La comunidad triqui migrante –radicada en los campos agrícolas del estado de Sonora, México– condena el asesinato de nuestro compañero Timoteo Alejandro Ramírez y de su esposa Tleriberta Castro. Responsabilizamos al gobierno del estado de Oaxaca de este doble asesinato y de las agresiones en contra de nuestro pueblo.
Es cierto, hemos sido un pueblo conflictivo, pero no entre nosotros; así nos catalogaron los mestizos porque no nos dejábamos ser dominados, porque así nos defendíamos de sus agresiones. Nos convirtieron así para apoderarse de nuestras riquezas naturales. Desde hace más de 500 años hemos sido explotados y esclavizados por los conquistadores; trataron de exterminarnos pero no pudieron; resistimos y hoy estamos aquí. El tiempo ha pasado y las cosas no han cambiado: siguen agrediéndonos, tratando de destruirnos y adueñarse de lo poco que nos ha quedado. Nuestras comunidades están en el abandono, en la pobreza extrema. No existen proyectos de desarrollo integral que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. La violencia ha aumentado. Hay desapariciones, amenazas, asesinatos, extorsiones, fabricación de delitos. No hay seguridad. Los derechos humanos son violados. Los hechos se han denunciado pero no hay justicia, no hay respuesta y nos queda claro que detrás de las agresiones está el gobierno, los caciques y sus grupos paramilitares. No nos queda otra opción que salir de nuestros pueblos.
Estamos fuera de nuestras comunidades, pero nuestro sueño es regresar algún día para enseñar a nuestros hijos el origen de nuestras raíces, el pueblo que nos vio nacer y se reconozcan como los dueños de estas tierras.
Solicitamos a los hermanos triquis que representan a cada una de las organizaciones existentes que busquen la paz a través del diálogo con todas las comunidades y les recordamos que la violencia es el camino equivocado que nos está llevando a la desaparición de nuestro pueblo.
Exigimos a todas las instituciones una profunda investigación para obtener justicia para nuestro compañero Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro, para dar con los autores intelectuales y materiales, y que se les castigue con todo el peso de la ley.
Respaldamos la exigencia de todas las organizaciones que desde sus trincheras se unen para romper el cerco de violencia que existe en nuestra cabecera espiritual y ceremonial de San Juan Copala.
Exigimos: justicia para Timoteo Alejandro Ramírez y Tleriberta Castro; alto a las agresiones en contra del pueblo triqui; castigo a los responsables de este doble asesinato.
Por la liberación de los pueblos originarios,
Comunidad triqui en Sonora, México
Es triste enterarse de la crueldad contra los animales. Es lo peor en que puede caer el ser humano. La deshumanización es el resultado de la violencia y el escaso respeto hacia el medio ambiente.
Marisela García
Juan Domingo Pérez Castillo, ciudadano mexicano de nacimiento y de corazón triqui, originario de la comunidad de La Cieneguilla y vecino de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, me dirijo a usted, atendiendo a mi derecho de réplica para solicitarle un espacio en su revista, para que ponga lo siguiente:
Fui fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1981, y desde años anteriores participé en actividades organizativas que prepararon las condiciones para el surgimiento de dicha organización.
En internet vi un documental de Contralínea, titulado “San Juan Copala, terror paramilitar”, en el que se narra la vida de San Juan Copala, similar a una zona de guerra según lo que se dice. En el transcurso del video aparece el profesor Miguel Ángel Velasco, haciendo una serie de denuncias, pero a la vez diciendo una serie de mentiras. Yo viví en San Juan Copala durante muchos años y tuve que salir porque me quitaron mi casa y se la apropió el mencionado profesor, además de las amenazas de muerte en mi contra y de mi familia. Para evitar enfrentamientos estériles con mis propios hermanos, preferí salir del pueblo no por cobardía, sino por sensatez y porque estoy seguro que la responsabilidad de todo la tienen los caciques, el poder del mal gobierno y el Estado mexicano en su conjunto, que se ríen de nuestros enconos.
