A propósito del texto en el que Álvaro Cepeda critica al Sindicato Mexicano de Electricistas, me gustaría hacer unas preguntas. ¿Cuánto tiempo se le hace razonable que debamos esperar para que nos atiendan? ¿Y qué hacemos si nos dan puro atole con el dedo? ¿Le seguimos creyendo al mentiroso de Francisco Blake Mora? ¿Seguimos esperando hasta el infinito a que cumplan lo que prometieron cuando levantamos la huelga de hambre? Ah, pero nosotros somos los violentos.
Eric Flores
Señor Álvaro Cepeda Neri:
Le saludo respetuosamente. Sin mayor preámbulo, me refiero al artículo de la violencia hacia los periodistas que usted ha escrito en la prestigiada revista Contralínea, en el que usted toma para sí la labor de Ministerio Público e incurre en el mismo sofisma de muchos de sus colegas: dar por sentado algo que aún no es juzgado.
Las constantes faltas a la ética en que incurren algunos medios provocan que en este país muy pocos de ustedes, los periodistas, y aún menos medios, tengan credibilidad.
Sería bueno que además de señalar a los trabajadores electricistas, también nos comentara por qué Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín siempre son parciales a favor del poder. ¿Lo hará? ¿O considera que no es ético hablar de un colega, aunque éste haga mal uso de su profesión para afectar a muchas personas?
Lamento mucho los exabruptos de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. En efecto, los actos de violencia son condenables vengan de donde vengan. En lo que no estoy de acuerdo, es en que se dé por sentada la supuesta violencia de los trabajadores y se omita la violencia de la que son objeto y que proviene, en parte, de periodistas y medios sin escrúpulos como los que le mencioné líneas arriba.
Agradezco la atención a la presente. De verdad que es usted muy leído, pero no se extravíe.
Víctor Manuel Pérez Bravo
Don Álvaro:
Híjole, parece usted nuevo en el acontecer político de este país. ¿Qué no se da cuenta qué terreno estamos pisando? Pensaba que Contralínea tenía criterios abiertos a la verdad. El gobierno extinguió la empresa por convenir a sus intereses. ¿Es usted tan ingenuo para pensar que un día Calderón nos va a decir que reconoce que hizo mal? Nunca lo va a decir. Su política autoritaria y represiva no sólo es contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es general. Vuélvase para dondequiera; verá que no hay algo, una sola cosa buena hecha por este gobierno. Para mí, Martín Esparza es el mejor líder sindical que tiene México. Ya quisiera verlo a usted siquiera dos días bajo la presión a la que está sometido nuestro líder. Si fuera transa, como usted dice y los convenencieros paleros de varios medios informativos, Esparza ya nos hubiera dejado.
Usted está como Denisse Dresser. Según ella, “denuncia” que Esparza tiene mucho dinero y que hasta el gimnasio con duela importada es de él. Y que tiene caballos pura sangre. Vaya mentiras. El gimnasio es propiedad del Sindicato, no de Esparza; los caballos que dicen son de un establo que tiene su papá en Juandó. Ya les dijo Esparza que lleva a los reporteros para que se convenzan. Y respecto de los acontecimientos del 11 de abril, fueron hechos provocados para criminalizar el movimiento.
Son muy pocos los medios que dicen la verdad: La Jornada, MVS, Proceso y varios periodistas de Contralínea, con excepciones como usted. Yo soy lector de este medio. Compro la revista y he adquirido los libros de sus reporteros.
Me sorprende que no vea que el SME sólo ha recibido golpe tras golpe. El que estemos sin trabajo no les da derecho a los periodistas de decir que somos delincuentes y porros. Más porro es el que miente, porque sabe que tiene el poder de la letra. Cualquier comentario que quiera lo podemos discutir, porque ya basta de agredir al que está en la lona; no se puede ir por la vida pisando a los demás.
Clara Dalia Calvillo Salazar
Les escribo a propósito del artículo “British Petroleum, detrás de la invasión destructiva de Irak”. Deseo hablarles desde Suramérica, donde esta compañía trasnacional compra políticos que están en el poder, pero también a los que están en la oposición. Esta compañía se encuentra en la plataforma del Orinoco; así, el petróleo que adquiere en estas tierras sirve para subsidiar la guerra en otros continentes (y en cualquier momento, en este mismo). Nuestros países están fuertemente penetrados por traidores que se venden por un poco de dólares.
