Nuestros lectores

Solidaridad con reporteras de Contralínea

Estimado director, mucho agradeceremos la publicación de la siguiente carta:

Los abajo firmantes, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, repudiamos las acciones de intimidación que las reporteras Flor Goche y Elva Mendoza sufrieron el pasado 8 de septiembre, cuando su domicilio fue allanado por sujetos que sustrajeron equipos de cómputo y documentos que son producto del trabajo profesional de las reporteras.

Ambas periodistas realizan trabajo de investigación en asuntos cruciales para la democratización del país. Flor Goche da seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa así como a temas relativos a violaciones de derechos humanos, educación y feminicidios, mientras que las líneas de investigación que sigue Elva Mendoza son megaproyectos de inversión, devastación ambiental, transgénicos y destrucción de patrimonio.

No es gratuito que, como afirma la revista Proceso, “el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por 11 organizaciones de la sociedad civil, afirme que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha prevalecido ‘un proceso sistemático de violaciones’ al derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la seguridad e integridad de las personas que se manifiestan”.

La persecución y hostigamiento a periodistas es una práctica fascista que no se puede permitir en México. Demandamos a los gobiernos federal y capitalino que investiguen el caso y otorguen todas las garantías necesarias para que las compañeras reporteras continúen realizando su actividad informativa con la seguridad que la labor periodística exige.

Juan Márquez Zea, Emigdio Navarro Esquivel, Emilio Vivar Ocampo, Facundo Jiménez Pérez, Guadalupe Susano Caballero, Karla Edna García Rocha, Miguel Ángel García Álvarez, Ricardo Díaz Díaz, Karina de la Vega Vargas, Héctor Barrios

 

 

 

Demanda investigación por acoso a periodistas

Una investigación profunda y sanción a los responsables del allanamiento y robo de las reporteras de Contralínea son el mejor mecanismo de prevención para que los ataques no aumenten su nivel de riesgo. El Estado mexicano es responsable de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de los reporteros.

Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

 

 

 

Apoyo a Contralínea

Gracias por su profesionalismo. Mi solidaridad contra los ataques implícitos a la libertad de expresión-información que este medio padece.

Francisco Rafael Vázquez Ávila

 

 

 

Contra minería en baja California Sur

Muy bueno y oportuno el artículo “Cuando los lixiviados tóxicos los alcancen”. Quienes promueven la minería a tajo abierto en Baja California Sur son los mismos parásitos de siempre, con una gran alergia al trabajo. Mientras obtengan un beneficio económico o de la índole que sea, son capaces de entregar hasta lo que no tienen, sin importar a quién o a quiénes se lleven entre las patas.

José Manuel Trasviña Waldenrath

 

 

 

Mejor, impulsar el turismo, dice

No a la instalación de la mina a tajo abierto. Sí al impulso del turismo en Baja California Sur.

Santiago San Miguel

 

 

 

Sobre Estados Unidos y el gran negocio de la deportación

Interesante el reportaje “Estados Unidos esconde al mundo sus cárceles”.

Mi punto de partida lo aporta el politólogo Alberto López Girondo cuando sostiene que “la maquinaria legal tiene otra pata no menos siniestra: las cárceles privadas, que necesitan estar llenas para ser rentables”.

¿Qué no dicen [Barack] Obama y [John] McCain cuando dicen lo que dicen?

Lo miserable de los antiinmigrantes estadunidenses es inmensurable. Son demasiado ignorantes sobre el gran negocio desarrollado en Estados Unidos relacionado con la deportación legal de los ilegales.

La corrupción de sus organismos federales es tal que, desde hace años, construyeron un elaborado entramado. Así concedieron a diversas empresas privadas la administración de cárceles especializadas en acopiar detenidos indocumentados. A los que se los somete a las peores condiciones de hacinamiento y maltratos físicos. Como fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en varias oportunidades, hasta se obliga a pagar su comida a los detenidos y carecen de las mínimas atenciones médicas.

En este rubro comercial se destacan dos empresas líderes: la Corrections Corporation of America (CCA) y el GEO Group. Todas reciben financiamiento del gobierno y (asociadas con otros capitales) son apoyadas por Wall Street, donde se induce a comprar acciones de estas empresas.

La cobertura “legal” se la aportaba la Casa Blanca que cumplía, a rajatabla, la legislación represiva aprobada en 1995 contra la inmigración ilegal. Hoy, la nueva ley de inmigración aprobada por el Senado de Estados Unidos ni siquiera roza a los intereses comerciales de las empresas mencionadas, que, además, se beneficiarán con la tercerización de la seguridad fronteriza.

En la actualidad, se estima, ya pasaron por estas cárceles más de 1 millón de indocumentados. Estamos frente a un negocio redondo.

