Nuestros lectores

Interesante el reportaje “En México, más de 5 mil experimentos clínicos con humanos”. Desde antes de que empezara a estudiar medicina –en 1959–, todos los estudiantes y médicos de los hospitales públicos teníamos que participar en los estudios llamados “doble ciego”, que son, ni más ni menos, los que denuncia la periodista Mayela Sánchez. La mayoría de los sujetos de experimentación eran y siguen siendo niños, ancianos y enfermos terminales, es decir, personas que no pueden protestar. A esta situación se suman los siguientes hechos: los enfermos no están informados; el producto activo puede ser venenoso; en caso de que sea realmente curativo, se les niega a que reciben un placebo; el procedimiento sirve para enriquecer sin límites a la industria químico-farmacéutica, que después patenta y encarece los medicamentos; los médicos participantes violan el juramento de Hipócrates. Estos experimentos son una repulsiva suma de violaciones a la ética médica y conforman un cuerpo delictivo –incluida la yatrogenia y el homicidio premeditado–, conocido por las academias de medicina y de cirugía por las (supuestas) comisiones de bioética de los hospitales, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las procuradurías de “justicia”.

Gracias a Contralínea por haber puesto nuevamente el dedo en la llaga, lo que nos obliga a actuar colectiva y organizadamente contra la medicina comercial.

Es interesante la mención de la empresa Eulabor en el texto “En México, más de 5 mil experimentos clínicos con humanos”. Por lo demás, el artículo es tendencioso al comenzar hablando sobre Tuskegee y Guatemala, casos definitivamente trágicos y deleznables, pero que representan sólo un lado de la moneda. Los ensayos clínicos no son perversos ni malvados. En México muchas personas se benefician de éstos. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán la gente está constantemente preguntando por periodos de reclutamiento, porque saben que inmediatamente los costos de atención se reducen y la calidad de la misma mejora.

Son tristes los motivos por los que el país es atractivo para los laboratorios transnacionales. La gente esta jodida, hay muchos enfermos en los centros de concentración y el reclutamiento es muy fácil. Pero esto no es culpa de Pfizer o de Sanofi, sino de Felipe Calderón y su séquito de inútiles, que incluye a José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud.

Finalmente, el texto dejó fuera a las “empresas de investigación biomédica privadas”, que funcionan también como proveedores de enfermos para ensayos clínicos, con estándares de calidad mucho más bajos y que además toman a los enfermos de los hospitales públicos donde trabajan dichos médicos. Son miles de empresas de este tipo.

Las autoridades mexicanas que se hacen llamar “competentes” siguen ejerciendo continuas violaciones a los derechos humanos dentro de centros penitenciarios. Como el caso del Centro Estatal de Readaptación Social 5, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde la falta de atención médica ha causado que las enfermedades de varios internos se agraven día con día.

Nuestra compañera Rosa López Díaz sufre de una hernia umbilical, cuyo tamaño va en aumento y los dolores que padece son más severos. También ha solicitado estudios de ultrasonido por posible embarazo fuera de la matriz, pues hasta hoy su estómago va creciendo sin saber el porqué. En varias ocasiones ha pedido por escrito a las autoridades penitenciarias y al subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales, José Manuel Martínez Clemente, la atención médica con carácter de urgente. Sin embargo, han hecho oídos sordos. Está en riesgo su vida por posible ruptura de vísceras. Por cualquier complicación de su salud, hacemos responsable al estado.

También, nuestro compañero Alfredo López Jiménez padece de la indolencia y negligencia de las autoridades. Sufre intensos dolores de la rodilla izquierda. Le creció un absceso que no ha sido observado con rayos X. Ha solicitado, desde hace más de dos años, atención especializada. Hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta.

Denunciamos públicamente estas irregularidades y hacemos un llamado al gobernador Juan Sabines para que responda a las necesidades planteadas. No es justa la represión contra nuestra salud. ¡Exigimos respeto a nuestros derechos!

En diversos medios de comunicación se difundió la información de la detención de José Johnny López Galván, el Güero. Junto con ésta se indicó que se encontraron los restos humanos de dos personas, supuestamente de los dirigentes ecologistas Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, en la región de la Costa Grande, Guerrero.

En entrevista con autoridades de la Procuraduría General de la Republica y después del resultado de los análisis y peritajes, se nos informó que las cenizas no correspondían a restos humanos. Por tanto, nuestros padres y compañeros, dirigentes de la organización, están vivos. Queremos informar a la opinión pública internacional y nacional, y a la sociedad de Guerrero, en particular, que seguiremos en la búsqueda, hasta lograr encontrarlos.

Exigimos a las autoridades, tanto federales como estatales, redoblen su esfuerzo y compromiso en la búsqueda de nuestros padres y dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, AC.

