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Por gasoducto, despojan a campesino con respaldo de militares y policías, denuncian

Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla; Luis Maldonado Venegas, secretario de Gobierno de Puebla; Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla; licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas; Zeidra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; doctor Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Tlaxcala, tiene conocimiento sobre los hechos ocurridos en San Miguel Papaxtla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, los cuales son violatorios de los derechos humanos individuales y de los pueblos, así como constitutivos de actos delictivos, por lo cual solicitamos su intervención urgente.

El sábado 21 de febrero de 2015, alrededor de las 07:15 horas, los pobladores de San Miguel Papaxtla fueron sorprendidos por la amenazante presencia de decenas de elementos de las policías estatal y Federal y del Ejército que permanecían en la entrada de la comunidad, a orillas de la carretera.

Minutos más tarde, siendo las 08:00 horas, el señor Claudio Rosas Grande, habitante de San Miguel Papaxtla, se dirigió a su terreno ubicado en la misma localidad, en el paraje conocido como Tecolotla, para continuar con el trabajo de preparación de su tierra para sembrar, cuando se percató que maquinaria pesada para la construcción de la obra Gasoducto Morelos se encontraba invadiendo su terreno, lo que le sorprendió mucho, pues él se ha sostenido en su derecho de negar el paso del gasoducto por su propiedad pese a las crecientes intimidaciones y presiones recibidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los empleados de la empresa encargada de la construcción del gasoducto iban acompañados por personal de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno de Puebla y resguardados en todo momento por elementos de las policías Estatal, Federal y también por elementos del Ejército Mexicano.

Al acercarse el señor Claudio a su terreno –ya acordonado y con elementos policiacos vigilantes de la invasión– se le aproximó un funcionario, quien dijo ser del gobierno de Puebla, informándole que “…existe una notificación de la expropiación del terreno…”, notificación que nunca recibió. Mas cuando se conoció a quién estaba dirigida la expropiación, el señor Claudio advirtió que se trataba de una persona distinta, fallecida hace varios años.

Ahora bien, de conformidad con el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o bien empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno, permanezca en él o remueva o altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca, comete el delito de despojo, al igual que quienes dirigen la invasión así como sus autores intelectuales.

El dueño se presentó ante el Ministerio Público del fuero común de San Andrés Cholula para presentar la denuncia correspondiente en contra de quien o quienes resultaran responsables por el despojo del que está siendo sujeto, así como demás delitos que deriven de la actuación de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados y de la responsabilidad de la empresa constructora del Gasoducto Morelos. Sin embargo, la agente del Ministerio Público no pudo realizar la inspección ministerial el día de los hechos, ya que solamente se encontraba ella en servicio y un pasante cubriendo el turno, además de manifestar que tenían sobrecarga de trabajo.

Siendo aproximadamente las 20:00 horas, los trabajos en el terreno invadido continuaban sin descanso. Cavaron la zanja, soldaron la tubería e incluso pretendían enterrar el tubo ese mismo día. Es importante hacer énfasis en que el despliegue de efectivos militares y de diversas corporaciones policiacas federales y estatales es permanente y ha servido para custodiar el despojo y también para resguardar tales obras.

El Gasoducto Morelos forma parte del Proyecto Integral Morelos que busca proveer de energía a la industria que pueda instalarse a lo largo del ducto y de sus futuros ramales. El conjunto de obras que integran el proyecto, es decir, las dos termoeléctricas, el acueducto y el gasoducto, han ido imponiéndose en las comunidades a través de la desinformación, el engaño, la amenaza y la criminalización de la inconformidad social.

El gasoducto, en particular, implica un riesgo latente para las comunidades por las posibles fugas o explosiones y por atravesar zonas de riesgo volcánico y de lahares; una vez instaladas las industrias queda en riesgo el uso y destino de las tierras, aguas y fuerza de trabajo de las comunidades, así como un futuro territorio devastado por la contaminación industrial, lo que podría impactar irreversiblemente en su capacidad para disponer colectivamente de sus propios medios de subsistencia y desarrollar sus condiciones culturales de vida, fundamentalmente campesina.