Me permito abrir paréntesis: recurro al Diccionario de lengua española, Espasa-Calpe, 2011, y leo “Negocio: ocupación encaminada para obtener un beneficio”. Resuena… inocente. Redondo. ¿Redondo? “Negocio redondo: el que proporciona mucha ganancia, el máximo provecho, con el mínimo esfuerzo”.

¿No nos conduce esto a la explotación del hombre por el hombre?

Mientras, los antiinmigrantes estadunidenses no reciben ni 1 solo dólar del gran negocio de la deportación. Sólo asesinan…, como un hobby. Sobre este repugnante tema nadie es inocente en Estados Unidos. Así lo reconocerían ciudadanos como los Mártires de Chicago; los que resistieron y se resisten contra las guerras en Vietnam, Afganistán, Irak, Siria… y la lista continúa; y algunos nombres públicos, como Noam Chomsky (por nombrar uno), que atacan a las políticas imperiales desde su centro. Pero no alcanza para abatir al Monstruo.

Roberto Dante

 

 

 

Defensoras de Chihuahua en riesgo, tras fallo histórico contra feminicidio

Manifestamos nuestra preocupación por las defensoras de derechos humanos de Chihuahua, integrantes de las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (Red Mesa de Mujeres); Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas y Justicia para Nuestras Hijas.

El pasado 27 de julio de 2015, familias de víctimas de feminicidio, con el acompañamiento de las organizaciones mencionadas, lograron un fallo histórico a través del Juicio Arroyo el Navajo, mediante el cual se dictó sentencia contra cinco hombres por privar de la libertad, explotar sexualmente y asesinar a 11 jóvenes secuestradas en la zona Centro de Ciudad Juárez entre 2009 y 2010, cuyos restos óseos se localizaron en 2012 en el Arroyo El Navajo, del Valle de Juárez.

El reciente fallo logrado es emblemático a nivel nacional, pues es la primera sentencia sobre trata de personas en la entidad con ese número de víctimas y bajo el nuevo sistema de justicia penal. El cual se logró luego de la presentación de cientos de pruebas documentales y más de 200 testimonios; asimismo se planteó considerar el contexto de esta ciudad para el análisis de los delitos, específicamente sobre la situación de discriminación por razones de género, violencia contra las mujeres y los antecedentes del feminicidio, expuestos por la doctora en ciencias sociales Martha Estela Pérez. Conjuntamente, la abogada y maestra en estudios políticos y sociales Andrea Medina, colaboró en la utilización de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano del caso González y otras, mejor conocido como caso Campo Algodonero, a partir de la cual se planteó incorporar la perspectiva de género a la sentencia del caso.

Dicha resolución que buscó conocer la verdad histórica, acceso a la justicia y reparación integral del daño para las familias de las niñas y jóvenes asesinadas evidenció que el feminicidio en Ciudad Juárez es algo real y no “una leyenda negra”, como lo han mencionado las propias autoridades estatales y municipales.

De 2010 a 2014, Red Mesa de Mujeres ha registrado un total de 727 feminicidios, un promedio de 182 al año, 15 por mes y cuatro a la semana; en lo que va del año han registrado el asesinato de 26 mujeres sólo en Ciudad Juárez.

En ese sentido, el reciente logro conlleva el incremento del riesgo y vulnerabilidad de las madres, familias y las personas integrantes de dichas organizaciones, al ser quienes vigilarán el cumplimiento de la sentencia y quienes continúan visibilizando la prevalencia de los feminicidios en el estado.

Ante ello, las defensoras de derechos humanos que conformamos la RNDDHM alertamos a las autoridades estatales y federales y exigimos:

• La ejecución de manera inmediata de medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad física de las familias de las víctimas y defensoras de derechos humanos.

• Reconocer públicamente la contribución de las defensoras en la prevención y el acceso a la justicia para que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea garantizado.

• Generar condiciones para que las defensoras puedan continuar su labor en un contexto de seguridad y respeto.

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos estaremos atentas a las acciones implantadas para garantizar a las defensoras el ejercicio al derecho a defender los derechos humanos como lo establece la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones ubicadas en 24 estados de la República

 

 

 

Resistiendo y construyendo autonomía

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional; a los y las adherentes a la Sexta; al Congreso Nacional Indígena; a los medios alternativos de comunicación; a las organizaciones aliadas; a las organizaciones de abajo y a la izquierda:

Compañeros, compañeras:

El 13 de septiembre fue nuestro noveno aniversario, justamente en el marco de la iniciativa política de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con apenas un puñado de comunidades que decidieron crear una nueva organización en la costa de Chiapas.

Para festejarnos, celebrarnos, decidimos asistir a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC, para ver el video que enviaron los hermanos zapatistas del segundo nivel de la Escuelita Zapatista, y es que no hay mejor forma para encontrarnos que escuchar la palabra de los y las compañeras.