El profesor Miguel Ángel Velasco, junto con otras personas, entró a mi domicilio derribando la puerta de madera con un hacha, se apropió de mi vivienda y se robó todas mis pertenencias. ¿Esto es actuar con justicia? No sólo abrieron mi casa por la fuerza, sino también las de otros vecinos, bajo la consigna de la ambición de tener más terrenos y casas para ellos.
Esto lo denuncié ante autoridades correspondientes con el número de averiguación previa 48/FM/2007.
Estoy desterrado de mi comunidad y de mi casa. Aun así sigo pensando que los problemas de la nación triqui no son problemas entre nosotros, sino son provocados por ese modo de hacer política lleno de ambición, avaricia, dolor, cárcel y muerte que se llama capitalismo neoliberal.
Seguiremos trabajando con nuestros compañeros desde abajo y a la izquierda para sembrar la semilla de un mundo diferente en donde quepamos todos y se mande obedeciendo.
Atentamente,
Juan Domingo Pérez Castillo
Por este conducto solicitamos nuestro derecho de réplica sobre una entrevista que hizo el periodista José Réyez, integrante de su prestigiada revista, publicada en el número 184, con fecha del 30 de mayo de 2010, al compañero Heriberto Pazos Ortiz, miembro de la Dirección Política de nuestra organización MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui). En esta entrevista, pone el periodista como título: “Ulises Ruiz, sin responsabilidad en el asesinato: MULT”.
Al respecto queremos precisar lo siguiente: no estamos deslindando a Ulises Ruiz de la responsabilidad, sino que ésta va más allá del gobernador en turno; es culpa del sistema, es decir, es culpa del Estado mexicano, donde incluimos al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal. Y no sólo eso, sino que la responsabilidad viene desde el sexenio de Pedro Vázquez Colmenares –quien torturó a varios presos políticos de nuestra organización– y los gobernadores y presidentes de la República subsecuentes, quienes tendrán que asumir la responsabilidad histórica. Queremos decirles que no sólo las balas matan, sino que también la marginación y el olvido en que tienen sumergida a la nación triqui, por sus compromisos incumplidos.
Atentamente,
Representación del MULT en el Distrito Federal
Pascual de Jesús González
Todo en esta vida implica sacrificio, pero no entiendo por qué una normal que brinda servicio a los jóvenes, como la de Tiripetío, Michoacán, se encuentre tan marginada. De ahí salen los maestros que van a impartir clases a las comunidades más pobres.
Miguel Barajas Antúnez
Qué lástima que el gobierno no apoye a este tipo de escuelas, las normales rurales. Y sorprende que, por el contrario, obstaculice su desarrollo. Pero “la unión hace la fuerza” y nos organizaremos para que las cosas cambien.
Irasema Olivas
La situación que prevalece en San Juan Copala ya rebasó el nivel nacional y a las instituciones mexicanas. Es importante la denuncia; por ello felicito el trabajo informativo de búsqueda de la verdad histórica de un pueblo que, pese a todo, tiene en alto su identidad y dignidad. Es importante que trascienda al nivel internacional, y no sólo a través de organizaciones no gubernamentales, sino también de los órganos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras, para que los gobiernos simuladores, que no ven ni escuchan, queden evidenciados de su ineptitud y de sus violaciones a los derechos humanos.
Lourdes González
Continuará siendo lamentable que la hegemonía considere a las escuelas normales rurales como un peligro. Hacer despertar a la mayoría es la causa principal del riesgo inminente de extinción de estas escuelas.
Soy egresado de El Quinto, Sonora, generación 1967-1973. Esta gran institución me dio las bases pedagógicas que me han permitido conquistar el reconocimiento de mis alumnos, de mis compañeros y de educadores nacionales y extranjeros. Pero lo más importante ha sido el conjunto de aportaciones pedagógicas y didácticas que han sido acogidas ya por miles de maestros mexicanos, que hemos retomado las grandes aportaciones de la pedagogía mexicana para construir un paradigma pedagógico y un modelo educativo: la Pedagogía de Metafrontera.
Quienes venimos del más humilde de los orígenes sociales estamos comprometidos en la defensa de las escuelas normales rurales y de la escuela pública. Ellas constituyen nuestro patrimonio irrenunciable e irreductible.
¡Quinteños, hoy la estrategia de emancipación es el conocimiento, la calidad de nuestro quehacer profesional! Un hombre sabio dijo: “La verdad os hará libres”.
Juan José Pérez Perusquía
El pasado miércoles 19 de mayo, soldados del Ejército Mexicano detuvieron en la Isla Montague a los pescadores indígenas cucapás Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra Hurtado, al haberles encontrado en su panga una totoaba de 12 kilogramos de peso, especie vedada, después de ser arrastrada por la red de los pescadores de manera involuntaria.
Los pescadores cucapás fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público federal del Puerto de San Felipe, la cual, extrañamente y de manera expedita, los consignó en menos de 24 horas al Juzgado Segundo de Distrito con sede en Mexicali, sin haber turnado el caso a la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la República, que toma en consideración la legislación y culturas indígenas.
Los militares que detuvieron a los pescadores indígenas no atestiguaron los hechos. Aun así, éstos fueron consignados por el Ministerio Público federal “por haber pescado en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California Delta del Rio Colorado”. Sin embargo, los propios afectados y pescadores de la región, aseguran que la totoaba fue pescada fuera de esa zona.
A pesar de no haber testigos presenciales del presunto acto ilícito, el juez de la causa, José Avalos Cota, que no tomó en cuenta que fue una pesca incidental y no intencional, y no haber corroborado con los militares la constancia de hechos, dictó a los dos indígenas auto de formal prisión, sin derecho a fianza, como si fueron los peores criminales.
En estos actos, encontramos un grave acto de discriminación del juez José Ávalos Cota, porque no consideró la condición indígena de los imputados, pescadores iletrados, y no revisó la legislación nacional e internacional en materia indígena.
Es increíble que para la justicia mexicana importe más una totoaba que la libertad de los derechos de dos indígenas cucapás.
Exigimos la libertad de nuestros hermanos indígenas cucapás; respeto a la pesca de nuestros hermanos.
Basta de represión y autoritarismo. Si tocan a uno, tocan a todos.
Pueblo indígena Cucapá
Centro de Comunicacion Alternativa
“Alrededor de las 20 horas del 31 de mayo de 2002, un volteo que se dirigía a Santiago Xochiltepec para ir a dejar unos 30 obreros del aserradero La Cofradía, de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, es emboscado en el paraje de Agua Fría por un grupo de personas que disparan sus armas contra los ocupantes del volteo. En este acto murieron 26 personas y dos más resultaron heridas.
“Al amanecer, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y preventivos arribaron al lugar y trasladaron los cuerpos a la comunidad de Xochiltepec. Se señala que fueron aproximadamente 50 personas quienes realizaron la emboscada, dejando un saldo de 89 huérfanos y 28 mujeres entre viudas y madres.”
Es el Informe de la visita a la Agencia de Santiago Xochiltepec Textitlán, realizada el 5 de junio de 2002.
Se han cumplido ocho años de estos hechos, donde 26 miembros de la comunidad de Xochiltepec, Oaxaca, fueron asesinados en el paraje de Agua Fría, supuestamente por miembros de la vecina comunidad de Teojomulco, quienes demostraron su inocencia: quedaron absueltos y libres los 12 detenidos a quienes se pretendió inculpar de manera falsa y dolosa.
Hace ocho años, el contexto era de fuertes conflictos y enfrentamientos armados entre comunidades de la Sierra Sur. Ahora, con la firma de la paz entre los municipios de Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, las comunidades están reconstruyendo sus relaciones como pueblos vecinos. Aun así, la situación no ha cambiado mucho, pues sigue siendo una de las zonas más pobres y olvidadas del estado de Oaxaca y una de las más marginadas de México. Asombro causa, por ejemplo, el retiro de los médicos especialistas del Hospital de la Paz; dejando un cascarón sin sentido para quienes necesitan de una atención especializada, que, en muchas ocasiones, es de urgente intervención quirúrgica.
La masacre fue documentada por organismos de derechos humanos, como la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes en su momento realizaron una misión civil de observación para documentar los hechos y emitir una serie de recomendaciones, algunas de ellas retomadas en el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2002, sobre el caso Agua Fría.
A ocho años de estos lamentables sucesos, exigimos:
1. Conocer la verdad del caso Agua Fría: ¿Quiénes son los autores materiales e intelectuales de la masacre? ¿A qué se debe la incompetencia, o negligencia, o encubrimiento, o complicidad?
2. Fin a la impunidad y a las violaciones de derechos fundamentales reconocidos en tratados y convenios internacionales, entre ellos el derecho a la justicia, a un debido proceso y protección judicial a las víctimas de la violencia, así como una efectiva reparación del daño.
3. Condena pública y fincar responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios responsables de estos hechos, ya que para dar la apariencia de “agilidad en las investigaciones”, detuvieron a personas inocentes, como quedó demostrado.
4. Cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en su informe de 2003.
Oaxaca no puede seguir siendo el laboratorio en el que los pueblos pobres e indígenas sigan siendo víctimas. Si no hay justicia, las masacres se seguirán repitiendo con los mismos patrones de conducta y procedimiento. Basta ver los acontecimientos actuales que está padeciendo la entidad. Es necesario que la sociedad cobre consciencia. Nos preguntamos: ¿Qué pueblo sigue?
La paz es fruto de la justicia.
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, AC
Comisión Diocesana de Justicia y Paz
El que los estadunidenses gobiernen México parecía una fantasía. Luego de leer el reportaje sobre el plan México 2030, sabemos que es una realidad. Los mexicanos no hemos sido capaces de cambiar nuestro destino con estos políticos sinvergüenzas que tenemos. Parece que tenemos una monarquía a la que el pueblo debe rendirle tributo. Qué vergüenza tener que depender de otro país. Pobres de nuestros nietos, quienes tendrán que pagar una cuota muy alta por lo dejados que hemos sido.
Ángel Vidal
Con la muerte del líder de Yosoyuxi, los triquis, mis paisanos, no tendrán miedo. Al contrario, seguirán con más fuerza lo que él había comenzado. Timoteo Alejandro fue un buen hombre, un gran amigo y un gran líder. Vivirá siempre en el libro de los recuerdos y en la memoria de los triquis. Siempre estará con nosotros.
Eduardo León
Una felicitación a los amigos de Contralínea. Su trabajo realizado en San Juan Copala demuestra que el miedo y el hostigamiento no son obstáculos insalvables para la denuncia. ¿Dónde está el Ejército, las policías estatales y federales, y los gobernantes y representantes de la sociedad? El gobierno federal está entretenido matando (o intentando matar) narcos… y civiles. Apoyemos la caravana que sale la próxima semana a Copala.
Héctor García Montiel
Estimados amigos de Contralínea:
El pasado sábado 22, en el Parque del Cartero, de la colonia Postal, en el Círculo de Análisis y Reflexión Buzón Ciudadano, se presentó el libro Psicoanálisis del poder en México. El autor fue amenazado de muerte por un sujeto que, a bordo de una bicicleta, sacó una pistola mientras todos estábamos escuchando al doctor. Un provocador distrajo la atención, mientras el doctor era amenazado.
Jimena Valle Hernández
Felicidades por el texto “La farsa de la guerra contra el narcotráfico”. Retrata muy bien lo que en verdad ocurre. Calderón obedece ciegamente las órdenes del narco en el poder: Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Para ello usa al Ejército Mexicano. Las Fuerzas Armadas no sólo quitan la competencia (otros cárteles), sino también, de paso, Calderón se quita muchos opositores. Este gobierno usa al Ejército para cometer secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas contra personas civiles que están contra este régimen.
Ricardo Alejandro
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