Las diversas acciones jurídicas y políticas emprendidas para hacer valer los derechos que se resienten violentados han sido sistemáticamente bloqueadas, negadas y amañadas, por lo que entre más avanza el tiempo –y con él la obra como puede advertirse– más se acumulan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de los actos delictivos.

Algunos de los derechos violentados: derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; derecho de propiedad, derecho de seguridad jurídica y de legalidad, derecho a la integridad personal, derecho de los pueblos a preservar su territorio e instituciones propias para definir los rumbos de su desarrollo.

Por lo anterior, a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos pedimos que, en la medida de sus atribuciones, externen al gobierno mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que:

-Se respete, garantice y proteja el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades de la zona afectada por el Gasoducto Morelos, en tanto que los elementos policiales deben resguardar la seguridad e integridad de los pobladores y no de cometer actos delictivos y violatorios de derechos humanos en su perjuicio.

-Se detengan los actos de intimidación, amenazas y expropiaciones arbitrarias y carentes de toda constitucionalidad y legalidad por parte de funcionarios del gobierno de Puebla, personal de la Comisión Federal de Electricidad, de las empresas constructoras-operadoras del Gasoducto Morelos, de capital trasnacional, del propio cuerpo policial estatal y federal así como elementos del Ejército involucrados en los hechos.

-Se garanticen los derechos de acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, por lo que hace a los hechos recientes constituir evidentemente actos delictivos y violatorios de derechos y libertades en perjuicio de los pobladores y propietarios de predios por donde pretenden atravesar el gasoducto, en particular de quien ha sido despojado de su terreno.

-Se detenga el avance de la maquinaria en las comunidades, así como equipo de construcción del Gasoducto, pues además de alterar el orden y la paz social de nuestro entorno, generarán un daño irreparable en su integridad territorial y comunitaria.

 

-Se tomen todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la seguridad, la libertad y la integridad de los ejidatarios, ejidatarias, pobladores y personas que participan en las diferentes acciones comunitarias y jurídicas emprendidas para denunciar la arbitrariedad e ilegalidad con la que actúan las autoridades y empresas, y se asegure la no repetición de los actos.

Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC

 

 

 

Denuncian agresión de porros en CCH-Naucalpan

Es sumamente grave que miembros del grupo denominado Los Cholos entren con pistola y navajas al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, se comuniquen a través de radios y se unan al grupo porril de la Federación de Estudiantes de Naucalpan (FEN), en abierto apoyo a las autoridades locales y ante la mirada complaciente de la Comisión Universitaria (antes Comisión de Seguridad) que revisa credenciales y mochilas al ingreso a la escuela. Responsabilizamos a Enrique Balp Díaz, secretario de Servicios a la Comunidad, y a José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de cualquier agresión o daño que puedan sufrir los alumnos golpeados y amenazados con pistola y cualquier miembro de esta comunidad; asimismo, de la vida y salud de la estudiante que está en estado comatoso por el golpe en la cabeza que le dio con una piedra un porro de la FEN.

Denunciamos también la represión de que estamos siendo objeto quienes reproducimos esta noticia, como los compañeros de Asamblea Emergente Che, a quienes Facebook les cerró su página después de publicar esta noticia.

¡Alto a la represión en el CCH Naucalpan!

Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

 

 

 

Preocupa a Amnistía Internacional detención arbitraria de periodista maya

El periodista maya Pedro Canché Herrera fue detenido el 30 de agosto de 2014 acusado del delito de sabotaje, en Quintana Roo, México. Su caso será analizado por un juez federal en los próximos días que resolverá un amparo en contra del auto formal de prisión. A Amnistía Internacional le preocupa que la privación de la libertad de Pedro Canché responda únicamente a su trabajo como periodista y al ejercicio de la libertad de expresión.

