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Tren Maya, “proyecto colonizador”; indígenas solicitan diálogo con López ObradorLicenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México

Licenciado Adelfo Regino Montes, próximo director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Licenciado Miguel Torruco Márquez, próximo director de la Secretaría de Turismo

Coordinadores regionales de desarrollo de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas

Presentes

La Iniciativa del “Tren Maya” por parte de la próxima administración del Ejecutivo se encuentra en una disyuntiva seguir las malas prácticas de gobierno de subastar, autorizar, y contratar proyectos sea de servicios, generación de energía, comunicación, agropecuarios, turísticos sin solicitar el consentimiento de nuestros pueblos indígenas, y seguir con su política de exclusión, segregación, discriminación y de un paternalismo colonial o iniciar un proceso de democracia participativa.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes reconoce nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre, informado, de buena voluntad y culturalmente adecuado.  No es un texto aislado, es como otros tratados consensuados por la misma comunidad internacional que lo genera y en el proceso para lograr el reconocimiento de este y otros derechos de los pueblos indígenas en la que México tuvo participación activa. En ese sentido, la firma y ratificación de dicho convenio fue un acto soberano.

El artículo primero de nuestra Constitución dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (interpretación pro persona). Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Por ende, los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que los tratados internacionales como el convenio 169  de la OIT, no deben de ser tomados, bajo ningún concepto y por ninguna autoridad en nuestro país, como letra muerta; nuestras autoridades deben y tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes que de ahí se emanen. Por tanto ellas deben de garantizar y salvaguardar los derechos de nuestras comunidades indígenas.

La intención de un tren transpeninsular no es nuevo. Años atrás ya se había propuesto y en esa ocasión también cuestionamos su procedimiento colonizador. En agosto de 2014 el Consejo Maya Peninsular (CMP) reiteró en un escrito la exigencia planteada a las delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Quintana Roo y Yucatán desde marzo de ese año, sobre el tema del “Tren Rápido Transpeninsular” en el sentido de que antes de realizar dicho proyecto se hiciera una consulta a ejidos, comunidades y municipios como se establece en el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, con información previa y suficiente que permita o no, un libre consentimiento de los habitantes Mayas que serían los principales afectados por la ruta del tren. El interés del CMP obedecía a que, según lo publicado en la prensa nacional, dicho proyecto tendría un fuerte impacto regional en lo social, económico, cultural y ambiental.

Ahora, cuando el proyecto es retomado por el presidente electo, consideramos que aquella petición sigue siendo justa y es puntual que, antes de cualquier acción a tomar por la autoridad federal en relación al llamado “Tren Maya”, se dé cabal aplicación y obediencia a lo establecido en el Convenio 169 que es ley en nuestro país.

La propuesta de generar empleo y desarrollo a través del turismo, también se expresa en dos vertientes: o fortalecemos el turismo de masa y depredador, que sólo beneficia a las grandes cadenas de hoteles, de restaurantes, así como a las grandes corporaciones de transporte y destruye el medio ambiente, o construimos un turismo sustentable, biocultural que se basa o tiene su origen en fortalecer las economías de las comunidades y pueblos indígenas que buscamos el equilibrio con la naturaleza.

Además, es importante y fundamental considerar cuidadosamente los impactos sociales del crecimiento del turismo que se pronostica acarrearía el referido Tren. También deben evitarse consecuencias negativas como las migraciones descontroladas, delincuencia, prostitución y tráfico de drogas,  a las que se enfrentan los municipios turísticos, como bien describe Leticia Merino Pérez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México en reciente artículo.

Es indudable que los 1 mil 500 kilómetros que recorrerá el Tren Maya mejorarán la conectividad y comunicación. Se tendría que revisar cómo contribuiría a impulsar las economías de los Estados peninsulares. Pero se requerirá adoptar medidas para prevenir la contaminación de los mantos freáticos durante la construcción de la obra y evitar daños a la vegetación y en general a la afectación al medio ambiente regional.

Reconocemos que, aunque innegables,los impactos ambientales (en términos de remoción de la vegetación y de promoción de nuevos asentamientos en áreas forestales conservadas) de una vía férrea son mucho menores que los de una carretera. Nos preocupan, como a la citada investigadora, los riesgos que entraña el objetivo de la obra y que son, entre otros, que: intensificará el turismo y creará nuevos centros turísticos en la región Maya, un área con presencia de ecosistemas insulares, de selva y sabana, cuerpos lagunares costeros y manglares, de importante fragilidad ecológica.

Además, los impactos sociales del crecimiento del turismo deben considerarse también cuidadosamente y evitar a toda costa  un modelo semejante al del desarrollo turístico del Caribe mexicano que se caracteriza por su carácter expansivo con gran consumo de espacio, que privatiza bienes naturales y culturales cuyo acceso es restringido a la población local provocando una gran segregación clasista que los aísla de los espacios turísticos de su entorno.

Como señala en su reciente artículo “Los riesgos del tren maya que propuso AMLO” la citada investigadora, el modelo de desarrollo en el Caribe ha generado “ciudades gemelas”, grandes hoteles y áreas residenciales de la Riviera Maya que se establecen entre la costa y la carretera, al otro lado de asentamientos de los trabajadores, en condiciones de pobreza y con acceso precario a servicios públicos. El deterioro afecta también al patrimonio cultural, encarece el suelo y el costo de la vida, promueve migraciones descontroladas, delincuencia, prostitución y tráfico de drogas que enfrentan los municipios turísticos del Caribe, genera también cambios en los sistemas de valores, rompe la comunalidad y estos procesos se expresan en la incidencia de suicidios entre los jóvenes mayas.

La Red Nacional Indígena (RNI) y todos los firmantes consideran igualmente que el llamado a la cuarta transformación del país representa una oportunidad y una obligación de construir un futuro distinto a las condiciones de pobreza, desigualdad y desaliento a las que el modelo de desarrollo vigente ha conducido a México.

Como hace 26 años, seguiremos exigiendo respeto a nuestro derecho a la Libre determinación y autonomía. ¡Nunca más un México sin Nosotros! Reiteramos nuestra exigencia de que se cumplan nuestros derechos reconocidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas antes de iniciar cualquier proceso de licitación de la obra y esto es reconocer nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre, informado, de buena voluntad y culturalmente adecuado, derecho que es ley en nuestro país.

La Red Nacional Indígena (RNI) se suma e insiste al igual que las organizaciones de la península de Yucatán agrupadas en la coordinación “Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio” en lo siguiente:

Que en este y otros proyectos en los que se afecte nuestro derecho al territorio se convoque a los Pueblos Indígenas como sujetos de derechos colectivos a fijar su posición frente a los mismos.

Que no es la consulta el fin último, sino solo un mecanismo para acopiar y acercar  información para estar suficientemente informado y sobre esa base poder tomar decisiones informadas. Lo importante es nuestro Consentimiento en el marco del ejercicio de nuestro derecho a la Libre Determinación.

La Prohibición total y absoluta de cualquier tipo de Subasta, autorización, permiso de cambio del uso del suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios, sin haber obtenido el Consentimiento de nuestros pueblos, antes y después del 1 de diciembre de 2018.

La información de lo que se llama la Manifestación de Impacto Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental, la tiene que hacer un organismo independiente de la empresa, del gobierno, con una Misión de Observación, garantes, como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacionales de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con una proyección a 40 años.

Establecimiento de mesas de trabajo por estado y una mesa en la que se encuentren los tres estados de la Península de Yucatán con el objetivo de garantizar el cumplimento de nuestros derechos territoriales.

La facilitación económica y logística del estado para la realización de un “Plan Regional del Buen vivir Maya”, emanado de mesas de trabajo comunitarias, estatales y regionales, como una propuesta de los Pueblos Indígenas Mayas, poniendo a discusión los planes de desarrollo que se pretenden implantar en nuestros territorios. La apertura de escucha, y el reconocimiento de nuestros derechos como punto de partida para cualquier intervención de gobierno en nuestros territorios, constituye un desafío para la próxima administración. Queremos confiar en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, será sensible a estos planteamientos.

Es importante recalcar que el proyecto de “Tren Maya” afectaría a la zona núcleo del área natural denominada “Reserva de la Biosfera de Calakmul”, la cual ha sido declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, situación que violaría los Convenios Internaciones firmados por México.

Exigimos el respeto de los derechos de nuestras comunidades y pueblos indígenas, así como el cabal cumplimiento y aplicación de la Constitución en su Artículo Segundo; al igual que el respeto a la decisión de las comunidades indígenas, la cual su decisión siempre debe tener la característica de vinculante.

Invitamos al licenciado López Obrador y a su equipo de trabajo, a un diálogo respetuoso, de alto nivel, a reflexionar en colectivo sobre lo aquí manifestado.

Atentamente,

Red Nacional Indígena (Comisión Política, Marcos Matías Alonso, Carlos de Jesús Alejandro, Larisa Ortiz Quintero, Pascual de Jesús, Jose Luis Castro); ANIPA Quintana Roo –Hermelindo Be Cituk y Carlos Chable–, Coordinación Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio (Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, SC, Romel Rubén González Díaz); Prodiversa, AC; Red de Productores de Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab AC (Humberto Vazquez León); Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Muuch Kambal, AC; Consejo Indígena de Atasta (Francisca Heredia Córdoba) Cladem (Karen Montiel); Cime-Yucatán; Movimiento de Resistencia Civil (Sara López González) Candelraria, Campeche, Sociedad Cooperativa Turística Repobladores de Chiquila (David Valerio Espinoza); Ejido de Conhuas, Calakmul (Israel Oliveros López); Red Indígena de Turismo Alternativo; IDESMAC, Colectivo Indígena de Halacho (Edgar David Cauich Tucuch); Sociedad Cooperativa Chac Lol (Aurelio Mugarte) Xool-Yucatán; Yokotan); RITA Tabasco (Estanislao Arias Torres); CROISZ-CONMOP-LM (Julio Atenco Vidal); Tropa Yaqui (Ernesto Arguelles Mendez); Unión de Trabajadores del Campo/UTC (Enrique Rocha Blanco); Cgcip/CONAMI (Fabiola del Jurado Mendoza); ONPZ/Michoacán (Patricia Torres Sandoval); Tuunmukuy, AC (Huberto Aldaz Hernandez); Consejo Indígena del Trueque y CONAMI (Ernestina Ortiz Peña); Movimiento Indígena de Michoacán (Abundio Marcos Prado); Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibri Valladolid Yucatán (Candelaria May Novelo); Agrupación de Derechos Humanos Xochitepélt, AC, Norte de Veracruz (Jesús Granada Bautista); Movimiento Nacional por la Esperanza-Yucatán (Arturo Ciau Puc); Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc, Chiapas y el Consejo Municipal de Oxchuc (Gabriel Mendez López); ONPZ de Michoacán (Abelardo Torres Cortez, Cesar Cruz Benítez) Comcausa, AC (Laura Hernández- CIELO/Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México (Cecilio Solís Librado, Aracely Burguete); Movimiento Social Nuevo Sol y Consejo Indígena Comitán (Margarito Ruiz); UPOEG (Manuel Vazquez Quintero); Comité Ciudadano Contrala Inseguridad de Zaragoza (Eucario de los Santos Cruz); Maya de Chichimila, Yucatán (Arturo Ciau Puc); U Nojkúuchilil Maayáaj, AC, Yucatán (Fidencio Briceño Chel).

Peninsula de Yucatán; 16 de septiembre de 2018

Denuncian censura de la BUAP a libro sobre el 68

Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68 lleva por título el libro recién impreso y cuya distribución ha prohibido el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza.

En el mes de enero de este año, los autores convinimos con el rector ceder los derechos de la obra para una edición que, con motivo del cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, sería entregado gratuitamente a todos los estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad.

El 3 de abril firmamos el contrato editorial correspondiente. Desde ese momento, trabajamos con el propósito de contar, a finales de julio, con una obra digna de tan memorable acontecimiento. Sin embargo, en el último momento, estando ya lista la edición de 67 mil ejemplares encargados, violentando los compromisos adquiridos en el contrato suscrito, el rector se negó a distribuir Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68 a la comunidad universitaria sin dar explicaciones.

Tenemos así el paradójico y a la vez reprobable hecho de que están embodegados 67 mil ejemplares de un trabajo que no reconoce el rector, pero del que es autor de su presentación y que incluye página legal e ISBN tramitado por la BUAP. Trabajo muy significativo de un suceso  histórico  que se ha resignificado por los violentos acontecimientos en la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales favorecen a las fuerzas más retardatarias del país.

Afortunadamente –aunque hay muchos funcionarios en las universidades, en los gobiernos estatales y en las dependencias federales que hacen y deshacen a su capricho, atropellando los derechos más elementales de los ciudadanos, sin considerar leyes, obligaciones y compromisos–, estamos convencidos de que los renovadores vientos que soplan en México no  favorecen la continuación de semejantes comportamientos y este libro estará, sin duda, en manos de los universitarios y los ciudadanos.

Enrique Condés Lara y Jorge Meléndez Preciado

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