Nuestros lectores

Asesor de Extrabajadores de R100 denuncia atentados

Como siempre, envío mi reconocimiento a Miguel Badillo y sus colaboradores en tan valiente función de sacar a la luz las corruptelas de nuestros gobernantes. El motivo de esta carta es para denunciar los ataques de los que yo, mi esposa y extrabajadores de la extinta Ruta 100 hemos sido objeto. Actualmente funjo como asesor político y de estrategias del Grupo Periférico de los Extrabajadores de la Exruta 100.

 

El 26 de febrero del presente año, un servidor y Raúl de los Santos Hernández –quien es uno de los representantes de los trabajadores– viajábamos en mi vehículo Ford Fiesta blanco, modelo 2007, placas MBK 5440 del Estado de México. Al ir circulando sobre Tlalpan, con dirección Norte, casi a la altura del metro San Antonio Abad, una camioneta de valores del grupo “Grumer” se impactó en contra de mi vehículo, al parecer no por un error humano. El choque pudo ser deliberado, pues todos los autos avanzaban a vuelta de rueda y la camioneta se detuvo por unos instantes, aceleró, tomó velocidad y sin frenar en momento alguno se impactó contra nosotros. Entonces nos dirigíamos a una cita con el fiscal de delitos financieros para entregar un proyecto de pliego de consignación en el cual acreditamos que sí existen delitos cometidos por familiares de importantes funcionarios del gabinete federal (y que gozan de la protección del gobierno del Distrito Federal). El choque resultó en la pérdida total del vehículo. Gracias a Dios, nosotros resultamos sólo con esguince cervical grado dos y algunos hematomas y escoriaciones. Desde días antes ya habíamos notado que diversos vehículos han venido siguiendo a un servidor. Casi todos estos automotores llevan placas de algunos estados de la república, principalmente Hidalgo y Sinaloa.

 

Así, el 13 de agosto pasado fui agredido directamente por tres personas. Había acudido a una refaccionaria en Los Reyes, municipio La Paz, Estado de México. Al dirigirme a mi domicilio fui abordado por tres sujetos. Uno de ellos, armado con un palo, me golpeó en la parte temporal izquierda, cerca de la sien, y me propinó varios golpes en el cuerpo. No fui objeto de robo. Sólo me golpearon, me dejaron aturdido y sangrando. No tuve fracturas. La lesión sólo ameritó sutura.

 

Hemos observado que, conforme avanzamos en el asunto de los extrabajadores de la Exruta 100, se incrementan este tipo de ataques.

 

Mi esposa también ha sufrido las consecuencias de que un servidor sea el asesor político y de estrategias del grupo Periférico. En mayo pasado, mientras se encontraba gozando de incapacidad, fue separada de su cargo como secretaria de la magistrada Rosalinda Sánchez Campos en la ponencia tres de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esta magistrada utilizó un documento apócrifo con una firma falsa, como si mi esposa hubiese renunciado. Por ello, actualmente se encuentra abierta la averiguación previa FAE/D/t2/187/08-11, pero ya se determinó que efectivamente la supuesta renuncia es falsa. A pesar de que se le hizo del conocimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, no hizo nada. Por el contrario, protege a dicha funcionaria que, incluso, ya fue citada como probable responsable en la Fiscalía Central para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La magistrada no acudió a la cita fijada el 13 de agosto de 2009 por “no tener tiempo”. Aprecio que la fiscal y sus colaboradores tienen un gran interés en proteger a Sánchez Campos, pues incluso se prestó para integrar y consignar una averiguación previa con pruebas fabricadas en contra de mi esposa, la cual se está llevando en el Juzgado Trigésimo Segundo de Paz Penal en el Distrito Federal, en la causa 95/2009. A pesar de ser muy evidente la fabricación de pruebas por parte de la propia magistrada, giró orden de aprehensión y dictó auto de formal prisión contra mi esposa.

