Nuestros lectores

Diputada Mícher Camarena aclara información

Les envío un cordial saludo y me permito hacer de su conocimiento la siguiente aclaración sobre la información referida en el reportaje publicado el día 5 de julio de 2015 y titulado: “Sin ejercer, más de la mitad del presupuesto para alerta de género”, escrito por Flor Goche.

Me refiero en particular a la siguiente aseveración:

 “En diciembre de 2014, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó ante el pleno de representantes una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). El proyecto en el que contribuyeron especialistas y organizaciones de la sociedad civil aborda temas diversos como las órdenes de protección, los refugios, los centros de justicia y la Alerta por Violencia de Género (AVG). En el último caso prevé un proceso de reestructuración al ampliar, por ejemplo, el plazo para la integración de la investigación y al crear el Comité de Expertas, mismo que, según se argumenta, contribuiría a profesionalizar y otorgar imparcialidad al mecanismo.

“El dictamen de reforma fue aprobado por la Comisión de Igualdad, pero a mediados de abril pasado, cuando estaba a punto de ser sometido a la discusión del conjunto de legisladores, Mícher Camarena lo retiró por ‘prudencia política’ –según comenta–, luego de que las diputadas del Partido Revolucionario Institucional se lo solicitaran con la justificación de que la Secretaría de Gobernación (Segob) no lo había estudiado a profundidad”.

Al respecto le comento lo siguiente:

1. El proyecto de dictamen a la iniciativa de reforma a la LGAMVLV fue resultado de un trabajo largo y plural en el que participaron y estuvieron de acuerdo diputadas de los diversos partidos políticos que conforman la Comisión de Igualdad de Género, además de expertas, organizaciones de la sociedad civil, instancias como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), asimismo, fue nutrido con las opiniones recogidas a través de una consulta pública.

2. El proyecto de dictamen, que contaba con el acuerdo de las diputadas, estaba por aprobarse el 16 de abril de 2015, en la 28 reunión de la Junta Directiva y la 20 reunión de Pleno de la Comisión de Igualdad de Género.

3. Sin embargo, el día en que estas reuniones se llevaban a cabo, el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, refirió que la Secretaría no había emitido una opinión sobre la iniciativa.

4. No obstante, y a pesar de haber comprobado mediante acuses, que la Conavim, Fevimtra e Inmujeres sí habían emitido sus opiniones, las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género aprobaron por unanimidad el retiro del dictamen del orden del día, a fin de dar oportunidad a que la Segob manifestara sus opiniones a la iniciativa. Esta fue también la razón por la que ambas reuniones fueron declaradas en permanente y se dio aviso a las diputadas que, en breve, serían convocadas a continuar la reunión para votar el dictamen.

5. El 30 de abril de 2015, las diputadas de la Comisión de Igualdad fueron convocadas a continuar la reunión de Junta Directiva y Plenaria permanente, teniendo como principal punto en el orden del día la votación del proyecto de dictamen a la iniciativa de reformas a la LGAMVLV; sin embargo, la mayoría de ellas no asistió y no se contó con el quórum necesario para someter a votación el dictamen.

6. En su momento, denuncié públicamente, a través de una rueda de prensa, el ausentismo deliberado de las diputadas a estas reuniones, motivo por el cual el dictamen a la iniciativa quedó sin aprobarse y, por lo tanto, la iniciativa había sido destinada a la preclusión.

Por lo anterior, me interesa contextualizar que la llamada “prudencia política” hace alusión a la decisión de todas las diputadas, de todos los partidos que conforman la Comisión de Igualdad de Género, para dar oportunidad a que la Segob emitiera sus opiniones y, en su caso, enriqueciera más la iniciativa sobre la base de que la construcción de toda ley debe obedecer a principios democráticos y participativos.

Con base en lo anterior, le solicito publicar esta información u otra que clarifique la intención de mis afirmaciones.

Agradezco su atención y publicación pertinente.

Diputada federal, Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

 

 

 

Organización Mundial contra la Tortura reprueba represión en Guerrero

Carta abierta al señor Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de México, y a la señora Arely Gómez González, procuradora general de la República

Ginebra, Suiza, 8 de julio de 2015

A 1 mes de los hechos ocurridos el 7 de junio de 2015 en Tlapa de Comonfort, Guerrero, instamos a una apuesta firme por el diálogo y a la realización de investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales.

