Nuestros lectores

Pensionados, condenados a la miseria

Ha sido muy interesante leer el reportaje “Quiebra inminente del sistema público de pensiones”. Soy empleado de la Comisión Nacional del Agua a punto de jubilarme con 6 mil pesos mensuales, Casi me dio un infarto cuando me dijeron esta información en el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste). En contraparte de los de la casta divina, empezando por los expresidentes, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, petroleros, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, diputados, senadores, etcétera, los que sí trabajamos estamos condenados a morir en la pobreza. Se llevan el dinero de nuestros impuestos y las familias de esos políticos no se van a terminar lo que se roban ni en en varias generaciones.

Los felicito por su información independiente y veraz.

Arnulfo Hernández Ibarra

 

 

 

Pensionados del sector privado, en peores condiciones que los de paraestatales

Con respecto del reportaje “Quiebra inminente del sistema público de pensiones”, quiero decir que el déficit ocurre sobre todo en las paraestatales, así como dependencias de gobierno, porque se dan prestaciones a diestra y siniestra y los salarios de la mayoría de los trabajadores del Estado de medio y alto rango son muy elevados, aunado al caudal de prestaciones que son insostenibles. En cuanto a las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al ciudadano común son muy raquíticas. Un trabajador del Estado se puede jubilar a los 27 años de servicio, un ciudadano común puede trabajar 40 años, y si no cumple 60 años de edad no se puede pensionar. A un empleado del IMSS se le da una pensión del 130 por ciento de su último salario, y a un empleado del sector privado el 75 por ciento de los últimos 5 años. Diferencias abismales y poco hacen para revertirlo. Sabemos que todas las paraestatales son un barril sin fondo.

Vicente Rocha

 

 

 

Educación, la principal herramienta de transformación del país

Gracias por la publicación de artículos como el de “Migrantes: los ‘ausentes explotados’ y las artes de la subsistencia”. El gobierno en México es corrupto. Por esa razón el país no progresa y ni va a progresar hasta que quiten ese gobierno y pongan a gente que quiera hacer algo por nuestro país. Desafortunadamente la gente emigra a Estados Unidos porque en México no hay oportunidades de desarrollo. En las ciudades hay, a veces, trabajos que son muy mal pagados y/o con muchos requisitos para poder acceder a ellos. La gente joven a veces ya no estudia ni trabaja porque sabe que no hay oportunidades para progresar. Por lo tanto deciden irse a Estados Unidos; primero, corriendo peligro aquí, en su propio país, con la policía o los delincuentes; y después en Estados Unidos. Algunos de los que se quedan en México caen en las filas de la delincuencia, precisamente por falta de oportunidades. El gobierno debería dar oportunidad a la gente que quiere trabajar para el bien del país. Y debería también enfocarse en lo principal: la educación, haciendo más escuelas, teniendo buenos profesores, llevarlos a los lugares donde no hay desarrollo (que son muchos), ayudarles en el desarrollo de sus comunidades, etcétera, que eso nos beneficiaría a todos. Al gobierno no le importa eso, porque si le importara, seríamos diferentes, en pocas palabras estaríamos bien como país.

El gobierno quiere explotarnos para su beneficio y el de sus amigos, los empresarios. Ellos son los culpables de que nuestros hijos vayan por mal camino. Nuestros impuestos y las riquezas del país son para nuestra propia educación, para crecer, pero el gobierno se roba ese dinero, dándoles un mal ejemplo a sus hijos, porque ellos van a ser los sucesores del país pero con esas ideas. Ésta es la realidad del país y me faltaron muchas cosas. Haz algo por ti y por tus hijos, porque ellos te lo agradecerán y será para el bien del país.

Guillermo Nobila

 

 

 

Agradece información sobre conflicto Rusia-OTAN

Hola a todos los que hacen Contralínea. Fue muy aleccionador leer el reportaje “Tres lustros de Putin en el Kremlin refuerzan defensa de Rusia”. He escuchado comentarios muy duros respecto al presidente Putin. Incluso de periodistas y académicos que se supone están mejor informados que el resto de la población. No analizan –como sí se hace en este artículo– la geopolítica en su conjunto. Únicamente se le ve a Putin como un ambicioso con fines expansionistas y que pretende anexar Ucrania: como un nuevo zar, pues. Es por eso que este artículo es interesante, porque se pone en contexto a los personajes, a las naciones, el armamento que éstas tienen y el rol que juegan en este momento y no solamente se tiene la versión americanizada. Buen artículo. Gracias y saludos.

Omar Flores

 

 

 

Bellas Artes y todo México, en renta, señala

Interesante lo que se documenta en el reportaje “Palacio de Bellas Artes, en renta como un salón de fiestas más”. En México ya no hay lugares especiales desde hace algunos años. Todos los espacios públicos se rentan o se “prestan”. Pensé que para los espacios culturales habría un respeto, pero no es así, tenemos gimnasios donde se presenta de todo y su uso dejo de ser exclusivo para lo que fueron creados. Gracias por su reportaje, pero ¿y la comunidad cultural? ¿Se iría al fútbol?

Eliseo Sandoval

 

 

 

Estudiante preso, por “autoritarismo”, considera

Es triste e indignante lo que se informa en el reportaje “Enrique Guerrero Aviña: estudiante de la UNAM torturado y preso sin prueba alguna”. Se trata de una injusticia muy recurrente en nuestro país, plagada de imputaciones sin que la autoridad presente pruebas concretas. Estamos al parecer ante un caso de autoritarismo del gobierno Mexicano.

Raúl Cano Olea

 

 

 

Manifiesta solidaridad con activista preso

Ha sido muy triste leer el reportaje “Enrique Guerrero Aviña: estudiante de la UNAM torturado y preso sin prueba alguna”. Siento mucho dolor por lo que está pasando el joven. Todo esto que pasa en el país se tiene que difundir.

Lidia García Quintero

 

 

 

México, fábrica de pruebas y tortura

Estoy muy indignada por lo que se informa en el reportaje “Enrique Guerrero Aviña: estudiante de la UNAM torturado y preso sin prueba alguna”. La creación de culpables es la forma en que fácilmente las Fuerzas policiacas resuelven los casos en México, y la tortura es su método para obtener cualquier confesión…

Alicia García

 

 

 

Reforma energética, “robo” al pueblo de México, dice

Muy interesante el reportaje “Pemex garantiza opacidad a operaciones en paraísos fiscales”. La reforma energética y todas sus reformas estructurales son, en los hechos, violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos delictivos, crímenes de Estado, asalto y robo al pueblo de México cometidos al amparo del cultivo de la ignorancia que hacen en este pueblo. Se les acaba el tiempo, no obstante.

Ana María Quiroz

 

 

 

Omisiones del GDF

Es irritante leer lo que se narra en el artículo “Saqueo de la memoria histórica de la Limeddh”. Comparto la indignación del presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Lo que le han hecho es la marca del Gobierno del Distrito Federal. Aprovecho para señalar la omisión y el desacato del gobierno capitalino y de la delegación Xochimilco al rescate del patrimonio chinampero en la Recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Rodolfo Cordero López

 

 

 

Medio Ambiente y PAOT, al servicio de empresarios, dice

Muy buen trabajo el titulado “Entrega GDF sin contrato ni estudios ambientales terreno público a Harp Helú”. Al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Mancera, se le hizo un hábito violar la normatividad ambiental, que va desde un predio pequeño hasta los grandes, como el de la Ciudad Deportiva. Utiliza a la Secretaria del Medio Ambiente y a la Procuraduría del Ambiente y Ordenación Territorial (PAOT) para encubrir los daños al ambiente y el despojo a los ciudadanos de áreas verdes que son vitales por la función social y ambiental que prestan.

La secretaria del Medio Ambiente, así como el procurador de la PAOT, son unos auténticos peleles, que no acatan la legislación que ellos mismos dicen defender y se ponen a disposición de un jefe de gobierno ignorante delos temas ambientales, sin principios políticos, represor e interesado en maquillar sus pobres resultados en política social.

Joel Valencia

 

 

 

Reconocimiento al trabajo de mujeres periodistas y activistas

Acertado el artículo “Homicidios y agresiones impunes contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas”. Admiro el valor de las periodistas y comparto con ustedes esta visión. Me desanima la actitud de millones de mexicanos y me preocupa su desmemoria.

Saludos.

José López

 

 

 

Contra los transgénicos

Es muy interesante el reportaje “México no evalúa impacto de transgénicos en la salud”. ¿Qué organizaciones serias hay en este país que libren una lucha frontal en contra de la trasnacional Monsanto? Les felicito por sus reportajes de denuncia contra estos entes ambiciosos que están dañando nuestra salud.

