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Exigen defensoras de derechos humanos libertad para Nestora Salgado

C Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del estado de Guerrero

A través de la siguiente comunicación nos ponemos en contacto con Usted para continuar la exigencia nacional e internacional de la liberación inmediata e incondicional de la defensora comunitaria Nestora Salgado García, originaria de la comunidad de Olinalá en el estado de Guerrero, México.

Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) es de nuestro conocimiento que la defensora comunitaria y exdirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, continúa detenida ilegal y arbitrariamente desde el 21 de agosto de 2013.

Asimismo, es de conocimiento público que su detención se realizó tras un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Olinalá, sin que se le mostrara orden judicial de detención emitida por alguna autoridad competente, ni se le informara de las razones de su detención.

Desde un inicio, dicha detención estuvo plagada de irregularidades que evidenciaron flagrantes violaciones al derecho a la libertad personal, en el marco de falta absoluta de respeto y garantía al debido proceso legal y otras violaciones a sus derechos humanos.

Luego de haber sido trasladada en las primeras horas a la ciudad de Chilpancingo, sin ser presentada ante un Juez en ese lugar, no contó tampoco con asistencia consular por ser también ciudadana estadunidense y no fue auxiliada por algún abogado de elección.

Posteriormente, Nestora Salgado fue llevada a la ciudad de Acapulco en donde se le recabó su declaración preparatoria, en total estado de indefensión e incomunicación. A tan sólo 4 horas de rendida su declaración fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social 4, Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit, impidiendo con este traslado que mantuviera contacto con algún defensor de oficio o particular, así como que aportara elementos de pruebas que pudieran favorecer su situación jurídica para que en el término legal el Juez decretara auto de libertad a su favor. En este punto, cabe hacer mención que el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad, fue ordenado por el secretario de Seguridad Pública de Protección Civil del gobierno de Guerrero, autoridad que no tiene facultades para ello, pues esta acción sólo le corresponde a una autoridad jurisdiccional.

En dicho penal se le calificó administrativamente, sin revisión judicial, como presa peligrosa, colocándola en régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario. Esto imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y defensa, lo que tuvo graves consecuencias en su salud física y mental.

Desde su detención, elementos de seguridad pública estatal y castrense irrumpieron en la casa de justica de El Paraíso, en Ayutla, Guerrero, deteniendo a elementos de la CRAC-PC, quienes se encontraban a cargo de las personas detenidas y bajo el sistema de reeducación comunitaria; por ello les imputaron tres causas estatales por delitos de secuestro y liberaron a quienes habían sido detenidas por el sistema de seguridad y justicia indígena reconocido bajo la Ley 701 del Estado de Guerrero. Además de Nestora, siete elementos más de la CRAC-PC fueron detenidos y tres más se encuentran bajo proceso, libres bajo caución, por eventos relacionados y otros más de criminalización.

Por otra parte, con los mismos hechos, denunciantes, argumentos y evidencias se abrió un proceso penal federal por delincuencia organizada, duplicando los procesos penales. Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, Nestora Salgado fue exonerada por el Poder Judicial de la Federación, el cual a través del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, y ordenó su libertad inmediata respecto de ese delito, reconociendo la legalidad de las funciones de la policía comunitaria de Guerrero.

Sin embargo, esto no redundó en su liberación y los procesos estatales siguen su curso, produciendo una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos), lo que dificulta su defensa y acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho de toda persona detenida a un proceso justo, imparcial y equitativo.

Asimismo, en enero de 2015 el entonces Gobernador Interino del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, consideró a Nestora Salgado García como presa política manifestando públicamente que debía ser liberada inmediatamente. Para ello, hizo pública la solicitud al entonces titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, del desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria. Pese a ello y a las pruebas insuficientes y contradictorias la defensora continúa en prisión.

En ese sentido, exhortamos al nuevo Fiscal General de Estado de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en contra de la defensora. Reconocemos su trayectoria de más de 40 años en el litigio penal por lo que consideramos el nuevo Fiscal tiene los elementos suficientes para reconocer las graves deficiencias y violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos que han caracterizado los procesos seguidos contra la defensora.

Cabe mencionar que el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora Nestora Salgado, considerando que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud.

En mayo de 2015, Nestora Salgado, en el marco de implementación de las medidas ordenadas por la CIDH, y ante la reticencia del Estado mexicano para trasladarla de penal para salvaguardar su vida, la defensora inició una huelga de hambre que duró un mes. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que se produjeron graves violaciones de derechos humanos durante su detención y recomendó que fuera trasladada al Centro de Readaptación de Tepepan en la Ciudad de México.

Asimismo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ordenó incorporar a Nestora Salgado a dicho mecanismo, sin adoptar medidas efectivas que atiendan el problema de su criminalización y privación injusta de libertad.

La huelga de hambre emprendida por Nestora y las reuniones que se realizan para implementar las medidas cautelares ordenadas por la CIDH visibilizaron la falta de voluntad política para la liberación de la defensora, a pesar de que no se cuenta con las pruebas necesarias para sostener las acusaciones que se le imputan y que se han evidenciado graves violaciones al debido proceso que invalidan lo actuado por la justicia guerrerense.

La detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es a todas luces un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.

Evidencia de ello es también la detención de los otros policías comunitarios integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC): Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso y Samuel Ramírez Galvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec, quienes desde 2013 se encuentran también encarcelados de manera arbitraria.

Ante ello, como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos al Gobierno Federal y a las autoridades del Estado de Guerrero:

• La inmediata e incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero.
• Que la resolución de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se apegue a Derecho y a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
• Desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía General de Guerrero.
• Reparación integral del daño para la defensora y su familia.
• Garantías de seguridad para la familia de la defensora y sus defensoras/es.
• Acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por la detención ilegal de Nestora Salgado.
• Cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Atentamente,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República

ONU Mujeres y ONU-DH México condenan asesinato de la Gisela Mota

La Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenan el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero, cuando se encontraba dentro de su domicilio particular y en presencia de su madre, pocas horas después de haber asumido el cargo.

México ha logrado, con la paridad como norma constitucional, enormes avances hacia el objetivo de lograr la plena participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la vida política en los Congresos. Sin embargo, la participación en el nivel municipal, y en particular en las presidencias municipales, es aún insuficiente. Al respecto, las Oficinas en México de ONU Mujeres y ONU-DH expresan su preocupación por el efecto inhibitorio que estos hechos pueden tener en la participación política de las mujeres. El asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo no sólo es un grave crimen, sino que también perturba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres reconocidos y garantizados tanto por la Constitución Mexicana como por los tratados internacionales. El empleo de la violencia con el objeto de impedir el desempeño de la función pública es un grave riesgo para la vida democrática del país.

ONU Mujeres y ONU-DH hacen un llamado a las instituciones competentes para que se actúe con la debida diligencia y se realicen todas las acciones necesarias para investigar, con perspectiva de género, este asesinato y capturar, juzgar y sancionar a sus autores intelectuales y materiales.

Asimismo, las dos Oficinas alientan a las autoridades a continuar reforzando las políticas y la institucionalidad existentes en materia de protección y seguridad de las personas que aspiran o ejercen puestos de elección popular, en particular de las mujeres en el espacio municipal por su particular situación de vulnerabilidad. De igual forma, convocan a avanzar en la democracia paritaria como una meta para transformar las relaciones de geìnero y lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo.

Desde las Oficinas en México de ONU Mujeres y ONU-DH renovamos nuestro compromiso para cooperar con todas las instituciones y autoridades mexicanas en aras de preservar los avances logrados y seguir promoviendo el derecho de las mujeres a la plena participación en todos los asuntos públicos en cualquier nivel y el derecho a una vida libre de violencia en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

Ambas Oficinas expresan sus sentimientos de condolencia y solidaridad con las y los familiares de Gisela Raquel Mota Ocampo y la ciudadanía de Temixco.

ONU-Mujeres y ONU-DH México

Llama a unir esfuerzos para exigir rendición de cuentas

Es indignante lo que se denuncia en el reportaje “Renta Pemex 49 plataformas por 104 mil millones de pesos”. Debemos ir hasta las últimas consecuencias, pues se trata de un robo a la nación. No es posible que el Partido Revolucionario Institucional haga descaradamente negocios a espaldas de los mexicanos con el mismo dinero y recursos de los mexicanos. Debemos de estar unidos sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y periodistas comprometidos con su país para exigir cuentas de todo el robo, saqueo y daño que Peña Nieto está haciendo a todos los mexicanos. Nos están robando.

Martín Lope

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Contralínea 470 / del 11 al 17 de Enero de 2016