Nuestros lectores

Demandan que Fiscalía federal investigue asesinato de Rubén Espinosa

Arely Gómez, procuradora general de la República; Ricardo Nájera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; a la opinión pública:

Rubén Espinosa, fotorreportero veracruzano desplazado en el Distrito Federal, no confiaba en las autoridades responsables de protegerlo. En la última entrevista que Rubén Espinosa dio, describió cómo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desatendió un caso de agresión en su contra y otros colegas en septiembre de 2013, una vez que les entregó fotografías relacionadas con ésta. El 31 de julio pasado, Rubén Espinosa fue asesinado en el Distrito Federal, junto con otras cuatro mujeres, una de ellas, Nadia Vera, activista de derechos humanos, también procedente del estado de Veracruz.

Las organizaciones firmantes exigimos se investiguen estos hechos a profundidad, con celeridad y apego a los estándares internacionales para la investigación de delitos contra la liberta de expresión. La muerte de Rubén Espinosa fue el desenlace de una serie de agresiones que sufrió en Veracruz que la FEADLE debió conocer e investigar como parte de su mandato. Ahora, cuando la mayor agresión posible en contra de un periodista se ha consumado, la FEADLE debe atraer el caso del asesinato de Rubén Espinosa.

Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez, Armando Saldaña, Abel Bautista Raymundo y Moisés Sánchez, son otros seis periodistas asesinados en 2015 que a su vez se sumaron a 33 periodistas más que han muerto en México desde el 5 julio de 2010, fecha en que se creó el marco jurídico para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Durante estos 5 años, de acuerdo con los reportes de la propia Fiscalía, en este periodo abrió 690 averiguaciones previas a abril de 2015, de las cuales 78 fueron consignadas, sin que se conozca alguna sentencia condenatoria en los Juzgados a donde fueron asignadas. Las amenazas y agresiones a periodistas en el ejercicio de su trabajo continúan siendo una práctica cada vez más cotidiana. Las condiciones de inseguridad y de censura y autocensura continúan, sin que el Estado haya tenido la capacidad de frenar estas condiciones; lo que ha obligado a los periodistas y sus familias al desplazamiento interno y el exilio.

El caso de Rubén Espinosa ha demostrado que el desplazamiento de los periodistas ya no salva sus vidas, y expone la vida de aquellas personas que les son solidarias. Por ello, no dejaremos de exigir al Estado mexicano que castigue estos ataques a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos y cumpla con las recomendaciones internacionales en la materia.

Por lo anteriormente señalado, solicitamos a Ricardo Nájera, recién nombrado titular de la FEADLE, lo siguiente:

• Llevar al máximo el mandato y los esfuerzos de la Fiscalía para atraer el caso de Rubén Espinosa y que la investigación de los delitos cometidos en su contra cumpla con los estándares internacionales en materia de investigación de delitos contra la prensa y la libertad de expresión.

• Atraer con celeridad las investigaciones sobre agresiones contra la libertad de expresión como la ley le mandata y habilita.

• Mantener la apertura que la Fiscalía ha mostrado hasta hoy para que organizaciones de derechos humanos de libertad de expresión puedan dar seguimiento y coadyuvar en las investigaciones a su cargo.

• Fortalecer el equipo de trabajo y profesionalización de la Fiscalía para que pueda abundar en sus investigaciones, pues vemos con preocupación el desmantelamiento paulatino de la Fiscalía, ya que a la fecha sigue sin personal suficiente para cubrir la carga de trabajo en sus distintas áreas así como la disminución de sus recursos.

Para poder terminar con la impunidad de las agresiones contra Rubén Espinosa y otras mujeres y hombres periodistas, la Fiscalía está obligada a mostrar resultados sustentados en investigaciones profesionales, legales, integrales y transparentes. Sólo así se podrá comenzar a poner fin a la impunidad de los ataques contra la libertad de expresión en México. Que el caso de Rubén Espinosa sea un ejemplo de acceso a la justicia y no una llama más que avive el infierno en que México se ha transformado para las y los periodistas.

Atentamente,

Periodistas y profesionales de la comunicación, AC, (Durango); Casa de los Derechos de Periodistas, AC; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC; Centro de Comunicación en Información para la Mujer, AC; Centro Nacional de Comunicación Social, AC; Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Periodistas desplazados de diario19.com; Red Internacional de Periodistas con Visión de Género; Red Libre Periodismo de Chihuahua; Red Nacional de Periodistas; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana); Red por la Participación Ciudadana; Reporteros Sin Fronteras; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados; Voces Irritilas, AC, agrupación de periodistas de la Laguna de Coahuila y Durango

 

 

 

Estudiantes repudian multihomicidio

Por medio de la presente deseamos externar ya no sólo nuestra indignación, sino la tristeza, el coraje y la impotencia que provocan la tortura y el vil asesinato de nuestra colega Nadia Vera Pérez, junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, Yesenia Quiroz Alfaro, Simone y Alejandra, el pasado 31 de julio en esta Ciudad.

Nos parece totalmente repugnante la forma en la que se comporta el Estado mexicano en contra de cualquier voz disidente. Es inaceptable que no exista lugar para las voces críticas que no estén en la misma línea de la comunicación oficial.

Así como valientemente lo hizo Nadia, responsabilizamos a Javier Duarte de Ochoa por los hechos, y exigimos que las autoridades actúen sin complicidad para llevar justicia a las familias de las víctimas. ¡Basta de impunidad!

La honramos recordando sus palabras: “Es necesario accionar en este momento, porque nos están aniquilando. Es necesario que nosotros sí hagamos algo”.

Reivindicamos sus demandas de justicia, pues su lucha también es la nuestra. Los asesinos de ninguna manera lograrán el objetivo de acallarlos.

La verdad nos hará libres.

Estudiantes, exalumnos y profesores organizados del posgrado en antropología social de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

 

 

 

¿Por qué el Mecanismo de protección de Gobernación no protegía Rubén y a Nadia?

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Sara Irene Herrerías, coordinadora ejecutiva nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo:

El viernes 31 de julio de 2015, una mujer defensora de derechos humanos y un periodista fueron asesinados junto a otras tres mujeres. Rubén Espinosa, fotorreportero, abandonó Veracruz ante las acciones directas de vigilancia e intimidación en su contra, y se encontraba en el Distrito Federal para buscar seguridad y protección. A pesar de ello, fue asesinado. En estos mismos hechos, la defensora de derechos humanos Nadia Vera, de Veracruz, resultó también asesinada.

El Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ha mantenido con usted varias reuniones para expresar nuestras preocupaciones y recomendaciones en cuanto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). Precisamente, el pasado 28 de julio, hicimos público un segundo diagnóstico sobre el desempeño del Mecanismo que usted y funcionarios responsables, así como la opinión pública, conocen.

Hemos insistido en que el Mecanismo necesita funcionar efectiva e integralmente para que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo puedan confiar en él, solicitar su ingreso y poder así contar con medidas de protección adecuadas que resguarden su integridad física, a la vez que les permitan continuar con su labor a favor de los derechos humanos y el ejercicio periodístico.

El Espacio OSC en diferentes foros ha expresado a usted no sólo preocupaciones, sino propuestas, para hacer del Mecanismo una verdadera institución que proteja y prevenga las agresiones contra personas defensoras y periodistas. La importancia del Mecanismo en la protección de la vida y la integridad de las personas defensoras y periodistas y del ejercicio del derecho a defender y a la libertad de expresión, nos lleva hoy al Espacio OSC a dirigirnos a usted para solicitar que lleve al máximo la misión del Mecanismo de Protección.

Aunque Rubén Espinosa y Nadia Vera no eran personas beneficiarias del Mecanismo, el Estado mexicano sigue siendo responsable de proteger a él como periodista y a Nadia Vera como defensora de derechos humanos, de coadyuvar y dirigir sus esfuerzos para que, en estos hechos, los distintos instrumentos con los que la Subsecretaría a su cargo cuenta coadyuven tanto con la Procuraduría General de la República (PGR), como con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para que en la investigación sobre el asesinato de Rubén y Nadia se agote la línea de investigación de la vinculación de estos terribles sucesos con la labor como fotoperiodista de Rubén y por el riesgo de ser defensora de derechos humanos en México de Nadia.

El 9 de julio de 2015, Rubén Espinosa hizo público que estaba en conversaciones con la Segob para obtener medidas de protección. Manteniendo el respeto sobre los datos que pudieran poner en riesgo a otras personas involucradas en el caso o revelar información que perjudique a Rubén y a sus familiares, solicitamos a usted nos exprese qué plan de protección o acercamiento ofreció la Segob a Rubén y cuáles fueron las razones por las que éste no se pudo concretar. De la misma manera, solicitamos al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, maestro Eber Betanzos, como miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo, comunique públicamente el estado de las averiguaciones de las agresiones previas al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa o cualquier información sobre la procuración de justicia que la PGR ha hecho, además de abrir el acta circunstanciada, como la Procuraduría General de la República ha anunciado.

Este asesinato no se produce en el vacío, sino en un contexto de violencia extrema contra periodistas y defensores y defensoras en el estado Veracruz, que lo han convertido en la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México, y que presenta claros patrones, sin que se hayan logrado tomar acciones para corregir esta situación previniendo los ataques. Ésta es precisamente la función de la Tercera Unidad del Mecanismo y la utilidad del análisis para la prevención, detectar lo que más allá de un caso individual está sucediendo en las diferentes partes del país y poder promover acciones para desactivar las amenazas estructurales, evitando llegar a situaciones como esta. Las amenazas contra Rubén eran significativas, los ataques a la prensa reales y generalizadas, las consecuencias terribles. En este contexto, el asesinato de Rubén no puede ser una sorpresa para quien conociera la situación en Veracruz y, por tanto, el Estado mexicano ha fallado en su deber de prevenir y de generar condiciones idóneas para el ejercicio de la libertad de expresión.

El mismo Rubén Espinosa hizo pública su desconfianza ante las autoridades que nunca respondieron para poner fin y castigo a las agresiones de las que fue víctima. Ahora, el Estado mexicano, y cada una de las instituciones dedicadas a la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, tienen ante sí una extraordinaria oportunidad para contribuir a que la investigación de estos casos agote todos los recursos sobre alguna relación entre los homicidios y las agresiones contra la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos de los que Rubén y Nadia habían sido víctimas previamente, y de la participación de funcionarios directa o indirectamente tanto en sus agresiones como en los asesinatos. Sin este enfoque en las investigaciones, si todas las instituciones públicas que conviven en el Mecanismo no llevan su mandato al extremo en beneficio de las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas seguirán desconfiando, y con fundamento, del Estado mexicano y su capacidad de proteger.

Con el ánimo de contribuir a que los asesinatos de Rubén y Nadia, e indirectamente de las otras tres personas, se esclarezcan desde una perspectiva jurídica de derechos humanos y construir garantías de no repetición para que la vida e integridad de ninguna otra persona defensora o periodista esté en riesgo por su labor en México, el Espacio OSC seguirá trabajando para que el Mecanismo funcione con el objetivo de proteger y prevenir las agresiones contra el derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión.

Atentamente:

Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, Casa de Derechos de Periodistas, Casa del Migrante Saltillo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Centro Nacional de Comunicación Social, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer, Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia, JASS Asociadas por lo Justo, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Reporteros sin Fronteras, SMR: Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, Servicios y Asesoría para la Paz (acompañado por Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz). El Espacio OSC también cuenta con una red a la que se han sumado organizaciones de diversos estados a las que informa y brinda orientación sobre cómo presentar casos ante el Mecanismo de Protección Federal, así como para compartir experiencias para brindar protección.

En solidaridad: Comité Cerezo México, Red Nacional de Periodistas, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género

 

 

 

Condenan el feminicidio de Nadia Vera, de tres mujeres más y el asesinato de Rubén Espinosa

Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) conformada por 180 defensoras de derechos humanos, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal, manifiesta repudio por el feminicidio de la activista Nadia Vera, quien junto con la joven Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 años, dos mujeres que aún no han sido plenamente identificadas, y el fotoperiodista Rubén Espinoza, fueron asesinadas/o el pasado viernes 31 de julio en la Ciudad de México.

Según la información que se ha hecho pública en diferentes medios de comunicación, advertimos que tanto en el caso de la defensora Nadia Vera como en el de Yessenia Quiroz y las otras dos mujeres, se trata de casos de feminicidio.

La RNDDHM ha tenido conocimiento de que la defensora Nadia Vera tuvo que desplazarse del estado de Veracruz a la Ciudad de México para salvaguardar su vida, tras el incremento de incidentes de seguridad y amenazas en su contra como: seguimiento, secuestro, robo de su teléfono celular, allanamiento, entre otros. Todos ellos ligados a su activismo político.

En junio de 2015, Nadia, junto con otras/os activistas, denunciaron públicamente y exigieron justicia para las/los estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), que en el marco de las elecciones intermedias fueron brutalmente agredidos físicamente por hombres encapuchados el 5 de junio de 2015, cuando se encontraban en un domicilio particular cercano a la Unidad de Humanidades de la UV.

Nadia Vera interactuaba de manera frecuente con el periodista Rubén Espinosa Becerril, con quien llevaba una estrecha relación de amistad, en al menos los últimos 4 años, y con quien compartía la preocupación de la situación de violencia en el estado de Veracruz.

La defensora acudía también a manifestaciones pacíficas; asimismo documentó y visibilizó en reiteradas ocasiones la criminalización a la protesta social y detenciones arbitrarias de activistas en el estado; de igual forma, junto con Rubén Espinosa, se unió a la exigencia del alto a los asesinatos contra periodistas, y se manifestó a favor de la libertad de expresión en Veracruz.

Ante la grave crisis en materia de derechos humanos en nuestro país y ante la falta de garantías de seguridad para que las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas, podamos ejercer el derecho a defender los derechos humanos en México y el derecho a la libertad de expresión en condiciones de seguridad, quienes conformamos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos al gobierno federal y a las autoridades del estado de Veracruz:

• Esclarecer el feminicidio de la defensora Nadia Vera; de Yesenia Quiroz Alfaro y de las dos mujeres que hasta el momento no han sido reconocidas; así como del asesinato del periodista Rubén Espinoza Becerril.

• Que la investigación cuente con el debido proceso legal y con perspectiva de género.

• Que la investigación sea eficaz y transparente, a fin de no dar cabida a chivos expiatorios, sino que de manera pronta se identifique a los autores materiales e intelectuales de los feminicidios de las cuatro mujeres y del asesinato del fotoperiodista.

• Que en el caso de la defensora Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa se tenga como principal línea de investigación la relación de los hechos con su trabajo de defensa de derechos humanos y libertad de expresión.

• Que se garantice la seguridad de familiares y amigas/os de la defensora y de las demás personas asesinadas.

• La realización de un acto público en el estado de Veracruz en el que se reconozca la labor de las defensoras de derechos humanos y periodistas como labor fundamental para la construcción de la democracia en México.

Cabe recordar que en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado a México por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013, dicho Consejo emitió al Estado mexicano diversas recomendaciones en materia de libertad de expresión y protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, e instó a las autoridades en México a:

 “Adoptar medidas eficaces para prevenir todo tipo de violencia contra periodistas o defensores de los derechos humanos”.

En ese sentido, estaremos atentas de las acciones que las autoridades federales y del estado de Veracruz realicen para garantizar el acceso a la justicia por los feminicidios de las cuatro mujeres, entre ellas la defensora de derechos humanos Nadia Vera y del asesinato del periodista Rubén Espinosa.

Sin más por el momento, quedamos atentas de cualquier información.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 diversas organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal

 

 

 

Alertan del peligro en que se encuentran activistas de Guerrero

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Rogelio Salvador Ortega Martínez, gobernador del estado de Guerrero; David Cienfuegos Salgado, secretario general de Gobierno del estado de Guerrero; Miguel Ángel Godínez Muñoz, fiscal general del estado de Guerrero, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Ramon Navarrete Magdaleno, encargado del despacho de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero; Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Denunciamos que se encuentran en grave riesgo la vida e integridad de las ciudadanas Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito Bahena y del ciudadano Félix Rodríguez Navarrete. Las dos primeras son dirigentes de la colonia Tlachinollan, de la Ciudad de Iguala, Guerrero, y el último es miembro del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC (Centro Morelos).

Evelia Bahena García y su papá (fallecido), en 2007, emprendieron una lucha contra la minería Media Luna en apoyo a las comunidades de Real de Limón y La Fundición, ambas del Municipio de Cocula, Guerrero, por lo que fue amenazada de muerte y encarcelaron a tres dirigentes de estas comunidades. A partir de 2012, Evelia inició el apoyo a una parte de los habitantes de la colonia Ficus de Iguala, quienes estaban siendo despojados de sus tierras que habían adquirido al señor Jesús Uriostegui Ortuño, quien estaba desconociendo la venta, logrando que estas personas se independizaran de la colonia Ficus y creando la colonia Tlachinollan; y entablaron un juicio con el apoyo del Centro Morelos ante el Tribunal Unitario Agrario de Iguala, bajo el expediente 70/2013, en contra de los ciudadanos Humberto Bahena Mena y María de Jesús Mena Díaz, y el cual está por resolverse.

Siendo aproximadamente las 19:30 horas del 30 de julio de 2015, Evelia Bahena García recibió una llamada telefónica del número 7331286523, y una voz de hombre le dijo: “¿Es usted Evelia Bahena?”, y ella le contestó: “En que le puedo servir…” Y en seguida le contestó: “Contigo quería hablar. Tú eres la que se siente la líder chingona, que todos te la pelan… Te aviso que te tienes que largar de aquí tú y el licenciado Félix Rodríguez Navarrete, y Diana Carolina, porque se los va a cargar la verga. Te voy a partir tu madre…”. Después de eso Evelia le colgó y al poco rato recibió un mensaje de texto a su celular del mismo teléfono del que la habían amenazado que dice: “sé que vives en Zaragoza y tu esposo es un moreno carga una moto asi que mejor vete de aquí porque te voy a partir tu madre a ti y a toda tu familia atentamente la maña” (sic).

Después de eso Evelia se fue a la colonia Tlachinollan porque le hablaron que la habían ido a buscar, y durante el traslado se dio cuenta que la seguía una persona en una motocicleta. Y al llegar a la colonia una señora le dijo que la habían ido a buscar ese mismo día, como a las dos de la tarde; que era una mujer con rasgos físicos tipo costeña (morena) quien tiene un tatuaje en la parte de atrás del cuello en forma de estrellas y que le dijo que andaba buscando a la líder, y la señora le contesto que no había ninguna líder y luego le pregunto que si vendían terrenos en esa colonia y fue cuando dos hombres que estaban en un vehículo, color blanco, tipo Jetta le hablaron a la mujer, y esta enseguida siguió platicando con ella y le insistió que le diera el número y la dirección de donde vivía la líder que ya sabía que se llamaba Evelia, pero como no le dijo, esta persona se retiró.

Evelia, ante el inminente riesgo le dio aviso a la policía, denominada Gendarmería, que se encuentra en Iguala y estos ese mismo día la acompañaron a interponer su denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo de Iguala, Guerrero, radicándose bajo la carpeta de investigación 06001AA07202015. Sin embargo, el sábado 1 de agosto de 2015, Evelia recibió un nuevo mensaje en su teléfono celular donde le dicen: “mira hija de toda tu puta madre estas poniendo en riesgo a tu familia piensas que el Gobernador y los Gendarmes te van a ayudar tu eres la pinche rata que crees que le paso al líder de la 10 de mayo esto les va por andar estafando a la gente este es el último aviso soy uno de los que le robaste me sacastes de mi casa ahora te voy a sacar de esta vida” (sic).

Por todo esto, consideramos que es evidente que la señora Evelia Bahena García, Diana Carolina Brito Bahena y el licenciado Félix Rodríguez Navarrete se encuentran en riesgo de perder la vida o que sufran un daño en su integridad física.

Peticiones:

1. Exigimos se respete la vida e integridad de Evelia Bahena García, Diana Carolina Brito Bahena y Félix Rodríguez Navarrete.

2. Exigimos al Estado mexicano respete, cumpla y ejecute todos los mecanismos y acciones relativos a las medidas cautelares y proteja así la integridad física y sicológica de Evelia Bahena García, Diana Carolina Brito Bahena y Félix Rodríguez Navarrete.

3. Exigimos a la Fiscalía General de Justicia del E        stado de Guerrero una investigación pronta y exhaustiva, detención y castigo a los responsables.

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC

 

 

 

La impunidad no debe prevalecer

El viernes 31 de julio cinco personas fueron asesinadas en un departamento ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Según la información conocida hasta el momento, los cuerpos de las víctimas, cuatro mujeres y un hombre, presentaban señales de tortura.

Entre las víctimas se identificó al fotoperiodista Rubén Espinosa, quien colaboraba con la revista Proceso y con la agencia Cuartoscuro, además de que se especializaba en la cobertura de protestas y movimientos sociales.

Rubén se había trasladado desde hace 2 meses a la Ciudad de México en búsqueda de seguridad tras las amenazas de las que había sido objeto en Veracruz. Horas antes de que se comunicara su asesinato, la organización Artículo19, a petición de sus familiares, denunció la desaparición del reportero.

Otra de las víctimas fue la activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, originaria de Chiapas, quien desde hace 1 año abandonó Veracruz por amenazas en su contra como represalia a protestas coordinadas en dicha entidad como integrante del movimiento Yo Soy 132, entre otros espacios, y quien vivía en la casa donde fueron encontrados los cuerpos.

Estos asesinatos se producen en medio de un contexto de violencia contra las y los periodistas en todo el país, y con especial incidencia en Veracruz, frente a la cual las autoridades, tanto estatales como federales, han sido incapaces de cumplir sus funciones. La impunidad generalizada, y la propia participación de autoridades son elementos característicos de la gran mayoría de las agresiones. También las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se han convertido en una constante en los últimos años, especialmente en el marco de la represión violenta a las protestas sociales, y se ha acompañado por la estigmatización y la criminalización por parte de autoridades.

La violencia de género, incluyendo los feminicidios, es también una constante en México, donde, según datos oficiales, seis mujeres son asesinadas cada día, sin que la mayoría de los feminicidios sean investigados y mucho menos esclarecidos.

Estos elementos deben ser plenamente integrados en la investigación de forma complementaria, mientras no se vayan esclareciendo los hechos.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social condena los asesinatos y llama a las autoridades a realizar una investigación pronta, expedita e imparcial, que esclarezca este atroz crimen, y que tenga en cuenta las amenazas recibidas por Rubén a consecuencia de su labor, el contexto de agresiones contra de la prensa y las y los periodistas en Veracruz, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y la violencia feminicida, así como la posible participación de servidores públicos en estos hechos, de forma directa o indirecta.

Estos asesinatos resultan especialmente preocupantes por las amenazas previas y las denuncias públicas realizadas por Rubén y que no fueron correctamente atendidas por las autoridades, que teniendo la responsabilidad de investigar, brindar seguridad y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio periodístico, han fallado en sus responsabilidades, incluyendo la responsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Un alto número de periodistas de otras partes del país han tenido que dejar sus estados y trasladarse a otros lugares, principalmente la Ciudad de México, debido a las amenazas y agresiones derivadas del ejercicio de su necesaria y legítima labor. Este ataque envía un claro mensaje de intimidación para todas y todos los periodistas: no existe un lugar seguro para ejercer el periodismo en México.

Es por todo lo anterior que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llama a las autoridades correspondientes:

• A garantizar los derechos y la protección de las familias de las cinco víctimas, así como de sus compañeras y compañeros; principalmente su derecho a la participación durante la investigación, el derecho a la verdad y a no ser revictimizadas durante el proceso de obtención de justicia.

• A no excluir líneas de investigación relacionadas a la labor de periodista y defensora de derechos humanos, sin haberlas agotado previamente durante la investigación.

• A investigar la posibilidad de que se trate de feminicidios. Es importante destacar que no se trata de posibilidades excluyentes sino complementarias, como muestran los numerosos casos de violencia de género contra mujeres defensoras y periodistas que se han registrado en los últimos años en México.

• A considerar la posible existencia de delitos de competencia federal.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Propuesta Cívica, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, AC; Resonar.

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 Contralínea 449 / del 10 al 16 de Agosto 2015