Nuestros lectores

Acodemis aclara que sí cuenta con registro ante Censida

Estimada Mayela Sánchez, reportera de Contralínea:

Le escribo en relación con el reportaje “Censida, 187 MDP sin resultados”. Represento a la organización Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, AC, Acodemis, fundada desde 1998. Mi trabajo de activista data de hace 21 años en el tema de VIH/Sida.

Sabemos que nuestro trabajo es mejorar las políticas públicas en salud. La transparencia es la mejor herramienta que tenemos los activistas. Estamos para mejorar a la comunidad. Efectivamente, en el listado del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) aparece nuestra organización con el estatus de “en trámite” nuestra Clave Única de

Inscripción al registro (Cluni), ACD98021019012, la cual se puede apreciar en los adjuntos que envío.

Para verificar nuestro estado de validez la invito a que pase a la página de www.corresponsabilidad.gob.mx, donde se señala: “ACD98021019012 cluni Acciòn Colectiva por los derechos de las minorias sexuales” (sic).

De antemano le agradezco la atención dada.

Abel Quiroga Quintanilla

Respuesta de la reportera

Abel Quiroga Quintanilla:

Agradecemos la aclaración que nos hace. En efecto, en el texto “Censida, 187 MDP sin resultados” (Contralínea 234) se señala que Acodemis tiene su Cluni “en trámite”, lo que no coincide con la constancia de registro folio 10-19-1-0272, del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (cuya copia usted nos brindó), en la que se verifica que a dicha organización se le asignó la Cluni ACD98021019012 el 24 de mayo de 2010.

El estado de su clave igualmente se acredita en el acuse de entrega de su informe anual (correspondiente a 2010 y que también fue proporcionado por usted), fechado el 18 de enero de este año.

Al respecto, le comento que la información consignada en el texto fue tomada del Registro del Censo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, publicado por el Censida el 26 de abril pasado. Aunque la fecha referida en dicho documento es posterior al momento en que Acodemis obtuvo su Cluni, en éste figura que la clave se encuentra “en trámite”.

A fin de que usted pueda verificar lo anterior, le envío copia del Registro y le informo que también puede consultarlo en el portal de internet del Censida, a través de la siguiente liga: www.censida.salud.gob.mx/interior/prevencion/osc/censo2011.html.

Lamentamos los inconvenientes que esta discrepancia en la información pudieron causarle a usted y a la organización que representa.

Atentamente,

Mayela Sánchez

Reportera

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Solidaridad con indígenas de Guerrero

Muy aleccionador el artículo de Abel Barrera. Desde Tijuana me solidarizo con los pueblos de La Montaña y Costa Chica de Guerrero. Adelante, compañeros. El triunfo está por llegar.

Arturo Sánchez Gómez

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Estado de derecho no existe en Copala: Viento Nuevo

San Juan Copala, la comunidad triqui que ha sufrido recientemente el asesinato de 25 defensores de la autonomía, fue visitada el 9 de junio 2011 por una comisión del gobierno de Oaxaca para “diagnosticar las condiciones para el retorno de las familias desplazadas”, en cumplimiento de sus obligaciones tal y cómo fueron expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su resolución MC197-10.

Dicha delegación fue acompañada por la policía; pero, incluso con sus 200 efectivos, “la policía estatal no logró entrar hasta el municipio”, “al núcleo de la población”, dado que “aún persisten las condiciones de riesgo”, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), una organización paramilitar responsable de la toma violenta de la comunidad sitiándola con la fuerza de las armas y responsable de la masacre en 2010, había declarado públicamente con anterioridad que sus representantes (quienes desde entonces controlan la comunidad) son “neutrales” y que no iban “a distinguir a ningún grupo”, sino que permitirían a todos los triquis volver sin sufrir amenazas.

No obstante, recientemente el representante de la Ubisort amenaza que si el gobierno intenta cumplir con su responsabilidad de asegurar el retorno de los desplazados, “tales acciones emprendidas por el gobierno lo único que lograrán es que se desate una masacre en la comunidad en contra de los integrantes”, los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Viento Nuevo, la organización de la que Jyri Jaakkola fue un miembro activo antes de ser asesinado cerca de San Juan Copala el 27 de abril de 2010, pide a las autoridades de Oaxaca y México que expliquen “¿cómo puede permitirse a los miembros de Ubisort –cuyo asedio paramilitar masacró a tanta gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala– que permanezcan armados y que mantengan a toda la comunidad bajo su control e incluso realicen amenazas a través de los medios de comunicación de que puede ocurrir otra masacre de desplazados cuya seguridad ha de ser garantizada?”

El comité gubernamental que realizó una visita a las proximidades de la comunidad observó que “una limitación importante para la seguridad es la gran cantidad de armas que existen en la región”. “Todavía falta restituir algunos elementos en el tejido social que deben ser revisados y reconstruidos progresivamente antes de proceder con el retorno generalizado” de los desplazados.

A la vez que la Ubisort públicamente amenaza a las víctimas con la continuación de masacres, continúa diciendo que se puede dejar espacio a los desplazados para regresar si hay un acuerdo sobre las condiciones que convenga a la Ubisort.

Las víctimas desplazadas violentamente tienen, sin embargo, el derecho fundamental de volver a sus casas con seguridad, obteniendo justicia y la protección adecuada, incluso cuando aquellos que los desplazaron ilegalmente mediante la violencia no vean condiciones para ello.

Si los derechos humanos de las víctimas sólo pueden ser protegidos cómo y cuándo sea aceptado por los mismos que masacraron, desplazaron y capturaron a la comunidad, es evidente que el orden jurídico y el estado de derecho todavía no prevalecen en la zona.

