Nuestros lectores

Las incoherencias de los verdes

Muy bien el artículo del periodista Álvaro Cepeda Neri, “Los verdes lanzan su jauría contra el periodista Sergio Aguayo”. Buen recuento de las acciones de esos políticos, y eso que no incluyó en el asunto de los amigos del Niño Verde, que en un hotel de Cancún provocaron la muerte de una joven modelo de Europa del Este, al parecer, por un intento de violación. ¡Ah!, pero eso sí, los verdes andan defendiendo a los animales para que ya no salgan en las funciones de los circos… Al aprobar esa ley no propusieron una alternativa a los pobres animales y ahí están, abandonados y dejados a su suerte.

Eduardo Crespo

 

 

 

Seguir documentando las condiciones de los maestros rurales

Felicito por el reportaje “Enseñar entre las montañas”. Es importantísimo que le hagamos llegar a la sociedad en general este tipo de información, ya que los medios de comunicación oficiales jamás le darán cobertura a estos casos. En lo particular, yo no tengo tanto tiempo para visitar páginas de internet. Soy maestro urbano, pero hace no mucho, también fui maestro rural. Buen artículo.

Saludos.

Antonio González Ortiz

 

 

 

Preocupada por nuevo manual de las Fuerzas Armadas estadunidenses

Interesante el reportaje “Periodista de guerra, actor beligerante: EU”. Con este nuevo Manual de Guerra se confirma que Estados Unidos es el gran terrorista mundial; y que ha emitido por medio de este Manual a todo el mundo, de manera subliminal pero descarada, la orden de matar ciudadanos. De aquí se desprende la elevadísima delincuencia, asesinatos a periodistas como el de Regina Martínez, y muchos otros que se han cometido en Veracruz, así como el de Rubén Espinosa, ordenados por el priísta Javier Duarte, así como los periodistas asesinados por ser incómodos a otros gobernantes.

Y es que no le conviene a Estados Unidos que los reporteros se den cuenta y publiquen que el terrorismo sembrado por ellos mismos asesina incontables personas en todo el mundo, bajo el lema de defender o ayudar a defender.

Este Manual de Guerra es una orden emitida por Estados Unidos al Poder Ejecutivo de todas las naciones para asesinar, desaparecer, secuestrar y violar a cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, y más aún a los periodistas, y posteriormente mentir ante las televisoras del mundo y otros medios de comunicación (como Televisa y Tv Azteca, Milenio, El Universal y casi todos los periódicos y noticieros en México), al decir que los muertos eran delincuentes, narcos, sicarios, etcétera, denigrando la integridad de todo ser humano.

Por eso los corresponsales de guerra serán tratados como actores beligerantes; de esta manera callan lo que todo mundo sabe: Estados Unidos ordena, a nivel mundial, matar a periodistas, a cualquiera que se atreva a descubrir sus mentiras y exponerlas.

Rosángela Gutiérrez

 

 

 

Rechazan que se ratifique a magistrada

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha propuesto a la Asamblea Legislativa (ALDF) la ratificación de Yazmín Esquivel Mossa como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo. Por su parte, la misma Asamblea, a través de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, publicó el 21 de agosto de 2015 el aviso para que los ciudadanos hagan llegar sus comentarios sobre dicha postulación.

Al respecto, además de hacer llegar información de manera directa a la ALDF, manifestamos públicamente lo siguiente:

La actuación de la magistrada Esquivel, como magistrada presidente del Tribunal Contencioso, ha estado marcada por un conflicto de intereses, dado que su esposo, José María Riobóo Martín, es socio de una importante constructora que ha participado en la construcción de obra pública, y algunos de sus litigios se han ventilado en el Tribunal Contencioso que ella preside, como fue el caso de la llamada Supervía Poniente.

Permitió que más de medio centenar de demandas presentadas por vecinos en contra de la instalación de parquímetros en Coyoacán fueran concentradas y desechadas por un solo magistrado; situación irregular, pues las demandas debieron ser conocidas por distintos magistrados.

En noviembre de 2013, un grupo de ciudadanos y de organizaciones demandamos al jefe de gobierno y a la ALDF la remoción de la presidenta del Tribunal y que fuera sujeta a investigación por sus acciones de ilegalidad y de presunta comisión de delitos, sin que nuestra petición fuera atendida.

Además, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción (27 de mayo de 2015), el Distrito Federal debe realizar las reformas que transformen al Tribunal Contencioso en uno de Justicia Administrativa, de manera que además de conocer las controversias entre los particulares y el Gobierno del Distrito Federal, también imponga sanciones a los servidores públicos de la administración pública local que incurran en faltas administrativas graves, e inclusive a los particulares vinculados a tales faltas.

Para cumplir cabalmente con las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa tiene que desempeñarse de manera diferente a como lo ha venido haciendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en los últimos años se ha caracterizado por ser un Tribunal puesto al servicio del gobierno y no atento a la justicia administrativa: un tribunal de consigna, como se ha visto en casos relevantes de demandas ciudadanas. Es el caso de lo ocurrido con la Supervía Poniente y con la instalación de parquímetros a los que legalmente se opusieron sectores importantes de ciudadanos, al igual que en casos notables de construcciones ilegales. Esto, además de la opacidad y de la inaceptable discrecionalidad con los que se han manejado los recursos públicos en el propio Tribunal.

Por tanto las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones firmantes demandamos que Yazmín Esquivel Mossa no sea ratificada como magistrada por la ALDF cuando concluya el periodo para el cual fue nombrada. Su ratificación sería un agravio para la ciudadanía y una declaración de que la justicia administrativa en la Ciudad de México continuaría relegada y en buena medida inexistente.

Ciudadanas y ciudadanos: Sergio Aguayo, Mónica Tapia, Luis Zambrano González, Lorena Velazco Díaz, Daniel Gerhenson, Marco Buenrostro, Cristina Barros, Rafael Martínez, Gerardo Moreno Ballesteros, Leticia Moreno Ballesteros, Lourdes Moreno Ballesteros, Margarita Pérez Negrete, María Ana Portal, Cristina Sánchez Mejorada, Gilberto Anguiano, Simón Hernández León, Rocío Culebro, Edgar Cortez, Laura Velazco Díaz, Margarita Pérez Negrete, Alberto Serdán Rosales, José Antonio Guevara Bermúdez, Salvador Medina Ramírez, Mayela Delgadillo Bárcena, Edgar Avilés Gómez, Ximena Ramos Pedrueza, Iván Azuara Monter, Gabriela Rodríguez, Amparo Sevilla Villalobos, Irma Hernández Jiménez. Organizaciones: Alarbo, AC; Al Consumidor, AC; Asociación en Defensa Roma-Condesa; Bicitekas, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Defendamos la ciudad. Frente ciudadano; Frente Amplio contra la Supervía Poniente; Greenpeace México, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, AC; Litiga Ole, AC

 

 

 

Preocupadas por seguridad de periodista

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 180 defensoras de derechos humanos de 22 estados y el Distrito Federal, manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de la periodista y defensora de los derechos humanos Jade Ramírez, quien también se desempeñó como consejera en la Junta de Gobierno del Mecanismo Gubernamental de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de noviembre de 2012 a agosto de 2015.

De acuerdo con la información compartida por la periodista Jade Ramírez a la RNDDHM, existe un temor fundado de riesgo, dado el rol desempeñado como consejera ciudadana en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sobre todo debido a que, durante los meses de marzo a julio, principalmente, la periodista fue objeto de diversas agresiones, como intento de allanamiento y amenaza de muerte a través de un mensaje dejado en el buzón de la puerta de su casa el 7 de marzo de 2015; así como diversos actos de intimidación relacionados con su papel crítico al interior del Consejo Consultivo del Mecanismo.

En ese sentido, el pasado 10 de agosto de 2015 fue hecho de nuestro conocimiento que Jade Ramírez presentó –con carácter de irrevocable– su renuncia al Mecanismo.

Ante ello, como defensoras de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por Jade Ramírez y alertamos ante cualquier tipo de agresión en su contra.

La situación de riesgo casi permanente en el que se encuentra Jade Ramírez, tanto por su labor periodística como por su labor para visibilizar violaciones a los derechos humanos en diversas partes de nuestro país, así como la falta de garantías de seguridad en México, la ha obligado a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, dada la situación de violencia y el contexto que vivimos en México en materia de libertad de expresión, las 180 defensoras de derechos humanos que conformamos las RNDDHM:

• Manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de la periodista Jade Ramírez y respaldamos su trayectoria y labor.

• Nos manifestamos y responsabilizamos a las autoridades federales de cualquier tipo de agresión en su contra y nos mantendremos alertas de la seguridad y bienestar de la periodista.

• Visibilizaremos la situación de riesgo de la periodista y defensora de los derechos humanos Jade Ramírez ante instancias y organismos internacionales.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 diversas organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal

 

 

 

Denuncian amenazas de funcionarios y de grupos armados en Chiapas

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) y la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol (Limeddh-Fillial Jitotol) hacemos público que nos hemos reunido con pobladores de distintas comunidades de Tila, en particular con ejidatarios de Nueva Esperanza y con familiares del señor Tony Reynaldo Gutiérrez López (quien fuera desaparecido forzadamente, torturado y ejecutado, encontrando su cuerpo el 24 de julio de 2015), quienes nos han compartido el estado en que se encuentra el proceso legal que se consigna en el Expediente judicial 199/2015 radicado en el Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con sede junto al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14, conocido como El Amate, en la ciudad de Cintalapa, y dispuesto para la atención de delitos graves, conociendo del caso el juez Mauricio Aniceto Orantes Z, con fecha de inicio del 27 de julio de 2015 por el delito de homicidio.

Magaly del Carmen Cruz Pérez (esposa de Tony Reynaldo) acudió a este Comité Digna Ochoa y a la Limeddh-Filial Jitotol para solicitar nuestra intervención para acudir a instancias de derechos humanos y revisar el expediente penal que se ha abierto por la Procuraduría General de Justicia (PGJ)-Chiapas. Magaly del Carmen compartió que está recibiendo presión de funcionarios del gobierno del estado y de la PGJ-Chiapas para que reciba supuestos apoyos económicos y que se desista de darle seguimiento al proceso con su abogado y de que temen que los crímenes que se cometieron contra su esposo queden en la impunidad total.

Denunciaron la grave situación de violencia y de violaciones de derechos humanos que persisten en el municipio de Tila provocada por funcionarios del Ayuntamiento, policías estatales y municipales y por grupos armados ligados principalmente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes operan bajo su coordinación y servicio. Señala que persiste la ausencia de medidas de protección por parte de las autoridades gubernamentales estatales en todos sus niveles, se ha generado una situación de desprotección hacia miles de pobladores de Tila que sufren violencia, y en el caso de la ejecución y tortura del señor Tony Reynaldo se constituyó la máxima situación de irreparabilidad al afectar el derecho fundamental de la vida y la integridad personal.

Familiares y Magaly del Carmen, así como pobladores del ejido Nueva Esperanza y Tocob, denunciaron que temen por su vida porque no existe ninguna autoridad ni operativos de seguridad en el ejido Nueva Esperanza, y que luego de denunciar públicamente siguen recibiendo amenazas de muerte por parte de integrantes del PVEM que pertenecen al grupo paramilitar Paz y Justicia y que en estos meses han asolado de terror al municipio con armas de alto poder con total impunidad.

Manifestamos que resulta sumamente grave que la PGJ-Chiapas solamente haya fincado el cargo de homicidio simple en contra de los policías municipales cuando existen elementos suficientes en el expediente para configurar los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, ya que existe presunta participación de policías municipales que actúan con grupos armados ligados al PVEM y al presidente municipal de Tila, y han sido señalados por testigos que los vieron cuando se llevaban al señor Tony Reynaldo y porque ante cientos de pobladores confesaron el crimen y dieron nombres de sus jefes, señalando incluso el armamento que les proporcionó el presidente municipal de Tila, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez.

