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Policía Comunitaria exige libertad inmediata de Nestora Salgado y de otros 10 presos políticos

Nuestra compañera Nestora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, se ha declarado en huelga de hambre desde el pasado 5 de mayo. Ella se encuentra recluida injustamente desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada falsamente de secuestro y otros delitos fabricados por la Fiscalía del Estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. La causa de su encarcelamiento fue organizar a su pueblo para darse seguridad y justicia, integrándose a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Ella no es delincuente, es una luchadora social. Las afectaciones a la salud y a la propia vida de nuestra compañera, son responsabilidad directa del gobernador del estado y de [Enrique] Peña Nieto, quienes han decidido mantenerla en prisión.

Al igual que Nestora, están presos nuestros compañeros Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González en el penal de máxima seguridad del Altiplano; Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García y Benito Morales, presos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco; y Samuel Ramírez Gálvez, en el Cereso de Chilpancingo. De igual manera, Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en el Cereso de La Unión. Todos ellos acusados de delitos falsos por motivaciones políticas más que jurídicas.

Como CRAC-PC hemos esperado del gobierno estatal una intervención más eficiente ante el gobierno federal para lograr la libertad de nuestros compañeros, y sin embargo no vemos ninguna señal clara de que se esté avanzando para lograr su libertad. Nos hemos cansado de escuchar promesas falsas de los poderosos que por pura indolencia y desidia, por pura injusticia y negligencia, mantienen presos a nuestros compañeros.

Ante la decisión tomada por nuestra compañera Nestora de arriesgar su salud y su vida, exigiendo que se haga justicia y se otorgue su libertad inmediata, nuestra CRAC-PC ha decidido retomar la vía de las movilizaciones hasta lograr la libertad de todos nuestros compañeros.

Los verdaderos delincuentes hoy se promueven en campañas políticas desde todos los partidos para seguir pegados a la ubre del erario, mientras los luchadores sociales se mueren día a día en las prisiones. Mientras nuestros compañeros siguen presos por luchar por una sociedad con justicia y seguridad, los políticos de todos los partidos hacen circo para tratar de engañar al pueblo con una falsa democracia que sólo es negocio para ellos.

Denunciamos también la creciente militarización de nuestro territorio comunitario. Tal parece que el gobierno federal y su Ejército están más preocupados por la creciente organización del pueblo, que por la delincuencia. Están preocupados tratando de que se instalen las mineras en nuestros territorios. Están preocupados tratando de que se lleven a cabo las elecciones a como dé lugar.

¡Libertad inmediata de nuestros compañeros Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García, Benito Morales, Samuel Ramírez y Marco Antonio Suástegui! ¡Desmilitarización del territorio comunitario! ¡Cancelación de las concesiones para la exploración y explotación minera en territorio comunitario! ¡Justicia por el asesinato y desaparición de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables!

Atentamente:

¡Solo el pueblo apoya y defiende al pueblo!

El respeto a nuestros derechos, será justicia

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria

 

 

 

Demandan seguridad para pueblos indígenas de Chiapas

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; procuradora general de la República, Arely Gómez González; secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; teniente coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional, 31 Zona Militar, 101 Batallón de Infantería, Óscar I Barajas Martínez; subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; secretario de Gobierno de Chiapas, Omar Molina Zenteno; gobernador constitucional de Chiapas, Manuel Velasco Coello; presidente municipal del municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán, Dionisio Díaz López; comisionado de derechos humanos de Chiapas, Norma Inés Aguilar León; procurador general de Justicia de Chiapas, Ragiel López Zalazar; subdirector de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas, Luis Antonio Coutiño Ruiz; presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; director de Seguridad Pública y Gobernación del municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán; Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores; representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Esteban Hernández Valencia; secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza:

Las organizaciones pertenecientes a la Red de Alerta Temprana manifestamos preocupación y solicitamos su intervención ante la urgencia de garantías de seguridad para pueblos indígenas y liberar el camino de San José Chapayal-Pueblo Nuevo Solitahuacán, Chiapas.

El 15 de enero de 2015 fue detenido y desaforado el presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, acusado de secuestro y delincuencia organizada, por crear un grupo paramilitar denominado Los Diablos o Los Marianos. A raíz de su detención, dicha banda se ha dedicado a todo tipo de ilícitos en la región, desde robo de ganado, extorsión, cerrar caminos y amenazando a todo aquel que se oponga ellos.