Marcos Pérez Contreras

 

 

 

Felicitan a Contralínea

Me gusta el periodismo que hace la revista Contralinea. Son muy valiosas sus investigaciones acerca de todo lo que pasa en nuestro país. Estoy consciente de que, como ciudadana, debo estar informada; y de que todos como ciudadanos debemos enterarnos de la verdad. Muchas gracias.

María Garrity

 

 

 

Informar sobre lo que realmente pasa en México

Quiero felicitarlos por el artículo “El IMSS y el ISSSTE en vías de privatización para hundir las instituciones y arrastrarlas con el resto del sistema de salud pública”. En general, todos sus trabajos son excelentes. No tengo más que reconocerlo. Gracias por retratar la realidad tal cual es.

Arturo Mendoza Trejo

 

 

 

Denuncian amenazas de muerte contra activista Víctor Andrés Cruz Chi

En las últimas semanas, Víctor Andrés Cruz Chi, miembro de la organización Bios Iguana, AC, en el estado de Colima, y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), ha sido nuevamente objeto, junto con su familia, de amenazas de muerte, hostigamiento, persecución e intervención de su teléfono celular. No es la primera vez que el defensor de los derechos humanos ha tenido que salir de su domicilio para proteger su vida.

Víctor Andrés Cruz Chi forma parte de la resistencia contra el proyecto minero que se pretende imponer en la comunidad indígena de Zacualpan. Es un luchador social que desde hace años se ha enfrentado a los intereses de un gobierno plagado de violaciones a los derechos humanos.

Pese a las reiteradas demandas y antecedentes sobre el caso, el gobierno del estado de Colima, lejos de evitar la violación a los derechos humanos, acrecienta el hostigamiento a los luchadores sociales enrareciendo aún más el clima preelectoral.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería se solidariza con Víctor Andrés Cruz Chi y su familia, y responsabiliza de cualquier daño físico, moral o sicológico que sufran al gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, al secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, y al Secretario de Seguridad del Estado, general Raúl Pinedo Dávila.

¡Basta de hostigamiento a defensores de derechos humanos en Colima!

Red Mexicana de Afectados por la Minería

 

 

 

Solidaridad con Andrés Cruz Chi

Al gobierno federal de México; al gobierno del estado de Colima; a los medios de comunicación; al pueblo de México:

Los integrantes del Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4), estamos sumamente preocupados por la situación de violencia que actualmente vive nuestro compañero de lucha, el profesor y escritor Andrés Cruz Chi, reconocido ciudadano ejemplar quien, en Colima, ha sentado las bases de un trabajo social, organizativo y político que es primordial para acabar con las injusticias, la ignorancia y la impunidad, todos temas cada vez más conocidos y recurrentes en torno a la violencia de Estado que el gobierno mexicano ha desatado contra la población de México, y en particular sobre aquellas mujeres y hombres que tienen primordialmente un compromiso para con la lucha de los pueblos y a favor de la vida.

Nuestro compañero Chi y su familia literalmente han sido desplazados de su casa y de su vida social y cultural porque frecuentemente son amenazados de muerte por los ya conocidos policías y sicarios que operan para el señor Mario Anguiano, gobernador del estado de Colima, también para Roberto Chapula de la Mora, quien funge, vergonzosamente, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y, por supuesto, el señor Rogelio Rueda, secretario de Gobierno del mismo estado.

Desde ahora responsabilizamos a la más alta esfera del gobierno de Colima por las amenazas que vive nuestro compañero y su familia. Hacemos un enérgico llamado para que cesen las amenazas, intimidaciones, hostigamiento y persecución de Víctor Chi y su familia; así como señalamos la responsabilidad total para el gobierno del estado de Colima si le llegara a suceder algo que atente contra la integridad de nuestro compañero o de su familia.

Basta de un gobierno que reprime a los ciudadanos que cuidan la vida y quieren un mejor país.

Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo extractivo Minero

 

 

 

Llaman a defender la vida de activista amenazado

Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del estado de Colima; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, delegado de la Secretaría de Gobernación en Colima; Rogelio Rueda Sánchez, secretario general de Gobierno de Colima; Marcos Santana Montes, procurador de Justicia del estado de Colima; Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos:

Por este medio queremos expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo a la campaña de hostigamiento, amenazas de muerte, intervención a medios de comunicación, persecución, despido de su trabajo y todo el acoso del que está siendo objeto el defensor de derechos humanos Víctor Andrés Cruz Chi y su familia, miembro de la organización ambientalista Bios Iguana, AC, en el estado de Colima, México.

Recurrentemente, Víctor recibe amenazas de muerte por vía telefónica, es hostigado por elementos policiacos en su hogar, le han intervenido los medios electrónicos y de comunicación que utilizan tanto él como su familia. También ha sido montada una campaña de difamación social en medios masivos de comunicación del estado de Colima. Su familia y amigos cercanos sufren de acoso no sólo de elementos de las policías, sino de presuntos sicarios y pandilleros.

Víctor Andrés Cruz Chi forma parte de la resistencia contra el proyecto minero que se pretende imponer en la comunidad indígena de Zacualpan para extraer oro. Es un luchador social que desde hace años ha enfrentado los intereses de un gobierno que viola constantemente los derechos humanos.

Pese a las reiteradas demandas y antecedentes sobre el caso, el gobierno del estado de Colima, lejos de evitar las violaciones a los derechos humanos, acrecienta el hostigamiento a los luchadores sociales enrareciendo aún más el clima preelectoral.

Recordamos que la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan, en su visita el pasado mes de marzo, constató y documentó las reiteradas y graves agresiones que ha recibido la organización Bios Iguana, AC, desde 2013, incluidas amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, difamaciones, intimidaciones y boicot a su trabajo.

Son muchas las evidencias que muestran que es el gobierno de Colima quien encabeza esta serie de amenazas contra las y los defensores de derechos humanos en la entidad. Por ello exigimos el cese inmediato del hostigamiento por parte de las Fuerzas policiacas y de inteligencia del estado contra los activistas sociales en Colima. Exigimos una investigación rápida y expedita de los hechos denunciados, así como el deslinde de las responsabilidades por esta violencia perpetrada contra el defensor de los derechos humanos Víctor Andrés Cruz Chi y su familia.

Atentamente:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana).

 

 

 

Se solidarizan con activista Omar Esparza

Gobernador del estado de Oaxaca, licenciado Gabino Cué Monteagudo; secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; procuradora general de la República, Arely Gómez González; Movimiento Agrario Indígena Zapatista:

Por este medio les hacemos saber nuestra preocupación por los hechos ocurridos en contra de la integridad del señor Omar Esparza, mismos que han sido puestos en nuestro conocimiento a través de la Acción Urgente emitida por Amnistía Internacional y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. El contexto es el siguiente:

El viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en 2010 ha sido informado de que existen planes para acabar con su vida. Estas amenazas se han producido tras una serie de actos intimidatorios dirigidos contra él y contra otras personas que piden que se investigue el asesinato.

El 17 de mayo pasado, Omar Esparza obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo. Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de quien fuera su esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio pasado, varias personas no identificadas intentaron entrar a la casa en la que residen los hijos de Omar junto con otras personas de su familia.

Estas amenazas de muerte suponen un nuevo episodio en la sucesión de actos intimidatorios que ha sufrido Omar Esparza. A lo largo de 5 años, Omar ha estado al frente de un movimiento social que exige que se investigue el homicidio de Bety Cariño, que tuvo lugar en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Tras exigir durante años que se avanzase en la investigación criminal, dos personas sospechosas fueron arrestadas en 2015. Dos mujeres indígenas de la comunidad indígena triqui, que habían sido testigos oculares del homicidio, recibieron amenazas después de una de las detenciones. Además, unas semanas después que se detuviera al segundo sospechoso, en marzo de 2015, una persona emparentada con el detenido llamó a Omar Esparza para exigirle que se retractara de sus declaraciones públicas contra él.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– con relación al homicidio de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010. Diez de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.

Por lo tanto, les exigimos:

1. Brindar protección efectiva y completa a Omar Esparza, de estricta conformidad con sus deseos y cumpliendo plenamente la legislación local sobre protección de testigos.

2. Que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas contra Omar Esparza, y que los responsables rindan cuentas de sus actos.

3. Una investigación exhaustiva sobre el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, así como sobre los homicidios de muchas otras personas de San Juan Copala en los últimos años, y que se incluyan en dicha investigación los aparentes vínculos entre bandas armadas y autoridades municipales y estatales.

4. Que los responsables comparezcan ante la justicia.

Atentamente:

Deborah Morling         (Suiza); Solidaridad Directa con Chiapas (Zúrich, Suiza); Mathias Hoechli (Suiza); Ulla Bein            (Suiza); Theres Hochli (Suiza); Inocencia Ramírez; Knut Hildebrandt; Fabian Lischkowitz (Brasil); Código DH; Felipe Martínez; Viviana González; Rodrigo de Freitas Espinoza; Beiro Agi     (Suiza); Laura Melchor; Bruno (Francia); Martha Capetillo (México); Daniela Bertini (Suiza); Sanja Previsic (Suiza); Marco Antonio Velázquez Navarrete; Liborio Santiago (México); A Sprakelaar (Holanda); Servicios para una Educación Alternativa, AC (Oaxaca); Lorena Peralta            (México); Inti Barrios   (Canadá); Maiani da Silva        (Estados Unidos); Gerardo Pérez Muñoz (México); Aberto Arroyo (México); Grissel Gómez Estrada (México); Juan Garrido (México); María Hilda De la Vega Cobos (México); Juana Santiago (México);         Martha Aurora Pérez Said (México); Martin Hesse     (Suiza); César Padilla   (Chile); Rubén Solís (Estados Unidos); Juan Hernández Zubizarreta (País Vasco); Luis Ernesto González (México); Jaime Cuevas (México); Esperanza Salazar Zenil (México); Miriam Ortiz Delgado (México); Salvador Anta (México); Graciela Rodríguez (Brasil); Toye Bravo (México); Hilda Nereida Ramírez Monjaraz (México); Nidia Navarro (México);            Philip McManus (      Estados Unidos); María del Coral Morales Espinosa   (México); Bárbara Rodríguez   (México); Silvia Villaseñor (México).

 

 

 

A propósito de las manifestaciones de organizaciones empresariales y confesionales

Sin duda, México atraviesa un contexto de violencia e impunidad generalizada. La “guerra contra las drogas” declarada en el sexenio anterior ha tenido efectos devastadores en la seguridad y dignidad de las personas y ha incrementado los índices de desaparición forzada, detenciones y ejecuciones arbitrarias, tortura, desplazamiento interno forzado y feminicidios, entre otras violaciones a derechos humanos. Bajo este panorama de crisis, la movilización y protesta social se han convertido en medios indispensables para manifestar el descontento social y exigir a las autoridades que prevengan, atiendan, sancionen y reparen integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos desencadenadas por esta violencia.

No obstante, en un contexto en el que resulta cada vez más urgente el reconocimiento del fracaso de la “guerra contra las drogas” –asignada a las Fuerzas Armadas y de seguridad pública– como estrategia para abatir el crimen y reconstruir el tejido social, iniciativas que promueven la declaración frontal de un enemigo y la continuidad de guerra, resultan una contradicción para la construcción de una sociedad pacífica.

Apoyar “las acciones que han realizado las Fuerzas Armadas para conseguir la paz […] en México” y pedirles “seguir actuando con firmeza e inteligencia en la seguridad” es una muestra de absoluto desconocimiento del sufrimiento de miles de familias mexicanas, que desde el inicio de la “guerra contra las drogas” en el país han sido víctimas de violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, de la Marina y de distintas corporaciones de policías.

Adicionalmente, sugieren un desdén por los mecanismos nacionales de protección a derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha emitido 57 recomendaciones sobre ejecución arbitraria, 11 recomendaciones sobre desaparición forzada y 79 recomendaciones por tortura, en el periodo de 2006 a 2014, contra las Fuerzas del orden público. Así como un menosprecio por los mecanismos internacionales de derechos humanos como el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Detención Arbitraria (2002), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2011), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2012), el Mecanismo del Examen Periódico Universal (2013), Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2014) y el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2014), quienes se han pronunciado por el peligro de una fuerte presencia militar en el combate a la delincuencia organizada y han recomendado el retiro de las Fuerzas Armadas para tareas exclusivas de la policía.

Las expresiones y llamados a “no dejarle espacio a los delincuentes para que protesten”, pues según han observado: “quienes protestan son familiares de delincuentes”, desafían el Estado de derecho –particularmente el respeto y garantía de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia– incitando a una cruzada de violencia y criminalizando a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Por ello, hacemos un sincero llamado a las organizaciones convocantes a dejar de fomentar un discurso de guerra, el cual alienta a las Fuerzas Armadas a ejercer tareas que le corresponden exclusivamente a la policía, polarizando a la sociedad mexicana de por sí ya lastimada por el clima de violencia, y que constituye una narrativa contraproducente para el fin que motiva esta movilización: la paz.

Asociadas por lo Justo; Colectivo Las Alamedas; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC; Comité Los Otros Desaparecidos de Iguala; Elige; Estudiantes por una Política Sensata de Drogas; Familiares en Búsqueda María Herrera, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; ReverdeSer Colectivo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana).

 

 

 

En solidaridad por los tornados y trombas en Coahuila

Como es de su conocimiento, en los últimos días, gran parte del territorio coahuilense se ha visto gravemente afectado por diversos fenómenos naturales; uno de ellos fue el tornado que arrasó con cientos de casas y dejó más de 1 decena de muertos en Ciudad Acuña el pasado 25 de mayo; 2 días después una tromba causó la muerte de un adolescente y el colapso de diversas estructuras, entre ellas una de las bardas de la Casa del Migrante en Saltillo.

En medio de un panorama lleno de dolor y tristeza, cientos de familias se encuentran en extrema necesidad y han tenido que ser trasladados a refugios temporales de manera indefinida, pues debido a los innumerables daños sufridos en su patrimonio no tienen certeza sobre la reconstrucción y restablecimiento de sus hogares.

Por este motivo, la Diócesis de Saltillo, en solidaridad con las personas afectadas por dichos hechos, anunció el pasado 27 de mayo una serie de estrategias que a continuación se presentan para hacer llegar el auxilio necesario a todas las familias que atraviesan por este difícil momento.

Es necesario tomar en cuenta que los daños principalmente estructurales serán solucionados a largo plazo, por lo que se necesita un recurso económico que deberá ser manejado con responsabilidad y honestidad. A través de Cáritas de Saltillo se dispone de una cuenta en Banorte con número 0525898647 y CLABE 072078005258986478 a la que de manera particular o institucional puede hacer su donativo; o bien, cada persona responsable (párroco, director de organización o colegio, etcétera) puede comunicarse con Cáritas a los teléfonos 844 164 53 08, 10, 11 para hacer llegar su donativo; con esto se programará una cantidad determinada para compra de recursos estratégicos como muebles, colchones y otros.

Para apoyar a la Casa del Migrante Saltillo, que fue afectada por la caída de granizo que provocó el derrumbe de una barda y la filtración de agua a las oficinas donde día a día laboran nuestros compañeros en pro de los miles de migrantes que atraviesan territorio mexicano en busca de una mejor vida, puede hacer su donativo al número de cuenta: 0158876320 con CLABE 012078001588763202 del Banco BBVA Bancomer a nombre de Frontera Con Justicia, AC.

Hacemos un llamado a su solidaridad y agradecemos la difusión de la presente circular para sumar apoyos en pro de nuestros hermanos damnificados.

Atentamente:

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC

 

 

 

Indígenas de Chiapas se solidarizan con familiares de desaparecidos de Ayotzinapa

Hermanos y hermanas: reciban un saludo cordial de parte de las comunidades que forman la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, CDLI- X’inich.

Las organizaciones que formamos parte del Congreso Nacional Indígena hemos recibido la propuesta de los padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa de visitar nuestra zona en los tiempos de cada organización.

Lo que pasó en Ayotzinapa nos revive el dolor y la tristeza de lo sucedido en la masacre de los hermanos de Viejo Velasco, Chiapas, en 2006. Ayotzinapa y Viejo Velasco no son hechos aislados. Es una manera sistemática de proceder del Estado.

Por ello les invitamos a una marcha y mitin en Palenque, Chiapas, el 18 de junio a las 8:00 horas. La marcha comienza en la Madre Ch’ol y termina con un mitin en el parque central. Caminaremos con los padres de familia de los 43 alumnos desaparecidos y con la participación de los desplazados y familiares de Viejo Velasco.

Hermanos y hermanas, gracias por recibir nuestra invitación y esperamos contar con su presencia. Firmamos las organizaciones que estamos colaborando.

Atentamente:

CDLI- X’inich, Tsoblej yu’un wocoltic, Ucisech, Sadec, Casa de la mujer Ixim Ants’etic y Misión Santísima Trinidad.

 

Palenque, Chiapas.

[Sección: Nuestros lectores]

 

 

 

 Contralínea 440 / del 08 al 14 de Junio 2015