Reiteramos nuestra solicitud de solidaridad a organizaciones hermanas –tanto internacionales como nacionales– para que continúen con su apoyo a nuestra demanda fundamental de la presentación con vida de Marcial y Eva. También que manifiesten su apoyo al enviar a las autoridades federales y estatales  mexicanas esta exigencia.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Con profundo dolor participamos la muerte de los señores Jerónimo y José Villanueva Talamantes, padre y tío de nuestra compañera, la licenciada Irma Villanueva Nájera, coordinadora del Área Legal de la organización.

Jerónimo Villanueva Talamantes y su esposa Victoria Nájera, por más de cuatro décadas fueron defensores de derechos humanos de los campesinos en la región de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Ambos realizaron un trabajo de recuperación de pequeñas propiedades heredadas por sus antepasados desde 1895. También encabezaron la defensa de derechos agrarios de decenas de campesinos en esa comunidad. Por ello, en diferentes ocasiones fueron amenazados por caciques, coludidos con las autoridades agrarias para que desistieran de sus exigencias y se alejaran del lugar.

En 1988, asesinaron a su hijo Jaime, quien entonces contaba con 18 años de edad; el crimen permanece impune. A pesar de este hecho tan doloroso, Jerónimo y Victoria nunca desistieron, organizaron, denunciaron, cuidaron el bosque como una herencia valiosa, se defendieron legalmente y ganaron todos los juicios a pesar de no ser abogados.

En los últimos tres años, la situación de inseguridad se agudizó. El 19 de febrero pasado, de nuevo recibieron amenazas. El 20 de febrero, Jerónimo salió de Guadalupe y Calvo por la mañana, en compañía de su hermano el señor José, rumbo a Parral. En el trayecto desaparecieron. El 21 de febrero, sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un barranco.

Por las anteriores consideraciones solicitamos a las autoridades que se realicen con la debida diligencia las actuaciones que sean necesarias para conocer la verdad sobre los acontecimientos y se sepa con absoluta certeza la causa de  muerte de ambos. También demandamos que se proporcione seguridad para la familia.

A los pueblos de la orilla del agua; a la opinión pública; a las organizaciones hermanas y solidarias de México y el mundo:

Desde los pueblos de la orilla del agua, Atenco, queremos denunciar el empecinamiento de los tres niveles de gobierno para despojarnos de nuestras tierras e invadirlas con su aeropuerto internacional y todo lo que un proyecto de esta magnitud requiere para beneficio de los grandes capitales y sus operadores, los vende-patrias.

En 2001, Vicente Fox intentó desterrarnos con la imposición de un decreto expropiatorio, pero la fuerza y la razón del pueblo movilizado derrotaron su intentona.

Cinco años más tarde, en 2006, los derrotados lanzaron su brutal venganza que ha dejado como agravios impunes el asesinato de los jóvenes Javier Cortés Santiago (14 años) y Alexis Benhumea Hernández (21) a manos de policías estatales, decenas de mujeres violadas y torturadas sexualmente, allanamientos brutales, perseguidos políticos, más de 200 presos, quedaron en calidad de rehenes por más de cuatro años 12 hermanos presos políticos. No obstante, hoy estamos libres, pero seguimos sin justicia.

Conscientes estamos de que nuestras tierras –como territorio estratégico, dada la cercanía con el Distrito Federal– son el fin último de cualquiera de las artimañas que han montado estos últimos años. Como muestra de ello la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha servido de operadora a los capitalistas para despojar con chantajes, manipulaciones y amenazas a ejidatarios.

Sin embargo, dado que el trabajo sucio de la Conagua no es suficiente, lo que ahora pretenden es involucrar a las hordas de los antorchistas, vástagos del Partido Revolucionario Institucional. Bajo la dirección de Rubén Pacheco (achichincle de Enrique Peña Nieto y vendepueblos de Ixtapan). Esta organización, especialista en las invasiones, intentó el 20 de febrero pasado, entrar al ejido de San Antonio, perteneciente al de Atenco (que colinda con el municipio de Chiconcuac de Juárez), alrededor del medio día, con el pretexto de que iniciará la ampliación de una avenida. Preparados con maquinaria de trabajo pesado (aplanadoras y chapopote) y cerca de 20 supuestos empleados e ingenieros, Pacheco y los antorchistas, por el momento, han tenido que replegarse.

Estos hechos no vienen solos y el pueblo no lo ignora. Forman parte del acecho permanente de las bestias que desde hace más de 10 años han tenido que disfrazar su infame despojo de “buenas intenciones”, como lo quiere hacer creer la Conagua y ahora la ampliación de una calle.

