Nuestros lectores

Drogas distintas a la cocaína, de mayor consumo en Michoacán, considera

Es mentira que entre las drogas de mayor uso en Michoacán se encuentre la cocaína. Parece ser que la droga que más se consume es todavía la marihuana. Pero mucho más que la cocaína, se consumen las metanfetaminas, conocidas como cristal (no hay que confundirlas con el éxtasis, conocido también como tacha) y las anfetaminas conocidas como pingas. Considero que la razón de esto es una relación que se presenta en Michoacán de migración y drogadicción. El boom de las metanfetaminas se dio en Estados Unidos. A estas drogas se les conoce en ese país como crystal meth. Otra droga más popular –en Michoacán– que la cocaína es la heroína.

Trabajé como agente de seguridad en el Albergue Tutelar de Morelia y en el Centro de Readaptación Social David Franco (Mil Cumbres) y tuve que lidiar incontables ocasiones con internos con síndrome de abstinencia de heroína. Fue entonces cuando empecé a poner atención en los tantos parques descuidados que hay en la ciudad de Morelia, donde comúnmente se reúnen drogadictos: tirados en el suelo, entre latas de cerveza, colillas de cigarros y demás basura, jeringas, cucharas, corcholatas, etcétera. Estos dos tipos de droga que he mencionado son mucho más peligrosas que la cocaína. No entiendo por qué la sociedad y las autoridades michoacanas prefieren ignorar este problema.

Miguel Azueta

Pesar por pobreza en México

Luego de leer su reportaje “Morir en la pobreza”, pienso que es muy triste que todos los que presumimos ser orgullosamente mexicanos no hagamos nada para ayudar a nuestros hermanos, los cuales silenciosamente nos gritan ¡ayuda!

Aide Castañeda

Denuncian represión contra la resistencia al pago de altas tarifas de luz

El 30 de julio de 2009, como parte de los Acuerdos de la Red Estatal de Resistencia Civil La Voz de Nuestro Corazón, decidimos hacer un bloqueo a la altura de la comunidad San Isidro, municipio de Pijijiapan, Chiapas, en donde se dieron cita integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, aproximadamente 400 personas de las diversas comunidades del municipio de Pijijiapan, así como integrantes del Frente Cívico Tonalteco, del municipio de Tonalá.

Lo hicimos para sumarnos a las exigencias de libertad inmediata de los cinco compañeros presos de Candelaria, Campeche, acusados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para exigir también la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los luchadores sociales e integrantes de los diversos grupos de resistencia civil en el país.

También para denunciar los cortes de luz que ha venido realizando la CFE a habitantes de los ejidos de Pijijiapan, en donde el día jueves personal de la CFE robó una cuchilla en el tramo de San Isidro, que abastece de luz a más de ocho comunidades, dejándolas sin el servicio; ello por instrucciones de la agente comercial de la CFE de Pijijiapan, Maritza López Selvas. La misma agente (promovió la) confrontación entre los habitantes de la comunidad de Santa Virginia, entre los que están en resistencia civil y los que no están, utilizando a las personas que están pagando para que obliguen a pagar a los que se han declarado en resistencia civil.

También hay comunidades que se han opuesto al pago del alumbrado público y de la energía eléctrica de las bombas de agua, porque son excesivos y abusivos. Sin embargo, la CFE ha implementado un plan de desprestigio y de confrontación entre pobladores, intimidando a las personas, y también negociando con unos cuantos bajo el agua, para que así los demás desistan de la resistencia civil.

También se condicionan los programas sociales de los gobiernos federal y estatal “gratuitos”: obligan a las personas a que presenten su recibo de luz actual y que esté pagado; de lo contrario, les niegan cualquier clase de crédito o apoyo. Y el recibo de luz se ha convertido en un requisito formal y legal para realizar cualquier trámite.

La lucha de resistencia civil es justa y digna. No estamos cometiendo ningún delito ni robándole a nadie; quienes roban son los políticos, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales… Y no los acusan de robo a la nación, como a nosotros, que tenemos una lucha que es legal, pacífica y civil.

Poco a poco se nos va acabando la paciencia. Va a llegar el día en que provoquen que hagamos una revuelta, ya sea con armas o palos, machetes, con bloqueos, tomas de edificios, tomas de oficinas de la CFE. Esto para que las cosas se pongan cabales y parejas.

Los gobernantes deben poner atención al problema de la luz. El Congreso de la Unión, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, los gobiernos estatales deben empezar a trabajar en una reforma de ley en materia de energía que beneficie al pueblo, y no a los intereses de unos cuantos, como son las empresas trasnacionales. Se necesita una reforma que considere: las condiciones socioeconómicas del país; las temperaturas; que no tenga “rangos de consumo”; que las tarifas se establezcan de acuerdo con el salario mínimo; se considere que Chiapas es productor de la energía eléctrica; se considere que en este estado se extrae la mayor cantidad de agua para generar la luz; que no haya horarios de verano.

Pero para esto tiene que haber diputados y senadores con amor al pueblo y con ganas de servir.

Y si eso no pasa, pues nosotros nos declaramos en resistencia y autonomía, y crearemos nuestras instancias autónomas, como técnicos, equipo de luz. Y desconoceremos a la CFE, y seremos nosotros –como de por sí lo hacemos– quienes le demos mantenimiento a la red de energía eléctrica de nuestros pueblos.

¡Libertad inmediata para los presos de Candelaria, Campeche, adherentes a La Otra Campaña! ¡Cese a la represión contra las comunidades indígenas zapatistas! ¡Justicia para los pobladores de Mitziton!

Desde la Costa de Chiapas, Tonalá, Chiapas, México, por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Tonalá (barrios y colonias): Barrio las Ánimas, Colonia Evolución, Colonia Nueva, Barrio San Francisco, Barrio San Felipe, Barrio las Flores, Barrio Nicatan, Fraccionamiento el Trébol, Boca del Cielo, Isla San Marcos; Pijijiapan: Lázaro Cárdenas, El Fortín, El Carmen, Joaquín Amaro, Agua Tendida, San Isidro, Los Pinos, Santa Virginia, Nueva Urbina, La Conquista, Joaquín Miguel Gutiérrez, La Central, Gustavo López

 

Solicita que fiscalizador no sea designado a propuesta de fiscalizado

Licenciado Francisco Villanueva Salazar

Presidente municipal de Cajeme

Estimado señor presidente, le saludo con respeto y aprovecho para manifestar mi desaprobación al desempeño del señor contralor municipal de Cajeme, contador público Sergio Gastélum Allard, mismo que en reiteradas ocasiones incumplió a la recomendación que hiciera a su favor el Instituto Sonorense de Contadores Públicos, que avaló su probidad.

El funcionario en mención se desempeñó con desafortunada complacencia y escasa seriedad en diversos asuntos públicos que un servidor presentó y solicitó en este periodo municipal, olvidándose del más elemental derecho de un ciudadano: el derecho de petición y su correspondiente respuesta (artículo 8 constitucional), así como incumplimiento a lo establecido en varias fracciones del artículo 63, y a los artículos 65, 66, 72, 73, y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios en Sonora, por lo que espero no se vuelva a considerar este instituto para futuras recomendaciones.

En otro punto, no es necesario que un contralor sea contador público; en todo caso, debe ser abogado con conocimientos en la función pública, que vigile el cumplimiento de leyes y reglamentos, así como establecer las responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos. Y para su designación se debe evitar que ésta sea a propuesta del presidente municipal en turno, por el consabido conflicto de interés que tendría con la propia autoridad municipal. Es perverso que el alcalde proponga a quien lo va a vigilar. Por ello anteriormente propuse que lo elija un consejo ciudadano (sesión extraordinaria de Cabildo, 13 de febrero de 2009) para su posterior nombramiento, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el artículo 17 del Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Cajeme.

Sin otro particular, su amigo ingeniero Marcelino Pérez Arenas, regidor. Ciudad Obregón, Sonora, a 4 de agosto de 2009

Exigen justicia para mujeres indígenas presas

El 3 de agosto de 2009 se cumplieron tres años de la detención de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres indígenas acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes federales de investigación durante hechos ocurridos en la comunidad Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano –que defienden a Jacinta Francisco Marcial– demandamos una vez más que, guiándose por el más estricto respeto a los derechos humanos, las autoridades involucradas en su caso actúen con prontitud para reconocer su inocencia y restituirle su libertad.

Desde que se hizo público el caso han sido numerosas las muestras de solidaridad así como la exigencia de poner un alto a los abusos de las autoridades y corregir las aberraciones del sistema de justicia. También diversas instancias públicas han expresado su preocupación al respecto, entre ellas el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Consideramos que la recomendación de esta última, del pasado 19 de julio, en la que reconoce que fueron violados los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, confirma su inocencia.

Los hechos que dieron origen a la falsa acusación, la detención y la injusta sentencia de las tres mujeres acontecieron el 26 de marzo de 2006, cuando los comerciantes del tianguis de Santiago Mexquititlán –muchos de ellos dedicados al comercio informal en parte debido a los efectos adversos de la política económica para los sectores más vulnerables de nuestro país– se opusieron al despojo que de su mercancía hicieron –sin identificarse ni exhibir la orden que sustentara su proceder– los agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación.

Los centros de derechos humanos ya mencionados estamos convencidos de la inocencia de Jacinta Francisco Marcial. Ésta quedó plenamente corroborada durante el desahogo de pruebas realizado en mayo de 2009 en la ciudad de Querétaro. Sabemos, sin embargo, que a pesar de que ella no participó en los reclamos de los pobladores afectados por la irrupción de los agentes policiales, su caso forma parte de un patrón de actuación de las autoridades consistente en usar el sistema de justicia –cuyas deficiencias afectan más a quienes son ya discriminados por su condición económica, étnica o de género– como instrumento para disuadir o castigar a colectivos que en la exigencia de sus derechos se oponen a los abusos de la autoridad.

Reiteramos, con motivo de este tercer aniversario de su encarcelamiento, que es ya tiempo de poner fin a los abusos cometidos contra las tres mujeres indígenas concluyendo su caso con una sentencia absolutoria a fin de que recuperen su libertad. Confiamos en que así será, pero llamamos a la sociedad a mantener la atención en el caso y a exigir de las autoridades una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos.

Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez