El 27 de julio, en el marco del diálogo iniciado entre las organizaciones de la sociedad civil y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación –que funge como instancia coordinadora– para el diseño y construcción de un mecanismo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, las organizaciones firmantes señalamos lo siguiente:
Condenamos las lamentables declaraciones emitidas por el gobierno federal en voz del titular de la Secretaría de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, en las cuales señaló que “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.” Estas declaraciones fueron hechas durante la ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Militar en la que estuvo presente el presidente Felipe Calderón.
Afirmaciones como las señaladas resultan contrarias al objeto del Acuerdo emitido por el Presidente Calderón que sienta las bases para la implementación de acciones del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, publicado en el marco de la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Lo expresado por el secretario de Marina expone a un mayor riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional aprobada en materia de derechos humanos.
Por lo anterior, exigimos al gobierno federal que emita una comunicación pública refrendando la importancia de la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos así como la necesidad de garantizar la implementación efectiva de medidas de protección e investigación.
Asimismo, insistimos en la necesidad de que el Ejecutivo federal, dentro del proceso de diálogo que ha sido impulsado, garantice los elementos mínimos necesario para lograr construir un mecanismo efectivo y acorde con los elementos requeridos para garantizar la labor y seguridad de las personas que en diversas actividades llevan a cabo la defensa y promoción de los derechos humanos y que por ello, enfrentan amenazas y agresiones por parte de actores estatales y no estatales por la aquiescencia del Estado.
Reiteramos nuestra disposición a mantener un diálogo a franco y productivo; sin embargo, ante las declaraciones del secretario Saynez Mendoza, hemos decidido suspenderlo en espera de una señal clara y contundente por parte del presidente Felipe Calderón. Así como de las acciones específicas que hoy enfrentan el gobierno federal en la aplicación de las medidas de protección e investigación, con la finalidad de atenderlas, antes de continuar con la construcción de un mecanismo.
Por último, exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se pronuncie sobre la legitimidad del derecho a defender los derechos humanos en México como parte fundante de la construcción de un Estado democrático.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro Nacional de Comunicación Social; Servicios y Asesoría para la Paz; Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Comité Cerezo; Artículo XIX; Litiga OLE; Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC; Iniciativa Frontera Norte de México; Infancia Común; Católicas por el Derecho a Decidir; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República)
En el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la situación más crí tica se presenta en la administración de medicamentos. Las autoridades médicas declinan su responsabilidad aduciendo que los abastos son manejados por el personal civil, sobre el cual no tienen autoridad ni injerencia.
Rubén Tello Herrera
Me pareció un excelente trabajo de investigación, y por eso les manifiesto una felicitación. Este tipo de información es la que debería de manejarse en los noticiarios de televisión, ya que entre el desinterés de la mayoría de los mexicanos y el abuso de los medios masivos, se propicia el desconocimiento de trabajos periodísticos como el que presentan sobre los expresidentes, por ello aplaudo su trabajo de investigación.
Norberto Servín González
Estamos peor que los europeos durante el dominio nazi. El Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación, y el resto de policías que se forman en el lumpen que nunca ha querido trabajar; violadores, ladrones, cobardes, apátridas y traumados que se nutren del pueblo, de los más jodidos. Qué grave que tengamos gobernantes que traicionan al pueblo y a la patria, qué maldición nos golpea, ¿qué hicimos para que nosotros mismos nos traicionemos y nos masacremos?, cuánta fingida valentía y bravata, ¿qué clase de lumpen somos?
Arturo Sánchez Gómez
Tras platicar que los gobiernos y los partidos políticos se burlan de nuestros pueblos, propiciando el despojo y la explotación de las comunidades indígenas y faltando, en el caso de nuestra comunidad, a la promesa de reconocer las tierras que en 2009 recuperamos en el paraje de Xayakalan, y de otorgar garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria, el pasado 20 de julio los comuneros de Santa María Ostula reunidos en la Asamblea General de Comuneros, legalmente constituida y contando con la participación de todas las autoridades agrarias, civiles y tradicionales, en su calidad de órgano supremo de gobierno interno conviene lo sucesivo:
1. Ratificamos el acuerdo que tomamos en la Asamblea del 2 de julio de 2009, de no participar en los procesos electorales oficiales. Por esto, no se permite la instalación de casillas electorales en el territorio de la comunidad de Santa María Ostula, incluida su cabecera y sus 22 encargaturas, para las elecciones estatales del 13 de noviembre de 2011, en las que se renovarán los cargos de gobernador, diputados locales y los ayuntamientos de todo Michoacán.
2. Ningún comunero podrá participar como candidato o como promotor en las campañas electorales relativas a la elección señalada. Quien contravenga el presente acuerdo será puesto a disposición de las autoridades comunales para la sanción correspondiente.
3. Ningún comunero podrá sufragar en casillas auxiliares, especiales o de cualquier otro tipo que se encuentren fuera del territorio comunal, para las elecciones del 13 de noviembre de 2011. Quien contravenga el presente acuerdo será puesto a disposición de las autoridades comunales para la sanción correspondiente.
4. Notifíquese a los pueblos y comunidades indígenas de México.
Xayakalan, Comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, 20 de julio de 2011.
La Asamblea General de Comuneros de la comunidad indígena de Santa María Ostula
En México, los gobernantes hablan mucho del respeto a los derechos humanos, mientras que por otro lado, se acrecienta el número de personas asesinadas, desaparecidas y encarceladas, continúan dándose encarcelamientos injustos, prefabricación de delitos y otras infracciones. Hoy vivo enfermo de glaucoma con consecuencia de ceguera en fase terminal, por lo cual exijo al presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa mi libertad incondicional, ya que el licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, ha reconocido públicamente mi inocencia. Pido la inmediata intervención de los organismos internacionales de derechos humanos, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de las organizaciones y colectivos en general que propicien mi defensa e intercesión. Por otro lado, invito a todos aquellos que sufren la misma causa a seguir exigiendo justicia y libertad para todos los presos políticos del país.
¡Todos con la verdad y a la victoria siempre!
Alberto Patishtán Gómez
Con un planificado operativo policiaco, el pasado 19 de julio a las dos de la madrugada la fuerza pública municipal en combinación con unos 200 golpeadores vestidos de civil, encabezados por policías ministeriales destruyeron, quemaron y desaparecieron los campamentos que la Alianza Única del Valle sostenía en el predio Guadalupe.
Este cobarde acto fue para respaldar y fortalecer a los casatenientes Tomás Caparroso Franco y Justino Reyes Retana quienes de manera fraudulenta y en complicidad con las administraciones municipal y estatal, se habían adjudicado este predio en perjuicio de sus legítimos propietarios –nuestros compañeros de Casa para la Policía Auxiliar– con los que sosteníamos este plantón desde el 20 de septiembre de 2009.
Exigimos que este crimen de Estado no quede impune y alertamos a todas las organizaciones, movimientos sociales, frentes y al pueblo para que sepa el modus operandi de los golpeadores.
El saldo fue de 19 procesados, 47 familias desplazadas, persecución política a los líderes, rapiña y pillaje por parte de las huestes priístas del movimiento Antorcha Campesina, además de un profundo trauma en todas las víctimas.
El que éste sea un crimen casi perfecto –ya que ahora el Ministerio Público y el juez penal hablan de delitos contra la propiedad y fraccionamiento clandestino en contra de las victimas–, no exime de responsabilidad a Alejandro Castro Hernández, presidente municipal de Nicolás Romero, y a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Exigimos juicio y castigo contra ellos y seguiremos luchando hasta lograr la plena y justa libertad de nuestros presos políticos, así como la recuperación del predio Guadalupe.
¡Vivan las luchas del pueblo organizado!
¡Presos políticos libertad!
Alianza Única del Valle
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El equipo de Contralínea lamenta el fallecimiento de la señora Esperanza González Rosas –madre de Edgar González Ruiz, colaborador y amigo de este semanario–, acaecido el 24 de julio de 2011. Descanse en paz.
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