Pedro Canché fue detenido días después de publicar fotografías de una protesta de ciudadanos por el incremento a las tarifas del servicio de agua afuera de la oficina de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, y ha permanecido por 6 meses en una prisión municipal en espera de su sentencia. Pedro fue señalado por autoridades locales como el líder de la protesta que incitaba a las demás personas a bloquear la entrada de las oficinas de las autoridades locales.

A Amnistía Internacional le preocupa que el sistema judicial se utilice para perseguir a periodistas que son críticos con el gobierno. Dada la amplia interpretación del tipo penal de “sabotaje” establecido en el artículo 204 del Código Penal de Quintana Roo, es preocupante que las autoridades lo puedan utilizar de manera arbitraria. La organización tiene motivos para creer que existieron arbitrariedades por parte del agente del Ministerio Público, con relación a los cargos en contra de Pedro Canché Herrera, debido a su actividad periodística. Esto incluye omisiones e irregularidades en la investigación penal, y la emisión de un auto formal de prisión sin pruebas suficientes.

De acuerdo con la defensa legal de Pedro Canché, las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público carecen de declaraciones firmes para probar que es responsable de dirigir el bloqueo afuera del CAPA. La única evidencia fotográfica de la protesta muestra a Pedro tomando fotos del evento.

A la organización le preocupan las declaraciones públicas de autoridades del estado de Quintana Roo negando que Pedro sea periodista.

En adición a lo anterior, el procurador de Justicia de Quintana Roo lo ha acusado públicamente de pagar a los manifestantes para bloquear las oficinas de la CAPA.

El trabajo periodístico de más de 2 décadas del periodista maya Pedro Canché es conocido en el estado de Quintana Roo, tanto como editor de revistas impresas y, actualmente, como periodista independiente a través de medios electrónicos.

Amnistía Internacional ha recibido información preocupante sobre la salud actual de Pedro Canché, incluyendo la tardía atención médica con relación a heridas derivadas aparentemente de su proceso de detención. Amnistía Internacional enfatiza la responsabilidad de las autoridades estatales para asegurar la salud y el bienestar de aquellos bajo su custodia.

Amnistía Internacional considera que Pedro Canché fue detenido de manera arbitraria a causa del ejercicio del periodismo. Por lo anterior, la organización exige que cese la criminalización en contra de Pedro Canché y que cualquier decisión respecto a este caso tome en cuenta las arbitrariedades del proceso.

Amnistía Internacional-México

 

 

 

Indignado por daño al medio ambiente

Terrible lo que le estamos haciendo al planeta los llamados seres humanos, que de plano ya no haya para donde voltear ante tanta tragedia. Es sorprendente y angustiante lo que se señala en la investigación “Biodiversidad de México: más especies en peligro de extinción”. Ni modo, estas noticias hay que leerlas, aunque al parecer ya no hay solución…

Enrique Ducasse

 

 

 

Ayotzinapa, la “verdad histórica” que se desmorona

Las verdades históricas escritas a la manera y deseos de los gobiernos oficiales han demostrado ser, casi en su totalidad, ajenas a la realidad; pues responden a ciertos intereses, que pueden ser desde construir una nación y por tanto dotarla de herramientas que ayuden a construir una identidad conjunta, hasta el encubrimiento de crímenes de Estado, o simplemente de gobierno, como deseen ustedes denominarlos –ya en otra ocasión hablaremos de estas categorías–. Por lo dicho, las “verdades históricas” son tendenciosas, por ello no pueden ser debidamente sustentadas por un quehacer científico riguroso.

Por qué nos referimos a esto. Porque estamos ante un caso grave, un caso en el que se quiere construir una “verdad histórica” oficial para encubrir un gravísimo crimen en el que parecen estar involucrados todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el federal; ya sea por acción u omisión.

Se nos presentan múltiples versiones de los hechos ocurridos a finales del año pasado en el estado de Guerrero, cuando un grupo de estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron baleados por policías municipales de Iguala (Guerrero) y después secuestrados por ellos, provocando así la desaparición forzada de 43 ciudadanos mexicanos. Pero vamos a contrastar solamente dos visiones, la rigurosamente científica, sustentada por la investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que actúa de manera independiente y el de la Procuraduría General de la República (PGR), que actúa en nombre del Poder Judicial.

El 7 de febrero de 2015, el EAAF publicó un documento en la página de internet del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (http://www.tlachinollan.org/investiga-equipo-argentino-basurero-de-cocula-y-rio-san-juan/), en el que explicaba a la opinión pública, de manera abierta, presentando las evidencias en las que basaban sus conclusiones, las inconsistencias de las investigación de la PGR, en la que se basó para declara esa versión oficial que tan categóricamente Murillo Karam llama “verdad histórica”.

1. La recuperación de los restos óseos en los que se basó la supuesta identificación de uno de los estudiantes (Alexander Mora Venancio) y que según la PGR confirman el asesinato de los 43 estudiantes

En primer lugar, los restos, según la PGR, fueron hallados gracias a las declaraciones de uno de los detenidos por la causa judicial relacionada con el “caso Ayotzinapa”, declaración en la cual no estuvo presente, hasta donde sabemos, ningún representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o ninguna otra persona que pueda asegurar, primero la realización de dicho interrogatorio; segundo, la práctica conforme a derecho de dicho interrogatorio, asegurando que las declaraciones no se obtuvieran bajo tortura. Una práctica muy extendida como procedimiento judicial en México y que desvirtúa por completo como prueba una declaración. Careciendo, además esta conclusión, de toda validez científica.

Otro punto importante y cuestionable es el de la recuperación de dichos restos en un río del estado de Guerrero, recuperados por buzos de la Secretaría de Marina y entregados a peritos de la PGR el 29 de octubre de 2014. Sin presencia, según refieren los miembros del EAAF de personal ajeno a las agencias de gobierno, que pueda constatar la veracidad de dicho hallazgo, pudiendo esta evidencia ser “sembrada”, otra práctica usual en la “procuración de justicia” en este país. La duda surge, porque, como ya dijimos, el mismo gobierno que investiga, pudo verse implicado en el crimen directamente, y en el momento de la recuperación de los restos, estaba presionado por la opinión pública para entregar resultados y se encontraba bajo sospecha.

Los peritos del EAAF fueron llamados y arribaron al lugar después de haber sido recuperados los restos óseos, y cuando estos estaban ya siendo estudiados por peritos de la PGR. El EAAF no firmó, por tanto, la cadena de custodia.

2. El basurero de Cocula, supuesto escenario del asesinato y quema de los estudiantes

Mientras el 6 de noviembre de 2014 los peritos de la PGR y el EAAF participaron juntos en las diligencias realizadas en dicho basurero, el 15 de noviembre los peritos de la PGR realizaron sus labores, solos, en el mismo basurero, cuando había un acuerdo realizado en el cual trabajarían siempre junto con el EAAF. Durante estas investigaciones del 15 de noviembre, los peritos de la PGR recogieron evidencia balística y no biológica dentro del basurero de Cocula. Evidencia que no fue encontrada 9 días antes, o que simplemente no estaba ahí, y de la que nadie, además de la PGR, puede constatar la veracidad. Dejando abierta, así, la puerta de nuevo a la sospecha. Pues en su informe, los peritos de dicha agencia refieren que el sitio carecía de custodia al momento de su llegada.

Lo anterior, invalida la evidencia recogida en el lugar el 15 de noviembre, desde un punto de vista científico y legal.

3. Perfiles genéticos sospechosos

La PGR procesó 134 muestras de ADN provenientes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en su propio laboratorio de genética, antes de enviarlos a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su valoración. Mientras que el EAAF envió 135 muestras –134 de los mismos familiares que la PGR más uno– a Estados Unidos, para ser procesadas en los laboratorios de The Bode Technology Group, para su posterior envío a Innsbruck.

Tras obtener los resultados, fueron enviados a la Universidad, que notó 20 inconsistencias en la comparación de las muestras procesadas por la PGR con las del EAAF.

4. Múltiples focos de fuego en el basurero

La PGR declaró que los normalistas habían sido asesinados y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, durante varias horas, tras lo cual sus restos fueron triturados y arrojados en una bolsa al río. Basándose de nuevo en declaraciones de los detenidos por el caso, y por la supuesta presencia de huellas dejadas por la pira funeraria en el suelo del basurero.

El EAAF reportó haber encontrado múltiples marcas, en distintos puntos del basurero, pertenecientes a varios eventos de fuego. Lo cual resulta creíble, ya que en México, un país que genera millones y millones de toneladas de basura, es práctica común y diaria la quema de miles de toneladas de basura en basureros de todo el país. Fuegos que a veces duran días y alcanzan temperaturas elevadísimas, pues ahí se queman restos orgánicos y materiales varios.

5. Restos ajenos a los 43 normalistas, encontrados en el basurero

Entre los restos humanos encontrados se obtuvo una prótesis dental, la cual, se sabe por las familias, ninguno de los 43 estudiantes poseía.

6. No se ha terminado de procesar la evidencia

Hasta el día de la emisión del documento del EAAF, 7 de febrero de 2015, no se había terminado de procesar la evidencia ni por el equipo de la PGR ni por los argentinos, por lo cual emitir una conclusión definitiva resulta imposible y estropea las investigaciones posteriores, puesto que cuando se sabe lo que se busca se terminan encontrándolo.

Los cuestionamientos existen y la disyuntiva de a quién creerle surge ante la falta de credibilidad de las instituciones en México y específicamente de las instituciones de procuración de justicia y su actuar turbio, que hubiese sido más creíble si la PGR hubiera actuado en todo momento en compañía de visitadores de la CNDH o el EAAF. Surge la sospecha a partir, también, de diversas investigaciones y artículos emitidos por medios de comunicación entre los que se encuentran Sinembargo, Aristegui Noticias y la revista Proceso, así como declaraciones de forenses del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), contradiciendo el rigor científico de las investigaciones de la PGR que se basan, sobre todo, en cuestionables declaraciones de los implicados en el caso, que a su vez carecen de todo rigor científico, aunque tengan validez jurídica (también cuestionable).

Mientras que los forenses independientes citan evidencia científica que han hecho pública, en la medida de lo posible, evidencia que explican detalladamente tanto en su materialidad como en sus implicaciones, la PGR se mantiene en la opacidad, lo dicho y descansa sobre una credibilidad debilitada.

Entonces: ¿a quién creerle?

Christian López

 

 

 

En memoria de doña Pita

Nos encontramos con la triste noticia del fallecimiento de nuestra compañera Epitacia, cariñosamente conocida como doña Pita, quien a los 57 años de edad continuaba siendo una combativa incansable y sonriente que, como muchas otras madres de este país, se sumó a la lucha por la defensa de los derechos humanos a partir de sufrir, en carne propia, los atropellos, arbitrariedades y el asesinato de uno de sus hijos por parte del gobierno de Colima.

Fue recia y fiel integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) así como fundadora del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima. Siempre nos impulsó su espíritu para que no dejáramos de asumir la defensa de los derechos indígenas y todo lo que ello significa dentro del contexto del territorio y el desarrollo de la cultura de los pueblos.