Por lo anterior, reiteramos lo siguiente: denunciamos al defraudador y vendepueblos Rubén Pacheco. ¡En Atenco no son bienvenidos los invasores!

De permitir la injerencia de gente ajena a nuestra comunidad, hacemos responsable al presidente municipal Mario Ayala, dado que ha tenido y tiene conocimiento pleno de las artimañas de sus colegas priístas que laboran para el despojo de la tierra (incluidos los antorchistas y Pacheco).

En una fecha significativa para nuestros pueblos, donde se festeja el carnaval, nos queda claro que su accionar responde a una provocación para generar confrontaciones entre el pueblo.

¡Atenco no es una mercancía!, ¡Atenco no está en venta!

Hacemos un llamado a todo el pueblo para estar atentos a esta situación y les pedimos que hagan llegar esta información a los más posibles.

Ante la situación se decidió bloquear la carretera federal Texcoco-Lechería, hasta que Ayala respete la voluntad del pueblo y el comisariado ejidal haga valer los acuerdos de asamblea del 20 de diciembre del 2011, donde se votó y se negó la obra por no convenir al ejido, lo que reafirma el compromiso de defender la tierra.

¡Viva el carnaval, herencia y júbilo de nuestros abuelos y madre tierra!

En referencia a la precaria situación existente en la Sierra Tarahumara, es necesario decir que esas mismas condiciones prevalecen en muchos otros lugares del país.

Se trata de una pobreza inducida para que pueblos no reclamen sus derechos y se mantengan sumisos: que sólo reciban migajas para apenas sobrevivir y no los recursos para organizarse.

No tiene nada de malo ayudar a la gente necesitada… pero esta campaña de ayuda supuestamente para los tarahumaras me resulta sospechosa. Ahora resulta que la sociedad debe de entregar víveres y despensas, por caridad, para sacar de la miseria a otros igualmente pobres. Mientras, ¿cuántas toneladas de víveres se hubieran podido comprar con el dinero que se invirtió en la Torre Bicentenario?

Quiero hacer varias precisiones al reportaje “Conflicto en la Casa Nacional del Estudiante”, debido a que es un hecho notorio, para quienes hemos sido despojados, de que los estatutos de la asociación civil han sido violentados por quienes se autodenominan como “M15”. Éstos no han sido reformados desde la constitución de la asociación. Tan es así que quienes ocupan actualmente la Casa crearon reglamentos discrecionales y que jamás han sido aprobados por la asamblea general, máxima autoridad en la asociación civil. Si quienes hoy por hoy ocupan la Casa sostienen su acción en un supuesto reglamento que no fue aprobado por la asamblea general, carecen de legalidad y legitimidad todas las acciones emprendidas por este grupo de autodenominado “estudiantes conscientes”. Por otro lado, hago la petición para que sean valorados documentos y testimoniales con el único propósito de que sean claros los motivos por los cuales más de 40 estudiantes han sido despojados violentamente de sus posesiones y con el riesgo de perder documentos, como ha ocurrido en años anteriores.

¡Los felicito por el reportaje “Plan 20-30, la ocupación integral de México”! Mi reflexión es la siguiente: si no queremos terminar como un país sin soberanía y maquilador, debemos de hacer algo semejante a lo que hicieron, en su tiempo, Francia o Japón, que a pesar de estar en ruinas y de rodillas se levantaron y crecieron: crearon industrias, productos, marcas todas propias. Invirtieron en investigación y desarrollo y han tenido una verdadera política de seguridad nacional.

En México, por décadas, las Fuerzas Armadas han estado en el abandono, con bajos presupuestos, salarios de miedo, sin inversión en equipo y armamento. Además de que los centros de inteligencia y contrainteligencia dejaron de funcionar. En el país ya se percibe una falta de identidad nacional y se padece una educación deficiente. Es triste reconocerlo, pero como nación ya nos han puesto de rodillas y ahora prevalece la falta de empleo y oportunidades.

Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla; Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobierno; Jorge Fouad Aguilar Chedraui, titular de los Servicios de Salud; Víctor A Carrancá Bourget, procurador general de Justicia; Patricia Leal Islas, secretaria de la Contraloría; Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.; Alejandro Minor Castillo, director ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia; y el Observatorio Ciudadano de Puebla.

San Andrés Cholula, 19 de febrero de 2012. Corresponsabilizar a la ciudadanía en la prevención del delito, aunque deseable, es temerario e imposible de realizar si no se privilegia el derecho de audiencia.

Más que líneas de acción de ciudadano a ciudadano es necesaria la retroalimentación entre gobernantes y gobernados. Sólo así podrán lograrse los cambios esperados.

“Debemos asumir que la responsabilidad es de todos, del Estado, universidades, ciudadanos, jóvenes, de todos”, señaló el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto y agregó que con pluralidad e inclusión es posible la transformación. En su declaración tácitamente aceptó que concediéndole voz al pueblo se le incluye en los proyectos gubernamentales. Manzanilla muestra así el respeto que el artículo 8 constitucional (derecho de audiencia o petición) le merece.

Es plausible la sensibilidad del secretario. No tenerla significaría caer en la tentación del absolutismo, donde el gobernante cree saber lo que el gobernado necesita, sin tener la mínima idea de lo que le sucede.

Los problemas sociales estudiados por especialistas, históricamente han generado víctimas entre la población. Vale la pena mencionar algunos de esos problemas: riesgos previsibles, corrupción, marginación, discriminación, delincuencia, adicciones, pobreza, inseguridad, incultura sobre legalidad.

Las víctimas saben que el servidor público que les atiende sin escucharlos, respetarlos, ni tomarlos en cuenta tiene en sus manos la solución y no la aplica. Conocen las mañas, vicios, omisiones y corruptelas de los encargados de impartir justicia, regular normas y prevenir delitos. No ignoran que la solución está en la aplicación radical del programa Funcionarios que Funcionen.

Como víctima de negligencia médica e impunidad de instituciones, fui doblemente vulnerado. Primero, por mi agresor: el doctor Alfonso Pedraza Aguilera. Después, por las autoridades, que lejos de brindarme protección y seguridad, cometen actos de omisión, simulación, corrupción, dilación y tráfico de influencias. Todo, a pesar de que existen pruebas que demuestran las infracciones y delitos cometidos por el ortopedista.

Respetuosamente pido a la autoridad que resuelva, con apego a derecho, la irregular atención que el sistema judicial y la Dirección de Regulación Sanitaria han prestado a mi denuncia penal y al trámite administrativo ante el sector salud, respectivamente.

Antecedentes de la irregularidad judicial: dilación en el envió del proceso penal 149/2010, correspondiente a la averiguación previa 4634/2007/NORTE, al Juzgado Penal 1 de Puebla. La documentación fue atraída en el Ministerio Público Mesa 4 Norte, por el director de Agencias de Ministerios Públicos Zona Metropolitana Norte en Puebla, Guillermo Arsención Serna. Una vez que las partes en conflicto renunciamos a la mediación ordenada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito, que amparó (139/2011) a Pedraza Aguilera “únicamente” para que se repusiera el proceso de mediación, omitido por seis agentes ministeriales. No existe ningún motivo legal para que no se regrese el expediente al juzgado de origen, continuando con el proceso penal. Sin embargo, el tiempo transcurre y sin explicación se continúa protegiendo al acusado, lo que impide que el expediente se turne al juez, quien deberá de dictar la sentencia procedente. Es imperativo que la autoridad de procuración de justicia ordene la continuación del proceso penal sin más dilación, para terminar con la protección e impunidad que la autoridad ministerial ha otorgado a Pedraza Aguilera durante los últimos cinco años.

Antecedentes de la irregularidad en la Dirección de Regulación Sanitaria: presenté ante la Dirección de Regulación Sanitaria, en Puebla, una solicitud para que se requiriera al doctor Pedraza Aguilera la historia clínica en consulta externa (que estaba obligado a elaborar de conformidad con la NOM168-SSA1-1998) “del expediente clínico”. He demostrado documentalmente que el ortopedista no cumplió con la elaboración del documento. La Dirección de Regulación Sanitaria ha recibido del ortopedista dos distintas versiones de historia clínica que demuestran que mi acusado ha burlado al personal de Regulación con información apócrifa, sin que el órgano encargado de que se cumplan las normas oficiales mexicanas en materia de salud dé muestras de que va a aplicar la sanción que corresponde al infractor por ley. Lo anterior a pesar de que han transcurrido 15 meses desde que inicié mi trámite. Recordemos que la medicina es prevención, ésta se logra al vigilar el cumplimiento de las normas en materia de salud.

Solicito a las autoridades, a quienes he dirigido la presente, investiguen mis denuncias. Esta es una forma de retroalimentarse de lo que sucede en un caso que, aunque resulte común, se replica diariamente debido a la ineficiencia indiferencia de algunos “funcionarios que no funcionan”.

Puebla camina por nuevos rumbos. Confiando en eso espero una solución justa y expedita a las denuncias referidas. Estoy a su disposición para presentar las pruebas documentales de lo expresado en la presente, al acudir de inmediato a las citas que ustedes consideren necesarias.

Me despido, recordando que la corresponsabilidad ciudadana en la problemática existente sólo es posible bajo el marco de diálogo y audiencia.