Nuestros lectores

Lorenzo Córdova, desacreditado, considera

Este juniorcito y almidonado personaje muestra su verdadero “yo” en su plática privada, utilizando el lenguaje propio de las aulas de Televisa, el personaje de voz engolada y vestimentas implacables, como oficialmente se muestra, queda borrado de un plumazo; el juicio popular se impone, aunque el oficial disimule. El descrédito es total, no hay defensa alguna con todo y su doctorado italiano de investigación en teoría política, que sólo los iluminados sabrán para qué sirva al país este rimbombante doctorado.

Leonardo Moctezuma

 

 

 

Crisis en pensiones, para deshacerse de los trabajadores, opina

Es parte de la estrategia de la desaparición forzada de los trabajadores desechables por hambre y desnutrición.

José Luis Camacho

 

 

 

Salinas, quien inició régimen preferencial para mineras, dice

Excelente información. ¡Es un saqueo de nuestros recursos mineros! La Corona española en las Reales Ordenanzas de la Nueva España determinó impuestos para la minería que sirvieron para la política fiscal actual. Hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, la actividad minera fue la que más impuestos pagaba. Los impuestos que pagó el sector minero sirvieron de base para desarrollar a Petróleos Mexicanos. Con [Carlos] Salinas empezó la baja en los impuestos hasta llegar a la actualidad, los impuestos son simbólicos. Recomiendo investigar el régimen fiscal hasta la década de 1960 y se podrá hacer un comparativo muy significativo.

Marco Antonio

 

 

 

En Juchitán, Oaxaca, 32 incidentes de seguridad

-La Misión de Observación (MO) presenta su Tercer reporte en el que documenta 32 incidentes de seguridad, la desatención a 75 solicitudes de información y el reconocimiento, por parte del propio Comité Técnico, de que aún faltan 12 temas por cubrir de la Fase Informativa antes de avanzar a la Fase Deliberativa.

-La MO destaca un contexto que es violatorio de los principios rectores del derecho a la Consulta y que imposibilita la obtención del consentimiento informado y legítimo de la comunidad zapoteca.

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de junio de 2015

La Consulta indígena en Juchitán, para la ejecución del proyecto eólico de la empresa Eólica del Sur, se encuentra en un momento determinante: el cierre de la Fase Informativa y el comienzo de la Fase Deliberativa. La Misión de Observación (MO) presenta su Tercer reporte en el que documenta 32 incidentes de seguridad, la desatención a 75 solicitudes de información (15 por escrito y 60 expresadas durante las sesiones) y el reconocimiento, por parte del propio Comité Técnico, de que aún faltan 12 temas por cubrir antes de avanzar a la siguiente etapa del proceso.

El Reporte sistematiza las observaciones realizadas desde el 2 de marzo hasta el 20 de abril de 2015, periodo que concentra las últimas sesiones de la Fase Informativa, el cierre de la misma y el inicio de la Fase Deliberativa. El documento se centra en el alto nivel de riesgo y confrontación que ha enmarcado a la Consulta, en la carencia de información proporcionada a la comunidad y en la falta de formalidad, por parte del Comité Técnico, en la manera de convocar y desarrollar las sesiones.

Respecto a las agresiones, éstas han sido dirigidas principalmente en contra de defensores y defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).

Resaltan también los hechos violentos suscitados el 26 de marzo y el 14 de abril durante las sesiones de Consulta. El 26 de marzo fue cerrado el Palacio Municipal y durante 12 horas estuvieron retenidas alrededor de 30 personas. Ese mismo día, grupos “proeólicos” cerraron cuatro accesos a la comunidad de Juchitán en demanda de que la Consulta continuara. El 14 de abril fueron retenidos, dentro de la Casa de Cultura, más de 250 asistentes, entre ellos, dos observadores de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con relación a las solicitudes por parte de la comunidad y que no han sido atendidas por el Comité Técnico destacan la entrega de información detallada del proyecto y la realización de estudios de impacto social, ambiental, cultural y económico.

