Muchos sitios históricos están en la misma situación que la denunciada en el reportaje “Tajín, en peligro por especulación”. En Puebla están construyendo un puente vehicular en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe. La construcción llegará hasta el límite del Centro Histórico de Puebla.
Es importante exigir que las políticas culturales sean dirigidas a la conservación del patrimonio cultural. Debemos poner un alto a la absurda idea de comercialización de la cultura. El patrimonio cultural es un recurso no renovable que tenemos que defender de manera contundente desde hoy. Cuando los políticos entiendan el valor de defender este patrimonio, ya no habrá nada.
Elisa Ávila Rivera
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La implantación de una cédula de identidad es una política que, honestamente, sólo provoca desconfianza. La sociedad tiene miedo de la delincuencia, de su gobierno, de su vecino, de sus funcionarios-delincuentes. ¿En quién puede confiar? En nadie. En lo personal, sólo me inspira un profundo temor saber que mis datos más particulares van a ser almacenadas por “mi” gobierno sin la certeza de que en un momento determinado puedan ser vendidos a alguna empresa o gobierno extranjero. Nada me lo garantiza.
Y eso de que nos dan “garantías constitucionales” está para discutirse un largo rato. Cuando te garantizan un producto es porque válidamente tienen modo de responderte por el daño, como cuando tú pides un préstamo: si no pagas, se quedan con el bien puesto en garantía. Pero cuando te “garantizan” un mejor Estado, ¿te garantizan devolverte el poder prestado, al haber claramente fallado?
Ignacio Gaytán
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La implantación de la cédula de identidad es una violación más a las leyes mexicanas. Una nueva violación a la legislación, por parte de quien –por principio– debería respetar: el presidente de la República. Ya se ha hecho costumbre que el inquilino de Los Pinos tome actitudes autocráticas. ¡Juicio político ya!
Oscar J Millán C
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Comienzo la lectura del reportaje “San Luis de la Paz busca a sus hijos” sólo por curiosidad. Continúo por la necesidad de informarme. Leo en voz alta. Avanzo. Se me corta la voz… Quiero que esta realidad cambie. Necesitamos informarnos y comprometernos con la información. La mayoría de los medios están hechos para que traguemos y devoremos ésta. Pero ahora no es así. Felicito al redactor, ya que sensibiliza al menos a una persona.
Ojalá nos podamos quitar los lujos para visitar y educar al pueblo que nos da tanto. Los estudiantes deberíamos tomar esa responsabilidad; así como exigir y sensibilizar. ¡Muchas gracias!
Guadalupe Martínez J
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Es desafortunada la manera en que las escuelas normales rurales están siendo atacadas. Es cierto que se necesitan también otro tipo de institutos, de capacitación tecnológica e industrial. Pero éstos no se pueden crear a costa de aquéllas. Las escuelas normales rurales no sólo no deben desaparecer, sino de crearse más.
Agustín Delgado
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En la nota “Mundo Maya, SA de CV”, se menciona al suscrito como director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, lo cual es erróneo. El actual director es el antropólogo Eduardo López Calzada. En todo caso, soy exdirector, ya que estuve a cargo del Centro durante el periodo 1989-2001.
Por otra parte, se menciona al cantante Juan Gabriel como uno de los que han realizado conciertos en Chichén Itzá, lo que también constituye un error. Juan Gabriel está programado para noviembre de este año… si lo permitimos.
Alfredo Barrera Rubio
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En efecto, el actual director del Centro INAH Yucatán es el antropólogo Eduardo López Calzada, el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio se desempeñó en el cargo de 1989 a 2001. Asimismo, Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, no ha ofrecido concierto en Chichén Itzá. El cantante –como lo anunciaron Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán, y Jorge Esma Bazán, director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán– se presentará en noviembre de este año en la zona arqueológica.
Ofrecemos disculpas al arqueólogo Barrera, al antropólogo Eduardo López y a los lectores.
Elva Mendoza
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Urge fortalecer la organización y la articulación entre las comunidades de Zongolica. Es un atropello que en tierras comunales se construya una hidroeléctrica privada. Felicidades por el reportaje “Gobierno autoriza hidroeléctrica privada sin consultar a indígenas”.
El derecho a la consulta previa, libre e informada, está vigente. Las comunidades indígenas tienen toda la jurisdicción de protestar y defender sus tierras y su territorio. ¡Ánimo! La fuerza de nuestros antepasados los acompaña. La diosa y el dios de la vida están de su lado, queridos hermanos.
Carmen Santiago Alonso
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Secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto; gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés; y procurador General de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia:
Nos dirigimos a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche, y que agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace dos años.
El 13 de agosto de 2009 cerca de 100 personas, protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche y contratadas por el empresario Eduardo Escalante (quien se atribuye la propiedad de esas tierras, a pesar de que éstas se encuentran aún en litigo ante las autoridades agrarias), llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá, agredieron a la gente y destruyeron todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de los habitantes. El ataque dejó a 70 familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.
Después de mes y medio de vivir en la terraza del palacio de gobierno en condiciones críticas, representantes de los pobladores y el gobierno de Campeche firmaron un convenio con el Ejecutivo campechano que les aseguraba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado; comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y garantizarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.
El convenio establece expresamente que de ningún modo éste implica la suspensión del juicio agrario que los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continúa en las instancias correspondientes, y sujeta la reparación de los daños a la denuncia penal.
Decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del ministerio público de Campeche. No obstante que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá ha sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó –fallidamente gracias a la impugnación de los pobladores– concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha consignado. Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a los pobladores agraviados el acceso a la justicia.
El expediente contiene la versión del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como el Potoco, quien declara que Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y señala que si bien no le mostraron orden de desalojo, Escalante le enseñó un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.
Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina a Escalante y a la policía de Campeche –que observó pasivamente la destrucción– no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el gobierno de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se vale de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.
Por lo anteriormente señalado les expresamos nuestra más alta exigencia de justicia y solicitamos:
1. A la Procuraduría General de Justicia de Campeche:
Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del 13 de agosto de 2009, consignar el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden impunes y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.
2. A la Secretaría de la Reforma Agraria del gobierno federal:
Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la justicia federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantice el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.
Organización de Defensa de Derechos Humanos Indignación
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Las organizaciones civiles y de académicos de Puebla y Tlaxcala compartimos estrategias para la defensa de los derechos humanos en nuestra región, al integrar una agenda de articulación e incidencia regional y nacional para 2012. Invitamos al segundo encuentro de organizaciones civiles región Puebla-Tlaxcala que se llevará acabo el 7 de septiembre de 2011 en la Universidad Iberoamericana de Puebla, de las 8:30 a las 18:00 horas.
Los ejes temáticos que se abordarán son: derechos humanos; derechos de las mujeres; derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y la exclusión social; la trata de personas; la economía solidaria; los medios alternativos de comunicación; la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos; la educación y la juventud.
Iliana Galilea Cariño Cepeda
Comité organizador
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Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó al mercado en marzo pasado la primera ronda de licitaciones bajo el esquema de Contratos Integrales para Exploración y Producción (Contratos Integrales EP, conocidos como “contratos de desempeño”), para los primeros tres campos maduros: los bloques Magallanes, Carrizo y Santuario, localizados en la región Sur del país. Diecisiete compañías petroleras y de servicios obtuvieron de Pemex la primera preclasificación para continuar en el proceso. Entre ellas se encuentra la empresa Perforadora Central.
A partir del 18 de agosto pasado, se realizó en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, en Villahermosa, Tabasco, el acto de presentación y apertura de proposiciones, evaluación, fallo y adjudicación de contratos a las empresas afortunadas.
Sabedores que los “contratos incentivados” fueron altamente cuestionados por privatizadores y que cuentan con nuestro desacuerdo y el de numerosos especialistas, nos es preciso como organismo defensor de derechos humanos laborales hacer del dominio público, del conocimiento del Congreso de la Unión y de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y recordar a Pemex y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que sobre Perforadora Central existe un veto ciudadano como ente privado beneficiario de un recurso público, ya que esta empresa está implicada en la muerte de 22 trabajadores ocurrida el 23 de octubre de 2007, y en las lesiones de otras 68 personas, debido al siniestro ocurrido en la Plataforma Usumacinta, en la Sonda de Campeche, según lo documentó la recomendación 14/2009 de la CNDH.
Pemex toleró entonces a Perforadora Central y ahora la preclasifica como probable beneficiaria de millonarios contratos. La plataforma Usumacinta, según la CNDH, funcionaba en condiciones que no garantizaban cabalmente la integridad física y la vida de los trabajadores y acreditó, con evidencias, “la existencia de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores que laboran en instalaciones tanto de Pemex como de las subcontratistas, con motivo del incumplimiento a las normas y reglamentos de seguridad que se requieren para laborar sobre las plataformas petroleras, así como por la deficiente capacitación y equipo proporcionado a los obreros”.
Los testimonios contenidos en el documento del organismo público defensor de derechos humanos y que ahora incluye constitucionalmente, en su competencia, los derechos laborales, son contundentes: “Llevan más de ocho meses laborando en las plataformas y nunca recibieron pláticas de seguridad […] Los equipos de respiración autónoma se encontraban encadenados y amarrados al lugar designado para la instalación de esos dispositivos […] Realizaban los simulacros, pero que los mismos sólo los efectuaban hasta la parte de que llegaban al bote salvavidas, que en ningún momento abordaban éstos y los bajaban al mar […] Asimismo, precisaron que las alarmas de emergencia nunca sonaron, que supieron del accidente porque se corrió la voz entre el personal”. Pero son testimonios que parecen ser ignorados por Pemex a la hora de la selección de empresas finalistas.
La ciudadanía merece una explicación de Pemex ante esta decisión que puede hacer de Perforadora Central la “reina de los mares” en cuanto a impunidad, ya que la paraestatal contrató a la empresa Battelle Memorial Institute a fin de que realizara una investigación de los hechos ocurridos el 23 de octubre de 2007, valoración que se dio a conocer el 31 de octubre de 2008, en el que se advierte que tanto Pemex como las empresas subcontratadas fueron las responsables de los hechos acontecidos en esa instalación petrolera.
Por nuestra parte, añadimos que Perforadora Central y otras empresas fueron denunciadas desde el 6 de noviembre de 2003 por el senador Moisés Castro Cervantes, a petición de un grupo de trabajadores de compañías contratistas al servicio de Pemex en las plataformas marinas. El senador Castro planteó entonces la situación y las principales violaciones denunciadas: las compañías obligan, como condición, a firmar contratos individuales de trabajo en blanco (igual para las hojas de filiación); la afiliación a sindicatos de protección o “blancos” es exigida; se fuerza a firmar renuncias anticipadas al trabajo o a los derechos (condición para percibir sus salarios); la antigüedad es negada (arguyen que se trabaja bajo contratos de obra determinada), cuando la gran mayoría de empresas no han dejado de recibir los servicios de la gente desde 1990”.
La CNDH concluye con una cuarta recomendación al director general: “Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que no se otorguen licitaciones a las empresas que no cumplan con los medidas de seguridad necesarias para el debido desempeño de los trabajadores dentro de sus instalaciones o estructuras petroleras”. Por lo que nos preguntamos ¿qué garantía darán las empresas petroleras beneficiadas de cumplimiento y respeto a los trabajadores?
Centro de Reflexión y Acción Laboral, AC
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El 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en 2002, han sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).
En dicho oficio la Ministerio Público de la PGJM informa que:
“… la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA para seguir conociendo y determinar la[s] indagatoria[s] número SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E. Derivado de lo anterior, esta Fiscalía Militar, giró [dos] oficio[s] el veintinueve de julio del año en curso, mediante el cual remitió a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la Procuraduría General de la República [ambas] indagatoria[s] de referencia a fin de que se determine lo que en derecho proceda”
La notificación señala que dicha acción se motiva en las características de las denuncias presentadas, así como en lo dispuesto en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, y en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.
Es preciso recordar que la remisión de los expedientes al fuero civil ocurre en virtud de la expresa solicitud que ambas mujeres me’phaa elevaron tras la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que a partir del análisis del expediente “Varios 912/2010” (relativo al caso Rosendo Radilla), resolviera que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles. No obstante, la remisión al fuero civil de ambos casos era una obligación ya existente, que había sido determinada por la Corte Interamericana en las sentencias de estos mismo casos, que fueron notificadas al Estado mexicano el 1 de octubre del año pasado.
La resolución es consecuencia de nueve años de lucha que Inés y Valentina han emprendido valientemente, acompañadas de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos así como de cientos de personas alrededor del mundo que a título individual y colectivo se han sumado a su demanda para exigir a la Secretaría de la Defensa Nacional que las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército no sean ventiladas en instancias castrenses.
Ante este escenario, hoy la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina. No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como en su momento lo hizo la PGJM o la propia PGR al intentar remitir las investigaciones al fuero local.
A este respecto, es importante reiterar que en las sentencias dictadas dentro de los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega contra México, la Corte Interamericana estableció parámetros sumamente precisos y específicos que debe satisfacer la investigación de los hechos para fungir como efectiva reparación. Así ha señalado que en el cumplimiento de este deber el Estado debe actuar en un plazo razonable y con la debida diligencia, a la luz de una adecuada perspectiva de género y etnicidad, posibilitando la amplia participación de ambas mujeres y sin generar que sean revictimizadas y en condiciones de seguridad. Esto último es fundamental, dado que la seguridad de ambas mujeres se ha visto amenazada en el desarrollo de las investigaciones, lo que ha motivado que el propio Tribunal Interamericano les haya otorgado medidas de protección a ellas y a sus familias.
La remisión al fuero civil de los casos no agota las obligaciones impuestas a México por la Corte Interamericana, aunque posibilita que la investigación sea conducida por un órgano que no presenta los vicios inherentes al fuero castrense. Por ello, constituye un precedente fundamental para que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, lo que sin duda redundará en el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. No obstante, esto sólo ocurrirá en la medida en que la Procuraduría General de la República muestre su eficacia en la persecución de estos delitos.
Resulta indispensable que la Procuradora Marisela Morales garantice una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por la Corte Interamericana, lo que será exigido y monitoreado por las organizaciones que a lo largo de más de 9 años han acompañado a Inés y a Valentina en su búsqueda de justicia.
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan
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