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Indígenas zapotecos rechazan proyecto eólico en Oaxaca

Ejidatarios y Ejidatarias de Unión Hidalgo, indígenas zapotecos, continuamos denunciando enérgicamente la forma en que empresas extranjeras –en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal– continúan despojándonos de nuestras tierras y territorio. Las empresas extranjeras, en su mayoría españolas, llegaron al Istmo de Tehuantepec para arrendar las tierras ejidales y comunales y de pequeña propiedad, con la intención de construir parques eólicos para abastecer de energía eléctrica a otras empresas. Estas transnacionales prometieron grandes beneficios y desarrollo para las comunidades si instalaban el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, al día de hoy, lo que vemos es una política de abuso e intimidación en contra de los dueños de las tierras.

El 23 de junio pasado, representantes de la empresa española Demex se presentaron con lujo de violencia en nuestros terrenos, ubicados en la Fase 1 Las Palmas Zapotal del Polígono Piedra Larga (lugar donde Demex planea construir un parque eólico para abastecer a la empresa Bimbo, según declaraciones de la anterior secretaria de Energía del gobierno federal, Georgina Kessel). La intención de los representantes de Demex era desalojarnos de nuestros propios terrenos, amenazándonos e intimidándonos con la presencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Nos dijeron que se sigue una investigación penal en nuestra contra por oponernos a un falso desarrollo y a un contrato abusivo a todas luces. En todo momento los representantes de la empresa española Demex contaron con la protección de los agentes estatales, quienes armados y a bordo de una camioneta blanca Nissan sin placas, observaban y resguardaban a los empresarios españoles.

Al ver las grandes e irreparables afectaciones que han realizado en nuestras tierras (de las cuales nunca nos dijeron que éstas ocurrirían), el 24 de mayo del presente año decidimos, en asamblea de inconformes, cercar nuestros terrenos. Toda esta situación hace evidente la violación a los derechos de los pueblos indígenas zapotecos, ya que la empresa Demex entró a nuestro territorio sin proporcionarnos la información necesaria y efectiva para hacerlo. Esto lo realizaron en complicidad con las autoridades estatales y federales, y en una flagrante violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México, que establece condiciones claras de protección para las tierras de los pueblos indígenas en su artículo 17, apartado tres: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.”

A más de cinco años de que llegaron los representantes españoles de Demex a Unión Hidalgo lo que tenemos es:

·   La firma de un contrato leonino, que de haber sabido su contenido y consecuencias nunca hubiéramos firmado.

·   Represión por exigir que paguen las afectaciones a las tierras.

·   La posesión de nuestras tierras por parte de una empresa de la que no sabemos su nombre y a la cual Demex ha cedido los derechos

·   Colusión de los empresarios con el presidente municipal, con el gobierno del estado, y con el federal para amenazarnos y reprimirnos.

Ante esto reiteramos que lucharemos y resistiremos frente a la invasión extranjera del Megaproyecto Eólico Transnacional; y que rescataremos la dinámica de la propiedad colectiva, constituyéndonos en asambleas y nombrado a nuestros propios representantes para defender nuestros derechos como pueblo indígena.

Exigimos la cancelación del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los pueblos indígenas; la cancelación de los contratos civiles de arrendamiento que firmamos con Demex; la cancelación de las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que obren en contra de todos los que nos oponemos al despojo de nuestro territorio.

Exigimos al gobierno de Gabino Cué que defina si está del lado de los pueblos o al lado de las empresas.

Ejidatarios de Unión Hidalgo, Oaxaca, afectados por Demex

Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio

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Empresas contratistas de CFE, responsables de explosiones, considera

Sin lugar a dudas, las recientes explosiones en el cableado y en las subestaciones eléctricas subterráneas, ocurridas en el Distrito Federal, serán responsabilidad de los contratistas que están al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas empresas no cuentan con la preparación técnica ni, mucho menos, la experiencia para hacer el trabajo que se requiere en una urbe como la ciudad de México. Los técnicos de Luz y Fuerza del Centro (LFC) sí estaban capacitados y conocían muy bien la situación de la capital del país.

Pero las explosiones registradas hace unas semanas en el centro de la ciudad no se deben solamente a la incapacidad de los contratistas de CFE. También, a la falta de mantenimiento predictivo y correctivo que se le daba a toda la infraestructura antes de la extinción de Luz y Fuerza.

Por supuesto que los ignorantes dirán siempre cosas que no pueden probar, como que todo es producto de un sabotaje.

Si en México se aplicara el estado de derecho, invariablemente los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) regresarían a laborar. Esperemos que esto ocurra antes de que se colapse el sistema eléctrico central, ya que si así atienden el sistema de potencia, estamos cerca de un mega apagón que nos deje sin luz a toda la zona central del país.