La MO evidencia también la falta de formalidad, por parte del Comité Técnico, al no cumplir con las fechas y horarios señalados en las convocatorias a las sesiones y a los talleres que él mismo cita. Asimismo, el Comité ha desestimado el valor de la Consulta al no asistir a las sesiones y al no asegurar la presencia de un traductor.

Además de las violaciones al derecho a la consulta, en el Reporte, la MO expone algunas recomendaciones al Comité Técnico, entre las que destacan:

-La petición de que realice una evaluación y análisis del riesgo que prevalece durante las sesiones, que asegure un clima de respeto, que identifique y sancione a los responsables de las agresiones en contra de los participantes.

-La petición de que dé respuesta a las solicitudes de información que le han sido presentadas y que sean retomadas las propuestas vertidas durante las sesiones.

El contexto de inseguridad, presión, violencia, falta de transparencia y de información dan cuenta de que este proceso violenta los principios rectores del derecho a la consulta y de que, por lo tanto, el presente escenario no es propicio para la obtención del consentimiento informado y legítimo de la comunidad indígena zapoteca. De reiterarse la violación a este derecho el Estado mexicano incurriría en una transgresión a las leyes nacionales e internacionales y en una falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Finalmente, es importante mencionar que ante la violación del derecho a la consulta y, en particular, de su carácter de informada, el 24 de abril pasado, integrantes de la comunidad indígena zapoteca presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Oaxaca, con sede en la cuidad de Salina Cruz.

Atentamente:

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, AC

 

 

 

Familias de ejidatarios del Ejido Yucatán, Coahuila, en riesgo

En 1995, en el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), se hizo una asamblea para delimitar las tierras del Ejido Yucatán. En dicha asamblea fueron desconocidos como ejidatarios 10 personas, entre otras arbitrariedades. Los ahora terratenientes Salvador y Jorge Valencia Peralta ya rentaban casi la totalidad de los derechos de agua y tierra de los ejidatarios, quienes veían cerradas las opciones productivas para este sector campesino. Para 2005, Salvador Valencia intentó legalizar su robo mediante una asamblea para la adopción del dominio pleno. Para ello contó con la servil ayuda de Oscar Elías Hernández, el actual jefe de la Procuraduría Agraria y Víctor Lucero, entonces visitador de la misma. Esa asamblea nunca se realizó. Se falsificación firmas y se introdujeron personas extrañas al Ejido Yucatán.

En 2013 revisaron los interesados el padrón de ejidatarios, y a pesar de que la corrompida asamblea ejidal de 1995 los desconoció, aparecieron aún como sujetos de derecho. Pero, derivado del juicio que iniciaron hace 2 años, en el 2013, para restaurar sus derechos agrarios, descubrieron que en agosto de 2014 ya estaban excluidos de dicho padrón y sólo con protestas lograron que en diciembre de 2014 la institución los volviera a incorporar, pero dejó fuera a 10 ejidatarios para que éste pudiera cuadrar con la cantidad total de ejidatarios, que ellos deben mantener.

Los funcionarios del Registro Agrario Nacional actuaron torpe e ilegalmente y claramente a favor de los intereses de los terratenientes. Esta institución está supuestamente encargada de controlar, resguardar, operar, administrar y hacer funcionar el Archivo que aparentemente da certeza a quienes son sujetos de derechos agrarios. La Procuraduría Agraria, en nombre de Alejandra Juárez Cedillo, Óscar Elías Hernández, Víctor Lucero y Alejandro Sánchez Manzanares, son quienes han atendido estas irregularidades.

Estos funcionarios han hecho todas las corruptelas necesarias para hacer prevalecer el fraude de 1995 –que no es casual– y favorecer al acaparamiento de tierras y agua en favor de Salvador y Jorge Valencia Peralta. Todo lo anterior, apoyado por la presidencia del municipio de Francisco I Madero, donde realizaron en enero del 2015 una reunión a fin de presionar a los compañeros del Ejido Yucatán. Consideramos que ésta instancia no tiene ninguna facultad ni competencia y no entendemos su injerencia en el conflicto. Aún más grave, es que la propia Procuraduría Agraria, representada por Alejandro Sánchez Manzanares, los haya citado en dichas instalaciones para que los hermanos Valencia Peralta les ofrecieran dinero a cambio de desistir de sus derechos. Para los ejidatarios quejosos esta acción es un soborno que atenta contra su dignidad y el patrimonio de sus familias.

Recientemente, durante este proceso de lucha política y legal han sido objeto de represiones y amenazas como parte de la estrategia para el despojo de sus tierras. La semana pasada, dos ejidatarios, los cuales omitimos sus nombres por seguridad, fueron objeto de agresiones físicas y patrimoniales, de ellas hacemos responsables a los hermanos Valencia Peralta y a los funcionarios públicos de la Procuraduría Agraria, así como de las agresiones que en el futuro sufran integrantes de las organizaciones campesinas y simpatizantes con el movimiento.

La situación actual

La Procuraduría Agraria emitió una nueva convocatoria para el dominio pleno el 9 de junio pasado, obviamente plagada de irregularidades, por lo que creemos que se legalizará este despojo. Para ello nos basamos en lo siguiente:

-La convocatoria fue solicitada por sujetos no identificados. La Procuraduría se ha negado a otorgar copia de la misma.

-El documento convoca, de manera totalmente irregular, a ejidatarios titulares y “posesionarios”, estos últimos son una mayoría que no tiene derechos en la asamblea, y de ésta manera pretenden legalizar dicha asamblea.

Salvador y Jorge Valencia Peralta no sólo son grandes terratenientes disfrazados de pequeños propietarios, sino que ahora también aparecen como ejidatarios y serán convocados para tal efecto y además con nexos comerciales con la empresa Lala, quien es sabido que explota el recurso del agua indiscriminadamente en la Laguna, donde este recurso es escaso.

Lo que exigimos

-Respeto a nuestros derechos agrarios, a nuestra tierra y a nuestra agua

-El Cese a la represión y amenazas a los compañeros y compañeras ejidatarios del Ejido Yucatán.

Hacemos un llamado a todos los compañeros campesinos que hayan sido despojados de sus derechos y su patrimonio familiar a unir esfuerzos. También invitamos a las personas y organizaciones sociales que luchan por la justicia, a nuestras compañeras y compañeros adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y a todos aquellos actores y organismos que buscan la cohesión social con justicia y dignidad a impulsar una lucha más grande.

Tierra, Libertad y Dignidad. Por la autonomía contra el capitalismo

Desde el campo del municipio de Francisco I Madero, Coahuila

Firmantes:

Los seis ejidatarios despojados; la Unión de Campesinos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Ejido; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, AC; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, AC; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC; Proyectos Populares Alternativos, AC; MOVAMOS; ejido La Sierrita de Galeana; Colectivo Los Nadies Región Laguna; Encuentro Ciudadano Lagunero; Bicionarias Laguna; Mujeres Generando Cambios, AC; El Buen Samaritano; Fundación Dana; Colectivo Shalom

 

 

 

Reprimen a maestros de la CETEG, señalan

Mientras el comisionado general de la Policía Federal degustaba con el círculo cercano que lo acompañó a Tlapa, Guerrero, en un restaurante de esta ciudad, varias camionetas de su corporación arremetían contra maestros y maestras que se encontraban en el local de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Con el anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que el Ejército y la Policía Federal se trasladarían al Sureste de México, la ciudad de Tlapa no fue la excepción, en razón de que en el mapa de riesgos electorales aparecía como un foco rojo. El jueves 4 de junio por la noche llegaron más de 200 efectivos de la Policía Federal, quienes se coordinaron con elementos del Ejército Mexicano para blindar la elección en la ciudad de Tlapa. Este despliegue aparatoso tuvo como finalidad contener la protesta social, pero sobre todo a amedrentar y reprimir al Movimiento Popular Guerrerense que abiertamente se había declarado en contra de las elecciones. El domingo 7 de junio, lamentablemente, se cumplió el presagio que se temía: que irrumpiera de manera virulenta este cuerpo de elite contra ciudadanas y ciudadanos catalogados como personajes de “alta peligrosidad”. Fue alrededor de las 2:30 de la tarde cuando dos patrullas con número económico 1699 y 1566 de la Policía Federal allanaron arbitrariamente las oficinas de la CETEG, ubicadas en la colonia Tepeyac, a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de Servicios Educativos, y detuvieron violentamente a seis maestros: Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Raúl Sierra de Jesús, Francisco Ortega Vicente, Ángel Basurto Ortega y un menor de edad de nombre Julián Allende Chavelas. En este mismo operativo detuvieron a Agustina Luna Martínez y Herlinda Iturbide Pinzón sin que existiera una orden de aprehensión.

El caso del profesor Juan Sánchez Gaspar es muy representativo de las acciones arbitrarias que acostumbran hacer estas corporaciones cuando existen consignas políticas de atemorizar y reprimir a personas por su pertenencia a una organización magisterial catalogada por el gobierno como radical. La Policía Federal sin contar con alguna orden de cateo entró al domicilio del maestro Juan para detenerlo sin que hubiera motivo fundado para hacerlo. En este domicilio se encontraba su hijo Leuguín Sánchez, quien convalecía de los golpes que sufrió por elementos de la Policía del Estado apoyados por un grupo de choque vinculado con varios partidos políticos el pasado viernes 5 de junio. Trataron de llevarse a más miembros de su familia, entre ellos a su mamá y a su hermano menor, con el argumento de que en su casa se encontraban escondidos varios maestros de la CETEG.

En este aparatoso operativo el Ejército apoyó en el traslado de los ocho detenidos en helicóptero a la Ciudad de México. Fue tan contundente su acción que no les importó no respetar los procedimientos jurídicos que exigen este tipo de detenciones. El maestro Pablo Abad, por el testimonio que ha dado después de su detención, comenta que cuando llegaba al módulo de la Policía Municipal que se encuentra en Atlamajac, fue señalado por una persona que tenía una capucha y que estaba en coordinación con los policías federales que habían instalado un retén, para identificar a los maestros de la CETEG.

Para complementar su acción ilegal, 35 elementos de la Policía Federal volvieron a la colonia Tepeyac con el fin de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la Coordinadora donde fueron apoyados por personal de Tránsito estatal con dos grúas.

Ante estos abusos registrados por los vecinos y vecinas de la colonia, el delegado tuvo que llamar por micrófono a los colonos para que se concentraran en la capilla con la finalidad de impedir la salida de los policías a causa de las tropelías que estaban causando en las instalaciones de la CETEG.

El altercado tuvo graves repercusiones porque exaltó los ánimos de la población y vecinos decidieron poner barricadas en las entradas de la colonia. Su reacción inmediata logró impedir la salida de los 35 policías federales. Les advirtieron que no los dejarían ir hasta que dejaran en libertad a los ocho detenidos, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de Marina.

Como respuesta a la retención, alrededor de las 3:30 de la tarde, la Policía Federal desplegó un aparatoso operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población, situación que generó un ambiente de tensión que estuvo a punto de llegar a la confrontación. La intervención que como organismo civil de derechos humanos pudimos hacer permitió que se diera una tregua para buscar una salida al conflicto. El acuerdo básico fue que las autoridades federales se comprometían a entregar a los detenidos en la ciudad de Tlapa, a cambio de que los 35 policías fueran liberados. La exigencia de los vecinos era que se replegaran los grupos de la Policía Federal que estaban apostados a la entrada de la colonia. Fue difícil esta decisión, porque las autoridades consideraban que esta intimidación podía ablandar las posiciones duras de los colonos enardecidos.

Durante la espera, los policías retenidos fueron ingresados a la capilla de la colonia Tepeyac con el objetivo de resguardarlos y asegurar que no se escaparían. Dentro de la capilla se encontraban, mujeres, jóvenes y niños haciendo guardia, mientras tanto se negociaba con las autoridades federales el traslado de los detenidos por vía terrestre.

Sin embargo, alrededor de las 8 de la noche, la Policía Federal reactivó el operativo e incursionó en la colonia incumpliendo los acuerdos logrados entre el gobierno federal y los profesores de la CETEG. Durante el operativo utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y otros gases, causando terror entre las familias que se encontraban alrededor de la capilla. En esta acción cruenta participaron también elementos del Ejército del 27 batallón de infantería con sede en Tlapa.

Durante el operativo desplegado de manera desproporcionada por la Policía Federal, varios elementos de esta corporación irrumpieron en las casas particulares amedrentando a las familias de la colonia con gases lacrimógenos, generando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock.

Fueron al menos cuatro personas heridas de gravedad y el joven Antonio Vivar Díaz, estudiante del último año de la licenciatura en desarrollo comunitario integral, con especialidad en Sistemas Normativos de Pueblos Indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Unidad 12-D de Tlapa de Comonfort.

Toño, como todo mundo acostumbraba decirle, formaba parte de dirigencia colectiva del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de esta ciudad. Su compromiso le nació con el acercamiento que tuvo en los últimos 4 años con las comunidades indígenas. En este proceso de inserción se reconoció como parte de estos pueblos. Recuperó su identidad y revaloró el origen Tu’un Savi de sus padres. Fue el penúltimo de una familia de ocho hijos y su mayor tristeza era no tener al lado suyo a su padre, un maestro de educación indígena, que asumió un compromiso con las autoridades comunitarias para apoyar y defender sus iniciativas relacionadas con sus derechos fundamentales.

Toño siempre mostró posturas firmes e increpaba a sus compañeros de grupo cuando se evadía el compromiso para trabajar con las comunidades. Tuvo la sabiduría para saber escuchar y obedecer los consejos y las normas de los xiñá, los grandes hombres que cuentan con la experiencia de los años y que saben guiar a la comunidad. Con esta licenciatura, Toño encontró lo que buscaba, formarse académicamente para poder servir a los que menos tienen, forjar su perfil profesional en el campo, trabajando con los artesanos y campesinos, caminando con ellos en las mojoneras y conociendo los lugares sagrados que desde hace siglos conservan los guardianes de sus territorios. Toño creció en medio de muchas carencias económicas. Por la ausencia de su padre se vio obligado a trabajar desde los 10 años, aprendió a hacer pan al lado de su hermana mayor, quien en los primeros años fungió como su segunda madre.

Entre sus compañeros siempre fue un joven alegre, gozoso, amante de la música. La guitarra fue su mejor compañía en los momentos difíciles de su vida y entre sus grandes reportorios siempre aparecían Joaquín Sabina, Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez. Fue trovador de la montaña que se enamoró de la lucha por lo justo. Después de la tragedia de Iguala con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, Toño ya no fue el mismo, cambió radicalmente. Asumió la causa de los padres y madres de familia. Se reencontró con su pasado indígena y con el sufrimiento que traía a cuestas por el trato discriminatorio que sufrió desde niño cuando convivía con las familias mestizas en la cuidad de Tlapa.

Sintió muy en lo profundo de su ser la estigmatización de su indianidad, pero sobre todo le caló muy hondo el sufrimiento de la gente más pobre de la montaña. No toleraba a quienes engañaban y se burlaban de la gente que no podía expresarse adecuadamente en español.

Su madurez política la alcanzó en los últimos 8 meses que militó en el MPG, aquí entendió que el conflicto fundamental que enfrenta la sociedad mexicana es contra un sistema que expolia a la clase oprimida, que el poder político se usa para generar negocios y lucrar con la ley. Tuvo claro que las reformas estructurales estuvieron orientadas a fortalecer a una clase en el poder que se ha congraciado con las multinacionales para transformar a nuestro país en una gran empresa. Toño asumió la postura de los padres y madres de familia al pronunciarse públicamente contra las elecciones. Su experiencia en la montaña le recordaba cómo los políticos se han servido de la gente pobre para amasar su riqueza y cómo muchos de ellos se han coludido con el crimen organizado. Por eso su posición generó con sus amigos y compañeros grandes discusiones y diferencias. Lo hicieron aparecer como radical, como activista que no permitía concesión alguna frente al gobierno. Quienes lo conocimos sabíamos que era un joven fiel a su conciencia, coherente con su forma de pensar, dispuesto a ceder en sus puntos de vista siempre y cuando fuera para fortalecer la causa de los pobres. No cayó en la tentación de dejarse seducir por el poder, ni negociar prebendas. En medio de su pobreza supo compartir lo poco que tenía, su canto, su alegría, su sencillez, su espíritu solidario, su buen trato con sus amigos y su entrega incondicional.

La noche del 7 de junio, cuando los grandes políticos anunciaban que se trató de una jornada electoral limpia y con saldo blanco, Toño recibía en su pecho dos impactos de bala por parte de elementos de la Policía Federal que se ensañaron contra los colonos que tenían retenidos a 35 policías a cambio de que liberaran y entregaran a ocho de sus compañeros. Toño llegó a solidarizarse y estuvo junto al delegado de la colonia para pedir calma a la gente. En varios momentos tuvo que intervenir para evitar que el conflicto se desbordara. Nunca imaginó que la Policía arremetería sin ninguna consideración y llegaría hasta la capilla para tirar bombas de gas y usar armas de fuego para arrancarle la vida.

Toño: tu grito de justicia y tu compromiso inalterable por la defensa de los derechos del pobre es el mejor legado que nos dejas como un luchador de la montaña que fue víctima de la violencia del Estado.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

 

 

Profesores democráticos de Chiapas, víctimas de represión, acusan

Una vez más la represión se cierne sobre el pueblo chiapaneco.

El carácter antipopular y represivo del gobierno, el estado policiaco militar con el que se sostiene y el estado de derecho oligárquico con el que criminaliza al pueblo, en conjunto ejercen más violencia sobre él y sus organizaciones manifestada en represión, amenazas, asesinatos políticos, violación de las garantías individuales y establecimiento de estados de sitio, que es a su vez la expresión del terrorismo de Estado como política para acabar con todo esfuerzo organizativo del pueblo.

Se criminaliza la voluntad popular de no estar de acuerdo con la actual democracia burguesa y el repudio a la farsa electoral, en vez de resolver las demandas populares se responde con demagogia y represión. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Distrito Federal, Chiapas y otras entidades del país que se encuentran bajo la amenaza de la violencia institucional son muestra clara de ello. Así como el carácter sistemático de la represión en Guerrero y Chiapas, el incremento de la militarización en Oaxaca y el Distrito Federal.

En ese contexto de terror, el Estado, a través de órdenes de aprehensión en contra de los profesores democráticos que luchan por el derecho al trabajo, a la educación, a la vida y por el respeto a la voluntad popular; las amenazas de desalojo de las tierras y encarcelamiento contra los campesinos del ejido Guadalupe Victoria del municipio de Venustiano, Carranza, Chiapas, y detenciones arbitrarias, pretender ahogar en silencio la defensa de los derechos humanos y constitucionales.

Ante ese panorama, se dan las detenciones arbitrarias de los compañeros Eduardo Vives González, de 63 años, detenido el 23 de abril de 2015 a las 07:30 horas en el ejido La Tigrilla, municipio de La Concordia, quien se encuentra recluido en la cárcel distrital de Villaflores, Chiapas, y se encuentra enfermo de un tumor crónico en la mandíbula. Y el viernes 29 de mayo a las 8:00 de la mañana, aproximadamente, fue detenido el comunero Francisco Espinoza Hidalgo (Palam) del barrio Los Llanitos tierras comunales, por la Policía Judicial del estado. Desde el momento de su detención, a ambos los comenzaron a torturar.

Ante este atropello, los comuneros respondieron con unidad y exigencia por la liberación de este compañero, por lo que a la 13:00 horas, decidieron detener al ministerio público para exigir su liberación. Esto sirvió como presión política, pues fue hasta el día siguiente (sábado), como a las 11:00 horas, que se hizo presente el procurador del estado con otros seis funcionarios en un helicóptero, 10 camionetas de judiciales, dos de la Policía Estatal y dos carros blindados donde iban elementos de las Fuerzas Especiales.

El mismo procurador hizo mención de que “él recibía órdenes del comisariado”, “que fue el comisariado el que dio las órdenes para la detención de Pancho” y que “faltan otros 48 comuneros señalados por el comisariado que se van a detener”. Ya en la cárcel del El Amate, las torturas continúan a diario, al grado de que le introducen un palo en el ano, entre otras vejaciones, tratos crueles y degradantes contra el compañero.

Con ello queda de manifiesto una vez más que en México existe la práctica de la tortura de manera recurrente, sistemática y como “método de investigación” y procuración de justicia, práctica que es parte del terrorismo de Estado que deja al descubierto el carácter antipopular y profascista del gobierno mexicano.

Estos atropellos y detenciones son parte del despojo de tierras y el actuar de los caciques de horca y cuchillo de la región, entre ellos la familia Orantes, que en contubernio con políticos de oficio vienen realizando en contra de campesinos pobres de los municipios de La Concordia, Jaltenango y Venustiano Carranza. La represión en Chiapas y sus comunidades no es nueva, ni es un hecho aislado de la política represiva del gobierno antipopular, ni mucho menos de la violencia institucional que ejerce el Estado contra el pueblo.

La detención arbitraria, el encarcelamiento injusto y la tortura que está siendo sometido el compañero Pancho Palam, además de ser un crimen de Estado es una violación flagrante de los derechos humanos y constitucionales. Así como el caso del compañero Eduardo Vives González.

Por ello, a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales les pedimos su intervención y solidaridad de sus buenos oficios y hagan acto de presencia en el penal de El Amate, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, para corroborar la tortura que ahí practican los cuerpos policiacos, cobijada con la impunidad de la legalidad burguesa y gobernantes en turno.

De la integridad física y sicológica del compañero Francisco Espinoza Hidalgo y Eduardo Vives González, así como del inminente baño de sangre contra los profesores democráticos y pueblo movilizado en contra de la farsa electoral, responsabilizamos:

A Enrique Peña Nieto, presidente de la República; a Manuel Velasco Coello, gobernador del estado; al procurador del estado de Chiapas, al presidente municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, a los caciques Orantes.

¡Libertad inmediata e incondicional del compañero Francisco Espinoza Hidalgo y Eduardo Vives González! ¡Libertada a los presos políticos y de conciencia del país! ¡Alto al terrorismo de Estado! ¡Alto al hostigamiento y la persecución política contra luchadores sociales! ¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país! ¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya! ¡Alto a la militarización y paramilitarización del país! ¡Solución al pliego petitorio del magisterio democrático!

¡Por la unidad obrera, campesina y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

 

 

 

Gobierno amedrenta a estudiantes, señalan

A la comunidad universitaria de la BUAP, al pueblo en general:

La política nefasta y profascista del Estado mexicano se cierne a lo largo y ancho del país en embestida represiva en contra del pueblo, sus organizaciones y luchadores sociales. Esta práctica ha dejado saldos desastrosos sobre las masas trabajadoras. Más de 110 mil detenidos desaparecidos, más de 150 mil asesinatos extrajudiciales, de los cuales más del 60 por ciento son jóvenes de entre 19 y 29 años de edad, a quienes el Estado quiere hacerlos pasar como supuestos miembros del crimen organizado.

Lo anterior se enmarca en el terrorismo de Estado, disfrazado bajo una supuesta guerra contra el crimen organizado, pero que en los hechos es guerra de baja intensidad contra el pueblo mexicano que ejerce tanto la administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, hasta la municipal en Puebla, encabezada por Rafael Moreno Valle, quien recurre a la práctica sistemática de la represión, ejecuciones extrajudiciales, tortura, encarcelamiento por motivos políticos y desaparición forzada. Dichas violaciones a derechos humanos lleva como objetivo causar terror, desmovilizar, acallar y desarticular a todos aquellos sectores populares que se organizan frente a la imposición y amedrentamiento del gobierno del estado. Éstas son las huellas que marcan y caracterizan la esencia violenta de la actual administración que supera las administraciones anteriores.