El 10 de marzo de 2015, alrededor de las 15:00 horas, el grupo paramilitar denominado Los Diablos asaltó a un vendedor de pollos en las inmediaciones de la comunidad de San José Chapayal. Personas de la comunidad presenciaron los hechos, resultando herido de muerte uno de ellos. Los pobladores, al enterarse de los hechos, acudieron a la comunidad de Aurora Ermita, de donde son originarios Los Diablos, para llegar a una solución pacífica a lo sucedido. Ahí mismo fueron emboscadas las personas resultando heridos y detenidos de ambas comunidades. Desde ese entonces, dicho grupo delincuencial mantiene en zozobra a las poblaciones cercanas a San José Chapayal, cerrando el camino y amenazando a todo aquel que quiera pasar, tirando desde el monte con armas largas de grueso calibre.

No obstante que los pobladores han sostenido diversas reuniones con autoridades del municipio de Pueblo Nuevo, del gobierno del estado y el federal, y asimismo han presentado quejas y denuncias, éstas no han sido atendidas, y el problema puede agravarse debido a la impunidad que prevalece.

Quienes integramos la Red de Alerta Temprana instamos a todas las personas, a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades a:

La detención inmediata de los grupos delincuenciales de Los Diablos o Los Marianos (que impiden el libre tránsito en el lugar denominado El Muro o Banco de Grava).

Apertura del camino de la carretera secundaria Pueblo Nuevo San José Chapayal por el kilómetro 16, aproximadamente en las cercanías del lugar denominado El Muro, de la comunidad Aurora Ermita.

La reanudación de los servicios educativos, de los servicios de salud y garantizar el abasto de suministros a la comunidad.

Se investiguen las irregularidades en la detención de los ciudadanos Romeo Pérez Ruiz, Francisco Pérez Sánchez y Elías López López, quienes al parecer no contaron con la garantía efectiva de contar con un traductor.

Garantías para la recomposición del tejido social y se evite el fratricidio en la zona.

Se propicien la ejecución de programas sociales y de desarrollo comunitario para la recomposición del tejido social.

Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra de los pobladores de la comunidad de San José Chapayal.

De manera general, garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Atentamente:

La Red de Alerta Temprana

 

 

 

Preocupación por acoso contra defensora de derechos humanos

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación:

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 180 defensoras de derechos humanos, pertenecientes a 90 diversas organizaciones de la sociedad civil de 22 estados de la República y el Distrito Federal, nos ponemos en contacto con usted para manifestar nuestra preocupación por la vida e integridad física de la defensora de derechos humanos Martha Solórzano, presidenta de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, AC, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Como RNDDHM tenemos conocimiento de que la defensora cuenta con medidas de protección otorgadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de diversas agresiones en su contra; vinculadas a su labor de denuncia de corrupción, violaciones a los derechos humanos como la tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias que realizan los policías municipales y estatales en San Luis Río Colorado.

Sin embargo, hemos sido informadas de que dichas medidas de protección no se han ejecutado en su totalidad, y las que se llevan a cabo incrementan el riesgo de la defensora.

Ejemplo de ello fue que en octubre de 2014, de manera unilateral, el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ordenó que los escoltas que habían sido asignados para proteger a la defensora le fueran retirados, lo que derivó en el desplazamiento forzado de la defensora, quien salió de su lugar de origen para salvaguardar su vida y estabilidad emocional.

Posteriormente, ante la falta de capacidad del Mecanismo de Protección para garantizar que los escoltas fueran proporcionados por la Policía Federal, la Segob realizó gestiones para que la empresa RCU otorgara este servicio de manera temporal a la defensora.

Si bien la defensora aceptó los 15 días de prueba propuestos, a pesar de considerar que los escoltas no estaban en condiciones de prestar el servicio, en noviembre de 2014, Martha Solórzano informó a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo la existencia de irregularidades ejecutadas por los escoltas contratados.

Entre las más significativas se encuentran: el señalamiento en una nota de prensa que vincula a uno de sus escoltas con un grupo delictivo y el uso reiterado de bebidas alcohólicas que culminó con un accidente automovilístico por conducir en estado de ebriedad el pasado 12 de abril de 2015.