Socialismo o barbarie.
Tibisay Medina, vocera principal del colectivo Justicia Social para las Comunidades de Fundación Camarada Ana Julia Martínez
Viento Nuevo, la organización en que militó Jyri Jaakkola hasta que fuera asesinado en el camino a San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril de 2010, solicita a las autoridades que la detención de Rufino Juárez Hernández, líder de los paramilitares de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), sea el primer paso concreto para llevar ante la justicia a aquéllos que han matado a los 25 defensores de la autonomía de San Juan Copala (y a todos los demás asesinados en la región triqui).
Las 25 personas fueron asesinadas en un año porque trataron de defender los derechos legítimos del Municipio Autónomo Triqui. La comunidad entera fue violentamente obligada a desplazarse en 2010 como resultado de balaceras y del cerco paramilitar de la Ubisort. Poco después de los asesinatos y el desplazamiento violento, se declaró el hallazgo de valiosos minerales en la zona.
La mayoría de las 25 personas asesinadas fue triqui. Además, una mujer mixteca, Bety Cariño, y un activista finlandés, Jyri Jaakkola.
Esta clara violación de los derechos humanos universales no puede ser sólo un “conflicto interno” de los triquis –como el anterior gobernador, Ulises Ruiz, quiso etiquetarlo–. Esto, debido a que los triquis fueron masacrados y violados por hombres armados y financiados desde fuera de la comunidad. El conflicto no fue interno: estuvo financiado desde el exterior; en parte, también por el anterior gobierno del estado.
La Ubisort es la responsable de aterrorizar al pueblo de San Juan Copala. Su líder, Rufino Juárez Hernández, fue detenido por uno de los crímenes que ha cometido. Para respetar los derechos humanos y la ley, las autoridades deben investigar y llevar ante la justicia a los criminales.
Los derechos de las comunidades indígenas a sus propios medios de subsistencia en sus tierras y bosques ancestrales y a sus formas menos comerciales de intercambio deberían ser garantizados. Éstos, con los que las comunidades indígenas han mantenido una relación más ajustada con su entorno, no les deben ser privados por intereses comerciales u otros.
Porque los triquis del Municipio Autónomo de San Juan Copala han sido ilegal y violentamente desplazados de sus casas y de sus tierras y privados de sus medios de subsistencia, ellos tienen un derecho legal a regresar a sus casas. Si el gobierno estatal afirma que un orden legal y la seguridad predominen en San Juan Copala, éste es obligado a garantizar un regreso seguro de los triquis desplazados y su derecho a protestar por su desplazamiento ilegal, y para obtener la compensación debida por las violaciones que han sufrido.
Organización Viento Nuevo
Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, Finlandia
(Carta resumida)
La definición de desplazados internos que más se utiliza es la que figura en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la Organización de las Naciones Unidas. De conformidad con estos Principios, desplazados internos son “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para evitar los efectos, de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano…”.
Es innegable que en México se vive una situación de violencia, donde grupos de civiles armados (delincuencia organizada) siembran el terror y la muerte provocando el desplazamiento de familias enteras que huyen para no ser asesinadas.
Tal es el caso que se vive hoy en la Sierra de Guerrero, donde, desde la noche del 21 de abril, sucedió el desplazamiento forzado de más de 150 personas (según la última información), mayoritariamente niños y mujeres, de la comunidad La Laguna, del ejido de Los Huajes de Ayala, hacia la comunidad de Puerto Las Ollas, del ejido de Río Frío, ambas del municipio de Coyuca de Catalán. Estas familias huyeron ante el inminente y grave riesgo para sus vidas y seguridad de ser atacadas por civiles armados.
Entre la fecha del desplazamiento y la visita que realizamos el 12 de mayo las organizaciones abajo firmantes, ninguna autoridad federal, estatal o municipal había realizado alguna acción de protección, seguridad o apoyo. Esta situación de desplazamiento fue denunciada públicamente el 13 de mayo por medio de una acción urgente lanzada a nivel nacional e internacional. Durante este tiempo, de manera fraternal y solidaria, los habitantes de la comunidad Puerto Las Ollas apoyaron a los desplazados.