 

En virtud de que existen ataques en nuestra contra, queremos hacerlos públicos. Hacemos responsables al gobierno del Distrito Federal, a la magistrada Rosalinda Sánchez Campos y a los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia de lo que nos pase en nuestras personas, propiedades y posesiones, así como a cualquiera de nuestros familiares.

 

No es posible que por defender una causa justa como la de los extrabajadores de la Exruta 100 nos ataquen de esta manera. Como en lo legal no pueden defender lo indefendible, ahora se valen de todo tipo de artimañas y ataques.

 

Agradezco a usted y a sus lectores. Espero que un servidor no se convierta en una nota roja más en nuestro país.

 

Licenciado José Guadalupe Carmona Loaiza, asesor político y de estrategias del grupo Periférico de los Extrabajadores de la Exruta 100

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Hacienda, blanda con trasnacionales y dura con pequeños contribuyentes, considera

 

Estoy harto de que las grandes empresas mexicanas y extranjeras con sus despachos contables, legales y fiscales hagan todo menos pagar impuestos. Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) devuelve cientos de millones a Alsea, Domino’s, Burger King, etcétera, mientras explota a pequeños contribuyentes cautivos como yo: aun presentando comprobantes legítimos, me negaron la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), calculada por su propio DeclaraSAT. Autorizaron sólo la décima parte (200 pesos), diciendo que un donativo de 11 mil pesos a una institución filantrópica autorizada por Hacienda ¡era un exceso!

 

¿Acaso no son excesos los miles de millones en sueldazos, transporte, comida, celulares, hospitales privados, aguinaldos y bonos libres de impuestos para el presidente (pensionado por sólo seis años de “trabajo”)? ¿Y qué decir de gobernadores, secretarios, legisladores, ministros de la Suprema Corte, consejeros del Instituto Federal Electoral, etcétera? ¿Y los 400 millones de pesos gastados de más por la Presidencia en 2009? ¿Y los 13 mil millones de pesos que nos costaron las elecciones; y los miles de millones que no pagaron por vender Banamex, ni pagan los sindicatos por sus cuotas, ni la iglesia por sus servicios, ni la bolsa de valores por sus operaciones?

 

Luego de saquear al pueblo, lo amenazan con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y alimentos. Antes de un estallido social, mejor cobren a grandes evasores, recorten sueldos y prestaciones a funcionarios; reduzcan burócratas y sean más eficientes. Respecto del IVA, a excepción de frutas, verduras y carnes crudas, por qué no cobran IVA a productos industrializados no prioritarios para el consumo humano, como refrescos, cerveza, dulces, frituras, pastelitos y “comida” rápida, que no nutren y causan caries, diabetes y obesidad.

 

Juan Carlos López

 

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Denuncian represión y detenciones contra opositores a la instalación de un basurero

 

El 24 de agosto pasado, a las nueve de la mañana, fueron detenidos Francisco Estrada Castro y Luis Gutiérrez Montiel, pobladores de San Antonio la Isla, Estado de México, quienes se oponen a la instalación de un tiradero de basura, por considerar que no cumple con las normas oficiales. Quienes los detuvieron iban vestidos de civil y portaban armas largas. No mostraron identificación ni orden de aprehensión. Encañonaron, además, a todos los ahí presentes. Lo anterior ocurrió en La Mina, poblado de San Antonio la Isla.

 

Según información proporcionada por el abogado de Estrada Castro y Gutiérrez Montiel, estos últimos se encuentran en un penal de Almoloya de Juárez, acusados de obstrucción a las vías de comunicación y daños a un vehículo. Según el mismo informe, cuatro comuneros más tienen órdenes de aprehensión.

 

Se tiene conocimiento de que el 25 de agosto, por la mañana, oficiales de la ASE (Agencia de Seguridad Estatal) golpearon a personas que se oponen a la instalación del tiradero de basura, a las entradas del poblado La Mina.