Si bien el mecanismo accedió retirar a los escoltas de la empresa, ahora la defensora se encuentra en desprotección, ante lo cual responsabilizamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a las autoridades federales, a las autoridades del gobierno de Sonora y a las autoridades municipales de San Luis Río Colorado de cualquier agresión que pudiera realizarse contra la defensora o demás integrantes de su familia.

A pesar de las medidas de protección otorgadas por la Segob, las agresiones persisten. Asimismo, la exigencia de la aplicación efectiva de dichas medidas, así como de garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad para la defensora, han incrementado diversos tipos de agresiones, como intimidación, descalificación de su labor como defensora, así como campañas de desprestigio en su contra a través de medios locales, lo que incrementa también su nivel de estrés.

En ese sentido desde la RNDDHM recordamos a los tres niveles de gobierno su obligación para garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos, como se establece en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el artículo 1, en el que se refiere la necesidad de establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para:

 “Implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo” (sic).

Las 180 defensoras de derechos humanos que conformamos la RNDDHM, ubicadas en 22 estados la República y el Distrito Federal exigimos al gobierno federal:

•Atienda de manera urgente la situación de riesgo en el que se encuentra la defensora Martha Solórzano, en coordinación con las autoridades municipales y estatales de Sonora.

•Tome las medidas necesarias para que Martha Solórzano continúe realizando su labor como defensora en condiciones de seguridad y sin temor a represalias.

• Realice o gestione la realización de un análisis de riesgo independiente que sea integral, eficaz y objetivo, a fin de conocer verdaderamente el nivel de riesgo en el que se encuentra la defensora y que a partir de ello se tomen las acciones necesarias de acuerdo con el resultado de la evaluación.

• Atienda de manera prioritaria la salud y el desgaste emocional y físico de la defensora como resultado de las agresiones en su contra.

• Realice las investigaciones necesarias para conocer y sancionar a los responsables de dichas agresiones.

Sin más por el momento, quedamos atentas de cualquier información y de las medidas que el gobierno federal ejecute para salvaguardar la vida y la labor de la defensora Martha Solórzano y de su familia.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal

 

 

 

IMSS de Simijovel, Chiapas, con problemas desde hace más de 1 año

Al pueblo de Simojovel; a la opinión pública; a los medios libres; a la prensa local, estatal, nacional e internacional; a los defensores y defensoras de los derechos humanos; a las distintas denominaciones religiosas; a las diferentes organizaciones sociales estatales y nacionales; a la Organización de las Naciones Unidas; a las Organización Mundial de la Salud; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; a los pueblos originarios de México; a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que han defendido incansablemente la vida:

En el ejido La Pimienta, Simojovel, Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vacunó a 31 bebés: dos fallecieron y 29 fueron hospitalizados, cinco de ellos se encuentran en estado de gravedad.

El viernes 8 de mayo, a las 08:00 horas, el doctor Roberto Calvo León invitó a las mujeres del Grupo 3 del Programa Prospera, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen hijos de 0 a 5 años, para que pasaran a la Unidad Médica 186 de la comunidad La Pimienta para vacunarse. Se presentaron 31 bebés de San José Anexo La Pimienta, poblado San Antonio del Monte y La Pimienta quienes fueron vacunados entre las 12:00 y las 14:00 horas. Permaneciendo en espera desde las 08:00 horas, desde el primero que fue vacunado hasta el último, sin poder irse a casa hasta que les tomaron los datos al final. La asistencia no es completamente voluntaria, hay condición: si no llegan las mujeres les ponen falta y les quitan el programa Prospera. Con esta forma de proceder queda al descubierto que los proyectos del gobierno son para controlar a la población y así imponer sus proyectos en contra del pueblo indígena.

Esa misma tarde, a las 18:00 horas se empieza a ver el efecto de la vacuna: los niños y niñas, lloraban y comenzaron a convulsionarse, se desmayaron, les dieron ataques, temperatura alta, se entumieron los dedos, los pies, se pusieron de color morado y tuvieron diarrea. Los padres y madres se trasladaron a la cabecera municipal con los infantes enfermos para recibir atención médica, pero una recién nacida de 30 días, de nombre Yadira González González, murió en el camino; y un recién nacido de 28 días de nombre Emanuel Francisco López Hernández murió en el centro de salud de Simojovel. En la cabecera municipal no hay la capacidad médica y los envían a Bochil, al hospital del IMSS, pero no había ambulancia. Tuvimos que transportarlos en camionetas particulares pagadas por los padres. Ahí llegaron a la 1 de la madrugada del sábado 9 de mayo. No les dieron atención buena, los formaron como si fuera una cola para las tortillas, los recibieron y atendieron hasta que nosotros hicimos presión en Simojovel. Hasta las 04:00 horas nos dieron información de la situación de los niños. En Bochil ya querían dar de alta a los niños porque dijeron que “ya estaban estables”; pero presionamos y los volvieron a hospitalizar, pero ahí tampoco tienen la capacidad para atenderlos. A partir de esa hora comienza el traslado a Tuxtla Gutiérrez. El último traslado fue hasta las 06:00 horas. Cuando llegaron a Tuxtla, ya los atendieron hasta las 08:00 horas. Se hospitalizaron 29 niños, de los cuales 13 llegaron en estado de gravedad.

Desde hace 8 años la comunidad ya había gestionado una demanda para el cambio completo del personal de la unidad médica en La Pimienta, pero el delegado estatal del IMSS-Coplamar respondió que no pueden cambiarlo porque son basificados. Se han realizado varios documentos con la solicitud, pero han hecho caso omiso. La petición de cambio es porque no había atención, no llegan a la hora, incumplen el horario de trabajo y porque maltrataban a las mujeres que iban a atenderse, regañándolas; el doctor se molestaba que se hablara en tsotsil. Además que la clínica se encuentra en total abandono, sin medicamentos, sin servicios de análisis, no hay equipos, la mayor parte de los casos se turnan… Ya habíamos pedido una audiencia ante el gobierno del estado, dirigido al gobernador solicitando una mesa de diálogo, pero no nos han hecho caso.

La muerte de dos bebés recién nacidos no es un caso aislado. El año pasado un niño de 5 años de edad enfermo no llegó al hospital, se murió en el camino. Además, a las mujeres embarazadas las envían a Simojovel o a Bochil y algunas han tenido el parto antes de llegar. Se han muerto siete mujeres durante el parto en la comunidad de La Pimienta en 4 años. Además, en la comunidad se han muerto 16 personas de tuberculosis y de 16 de cáncer (entre ellos niños). Con todo esto queda al descubierto las pésimas condiciones de servicio de salud en La Pimienta y todo el municipio de Simojovel, y no sólo en Simojovel, sino en las comunidades y ejidos de todos los municipios de Chiapas.

Chiapas es muy pero muy rico en recursos naturales, pero existen muchos pero muchísimos pobres, es una vergüenza para las autoridades. Las autoridades municipales que llegan a tener un puesto en el ayuntamiento no se ha preocupado para gestionar estos servicios básicos: buen hospital, agua potable, mejoramiento del camino, solamente terminan en sus puestos con mucho dinero para ellos mismos.

El gobierno federal y estatal tiene una deuda grande hacia el pueblo indígena, su deuda es la libertad, la justicia, la paz, la verdad, la autodeterminación. Afirmamos que el proyecto cero hambre, con la Cruzada Nacional contra el Hambre es totalmente falso. Pues el resultado son muertos, son las mismas condiciones de la vida en miseria de nosotros los indígenas y campesinos. Queda al descubierto que en este sistema capitalista no tenemos cabida como pueblos indígenas. Si el gobierno hace proyectos lo hace desde el escritorio y para controlar.

Invitamos a todos los pueblos, a las iglesias de distintas denominaciones, etcétera, a que organicen sus creyentes a alzar la voz, que no tengan miedo de decir la verdad, cuáles son las condiciones que vivimos los chiapanecos. El que debe gobernar es el pueblo, las autoridades son servidores, administradores, pero los corruptos no deben ser autoridades.

Rechazamos tajantemente las versiones dadas por el IMSS, el gobierno sólo manipula la información a través de los grandes medios de comunicación como Televisa, especialmente en Primero Noticias conducido por Carlos Loret de Mola. Hasta el momento a las familias no les han dado información directa de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del estado, ni de los análisis de los medicamentos suministrados.

Responsabilizamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno por la falta de atención médica en nuestras comunidades. Recordamos que es obligación del Estado mexicano proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los padres y madres de familias y privilegiar el interés superior de los niñas y niñas.

Basta ya de muertes por falta de atención médica. Basta ya del control del gobierno con sus proyectos asistenciales. Basta ya de malos tratos en los hospitales y/o centros de salud. Basta ya de imponer la planificación familiar.

Atentamente:

Ejido La Pimienta, Municipio de Simojovel, Chiapas, México

 

 

 

Contra la posibilidad de suprimir artículos en internet

Muy interesante su reportaje titulado “Falla Ifai contra libertad de expresión”. La producción en periódicos y los artículos de investigación en revistas son contenido histórico y deben de ser conservados. Es una actitud fascista el hecho de poder borrar lo escrito. La población de México defiende la libertad de expresión y se pronuncia en contra de esta violación de poder eliminar lo que los especialistas han producido. Es trabajo y el pueblo tiene derecho a estar informado en todo tiempo.

Valentina Cisneros

 

 

 

Felicita por artículo acerca de la situación económica de México

Excelente artículo es “México 2015: del estancamiento a la crisis”. Gracias. Me da claridad en cuanto al tema de la economía de mi país bajo la administración de Enrique Peña Nieto y su equipo de “ilustrados expertos”.

Víctor Rodríguez

 

 

 

Denuncia en contra de los representantes del Sindicato de la UAM

Agradezco la oportunidad y el apoyo que se me pueda brindar para difundir mi denuncia, ya que lamentablemente la soberbia y el autoritarismo de los representantes y abogados del Sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) están perjudicando física, sicológica y económicamente a mí y a mi familia.

Siendo chofer del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) fui despedido injustificadamente en 2011 por el entonces secretario general Arturo Vega Zaldívar. Pasado más de 1 año, el 25 de marzo de 2013 el señor Antonio Venadero, secretario general, y los abogados del licenciado Arturo Alcalde Justiniani (asesor del Sindicato) me ofrecieron la reinstalación en mi empleo por tiempo indeterminado con todos los beneficios y mejoras salariales. No fue sino hasta el 29 de octubre de 2013 cuando la Junta de Conciliación ordenó mi reinstalación como chofer del SITUAM para el 21 de febrero de 2014, acto que se llevó a cabo por conducto del ciudadano actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, Antonio Venadero y Arnulfo Agustín Medina, secretario de organización, decidieron congelarme y no darme trabajo. Después de presentarme diario y puntualmente durante 130 días a trabajar, han optado por no pagarme los salarios que por ley me corresponden, poniendo en riesgo la subsistencia de mi familia, pues sobrevivimos de los ingresos que yo percibo de mi empleo como trabajador del SITUAM. Es vergonzoso y muy lamentable que los principios de una organización que fue creada para defender los derechos laborales, sean violentados por los intereses particulares de Antonio Venadero y su asesor.

Actualmente, el secretario general del Sindicato de la UAM, César Yordany Padilla Salmerón, ofreció apoyarme, pero ya pasaron más de 14 meses y mi situación se agrava cada día más, pues el nepotismo que impera dentro de las diferentes secretarías del Sindicato no permite que estos seudorepresentantes sindicales respeten la ley, el estatuto sindical y los acuerdos de congreso.

Por ejemplo, el secretario de organización tiene trabajando a su hermano como chofer que es mi plaza, y a su hija como vigilante, y así varios representantes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, esperando, de ser posible, que mi voz sea escuchada, pues he tocado muchas puertas y no me han escuchado.

Es el Sindicato defensor de derechos laborales académicos y administrativos asesorado por Arturo Alcalde Justiniani, renombrado abogado defensor obrero, quien escribe en el periódico La Jornadaartículos sobre violaciones a los derechos laborales.

Llevo 14 meses laborando en el Sindicato de la UAM, y el secretario general y sus asesores me siguen teniendo congelado y no me pagan, pero lo peor es que se burlan de mi necesidad y la de mi familia, pues cada día tengo más problemas por no pagar la luz, el teléfono, la renta, el agua, etcétera.

Armando Romero Zúñiga

 

 

 

Critica fallas en la formación de especialistas en defensa nacional

Aprecio muchísimo la información presentada en el reportaje “Colegio de Defensa Nacional: el dispendio”. Me sorprende mucho el minimalismo del esfuerzo en la formación de capital humano. Nunca, nunca podremos avanzar con cuatro “especialistas”, cuando el país es 1 mil países y no se puede entender nada, no se puede desarrollar nada, pues no se conoce a fondo nada. Les pido, de ser posible, hacer una nueva versión de esta investigación para ponerla al día. Espero que algunas cosas hayan cambiado. Felicidades y gracias.

Eduardo Torres

 

 

 

 Contralínea 437 / del 18 al 24 de Mayo 2015