Ardua luchadora de la vida comunal, lo cual no es cosa menor en este país lleno de divisiones, individualismos, miserias y politiquerías. Permanentemente buscó la unidad y el consenso a partir de asumir una lucha vinculada al respeto de los derechos humanos colectivos e individuales. Siempre se enfrentó a los más poderosos con la ley en la mano y de forma pacífica, y por supuesto nunca le temblaron las piernas, a pesar de enfrentar –junto con sus compañeras y compañeros comuneros y del Consejo–, calumnias, presiones, chantajes, represión, intentos de soborno, amenazas, intimidaciones, y todo tipo de actos ilegales por parte de los promotores de proyecto minero, así como de los diferentes actores políticos de diversos niveles y dependencias de gobierno.

Su carácter tenaz la llevó a obtener gran simpatía y respeto en su comunidad, a tal grado que en uno de los momentos más álgidos del conflicto interno ocasionado por la minera y el gobierno de Colima, fue a ella a quien el pueblo de Zacualpan, hace exactamente 1 año y a través de la Asamblea Agraria, se le designó como secretaria del Comisariado de Bienes Comunales, cargo que en esta sociedad patriarcal no es ni tan común ni tan casual lo obtenga una mujer. De hecho ella fue la primera mujer en Zacualpan en adquirir un cargo en el Comisariado.

Fallece de anemia mielodisplásica por el contacto permanente con agroquímicos que como jornalera recibió en una plantación de papaya, cuyo dueño era el actual diputado local, el priísta José Verduzco Moreno y su administrador Mario Anguiano Moreno, actual gobernador de Colima.

Ya desde entonces, como jornalera agrícola, aprovechaba las jornadas para platicar con sus compañeras sobre el trato que recibían de parte de sus patrones, en un afán de concientizarlas para exigir una mejor relación laboral:

 “Hay muchas mujeres tímidas que prefieren dejarse maltratar por miedo, que les dicen que no valen nada, yo les digo que sí valemos y debemos hacernos valer. A todas esas mujeres yo les diría que se rebelen, que se defiendan y denuncien, y si no les hacen caso que exijan en las calles con marchas y que digan: ?somos mujeres y aquí estamos’”, señaló en algunas de las varias entrevistas que le fueron realizadas.

Ante la pena de su partida y el dolor que nos genera, sólo podemos balbucear, y contamos pequeños destellos que hablan sobre la gran compañera y mujer que es y que fue doña Pita. En Rema nos duele mucho su partida, pero estamos seguros que ha dejado un gran legado, además de cientos de conciencias nuevas que ya se han sumado a la defensa de la vida.

Desde Rema y M4 enviamos un fraternal abrazo de solidaridad a la familia Guzmán Zamora, a sus amigas y amigos, a los integrantes del Consejo Indígena, a las y los comuneros, así como a Bios Iguana, quienes acompañaron y vieron cómo fue que Pita se entregó totalmente a la lucha por la defensa del territorio y de la vida, siempre ofreciendo todo su esfuerzo y sabiduría para evitar que esas empresas mineras depredadoras se apropiarán de sus tierras, de su agua y de su vida.

Querida Pita, que tu viaje sea placentero, y aunque nos veas tristes, ten la certeza que continuaremos con tus enseñanzas y aprendizajes y que, junto a tus hermanas y hermanos del Consejo Indígena y del pueblo de Zacualpan, seguiremos luchando por el respeto de nuestros derechos, porque ese fue tu legado.

Descansa en paz, querida Pita

Red Mexicana de Afectados por la Minería, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

 

 

 

Colombiano solidario con Venezuela

Mil gracias por la información del artículo “La segunda fase de desestabilización en Venezuela”. Son afortunados de poder documentar la situación actual en Venezuela. En Colombia no gozamos con tanta suerte: aún cuando Álvaro Uribe ya no es presidente del país, una gran parte de la fuerza pública le es fiel, y acá no se puede ni siquiera manifestar públicamente una crítica contra Uribe porque inmediatamente te llaman “terrorista”, “mamerto” e incluso te amenazan de muerte. Nuevamente 1 mil gracias y sigan adelante.

Juan Carlos T

 

 

 

 Contralínea 426 / del 01 al 07 de Marzo 2015