En la madrugada del 5 de junio pasado, el estado actuó una vez más en contra de la juventud de México. Muestra de ello es lo que ocurrió cuando ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) fueron brutalmente agredidos con tácticas paramilitares, y de los cuales tres hasta el momento siguen en estado crítico. De igual manera, la madrugada del viernes 5 de junio fueron detenidos siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP): Axel Jiménez Morillon, Carlos Arafat Rosas Burguess, Ana Rosa Colorado, Dulce Carolina Farra Escalona, Juan Carlos Tepole Ixtacua, Shariff Guerrero Contreras y Erik López Cruz, los cuales fueron sustraídos de sus viviendas por elementos de la Policía Ministerial del estado de Puebla con lujo de violencia y sin respetar los procedimientos legales establecidos.

Los siete estudiantes fueron detenidos arbitrariamente como presuntos responsables de los bombazos del pasado 1 de junio en Puebla, pero esto según por una llamada telefónica anónima. Gracias a la presión y organización popular que se logró ejercer se obtuvo la libertad de los siete detenidos, sin embargo, tres de ellos están bajo reservas de ley: Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz y Carlos Arafat Rosas Burguess.

Estas acciones están inscritas en la campaña policiaco-militar del Estado en el ámbito federal, estatal, municipal y universitario. Todas con la aquiescencia y total aprobación del Ejecutivo federal. Mientras que en Xalapa se evidencia el nulo apoyo a los compañeros estudiantes, en Puebla se comprueba la total coordinación de la Universidad con el estado (Rafael Moreno Valle y José Alfonzo Esparza), donde dicha colusión es más que evidente con la persona de René Valdivieso Sandoval, secretario general de la BUAP y operador de los organismos de inteligencia policial, quien en coordinación del gobierno del estado de Puebla vigila, persigue y golpea a los estudiantes y organizaciones universitarias que se pronuncian contra el actual régimen y sus instituciones.

Por medio de René Valdivieso Sandoval, quien presume de su pasado “comunista” y de su traición, se ha evidenciado la presencia de elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en las instalaciones de la máxima casa de estudios de Puebla, los cuales pretenden intimidar y hostigar a estudiantes y luchadores sociales, como lo demuestra el caso de nuestro compañero Ollin Amaro Ayometzi, a quien después de las amenazas que recibió en febrero y abril, ha sido amedrentado y vigilado al interior de la Universidad, siendo la más reciente el pasado 27 de mayo, en la que se identificó a una mujer de aproximadamente 30 años de edad tomando diversas fotografías a nuestro compañero Ollin en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, la cual, al percatase de haber sido detectada, trató de alejarse rápidamente en dirección al estacionamiento de la Facultad de Economía, en donde fue recogida por una camioneta tipo Suburban, marca Honda, color gris, con placas TXX 7088 del estado de Puebla. Posteriormente, el jueves 4 de junio, entre las 11:00 y las 12:45 horas, 1 día antes de la detención de los estudiantes, un agente femenino del Cisen andaba rondando la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esto demuestra claramente la colusión de la BUAP con el Estado mexicano.

Por lo anterior, responsabilizamos al Estado mexicano y específicamente a René Valdivieso Sandoval de los encarcelamientos de este 5 de junio y de las acciones represivas que se han venido realizando al interior de la BUAP.

Ante esto, como Unión Por la Organización Estudiantil (UPOE), parte integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) exigimos:

1. Alto al hostigamiento, persecución y criminalización de la lucha y protesta popular.

2. Libertad a todos los presos políticos del país.

3. Educación científica, humanista y popular.

4. Alto a la militarización y paramilitarización de la universidad pública.

A la comunidad universitaria y al pueblo en general exhortamos a no desistir en la denuncia y exigencia del cumplimiento de sus derechos humanos, constitucionales y universitarios, a seguir organizando y encauzar el descontento popular.

Combativamente:

¡Presos políticos libertad! ¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país! ¡Alto a la criminalización de la protesta y lucha popular! ¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos! ¡Alto al terrorismo de Estado!

Unión Por la Organización Estudiantil, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

[NUESTROS LECTORES]

 

 

 

Contralínea 441 / del 15 al 21 de Junio 2015