El gobierno es ahora responsable de poner fin al dominio ilegal sobre San Juan Copala, y debe tomar las medidas necesarias para detener y enjuiciar a los responsables de los asesinatos, violaciones y desplazamientos forzosos. Más aún teniendo en cuenta que se está amenazando a la población con otra masacre si tratan de volver a sus hogares.

Viento Nuevo y Amigos de Jyri Jaakkola han enviado un llamado a las autoridades de México, Oaxaca, la Unión Europea y las Naciones Unidas para que se garanticen los derechos y la protección de las víctimas desplazadas y para que éstas puedan regresar de manera segura a sus casas de acuerdo con las exigencias de la CIDH y de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Puesto que muchas personas han quedado sin hogar a consecuencia de la violencia, que además ha arrebatado la vida de muchos miembros de la comunidad, algunos de los cuales aún tienen balas en sus cuerpos, la responsabilidad del Estado hacia sus derechos como víctimas desplazadas no se le puede negar al presentarlas como “seudo-víctimas seudo-desplazadas” o “paramilitares”.

Siempre y cuando los habitantes originales de la región continúen desplazados de su comunidad por violencia ilegal, cualquier intento de ocupar la zona para la explotación industrial sin su libre e informado consentimiento será una severa violación de sus derechos.

Hace poco más de un año, nuestro querido amigo Jyri Jaakkola fue asesinado a manos de los mismos paramilitares que ahora mantienen sitiado San Juan Copala, controlando la zona bajo la amenaza de la muerte y la violencia. Al día de hoy han sido asesinadas 25 personas por el sólo delito de defender pacíficamente su derecho a la tierra y la autonomía. Por todo esto, la intervención de observadores y autoridades internacionales en el proceso de monitoreo y conciliación podría ser de gran utilidad.

Viento Nuevo

Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, Finlandia

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Felicitan por artículo “Los jamelgos de la derrota”

Impecable artículo de fondo de Marcos Chávez acerca del próximo proceso electoral federal. Lúcido. Felicidades a su autor y a esta revista.

Rubén Mújica, Oaxaca, Oaxaca

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Contra la privatización de espacios públicos

La privatización de los espacios públicos es una acción deshonesta, que traiciona a los habitantes de Azcapotzalco. Marcelo Ebrard terminó con las áreas verdes de la Exhacienda del Rosario y, además, supongo que TV Azteca promocionará la imagen de Marcelo y de Laura Velázquez ahora que inicien sus campañas para la Presidencia y para la jefatura de gobierno.

¡Es un robo a la nación, regalar un bien público a un particular!

Afortunadamente, el pueblo ha salido a defender su territorio. ¡Viva la lucha de los pueblos! Vivo y trabajo en Azcapotzalco.

Ana Lilia Garrido Martínez

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El dinero no resuelve el problema del hambre, dice

Es lastimoso que la ambición lleve al hombre hasta los extremos que señala el reportaje “Hambre y guerra en el mundo de los próximos años”. Llegará el momento en que los capitalistas no encontrarán quien les venda algo de comer; seguro morirán de hambre con los bolsillos llenos.

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Carlos Lemus

Demos una mano a Xayakalan

Xayakalan, Encargatura Autónoma y Campamento en Resistencia de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacan.

Xayakalan, centro de los nahuas rebeldes en el Occidente mexicano, nada pide del gobierno más que el respeto a sus derechos fundamentales.

El 29 de junio de 2009, los nahuas de Ostula, en un levantamiento histórico para los nahuas de Occidente, recuperaron más de 1 mil hectáreas de playas, montes y tierras que les iban despojando en forma gradual y con toda violencia, desde hacía 40 años, los ricos caciques mestizos de La Placita.

Dicha acción dio un golpe contundente a los intereses capitalistas mineros, turísticos y del narcotráfico en la región; aplastó megaproyectos de impacto nacional y, sobre todo, puso como ejemplo para los pueblos indígenas y para los pobres de este país el empleo de la autodefensa indígena y la organización armada legítimas sobre la base de aplicar el artículo 39 de la Constitución federal.

Esta acción, insólita en tiempos del auge narco-neoliberal y en una región tradicionalmente controlada por los poderosos, a través, precisamente, de grupos narcoparamilitares, pudo llevarse a cabo gracias a la acción organizada de toda una comunidad que, apoyada en su guardia comunal y en su policía comunitaria, pudo recuperar sus tierras y construir en ellas un nuevo poblado en menos de 20 días.

Se trata de Xayakalan, Encargatura Autónoma que se construyó principalmente gracias al trabajo y recursos que aportó la propia comunidad, sin menoscabar los recursos que pudieron aportar las organizaciones de universitarios, estudiantes, trabajadores y campesinos que, desde La Otra Campaña nacional e internacional, el Congreso Nacional Indígena y la sociedad civil solidaria, aportaron para apoyar esta resistencia histórica.

El pasado 21 de junio, el pueblo de Xayakalan fue golpeado severamente por el huracán Beatriz. Por dicha razón, invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a apoyar la reconstrucción y el fortalecimiento de Xayakalan, una comunidad autónoma sin reconocimiento del gobierno, sin recursos públicos y en resistencia. Lo anterior, en un momento más que difícil para Ostula, en que su resistencia le va costando tantos muertos, tanto hostigamiento y tanto desprecio.

Desde el Occidente de México; 27 de junio de 2011,

Consejo de Mayores de la Comunidad Nahua de Ayotitlán, Jalisco;

Casa de Salud Calli Tecolhuacateca Tochan, de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco