Las y los estudiantes del posgrado en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, queremos manifestar nuestra indignación por la detención ilegal del estudiante Ramsés Villarreal, pasante de la carrera de sociología de esta casa de estudios, quien fue acusado de ser el probable responsable de las explosiones provocadas en sucursales bancarias, tiendas de ropa y agencias automotrices ubicadas en el Distrito Federal.
Frente a la incapacidad del Ministerio Público, que fabrica pruebas, y la ilegalidad de su detención, un juez ordenó el viernes 2 de octubre su inmediata liberación; sin embargo, las acusaciones de las que Ramsés ha sido sujeto siguen vigentes.
Consideramos que este hecho atenta contra la libertad y la dignidad del estudiante, así como contra la paz e integridad de su familia. Exigimos a la rectoría de la UAM que se pronuncie en contra de la injusticia que ha padecido Ramsés Villarreal. De igual forma, solicitamos que las autoridades universitarias de la UAM le faciliten a él y su familia el apoyo legal necesario para enfrentar la situación jurídica que atraviesa.
Invitamos a la comunidad académica en general y a la sociedad mexicana a que se manifieste en contra de estos actos intimidatorios por parte del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, ya que atentan contra la integridad de los estudiantes, pues son utilizados como chivos expiatorios. La comunidad estudiantil de este posgrado se manifiesta a favor del ejercicio del respeto y de la protección de las garantías individuales de los estudiantes de este país. Expresamos nuestra solidaridad a nuestro compañero Ramsés Villarreal y a su familia.
Estudiantes de las generaciones 13 y 14 de la maestría en desarrollo rural: Mario Fernando Melchor Villa, Susan Liliana Morales Segura, Alejandra González Marín, Guadalupe Ortiz Hernández, Silvia Nuria Jurado Celis, Mayeli Iraís Ruiz Lugo, Diana Itzú Gutiérrez Luna, Dionicio Toledo Hernández, Claudia Ordóñez Víquez, Jozelín María Soto Alarcón, Milton Gabriel Hernández García, Mauricio González González, Nadia Mercedes Salmerón García, Brenda Rodríguez Herrera, Érika Sánchez Arana, José Juan Martínez Jiménez, Jaime Javier Aguirre, Alejandra Ramírez Gaytán, Liliana Garay Cartas, Juan Carlos Chamorro Mata, Víctor Moreno del Castillo, Sergio Grajales Ventura, Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, Ixchel Carrasco Arias, Leonor Cano Osanaya, Adriana Becerril Escamilla
Es verdaderamente preocupante la situación que vive la gente de la Sierra Tarahumara; pero es más triste que existan gobiernos corruptos y poco profesionales. Con nuestro actual sistema de gobierno seguirá muriendo gente en el olvido, toda vez que, para los gobernantes, las personas en pobreza extrema no tienen ninguna importancia. Envío felicitaciones a las personas que realizaron el reportaje sobre la pobreza que sufren los tarahumaras.
José Francisco Almazán Rodríguez
Contra el maltrato hacia los animales
Ojalá cada vez más medios, como Contralínea, se sumen a la difusión de la información que circula sobre el maltrato animal.
Es insuficiente el trabajo que realizan activistas y protectores de animales. Se necesita que el gobierno se preocupe y se ocupe de este tema, así como también se requiere de la sensibilización y la responsabilidad de la sociedad.
Me da gusto escuchar los argumentos tan bien informados en el reportaje sobre maltrato animal.
Elena Díaz
¿Y los privilegios del actual director de Pemex (Petróleos Mexicanos), que documenta Contralínea, sí están de acuerdo con lo establecido por el gobierno usurpador? ¿Cómo vamos a comparar estos pocos gastos de representación con los gastos de los obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas? Estos obreros gastarán 50 pesos en quesadillas. Y lo de Suárez Coppel sí es un gasto imprudente. Es más, es robo a la nación.
Edna Hernández Sánchez
Sobre el servicio de la CFE
…Y nos preguntamos, ¿de qué serviría escapar corriendo cuando la nube radioactiva se expanda en cosa de segundos en kilómetros a la redonda?
El famoso PERE (Programa de Emergencia Radiológica Externo) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó un simulacro en donde participaron cerca de 3 mil elementos. Sólo que en este acto, que supuestamente se hace en beneficio de la población, la ciudadanía estuvo ausente.
Pusieron sistemas para detectar radiación en caso de una fuga en la planta nuclear de Laguna Verde, ubicada a 50 kilómetros del puerto de Veracruz y casi a 70 de la capital del estado, Xalapa. Cuando los técnicos e integrantes del PERE (quienes radican en el Distrito Federal) hacían su simulacro, la población más cercana a la planta nuclear –llamada Palma Sola– bloqueaba la carretera federal, porque la CFE les había cortado la luz a cientos de personas. La protesta también era contra las elevadas tarifas.
Los poblados cercanos a la planta de Laguna Verde están en plena rebeldía porque los empleados de la CFE no pagan la energía eléctrica y porque se encuentran vulnerables ante el peligro de una fuga nuclear. Y son precisamente estas familias las que pagan la electricidad más cara que en cualquier parte del país. Además, cuestionan el programa del PERE, ya que los caminos de evacuación están en mal estado.
Todavía hay que agregar que los encargados del PERE viven en el Distrito Federal, y sería imposible que lleguen a Laguna Verde si hay un accidente nuclear.
¿Con estas anomalías, todavía el gobierno de Calderón va a meter a los trabajadores de la CFE en el Distrito Federal? ¿Sacan a unos “corruptos” para meter a otros corruptos? ¿O porque el sindicato de la CFE es más dócil que el Sindicato Mexicano de Electricistas?
¿Quieren ahorrar más dinero para los pobres? Que los petroleros paguen la gasolina que les regalan y los de la CFE paguen su luz. Millones se tiran en estos sindicatos blancos de las industrias paraestatales.
Gastón Pardo
C. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
El periódico El Cinco denuncia la vulneración a las libertades de prensa, expresión y acceso a la información en que ha incurrido el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, para quien es letra muerta lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde hace más de un año, El Cinco es víctima de constantes embates que el gobierno estatal ha lanzado con el objeto de que este medio de comunicación desaparezca.
La sociedad civil también es agraviada en esta embestida oficial contra los propietarios, directivos, reporteros, fotógrafos, empleados administrativos, personal de talleres y repartidores que laboran para esta casa editora.
Esto es así porque el derecho a la libertad de expresión no es sólo potestad de quien difunde una idea, sino también de quien ha de recibirla por cualquier medio.
El conflicto se originó en febrero de 2008 cuando el gobernador intentó despojarnos de un predio de 598-87-92 hectáreas contiguo al poblado La Pesca, en el municipio de Soto La Marina, lugar donde su administración pretende construir el denominado Megaproyecto Turístico La Pesca.
Lo hizo con argucias legaloides en las que resaltó la utilización de una empresa que exhibió escrituras falsas; además, utilizó el poder y los recursos del estado en toda clase de presiones ilícitas.
Los hechos de tal despojo han sido denunciados en distintas ediciones de El Cinco a fin de que los ciudadanos tamaulipecos estén informados del proceder autoritario del gobernador.
Y, a consecuencia de esas publicaciones, la intolerancia oficial a nuestra línea editorial no se ha hecho esperar.
En síntesis, la estrategia del aparato estatal se ha desplegado en varios frentes:
a) El estrangulamiento económico. El gobernador canceló injustificadamente la difusión de publicidad gubernamental en nuestro medio, con lo que incurrió en un claro acto de discriminación en nuestro perjuicio, violatorio de la garantía de igualdad prevista en el artículo 1 constitucional. Y, no conforme con ello, extendió el boicot a todas las presidencias municipales y a otros poderes y titulares de órganos autónomos. Algunos empresarios también han sido presionados para no requerir los servicios del periódico al anunciar sus productos y servicios. El objeto del boicot oficial es que el medio de comunicación no tenga ingresos económicos para sortear los costos de producción.
b) Las amenazas y agresiones. Dieciocho trabajadores, entre reporteros, empleados del área de talleres y de circulación, fueron coaccionados por orden del gobernador. Incluso, la madrugada del 16 de abril de 2008, hombres armados, identificados como agentes de la Policía Ministerial del estado, irrumpieron en las instalaciones del periódico y secuestraron al prensista. Veinticuatro horas después lo liberaron. Tras una serie de diligencias, cuando habíamos identificado como responsables del secuestro del prensista al menos a dos policías ministeriales en activo de la procuraduría estatal, extrañamente el fiscal especial de la Procuraduría General de la República, Octavio Alberto Orellana Wiarco, ordenó el desglose de la averiguación previa y envió la mayoría de la misma a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, para que esa dependencia –donde laboran los secuestradores– continuara las indagatorias. Otra ola de amenazas y coacciones inició el 1 de septiembre de 2009. En la semana que transcurrió fueron coaccionados: un prensista, dos ayudantes de prensista, un empleado de fotomecánica y un intercalador de periódico. El periódico no se editó los días 5 y 6 de septiembre por esa razón. Y desde el día 7 de ese mes, así como las siguientes 16 ediciones, la portada se imprimió a blanco y negro, no a color. Menos de un mes después, el 1 de octubre de 2009, otra vez, el prensista que había sido conseguido, fue coaccionado, así como su ayudante. Dos empleados de circulación tampoco se presentaron a laborar. Además, un reportero abandonó el empleo por presuntas amenazas del gobierno. Son de destacar otros agravios: robo de la nómina del periódico a las afueras de un banco; robo de ejemplares de distintas ediciones; robo de medidores de la Comisión Federal de Electricidad –para dejar sin luz al medio de comunicación–, entre otros.
c) La ofensiva legal-laboral. Cuando en 2008 coaccionaron a 18 extrabajadores, éstos fueron persuadidos a demandarme por supuesto despido injustificado, pese a que la mayoría había firmado su renuncia y estampado su huella dactilar. En las averiguaciones previas penales 748/2008, 750/2008 y 492/2009 se nos ha acusado penalmente de falsedad en declaraciones a mí, a mi familia y a uno de mis abogados, ante la procuraduría estatal; averiguaciones que se encuentran en trámite y que no tienen otro fin que el de encarcelarme, pese a que soy inocente. Los funcionarios del gobierno del estado han sometido vergonzosamente a las juntas especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quienes han dictado laudos condenatorios declarando procedentes la totalidad de las prestaciones laborales reclamadas por los 18 extrabajadores de El Cinco. Esto ha derivado en el embargo de bienes del medio de comunicación que, por ley, son inembargables, por ser instrumentos de trabajo.
d) Acoso fiscal. Desde septiembre de 2008 y hasta septiembre de 2009, la administración estatal, echando mano de un convenio que signó con la federación, ordenó practicarnos 19 auditorías y destinó a 21 auditores de la Secretaría de Finanzas con el objetivo de revisar los impuestos federales y estatales de 2004 a la fecha. En el mismo afán de presionar, intimidar y distraer las funciones que desempeñamos, las últimas tres auditorías abiertas son para revisar las cuentas personales de los representantes legales de El Cinco.
Cuando inició la embestida oficial, mi familia poseía 10 periódicos El Cinco: Linares, Nuevo León; Valle Hermoso, Reynosa, San Fernando, Mante –matutino y vespertino–, Tula, Altamira, y Victoria, Tamaulipas, así como un semanario. A la fecha, únicamente se edita el de Ciudad Victoria.
El Cinco se ha mantenido firme en defensa del derecho a informar con veracidad. Por eso nos vemos obligados a solicitar que, a la brevedad posible y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, tome usted las medidas cautelares que estime pertinentes e investigue los hechos denunciados, a fin de restablecer el estado de derecho vulnerado por el gobernador de Tamaulipas. (Carta resumida)
Atentamente,
Adalberto Garza Dragustinovis, presidente del Consejo de Administración
Periódico El Cinco
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