En respuesta a esta acción urgente y a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobierno estatal visitó y envió una primera ayuda el 19 de mayo (que, desde luego, no resuelve el problema principal, el que ha originado la violencia y el desplazamiento de las familias).
Como organizaciones que promovemos y defendemos los derechos humanos, hacemos un llamado, con fundamento en el derecho internacional humanitario, para que las diferentes instancias de gobierno federal, estatal y municipal atiendan de manera prioritaria esta situación de emergencia. Las situaciones de desplazamiento forzoso de población son consideradas a nivel internacional como situaciones de desastre generados por el hombre. En este sentido, no debería haber restricciones económicas para atender las necesidades primordiales de alimentación, agua, vivienda, salud y seguridad de las familias desplazadas de La Laguna y de la comunidad de Puerto Las Ollas que las acogió. Esta atención debería planificarse de acuerdo con protocolos de atención a población en casos de desastres, como los que maneja la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que el área de Protección Civil federal y estatal deben conocer.
Entendemos que muchas poblaciones del estado viven en extrema pobreza, marginadas de toda acción de gobierno; sin embargo, la situación de desplazamiento forzoso es un elemento que condiciona de manera determinante los recursos con los que se pueden apoyar las familias para su sobrevivencia. En este sentido, es el Estado mexicano, a través de sus gobiernos federal, estatal y municipal, quien tiene la obligación de atender, de manera prioritaria, pronta y eficaz, a los desplazados. Esto sin dejar de atender a las demás poblaciones de la región.
De igual manera, les recordamos a las autoridades que la procuración de justicia para los desplazados es un asunto central. Hacer la investigación puede llevar un tiempo, pero éste no debe ser largo. Justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Debemos recordar que en Puerto Las Ollas sucedieron violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano en junio de 2009: tortura, cateos ilegales y otros tratos crueles e inhumanos.
Estos antecedentes no facilitan un ambiente de confianza de los habitantes por la presencia del Ejército. También se encuentran impunes los homicidios de tres jóvenes de Puerto Las Ollas: Alejandro y Bertín García Cortés, de 19 y 18 años, respectivamente, y Rogelio García Valdovinos, de 15 años. Ambos hechos, sucedieron el 31 de octubre de 2009.
Estamos de acuerdo en que esta problemática es compleja y que su atención debe ser integral: que comprenda la procuración y administración de justicia pronta y expedita para los desplazados, para los homicidios de los jóvenes de Puerto Las Ollas, así como las violaciones de las que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha dado recomendaciones.
Por lo anterior, nuestras peticiones siguen siendo:
1) Que las autoridades federales y estatales atiendan la situación de desplazamiento interno forzoso originado por el clima de violencia y que pone en riesgo la salud de los habitantes de las comunidades de La Laguna y Puerto Las Ollas:
i) Atención médica y medicinas a los desplazados y habitantes.
ii) Asegurar el abastecimiento de agua potable y alimentos para los desplazados y habitantes.
iii) Asegurar condiciones de vivienda y refugio durante el tiempo que dure el desplazamiento.
2) Que las autoridades federales y estatales atiendan las causas que generaron este desplazamiento:
i) Investigar y castigar las muertes violentas de Rubén Santana Alonso, Sergio Santana Villa y de otras personas.
ii) Que las autoridades civiles investiguen la presencia de paramilitares y delincuencia organizada y actúen conforme a derecho.
3) Que se garanticen condiciones de seguridad necesarias para un pronto retorno de los desplazados a su lugar de origen.
4) Que los diferentes niveles de gobierno adopten las medidas necesarias para impulsar una política de desarrollo socioeconómico consensuada con las comunidades de la región.
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Señor director:
Lo felicito por el contenido de su revista. Hacen falta medios de investigación que saquen a la luz pública lo podrido del sistema político de este país.
Gelacio Callejas Díaz
Por una plena democracia
El texto acerca de los regímenes autocráticos ha sido muy interesante. No tenía la noción de todo lo que conlleva vivir en una buena democracia. Al leerlos aprendí algo acerca de nuestro país y sus gobernantes. Haré algo porque este sistema cambie y empezaré conmigo misma. Gracias.
Érika Cerezo
Un excelente reportaje el de los desplazados por el hambre de la montaña de Guerrero. Hacen visible la realidad del sector social más pobre y excluido de la sociedad. Felicidades.
Teresa Rojas
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