Estimado licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, estimada licenciada Arely Gómez González:

De manera muy atenta me dirijo a ustedes en calidad de secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), coordinadora de la red SOS-Tortura, la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, con el fin de manifestarle nuestra seria preocupación por los hechos ocurridos hace 1 mes, el 7 de junio de 2015, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, los cuales dejaron una persona muerta por herida de bala y varias personas heridas de gravedad.

El Secretariado Internacional de la OMCT, mediante la presente misiva, quiere expresar preocupación por el presunto uso excesivo de la fuerza y los abusos perpetrados por miembros de la Fuerza pública, el cual desencadenó en un maestro muerto y varios heridos de gravedad; así como instar a las autoridades a que se lleven a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes con el fin de enjuiciar y sancionar a las personas responsables.

Creemos que, a la luz de la historia reciente, es necesario el respeto escrupuloso de los derechos humanos y una apuesta firme por el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas con la comunidad de maestros y estudiantes en Guerrero para evitar una progresiva escalada de la violencia y la prevención de ulteriores graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, a fines de septiembre de 2014.

Según las informaciones recibidas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el 7 de junio de 2015, alrededor de las 14:30 horas, dos patrullas de la Policía Federal con los números económicos 1699 y 1566, con al menos 24 elementos, allanaron arbitrariamente una propiedad privada y las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort, ubicada en la colonia Tepeyac, a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), y se llevaron detenidos a un grupo de ocho personas, compuestos por seis hombres –entre ellos un menor de edad que iba subiendo al transporte público en el momento de los hechos– y dos mujeres, sin ninguna orden de aprehensión.

Según las mismas informaciones, posterior a la detención de los profesores, al menos 35 elementos de la Policía Federal ingresaron nuevamente a bordo de tres patrullas a la colonia Tepeyac con el objetivo de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la Coordinadora, para lo cual se apoyaron de dos grúas de tránsito estatal. Diversos vecinos y vecinas de la colonia aledaña, al testiguar los hechos, salieron a las calles y comenzaron a reclamar a los policías sus actos. El altercado escaló y los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 policías federales advirtiendo que no los dejarían ir hasta que fuera liberado el grupo de maestros detenidos y detenidas, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de Marina.

Como respuesta a la retención, alrededor de las 15:30 horas, la Policía Federal desplegó un operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población hasta por 2 horas. Según las informaciones recibidas, a partir de un proceso de mediación, la CETEG y la colonia –encabezada por su autoridad civil– se alcanzó un acuerdo con las autoridades federales en el cual los detenidos y detenidas serían trasladados a Tlapa de nueva cuenta, y una vez que estos llegaran a la ciudad, los policías serían liberados.

Alrededor de las 18:30 horas, los policías retenidos fueron ingresados a la capilla de la colonia Tepeyac, con el objetivo de resguardarlos de grupos ajenos a la colonia. Dentro de la capilla se encontraban mujeres, jóvenes y niños resguardando en espera de que se consolidaran los acuerdos entre la CETEG y las autoridades federales.

Según las mismas informaciones, aproximadamente a las 20:00 horas, la Policía Federal reactivó el operativo, incursionó en la colonia y procedió al desalojo para liberar a los federales retenidos; durante el operativo se utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y otros gases, lo que conllevó al terror entre las familias que se encontraban a la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos. Asimismo, en el transcurso del mismo operativo, elementos de la Policía Federal habrían irrumpido en las casas particulares amedrentando a las familias de la colonia Tepeyac con gases lacrimógenos, generando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock. Diversos testimonios e imágenes en los medios de comunicación dan cuenta de la participación de elementos del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Tlapa.

En el marco del operativo conjunto de la Policía Federal y el Ejército, al menos cuatro personas resultaron heridas de gravedad y Antonio Vivar Díaz, 28 años, maestro recién egresado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tlapa de Comonfort, perdió la vida por herida de bala.

Es de nuestro conocimiento que al día de hoy la investigación de los hechos ha quedado soslayada y no se ha hecho ningún pronunciamiento público sobre la gravedad de los hechos y el compromiso del gobierno federal respecto la importancia de llevar a cabo una investigación de las graves violaciones cometidas.

Varios incidentes con la intervención de miembros de la Fuerza pública federal, estatal y local, así como de efectivos del Ejército, han resultado en personas heridas de gravedad y en decenas de detenciones a raíz de las protestas iniciadas tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El 14 de diciembre de 2014, varias personas, incluyendo estudiantes, maestros, periodistas, padres y madres de familia, resultaron heridas por elementos de la Policía Federal cuando realizaban los preparativos para el concierto Una luz en la oscuridad, el cual se iba a realizar en la tarde en solidaridad con las familias de los 43 estudiantes, en Chilpancingo, Guerrero. Asimismo, en los días previos a la jornada electoral del pasado 7 de junio, enfrentamientos entre los agentes federales, estatales y municipales del orden (según las informaciones recibidas, con el apoyo de grupos simpatizantes) y protestantes que instaban al boicot electoral para exigir justicia por el caso de Ayotzinapa en varios municipios de Guerrero habrían terminado en diversos heridos.

El Secretariado Internacional de la OMCT quiere expresar su seria preocupación por la detención de ocho personas sin orden de aprehensión y sin indicios de flagrancia, la vulneración del derecho a la propiedad y vida privada de habitantes de Tlapa de Comonfort así como el uso de la fuerza utilizado por parte de los cuerpos de seguridad que participaron en el operativo durante la jornada electoral en esta ciudad, el cual desencadenó en la muerte de un maestro y varios heridos. Analizados en el contexto de los graves abusos descritos en el párrafo anterior, el actuar de las autoridades y fuerzas de seguridad el pasado 7 de junio indicaría la persistencia de un patrón consistente de represión y criminalización de comunidades estudiantiles y rurales de Guerrero, el cual pone en cuestión la plena observancia y vigencia de la obligación de respetar y prevenir violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la libertad de reunión por parte de las autoridades competentes y las Fuerzas del orden implicadas.

Los estándares internacionales obligan a los estados a respetar los derechos y libertades fundamentales durante los operativos de seguridad. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de las Naciones Unidas, autorizan el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solamente cuando sea inevitable; en todo caso, deben reducirse al mínimo los daños y lesiones, así como respetar y proteger las vidas humanas. Respecto el empleo de armas de fuego contra personas, “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. Asimismo, cuando las manifestaciones o acciones de protesta ponen en peligro a terceros o a miembros de las Fuerzas públicas de seguridad, los estados deben tomar medidas para proteger la integridad física y síquica de los posibles afectados y afectadas; sin embargo, el uso de la fuerza debe ser necesario y proporcional al fin deseado.

El Secretariado Internacional de la OMCT lamenta asimismo la retención de los 35 policías federales y reconoce la legitimidad de las políticas y los operativos de seguridad que sean necesarios y apropiados para preservar el orden público cuando valores y derechos fundamentales se ven amenazados; pero recuerda que la respuesta ha de ser proporcionada y en línea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, concretamente, los que regulan el derecho a la vida y el uso de la fuerza en el contexto del ejercicio de la libertad de reunión.

En definitiva, tememos que los hechos arriba descritos inducen a tener serias dudas sobre un verdadero cambio de actitud y de prácticas por parte de las autoridades y las Fuerzas del orden, el cual, como han reivindicado familiares, estudiantes y organizaciones de derechos humanos en Guerrero, es necesario para terminar con la criminalización y estigmatización de la comunidad estudiantil, así como la de los familiares, y los defensores de derechos humanos que los acompañan, las cuales han sido la principal causa de la cadena de agresiones que culminó en los trágicos incidentes en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, junto con la impunidad.

Cabe destacar que el gobierno de la República se comprometió con los familiares de los 43 desaparecidos a respetar todos los derechos humanos, la honra y la reputación de los integrantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, teniendo en cuenta que son una “comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año en curso [2014]”, así como a tomar medidas que hicieran frente a las necesidades y retos estructurales de las escuelas normales rurales del país.

En este marco, el Secretariado Internacional emplaza a las autoridades mexicanas a anteponer el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas con base en las necesidades y derechos de los estudiantes normalistas, descartando el recurso a operativos de seguridad con cuerpos altamente armados y la intervención de elementos castrenses, como estrategia de acción para hacer frente a las reclamaciones legítimas y la crispación de estudiantes, maestros y familiares de los desaparecidos.

Asimismo, instamos a las autoridades mexicanas a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión, así como a respetar y proteger el derecho a la vida y la integridad física y síquica de aquellos y aquellas que lo ejercitan, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos a través de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Creemos que es necesario un proceso de revisión de las políticas de seguridad que incluya reformas legislativas sobre el uso de la fuerza, armas letales y armas no letales, en general, y en el marco de la gestión de la protesta pública, en particular. Este proceso debe ser transparente y resultar de un proceso participativo que involucre a las comunidades afectadas, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro y restaurar la confianza en el estado de derecho en México.

En este contexto, estimado licenciado Osorio Chong, le pedimos que de forma expedita tome las medidas necesarias para llevar a cabo desde su Secretaría las recomendaciones del Comité contra la Tortura y de los relatores especiales sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la tortura, de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, este último ha instado recientemente al Estado mexicano a “retirar definitivamente a las Fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública”, así como a “legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, capacitar a los operadores de seguridad respecto a estos estándares e investigar y sancionar las instancias de uso excesivo de la fuerza”.

También solicitamos que redoble sus esfuerzos con miras a prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos a los que pueden ser sujetos los familiares de personas sometidas a desaparición forzada y tortura, así como los defensores de derechos humanos que asisten a las víctimas, de conformidad con las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada.

De la misma forma, estimada licenciada Arely Gómez, le instamos a que se garantice la realización de una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a estos hechos, en particular la muerte de Antonio Vivar Díaz, el uso excesivo de la fuerza y las alegadas vulneraciones al derecho a la libertad personal, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial, aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley y otorgar a las víctimas y familiares una reparación adecuada que incluya una compensación, medidas para una rehabilitación completa y garantías de no repetición.

Estimado licenciado Osorio Chong, estimada licenciada Arely Gómez, confiando en su firme compromiso con los derechos humanos, nos suscribimos de ustedes muy respetuosamente:

Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura

 

 

 

Felicita a la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente (antes Sindicato de Euzkadi)

Estimados compañeros y compañeras:

Desde hace 10 años se oye un ruido particular en las calles, muchas veces me he preguntado: “¿Qué ruido es ese? ¿Qué hacen esas ruedas?… Tan igual al de las otras, pero tan especial… si uno le pone atención”.

Hoy me di cuenta: lo “especial” no se debe al material, la forma, el diseño de algunas llantas. Se debe a quienes las hacen y cómo las hacen.

Ese ruido sólo lo perciben aquellos y aquellas que conocemos de lucha, de resistencia y que seguimos teniendo conciencia de clase.

Es el ruido de la dignidad rebelde de un puñado de compañeros y compañeras que arrodillaron a uno de los consorcios más poderosos de Alemania. Todavía cuando me toca pasar por las oficinas de Continental, pienso para mí con una sonrisa de niño pícaro: “¡cómo les ganamos!” Y me hago participe de la victoria de ustedes, porque con su victoria ganaron muchos más que sólo ustedes, los principales e imprescindibles de esa victoria.

Con su victoria ganamos todos y todas quienes seguimos creyendo en que otro mundo es posible, quienes seguimos luchando por un mundo sin explotados y quienes sabemos, que aunque cueste más trabajo es mucho mejor no tener patrones.

Compañeros, no sólo es importante que le hayan ganado a Continental, esa fue sólo la primera victoria. La victoria más importante es la que celebran hoy, 10 años de producción (ya como Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente) sin dejar de lado lo principal, como me dijo Jesús en un correo, y lo más importante: nuestra cooperativa mantiene sus principios democráticos, clasistas y solidarios, que fueron la principal herencia que recibimos de nuestro sindicato, que fue el vehículo para lograr el triunfo obrero ante la Continental hace 10 años también.

Y obvio que también hay que festejar que le ganaron a un sistema que está hecho para que los trabajadores no puedan ser los dueños de los medios de producción.

En fin, no es sólo poesía decir: cada vuelta que da una llanta que sale de su fábrica nos acerca un poquito más al socialismo.

Gracias, compañeros, por seguir siendo una luz de esperanza en un país tan desgarrado como México y que su lucha siga siendo ejemplo, para que algún día “la tortilla se vuelva”.

Saludos solidarios.

Daniel Tapia Montejo

¡Arriba los que luchan!

Posdata: saludo del Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo al décimo aniversario de El Fogón

 

 

 

Denuncian realización de trabajos de prospección sin informar a las comunidades

Autoridades comunitarias de los municipios de Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Texcatepec, pertenecientes al estado de Veracruz, se reunieron en asamblea para compartir reflexionar y analizar la información que hemos obtenido acerca de empresas que quieren construir un gasoducto sobre nuestras tierras y comunidades.

A partir de dicho encuentro hemos recabado información que nos permite afirmar que empresas como Enagas e IITC Topografía han estado presentes en varias de nuestras comunidades para anunciar que pretenden pasar por nuestro territorio, participando en la licitación de un gasoducto que quieren construir de Tuxpan, Veracruz, a Tula, Hidalgo.

Los ingenieros y funcionarios de esas empresas no han dado cuenta exacta de sus exploraciones a todas nuestras autoridades. Sólo proporcionaron datos sueltos a personas y a la presidencia municipal de Texcatepec. Y sabemos que no se nos dará la información completa hasta que no sean abiertas las propuestas técnicas presentadas por las empresas.

Como integrantes de comunidades originarias de los pueblos náhuatl, masapijni y ñühü denunciamos firmemente que esta forma de proceder, avalada por el Estado mexicano, viola nuestros derechos individuales y colectivos.

Las modificaciones constitucionales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmadas por el Estado mexicano, elevan a rango constitucional los derechos de personas y pueblos. Pero en la práctica, las disposiciones legales y administrativas que autorizan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a licitar la construcción de gasoductos en el país, hacen que nuestros derechos sean vulnerados.

Por lo anterior denunciamos:

• No se ha considerado el derecho que tenemos a decidir en la formulación de los planes y programas de desarrollo nacional. Los planes de las empresas sobre nuestras tierras perturban nuestra vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Además, afectan las tierras que ocupamos para trabajar y producir nuestro propio alimento.

• Las decisiones no se han tomado en acuerdo con nuestros pueblos, y tampoco nos han informado sobre las medidas para proteger y preservar el medio ambiente en los territorios que habitamos, con base en la información disponible sobre los efectos y riesgos de la construcción de este tipo de obras.

• No se ha garantizado nuestro derecho a mantener una relación vital con los bienes existentes en nuestra tierra. Esto incluye nuestro derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los bienes naturales y comunitarios.

• No se ha considerado el derecho que tenemos a ser consultados ni a expresar nuestro consentimiento libre, previo e informado, para determinar si nuestros intereses serán perjudicados.

• Sabemos que la Comisión Federal de Electricidad otorgará la licitación el 14 de agosto 2015 a la empresa ganadora. Ante ello advertimos que si tiene pensado pasar por nuestras tierras de los municipios de Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Texcatepec, dejamos en claro que no dejaremos proceder la construcción del gasoducto.

Debido a estas violaciones a nuestros derechos, exigimos que el Estado mexicano respete la relación de nuestros pueblos, la relación que tenemos con nuestra tierra y territorio; y exigimos que se respete y se cumplan nuestras decisiones colectivas, en coherencia con sus compromisos internacionales.

Por todo esto, hemos decidido comunalmente, no permitir el paso a ningún proyecto que amenace la integridad de nuestra tierra y territorio.

Atentamente:

Comunidades de Veracruz: La Soledad, Tlachichilco; Apetlaco, Tlachichilco; Vista Alegre, Ixhuatlán de Madero; Rancho Nuevo, Ixhuatlán de Madero; Apóstoles, Tlachichilco; Chahuantla, Ixhuatlán de Madero; Puyacaco, Ixhuatlán de Madero; San Bernardo, Ixhuatlán de Madero; Xomulco, Ixhuatlán de Madero; Ayotla, Ixhuatlán de Madero; Villa Hermosa, Ixhuatlán de Madero; El Mirador, Ixhuatlán de Madero; El Progreso, Ixhuatlán de Madero; Heberto Castillo, Ixhuatlán de Madero; El Mirador, Tlachichilco; Tierra Colorada, Tlachichilco; comunidad de Hidalgo: La Esperanza, Huehuetla; Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz; Radio Huayacocotla La Voz Campesina; Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata; Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental; Central Campesina Cardenista

[NUESTROS LECTORES]

 

 

 

Contralínea 445 / del 13 al 19 de Julio 2015