De igual forma resulta grave que en el levantamiento del cuerpo, según testifican sus familiares, no se preservó el protocolo y cadena de custodia del lugar en donde se encontró el cuerpo del señor Tony Reynaldo, es decir, al contrario de lo que se registra en el expediente penal para cubrir su omisión, en el levantamiento del cuerpo no se acordonó el área, el ministerio público no quiso acompañar a los familiares y al abogado, quienes tuvieron que levantar el cuerpo ante disparos de armas de fuego que les realizaban desde lejos, y que solamente dio fe una vez que lograron sacar el cuerpo. No se realizaron peritajes en el sitio donde encontraron el cuerpo, y ya en Yajalón, en la Agencia del Ministerio Público, se negaban a recibir el cuerpo aduciendo que eran instrucciones superiores de la PGJ-Chiapas y que recibiría el cuerpo un agente del ministerio público especial enviado desde Tuxtla Gutiérrez.

Familiares exigen que se les aplique la prueba del polígrafo a los dos policías municipales detenidos, ya que asesorados por abogados particulares presuntamente pagados por el Ayuntamiento de Tila declararon con mentiras y se desdicen de su confesión, además de que el comandante de la policía municipal Jorge Antonio de Celis, los protege supuestamente señalando que en esos días estuvieron encuartelados.

Pobladores del ejido Nueva Esperanza refieren que no cesa el hostigamiento de convoyes de vehículos con vidrios polarizados y hombres encapuchados fuertemente armados por la comunidad y que elementos del ayuntamiento y del PVEM han amenazado de muerte a mujeres, por lo que existe temor de que entren a sus viviendas y las asesinen o de ir a trabajar a sus parcelas ante el temor de ser interceptadas por estos grupos armados y ser desaparecidas o asesinadas.

También señalan que existe información de que el Comisariado Ejidal, ligado al PVEM ha emitido un documento ante la PGJ-Chiapas para testificar que todo está en calma, y que el asesinato de Tony Reynaldo se debió a un ajuste de cuentas y problemas personales entre priístas con el fin de que sean liberados los dos policías del PVEM que confesaron ser responsables de su asesinato y proporcionaron una lista de nombres de sus jefes ante centenas de pobladores del ejido Petalcingo, lista de nombres que lleva presuntamente a miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia y a funcionarios del Ayuntamiento Municipal de Tila

Hacemos público que el día 21 de agosto hemos solicitado formalmente la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se inicie queja, intervenga con base en sus facultades y realice una investigación ante las graves violaciones de derechos humanos que se están suscitando en el municipio de Tila, que involucra la actuación de grupos armados civiles que, según testimonios, cuentan con la protección de funcionarios del Ayuntamiento Municipal de Tila y del gobierno de Chiapas y la omisión de autoridades federales; y que involucran a policías municipales de Tila así como a presuntos responsables de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del señor Tony Reynaldo. Asimismo para que la CNDH tome acciones y se implanten medidas de protección urgentes para la familia del señor Tony Reynaldo, a las autoridades ejidales que han denunciado y activistas pertenecientes a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que realizamos una labor de defensa en la región Norte-selva de Chiapas.

En Tila se están cometiendo actos y omisiones de gobierno que violentan derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y de la Organización de las Naciones Unidas. Violaciones que continúan perpetuándose en el municipio ante la probable omisión y negligencia de autoridades que señalamos como autoridades responsables: el gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco Coello; la Delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas; la Séptima Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE-Chiapas); autoridades que se presume no han actuado para detener a los responsables de delitos y para desarticular a grupos civiles armados con testimonios que se trasladan en automóviles de la Policía Municipal y del Ayuntamiento Municipal de Tila, quienes operan impunemente y en total libertad en la cabecera municipal, comunidades, carreteras y caminos en el municipio de Tila, generando un clima de terror y violencia. De lo que ocurra en Tila, lo seguiremos señalando, es y será responsabilidad del gobernador Manuel Velasco Coello.

Tememos que grupos armados civiles, quienes –según testimonios de pobladores– cuentan con la protección y apoyo de funcionarios del gobierno de Chiapas y del presidente municipal de Tila, realicen una masacre contra pobladores de comunidades de Nueva Esperanza y Tocob en particular, así como con pobladores del municipio de Tila.

Nos parece sumamente grave que elementos del Ejército Mexicano que se encuentran en el municipio de Tila hayan sido omisos ante la presencia de grupos civiles armados que operan a plena luz del día y no hayan intervenido para detenerlos.

Atentamente:

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol

 

 

 

 

 

Contralínea 452 / del 31 de Agosto al 06 de Septiembre 2015