Martín Juárez Vique

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No hay razones para pensionar a exdirectores, expresidentes, exministros…

Señor director:

Comparto la crítica contenida en su columna Oficio de papel, bajo el título “El expediente del doctor Villa”. Es lamentable que el sistema mexicano pensione generosamente a los impensionables. Hagamos la analogía: si yo me retiro ahora mismo, con 70 años de edad y 42 años de servir al Instituto Politécnico Nacional (IPN), la pensión que me otorgaría el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE) sería de alrededor de 18 mil pesos. Enrique Villa estuvo al frente del IPN seis años, los que la Ley Orgánica le permitió. Calculo que, en promedio, en ese período debió de manejar dineros públicos del orden de 50 mil millones de pesos. No veo ninguna razón ni administrativa, menos ética y equitativa para que el IPN tenga que pensionar a sus exdirectores con el sueldo completo que percibían como altos funcionarios. Estaré promoviendo pronto una demanda para que se retire dicha prerrogativa, pero no sólo para nuestros exdirectores, sino para expresidentes, exmagistrados, exministros, etcétera. Ya basta. El pueblo de México no aguanta más tanta carga económica estéril e improductiva. ¿Por qué no invertir mejor ese dinero en ciencia, tecnología y educación?

Doctor Rubén Mares Gallardo

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Contra pensiones de funcionarios

Vaya pensión la del director del Instituto Politécnico Nacional. Y a los trabajadores jubilados comunes nos quieren reducir (o, incluso, quitar de plano) ese derecho. ¡Dicen, que por ser gravosas cargas!

Esta hipócrita política cortesana es la que en realidad significa una pesada carga de vividores.

María Fernanda Campa

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“Pasividad de las mayorías” profundiza pobreza, dice

Es impresionante el reportaje seriado “Morir en la miseria”, publicado en las páginas de Contralínea. Muestra el México que la mayoría desconocemos y que, a la vez, no queremos ver. Es el México de los olvidados. Cuidado: en el escenario no se ve un cambio verdadero. Y la realidad de los pueblos indígenas empobrecidos puede trasladarse a todo el país. No se invierte  en tecnología ni en el campo. El destino nos alcanzará ante la pasividad de las mayorías.

Genaro Rodríguez Ramos

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En defensa de las normales rurales

Las maestras que egresan de la Escuela Normal Rural de Cañada Honda, Aguascalientes son, en el estado, las mejor preparadas y comprometidas con su trabajo. La formación que se recibe en las aulas les permite a las alumnas desarrollar todas las habilidades para ser competentes y productivas. El tiempo de preparación es de, mínimo, 12 horas al día.

Lejos de intentar el cierre de este tipo de escuelas, el gobierno debe promover más centros de estudios de este tipo e incrementar el presupuesto que se les asigna. Cabe recordar que los recursos que el gobierno administra son del pueblo. Es necesario que el dinero que campesinos y obreros entregan al gobierno mediante impuestos (todo aquel que compra algo está pagando un impuesto) sea reintegrado al pueblo mediante profesoras bien preparadas.

¿Cuánto se invierte en los centros de readaptación social (cárceles)? ¿Qué obtenemos de estos?

Cuando los funcionarios cuestionan el sistema de becas de este tipo de instituciones –las cuales reciben a hijos de campesinos y obreros pobres–, cabría preguntarles ¿ustedes realizan sus tres comidas diarias con 47 pesos?  Saludos.

Silvia Cintora Rosas

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Normalistas rurales, en peligro de extinción

Ha sido muy interesante y muy agradable encontrar un medio de comunicación que documente el acontecer en las normales rurales del país. Estudié en la Escuela Normal Rural de Tamatán, Tamaulipas, cerrada hace ya varios lustros, y en la de Aguilera, Durango. Soy de esa especie de maestros en peligro de extinción. Pero sigo activo en el magisterio. Saludos.

Juan Luis Puente Martínez

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Simpatizantes zapatistas de costa de Chiapas denuncian acoso

El pasado 4 de julio se presentó personal de la Procuraduría General de la República (PGR) en el domicilio de los compañeros Bersain Hernández Zavala y Guadalupe Núñez Salazar, quienes son padres del compañero Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que se encuentra perseguido por el gobierno de Chiapas y el gobierno federal.

Se les cita por “una diligencia de carácter penal” dentro de la averiguación previa PGR/CHIS/ARR/57/2011. Según sabemos, se trata de una averiguación resultado de la movilización del día 2 de marzo de este año, que se llevo a cabo para buscar la libertad de los compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos Nataniel, presos políticos del gobierno de Chiapas que fueron detenidos el 22 de febrero.

Los compañeros son parte del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y no están solos. Son trabajadores y luchadores sociales desde hace muchos años. Son ampliamente conocidos por mucha gente en todo el estado. Como el resto de su familia, estos compañeros han caminado junto con los pueblos.

El compañero Bersain, se encuentra enfermo y bajo tratamiento, situación que se ha agravado por la persecución y amenazas contra él y toda su familia. El acoso ha sido por parte de todos los niveles del gobierno: federal, estatal y municipal.

El Consejo Autónomo respalda totalmente a los compañeros. Como es público, decidimos iniciar la Campaña Nacional e Internacional contra el Hostigamiento Judicial y la Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y Luchadores Sociales en México. Lo hicimos por Nataniel, pero también por todo y todas los que sufren y resisten la guerra del gobierno. Y más acoso es la respuesta del gobierno a nuestra iniciativa.

Queremos decir que estamos en pie de lucha. Hoy, más que nunca, tenemos que seguir denunciando, pero también organizándonos. Esta campaña es un llamado a organizarnos juntos por libertad y justicia.

Denunciamos y responsabilizamos al gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, y al gobierno estatal, encabezado por Juan Sabines, de cualquier cosa que le pueda suceder a los compañeros.

¡Presos políticos, libertad!

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas