Señor Enrique Peña Nieto
Presidente de la República Mexicana
Licenciada Claudia Ruiz Massieu
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Licenciado Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Señor presidente de la República; señora y señor titulares de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respectivamente, quienes firmamos este comunicado ratificamos lo valioso e importante de las acciones emprendidas por ustedes para resguardar la integridad de nuestro compañero Gustavo Castro Soto, quien se encuentra en la República de Honduras en calidad de testigo protegido y bajo la protección del consulado mexicano en ese país, además de disponer de medidas cautelares solicitadas por la CNDH, a través del oficio CNDH/QVG/123/2016, al subsecretario para América del Norte de la SRE.
Sin embargo, transcurre el tiempo y conforme avanza la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, se incrementa la represión para los compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que ha derivado en un segundo asesinato acaecido el día 16 de marzo de 2016, ahora del compañero Nelson García también del COPINH, lo cual potencialmente supone mayor peligro para Gustavo Castro.
A la par de lo anterior, disponemos de información oficial que muestra tajantemente las irregularidades del proceso aplicado a nuestro compañero y que deja observar la violación contra sus derechos fundamentales.
En ese contexto, nos vemos en la urgente necesidad de hacerles llegar un enérgico extrañamiento para que el Estado mexicano incremente y ponga a la disposición de Gustavo Castro toda la fuerza diplomática y legal para que de inmediato termine su colaboración en Honduras y regrese a México totalmente protegido y con el pleno goce de sus derechos.
Exigimos se actúe con prontitud y con ello se detenga el terrible daño sicológico que tiene nuestro compañero, de tal manera que tenga condiciones adecuadas y suficientes para que inicie su proceso de recuperación que los hechos violentos le han generado, mismos que se siguen incrementando por el trato inhumano y violatorio que sufre al tenerlo retenido en Honduras sin ningún motivo jurídico.
El gobierno mexicano ya debe invocar formal, explícita e inmediatamente la aplicación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal que existe entre ambos países, el cual se sumaría y complementaría otras razones jurídicas de peso que han sido puestas en curso por parte de su defensa.
Nos parece inconcebible que Gustavo haya sido retenido por la jueza en un acto análogo de presunto responsable y no se le consideren beneficios a los cuales tiene derecho como testigo protegido, realizando una flagrante falta a la ley.
El estatus de testigo protegido le permite continuar con su colaboración desde nuestro país, mismo que él ha ratificado a partir de mostrar total disponibilidad para seguir aportando información que permita acceder a la justicia para Berta Cáceres, y que su asesinato no quede en la impunidad.
Consideramos que el Estado mexicano, desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe incrementar y renovar sus esfuerzos, porque lo hecho hasta ahora, aunque importante, empieza a resultar insuficiente y se alarga en demasía un proceso que ya debería estar finiquitado y que incrementa día a día la vulnerabilidad de nuestro compañero.
No debemos permitir que se continúe con esta franca violación al derecho internacional y a los derechos humanos de nuestro compañero. En ese contexto, puntualmente solicitamos su actuación urgente en los siguientes aspectos:
¡Justicia para Berta Cáceres y Nelson García! ¡Alto a la represión contra COPINH y el movimiento hondureño!
Atentamente,
Otros Mundos, Chiapas; Red Mexicana de Afectados por la Minería; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC.
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