepotismo, tráfico de influencias, corrupción, crímenes de lesa humanidad; hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes ganan poco más de 18 mil pesos diarios, mientras el salario mínimo promedio en el país no pasa de los 70 pesos.

Exhortamos a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, particularmente el magistrado ponente Enrique Zayas Roldán garantizar la protección a los derechos humanos y no legitimar la violación de los mismos.

Es indispensable señalar que la compañera Guadalupe Mariel Bonilla Dumit es esposa del compañero Israel Sampedro Morales, coordinador general de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y vicepresidente de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, organismos no gubernamentales y que son parte activa en la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel local y nacional, brindando la solidaridad y el acompañamiento a organizaciones populares independientes; por lo cual no dudamos que la resolución emitida por dicho órgano Colegiado pueda estar motivada por causas políticas.

Hacemos un llamado a las víctimas del despojo legalizado de la vivienda a sumarse a la defensa organizada de su patrimonio, así como a la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales para cumplimentar las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema del derecho humano a la vivienda.

¡Todos a luchar contra el despojo legalizado de la vivienda! ¡Organizados a defender el patrimonio familiar! ¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país! ¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país! ¡Exigimos desmilitarización y desparamilitarización del país!

Atentamente:

Red de Defensa de los Derechos Humanos; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; Comité Popular de Derechos Humanos; Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental; Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche; Frente de Colonos Urbano Popular; Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi Unidos Todos Como Pueblo, de Olintla, Puebla; Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacama-xtitlan, Puebla; Comité en Defensa del Territorio de Tepango de Rodríguez, Puebla; Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco; Colectivo Defensa Verde Naturaleza Para Siempre, Veracruz; Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Unión por la Organización Estudiantil-Puebla; Bajío: Organización Campesina, Indígena y Popular Ricardo Flores Magón; Casa Comunal Ricardo Flores Magón; Organización Indígena y Popular Emiliano Zapata; Organización Campesina Independiente Mariano Matamoros; Organización de Mujeres Contra la Pobreza Digna Ochoa; Colectivo Magisterial Leonel Calderón Villegas; Huastecas: Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata; Organización de Pueblos Étnicos José María Morelos y Pavón; Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas; Unión de Mujeres de las Huastecas Humberta Hernández Tovar; Campesinos Unidos de la Sierra Oriental; Golfo de México: Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme Unión de Todos los Pueblos Pobres; Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, Zapoapan, Ixtaczoquitlan; Organización Popular de Veracruz Tierra y Libertad 11 de Mayo; Consejo Agrario del Norte de Veracruz Emiliano Zapata; Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana; Comité Acción Colectiva; Sur-Sureste: Organización Campesina Emiliano Zapata; Movimiento de Resistencia Popular del Sureste; Organización Magisterial 29 de Junio; Unión de Transportistas Los Quetzales; Colectivo Rosa Luxemburgo; Colectivo Tsoblej

 

 

 

Antes de expropiar o concesionar, se debe consultar a los propietarios, considera

Felicitaciones por el artículo “México: paraíso para extractivistas mineros”. Muy de acuerdo con lo ahí expuesto. Me parece necesario que la ley incluya apartados sobre el tema de consulta a los propietarios de la tierra y poner límites al acaparamiento de concesiones, que ya es un problema internacional porque se están dando concesiones de megasuperficies, y la laxitud legal induce una alta inequidad en la toma de decisiones de la autoridad. ¡Además de que corrompe el proceso de autorización! La preferencia que la ley da al uso del suelo podría provocar graves enfrentamientos.

Saludos.

Luis Ramírez

 

 

 

Sin solución, crisis económica mexicana, dice

Estoy de acuerdo con lo dicho en el artículo “La violencia generalizada y las provocaciones peñistas”. Desgraciadamente, la espantosa realidad económica de México no tiene remedio mientras seamos colonia de Estados Unidos.

Pedro Meléndez Pérez

 

 

 

 

Contralínea 423 / del 15 al 21 de Febrero 2015