 

Laura Lorena Ramírez Bravo, responsable en el Estado de México de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

 

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Pemex: la “devastación” organizada, considera

 

Estimado señor director:

 

La portada y la titulación del número 143 de Contralínea, correspondiente al 9 de agosto de 2009, revelan la trágica realidad de nuestra gran paraestatal: “Pemex, corrupción y saqueo”, con la foto de sus principales autores Rosendo Villarreal y Reyes Heroles. El primero, de Saltillo, infiltrado en el Partido Acción Nacional (PAN) desde que los empresarios se enfriaron con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la nacionalización de la banca (época López Portillo, mediados de la década de 1980); y el segundo, de buena estirpe nacionalista pero mezclado hoy con los intereses neopanistas y neopriistas. Lo cierto es que Villarreal, desde que ocupó la presidencia municipal de Saltillo por el PAN, sacó las uñas para hacer fortuna fácil (su condición económica entonces era precaria) y ganar el poder político mediante mecanismos de espionaje a subordinados y competidores, a fin de tener elementos para consumar el chantaje, por cuya vía ha escalado cargos incompatibles como haber sido director de Contraloría de la Secretaría de la Función Pública, desde donde auditaba a Petróleos Mexicanos (Pemex). A la salida de Muñoz Leos se le ubicó en la Dirección del Corporativo de Administración de la misma empresa para que, como auditor que había sido, arreglara la documentación necesaria para ocultar desvíos, ordeñas y saqueos a la empresa petrolera.

 

En el libro Un espía en el Senado, de Conrado García Jazmín, se describe la patológica obsesión de Villarreal para utilizar el espionaje político para conseguir sus propósitos y vender la información a sus superiores para atemorizarlos por revelar lo que pueda tener de ellos, y conseguir así la permanencia en el cargo y la invulnerabilidad a sus propios intereses y posiciones.

 

Costó trabajo en Coahuila convencer a la ciudadanía de lo pernicioso de la presencia del panista en el estado, y hoy parece que todo apunta a que se va conociendo también de su voracidad e inescrupulosidad como jefe de la devastación organizada en Pemex. Con el tiempo, está quedando todo claro. Lástima que los perjuicios a la nación sean irreparables.

 

Hiram Torres Rojo

 

 

El regreso del PRI más inmoral y negativo, señala

 

Señor director:

 

Lo más revelador del extraordinario y ágil reportaje de Ana Lilia Pérez sobre la agresión a las viudas de Pasta de Conchos y los espléndidos testimonios de la violencia ejercida, a través de las fotografías de David Cilia, son los de la comprobación de que detrás del regreso del Partido Revolucionario Institucional está la mano negra de Carlos Salinas de Gortari, que se reinstala con uno de sus más voraces operadores, Rogelio Montemayor. Éste, sin el menor recato, se prestó a ser prestanombre del Grupo Minera México, para romper la ocupación de la mina de carbón que ha posibilitado que las viudas, con apoyo de don Raúl Vera y Carlos Rodríguez SJ, trabajen para rescatar los restos de sus familiares victimados y sepultados en el túnel del yacimiento carbonífero.

 

Rogelio Montemayor fue el que entregó el dinero a la campaña política de Labastida. Es evidente ahora que tal orden se la dio Salinas de Gortari, de quien había sido su director del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y subsecretario de Programación, para después ser incrustado en el gobierno de Coahuila y trasladado después a Pemex, para su utilización en la campaña priista.

 

El tiempo revela con claridad lo ocurrido. Lástima que no aprendamos de él y se repitan los desastres que han postrado a México y que, en vez de crear opciones políticas nuevas que entrañan responsabilidad ciudadana para organizarse y rescatar el recto sentido de la política (contra la decadencia y corrupción que ha supuesto el doble sexenio neopanista), se recurra más por amnesia al PRI y no sólo a este partido, que pudo haber tenido claroscuros, sino al PRI más inmoral y negativo que es el de Salinas de Gortari.

 

Jesús González Schmal