La investigación acerca del proyecto México 2030 está muy bien documentada y ejemplifica claramente en qué consiste el neoliberalismo que llegó a México con Miguel de la Madrid y que tantos estragos ocasiona a la sociedad y a la naturaleza. Quien sostenga como presunta alternativa modernizadora a este viejo régimen económico, es cómplice de ese crimen denominado extrema pobreza.
José Manuel Marmolejo Delgado
Es un crimen contra la nación lo que están haciendo los panistas. Debemos unirnos en las próximas elecciones y sacarlos del poder que arrebataron.
Nos quieren ver la cara con eso programas dizque de igualdad para todos, cuando los únicos beneficiados son ellos y los empresarios. Mientras, las mayorías contamos con un salario apenas para subsistir. ¿Qué será de nuestros hijos, nietos y de nosotros mismos sin los derechos a la salud y a la educación?
Seremos cómplices de los panistas si no ejercemos nuestro voto en contra de la ultraderecha.
Como profesora que soy de la Universidad de Guadalajara, me asusta mucho la situación que se avecina, porque actualmente tenemos pocas condiciones de superarnos en nuestros trabajos. Y ahora, con el Proyecto México 2030 nos vamos a quedar completamente desprotegidos.
Susana Robles Márquez
El reportaje sobre el fraude de la conservación ambiental es de suma importancia. Con esta información se debe presionar a las instituciones gubernamentales responsables de la política de conservación de la vida silvestre. Se debe hacer conciencia de la ineficiencia con la que ejercen los recursos de la sociedad los responsables en el gobierno federal.
Demian Miranda
Una vez más, en menos de un mes, el pueblo wixárika fue víctima de otro hostigamiento policiaco, que en esta ocasión terminó con un saldo de dos heridos tras un ataque armado por parte de la policía municipal de Huejuquilla, Jalisco. El hecho ha provocado la indignación generalizada de todo el pueblo wixárika, quienes en la asamblea general de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, decidieron, junto con las autoridades de las comunidades de San Sebastián Teponuahuaxtlán, acudir a la cabecera municipal de Huejuquilla para que se haga notar su posición ante este lamentable abuso de autoridad por parte de los uniformados.
La noche del pasado 18 de marzo, en el tramo Mezquitic-Huejuquilla, Jalisco, a la altura del poblado San Antonio de Padua, viajaban en un vehículo siete comuneros de la comunidad de Tatei Kie-San Andrés Coamiata. Entre ellos iba un niño. Los indígenas transportaban dinero de los Fondos Regionales del programa de apoyo a proyectos productivos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo al testimonio de los wixaritari, comenzaron a ser seguidos por un vehículo que les hacía cambio de luces. Se trataba de una patrulla municipal de Huejuquilla. Ante el temor de sufrir un asalto, el conductor wixaritari acelero el vehículo, acción a la que le siguieron las detonaciones de las armas de fuego de los policías, resultando heridos Rosendo Parra López, quien se encuentra grave y detenido, y Matea Tizano de la Cruz, que presentó rozones de bala en las piernas.
Ante esta situación, la comunidad de Santa Catarina, que se encontraba sesionando en su asamblea general, decidió, junto con las autoridades de San Sebastián, tomar la presidencia municipal de Huejuquilla en protesta por la ola represiva en contra de las comunidades huicholas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya dictó medidas cautelares para que no se violen los derechos del detenido, que se investigue conforme a derecho a los policías involucrados (que fueron detenidos, pero salieron bajo fianza de inmediato) y que se recaben todas las pruebas necesarias para determinar responsabilidades.
La persecución policiaca al vehículo de la comunidad ocurre en medio de una creciente incursión de grupos ligados a la delincuencia organizada, que han hecho un clima de inseguridad muy fuerte, haciendo muy riesgoso viajar de noche.
Los grupos criminales, por sus uniformes, pasamontañas y hasta farolas como de policía son fácilmente confundibles con cuerpos de seguridad pública, por lo que cada vez es más peligroso pensar en detenerse ante un vehículo que hace señales con las luces, aunque parezcan policías.
La represión contra la comunidad de San Andrés ocurre pocos días antes de que se realice la XXVII Asamblea Ampliada del Congreso Nacional Indígena, región Centro Pacífico, en la comunidad wixárika Autónoma de Bancos de San Hipólito, que es parte del territorio que fue despojado a San Andrés desde 1968 y que está dando importantes avances en la recuperación autónoma de su territorio.
Los pasados días 22 y 23 de febrero, los jicareros de los centros ceremoniales de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán fueron hostigados de manera poco habitual por tres patrullas de la policía estatal de San Luis Potosí, mientras se encontraban en una ceremonia durante su ancestral peregrinación a ese estado, para recolectar la planta sagrada híkuri, que es conocido como peyote y que tiene un uso ritual. La acción represiva se suma a la lista de hostigamientos a esta comunidad desde febrero de 2008, en que detuvo con fuertes movilizaciones la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, que se pretende imponer mediante fraudes, corrupción, destrucción ambiental y mentiras.
Al mismo tiempo, ocurren a lo largo de la geografía nacional una serie de violaciones criminales a los derechos humanos, con asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y cárcel contra los pueblos indígenas.
Atentamente,
Por la reconstitución integral del territorio y el hábitat wixárika, Asociación Jaliscience de Apoyo a Grupos Indígenas, AC
La información sobre cómo el sistema financiero mexicano lava dinero del narcotráfico es difícil de encontrar en otras publicaciones. Permite tomar conciencia de una multiplicidad de problemas que aqueja a nuestro país. Gracias por eso.
Rafael Ramírez Inzunza
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), manifiesta su más profunda preocupación ante la serie de asesinatos cometidos por elementos del Ejército Mexicano.
CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares sigan ocurriendo.
Esta organización observa con consternación que ante la oleada de violencia a manos de efectivos militares, las autoridades civiles del estado de Nuevo León han justificado la violencia militar y han intentado culpar a la delincuencia organizada de los excesos que han cometido las autoridades castrenses. En varios de los sucesos, las víctimas no tenían relación alguna con la delincuencia organizada, en otros casos, el grado de fuerza letal utilizada excedió a la necesaria para llevar a cabo un arresto legítimo dadas las circunstancias del caso; es decir, los hechos que provocaron estas muertes no cumplieron con los requisitos de absoluta necesidad y de proporcionalidad, por lo que son injustificables y los responsables deben ser llevados ante la justicia.
CADHAC manifiesta una especial preocupación por la tendencia de las autoridades civiles a dividir el entramado social en “buenos y malos”, y a pretender que sólo las ejecuciones de los primeros resultan relevantes. En un reciente desplegado, el propio gobernador del estado manifestó: “Nada hay más lamentable que la pérdida de vidas inocentes”. Esta afirmación implica una terrible actitud de permisividad hacia las ejecuciones de personas que presuntamente tengan algún vínculo con la delincuencia organizada. Las autoridades del Estado mexicano han fallado en garantizar el derecho a la vida. Ahora, en el discurso, pretenden que dicho derecho sólo corresponde a algunos, a los “buenos” de la sociedad.
Ante estos hechos, esta organización reafirma su convicción de que sólo a través del respeto irrestricto a los derechos humanos y a la legalidad, podrá lograrse el clima de seguridad que tanto anhela la población nuevoleonesa. La comunidad no necesita que el Ejército asesine gente, sino que las autoridades de procuración e impartición de justicia realicen su labor y lleven ante la justicia a los delincuentes, incluidos aquellos militares que han excedido su labor y han asesinado, hasta ahora, impunemente.
Todo homicidio es un delito grave que debe ser sancionado. No hacerlo provoca más impunidad y más violencia.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC
Las escuelas normales rurales son, además de un espacio que garantiza la educación integral para el nivel superior, una fuente de riqueza cultural para nuestra nación y para el mundo. Es una desgracia que las políticas gubernamentales hagan a un lado a estas instituciones que han ofrecido por tantos años a la clase humilde, un medio de superación para salir adelante. Quienes han estudiado en una normal rural, aun en precarias condiciones, se han convertido en profesionistas con ética, dinamismo, tenacidad, humildad, lealtad, valor, vocación de servicio, cientificidad, creatividad…
Es una tristeza la política miserable de nuestro gobierno que mutila y castra parte de la historia de nuestro país al asesinar este tipo de instituciones producto de la Revolución Mexicana. Un buen gobernante preparara educativamente a los pueblos, y no reparte políticas de miseria con las que se margina a los de menores ingresos y los condena al peor de los exilios, el de la ignorancia.
Saludos a todos los egresados de las normales rurales, específicamente a los de Cañada Honda, Aguascalientes, de quienes tengo el más afectuoso e inolvidable recuerdo.
Yadira Esparza Santos
FUENTE: CONTRALÍNEA 176 / 4 DE ABRIL DE 2010
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