A lo largo de nuestra lucha y resistencia hemos tenido logros y fracasos, hemos mejorado las condiciones de vida al interior de nuestras comunidades en resistencia, hemos fortalecido el proceso de lucha en contra de las altas tarifas de energía eléctrica, pero ahora también luchamos en contra de los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, y todo aquello que explota, saquea y despoja; y es que hoy nos estamos organizando para defender nuestra tierra y territorio porque nos quieren quitar el mar, la pampa, el estero, el agua de los ríos, los cerros, las montañas, el sol, el viento… para que unos cuantos se hagan ricos a costa de muchos.

A 9 años, poco a poco vamos construyendo nuestro proyecto de producción autónoma, el trabajo con técnicos de electricidad, los y las promotoras de derechos humanos, la consolidación de nuestro proceso de resistencia en contra de los altos cobros de energía eléctrica, afianzamos más la relación con otras organizaciones y redes hermanas, ratificamos nuestra adherencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a pesar de que nos hemos concentrado en fortalecer nuestro proyecto político en la región costa de Chiapas.

A pesar de la represión estatal desde el periodo gobernado por Juan Sabines (priísta-perredista) y el actual gobernador Manuel Velasco Coello (priísta- verde ecologista) en contra de la dirección política de nuestra organización, con una clara intención de desarticularnos y desorganizarnos, pero también de incriminarnos e inculparnos y hacernos ver como delincuentes, cuando lo único que hicimos y hacemos es defender nuestros derechos humanos, y construir un proceso de autonomía en los pueblos y comunidades en la costa de Chiapas, oponernos en contra de los proyectos gubernamentales, y de todo aquello que atente contra nuestra dignidad y nuestra vida.

Hoy el asedio gubernamental viene desde el Estado, sí, desde el federal, estatal y municipal, con la pretensión de frenar definitivamente nuestra lucha y resistencia, sin embargo, ante esto, los y las compañeras se han mantenido firmes y con ganas de seguir luchando y resistiendo.

Vemos también cómo a nivel nacional el país se desmorona, bueno, lo desmoronan los de arriba, y está ocasionando un desastre en varias partes del país. Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos exigen verdad y justicia, y hasta hoy el Estado no disimula su cinismo, no tiene vergüenza, y sólo está burlándose del dolor de los que sufren la desaparición de sus hijos o hermanos. En Xochicuautla, Estado de México, el gobierno quiere a toda costa despojar a los habitantes de sus tierras para construir la carretera, sin importarle absolutamente nada. Las fuerzas federales entraron a la comunidad de Santa María Ostula y asesinaron a un niño, por órdenes de los poderosos; reprimen en Guerrero nuevamente en contra del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota por resistir en contra de la obra; encarcelan a quienes su único “delito” es proteger a la comunidad a través de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, vemos también cómo en otras geografías se han organizado y están luchando y resistiendo en contra de la imposición de proyectos de muerte. Y la respuesta del Estado es la represión.

Ante todo este escenario estamos trabajando por seguir sumando a más comunidades en la región costa de Chiapas y sigamos avanzando en la construcción del sueño que anhelamos: poder cambiar esta realidad desde las propias comunidades, con firmeza y decisión. Por lo que en este mes haremos varias actividades político-culturales:

-25 de septiembre. Salida de la Caravana de Tonalá, Chiapas, a la Ciudad de México en apoyo a la movilización nacional convocada por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

-26 de septiembre. Marcha en la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, en solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos.

Por ahora es todo. Seguiremos construyendo nuestro andar, ahora articulados con otras organizaciones en la región. Esperamos que puedan estar atentos al llamado de solidaridad y apoyo con nuestra lucha y que puedan ayudarnos en la difusión de las actividades que tenemos programadas. No descansaremos hasta lograr la presentación con vida de los normalistas; no descansaremos hasta que la energía eléctrica sea reconocida como un derecho humano; no descansaremos hasta que los compañeros y compañeras que están presos en el país puedan obtener su libertad que les fue arrebatada sólo por luchar y resistir; no descansaremos hasta consolidar nuestro proceso autonómico en la región costa de Chiapas; no descansaremos hasta que las empresas y el Estado entiendan y se vayan para siempre de nuestras tierras. No permitiremos la entrada del gran capital para explotar y saquear nuestra riqueza.

Tonalá, Chiapas, a 13 de septiembre de 2015.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Presos políticos, libertad!

¡No a la minería, no a la hidroeléctrica; sí a la vida!

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

¡Los zapatistas no están solos. Alto a las agresiones contra las bases de apoyo zapatista!

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

 

 

 

Felicitan por reportaje sobre hallazgo arqueológico

Hola. Reciban una felicitación por el trabajo de investigación del Panteón Colonial de Santa Paula. Reciban un saludo de nuestra academia.

Roberto Samperio

 

 

[OPINIÓN] [NUESTROS LECTORES]

 

 

 

 

Contralínea 455 / del 21 al 27 de Septiembre 2015